APAGAR LAS LLAMAS

 

El 16 de junio de 1955, aviones de la marina identificados con las siglas C/V (“Cristo vence”) arrojaron bombas sobre la Casa Rosada con la intención de matar al Presidente Juan D. Perón. Algunas bombas cayeron en la Plaza de Mayo, produciendo la muerte de más de 300 personas. La reacción de los adherentes al peronismo provocó el incendio de varios templos católicos, al atribuirle a la Iglesia haber instigado el golpe cívico-militar que pretendía el derrocamiento del Presidente. No sería exagerado pensar que el 1° de septiembre pasado, Argentina estuvo a punto de vivir una tragedia de similares características. Para un columnista del  Washington Post, Argentina evitó un baño de sangre y considera que el atentado es fruto de “la tirria antipopulista” que se ensaña con los líderes populares. Opina que ante la imposibilidad material de atentar contra millones de personas, "Sabag supuso más factible eliminar a su representante, demonizada por sus detractores, representada repetidamente en guillotinas, cajones funerarios y horcas en marchas opositoras, deshumanizada como solo se hace en la arena pública con las mujeres". Para el diario norteamericano, el problema es: ¿qué hacer ahora para atenuar la virulencia de la derecha radicalizada? Para otros observadores internacionales, el ataque a Cristina Fernández debería servir para atemperar los ánimos y rebajar la tensión política. En un editorial del diario español  El País, "lo ocurrido en Buenos Aires recuerda los peligros de la polarización extrema como caldo de cultivo de elementos incontrolados y violentos. La primera lección que se ha de sacar de este episodio es la obligación de las fuerzas políticas argentinas de rebajar la tensión y, sobre todo, el rechazo frontal a utilizar este ataque para desatar nuevas rivalidades”. En general, muchos argentinos coinciden con estos deseos pero la tarea que se presenta harto difícil si no se reconocen las motivaciones subyacentes que han provocado que las cosas llegaran a este extremo.

 

 

Las causas subyacentes

No es posible ningún abordaje fructífero del problema de la polarización política en la Argentina, sin un diagnóstico de las causas que lo alimentan. Pese a la dificultad de la empresa por las discrepancias tan marcadas, son pocos quienes niegan que el problema mayor deriva de la disputa de sentido acerca de  la responsabilidad penal que en los casos de corrupción se asigna a la ex Presidenta y actual Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Como sucedió en Francia en el siglo XIX en el affaire Dreyfus, existe una profunda división en el cuerpo social alrededor de un tema penal. Los anticristinistas se apoyan en casos indudables de corrupción que se registraron a lo largo de los 12 años de gobiernos kirchneristas. Algunos han sido resueltos con condenas penales, como los casos de los ex funcionarios José López y Ricardo Jaime, con pruebas que no dejan lugar a dudas. Otros han sido más polémicos, como el caso del ex Vicepresidente Amado Boudou, o están pendientes de resolución judicial como el relacionado con los fondos que en Estados Unidos tenía Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner. Pero esos casos no afectaron a CFK y la cuestión central ahora pasa por la responsabilidad penal de Cristina en la causa Vialidad. y la petición de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua formulada por el fiscal Diego Luciani.

Los cristinistas no niegan la existencia de casos de corrupción, pero sostienen que la responsabilidad penal es siempre individual y no se puede armar una causa general contra un gobierno. Consideran que los procesos instruidos contra Cristina Fernández por los jueces federales Claudio Bonadío y Julián Ercolini han sido fruto de una grosera manipulación judicial por jueces que no han trepidado en expandir arbitrariamente la figura de la asociación ilícita, para tratar de alcanzar a la ex Presidenta. Argumentan que existen sobradas pruebas de la existencia de una “mesa judicial” que operaba durante el gobierno de Mauricio Macri para direccionar esos procesos penales. Esta interpretación viene respaldada por algunas causas contra CFK que ya han sido objeto de archivo o anulación, como son

• Memorándum, fruto de la insostenible denuncia del fiscal Alberto Nisman,
• Banco Central, sobre la venta de dólar futuro, y
• Hotesur-Los Sauces instruidas por Bonadío, quien indagó a Cristina en ocho causas distintas un mismo día.

En una democracia donde las instituciones funcionaran relativamente bien, la depuración de la responsabilidad penal de cualquier ciudadano debería ser una cuestión exclusiva de los tribunales de justicia. Se parte del presupuesto de que los tribunales están integrados por jueces probos e independientes que deberían aplicar con rigor los derechos y garantías constitucionales, y en especial la presunción de inocencia, de manera tal que una condena solo procedería ante pruebas claras y contundentes. Sin embargo, este no es el caso de la Justicia argentina, donde existen sobradas muestras de politización de algunos jueces lo que ha derivado en resoluciones más políticas que jurídicas. Muestras recientes, para ilustrar con algunos ejemplos, son la eximición de responsabilidad en el pago de cohechos por directivos de Techint a funcionarios venezolanos dispuesta por el juez Ercolini en base a un imaginario “estado de necesidad”. Otro caso notorio es la increíble teoría de la Cámara Federal que sostiene que las intervenciones de la AFI en el espionaje de dirigentes políticos –de la oposición y del oficialismo- así como la instalación de cámaras y micrófonos en establecimientos penales, han sido fruto del “cuentapropismo” de espías avispados. Y, sin negar la polémica que todavía  lo envuelve, la indudable manipulación registrada en el caso Nisman para convertir un suicidio en un crimen. De modo que las posibilidades de que una parte importante de la opinión pública confíe en la Justicia argentina para resolver con imparcialidad las causas que fueron instruidas contra Cristina Fernández son mínimas o inexistentes.

 

 

Los responsables

En términos políticos, los cristinistas atribuyen responsabilidad por esta situación a tres factores importantes. El primero, ya ha sido señalado, y es el protagonismo  del gobierno de Mauricio Macri que ha evidenciado un fuerte activismo para influir en el Poder Judicial, por ejemplo, mediante la cooptación de jueces ascendidos de modo irregular. El otro factor ha sido el rol protagónico de los medios del establishment que han venido librando una particular guerra periodística contra el kirchnerismo, arropada en una supuesta lucha contra la corrupción. El uso sesgado de los juicios paralelos se evidencia en el hecho de que para gran parte de la población la corrupción es una seña de identidad de los políticos kirchneristas. De este modo, permanece invisibilizado el otro protagonista de la corrupción, es decir el sector de empresarios que ha participado con el mismo grado de responsabilidad penal en los supuestos delitos. Finalmente, existe un tercer actor que opera tras bambalinas: la Corte Suprema, que por afinidad ideológica con el macrismo y/o las grandes empresas, o por temor reverencial a los medios, ha tolerado o incluso incentivado estas intervenciones irregulares. Que el 50% de los miembros del alto tribunal hayan sido designados a instancias de un prófugo de la justicia tampoco es un dato que permita mejorar su imagen.

 

 

¿Qué hacer?

Frente a un panorama como el descripto, sin resolver la situación de los procesos penales irregulares contra Cristina Fernández, todas las exhortaciones a la paz caerán en el vacío. Es muy difícil que los sectores recalcitrantes de la derecha conservadora argentina reconozcan la parte de responsabilidad que les cabe en la situación a la que se ha llegado. Menos se puede esperar de unos medios de comunicación que han abandonado toda ética periodística. Sin embargo, cabe la esperanza de que algunos partidos políticos situados en lo que en la Argentina se denomina Corea del Medio, y sectores no partidarios de las clases medias y del empresariado tomen consciencia de que si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, no obtendremos resultados diferentes. La situación económica es tan delicada, que si no se produce un cambio en las expectativas políticas, de poco valdrán los esfuerzos que desde el más crudo pragmatismo está haciendo el nuevo ministro de Economía para reconducir la crisis económica. En términos prácticos, las únicas respuestas posibles deberían provenir del Congreso, derogando, por ejemplo,  el ambiguo artículo 210 del Código Penal y ampliando el número de miembros de la Corte Suprema. Si luego se consiguiese incorporar en la Corte juristas de reconocido prestigio, es posible que por ese medio se pudieran enderezar los torcidos procesos que se siguen contra Cristina Fernández. El desfiladero es muy estrecho, pero es difícil imaginar otro escenario que permita reducir la polarización y facilitar las cosas a quienes se esfuerzan por sortear los graves problemas de nuestra economía.

 

 

 

 

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