Fisuras en la postal

 

Una crisis política silenciosa se desató en Neuquén, por la base social y desde el interior, con una violencia y características sin antecedentes en la experiencia social contemporánea. En un mes, la conducción provincial de ATE protagonizó tres episodios en edificios públicos de San Martín de los Andes, donde la seccional local está en manos de la oposición. La demostración de poder parece querer recordar que, junto al Movimiento Popular Neuquino (MPN), ATE es parte de la estructura de poder dominante en la provincia, a pesar de haber quedado debilitada por el movimiento de “Los Elefantes”, conflicto en la salud pública planteado el año pasado por fuera de la estructura gremial.

El 29 de julio, en medio de un centenar de personas, a plena luz del día y con total impunidad, un contratado de planta política provincial disparó con un arma corta al menos en tres oportunidades. Hirió a una empleada municipal, puso en serio riesgo la vida de dos reporteros gráficos y se fugó de la ciudad cordillerana sin que ninguna fuerza de seguridad se lo impidiera. En los incidentes participaron más de un centenar de personas, resultando con lesiones de distinta gravedad al menos quince. En un momento, decenas de municipales fueron impedidos de salir, al cerrar con cadenas por fuera la puerta de la salida de emergencia, mientras algunxs se descompensaban y sufrían los efectos de gases lacrimógenos. Se produjeron importantes daños materiales al edificio central del municipio, muebles y elementos de uso corriente.

El Poder Judicial desguazó los legajos de los hechos de ese día, ocurridos desde el arribo de ómnibus con manifestantes desde la capital provincial hasta la fuga de regreso a la tarde. Ese desmembramiento impedirá ver el rol central del tirador durante todas las horas del disturbio, así como el origen de los daños, algunos ocasionados para escapar desde adentro hacia afuera, y otros para ingresar por la fuerza. Al parecer, busca sostener la historia oficial del supuesto enfrentamiento entre dos patotas sindicales, como si se hubiera registrado paridad de número y de fuerzas en los hechos que se originaron con la llegada de ómnibus con activistas poco después de las 9 y culminó con la fuga callejera del autor de los disparos al mediodía.

Diferente y preocupante es la versión detallada de víctimas y numerosos videos grabados por manifestantes y cronistas locales, que permiten profundizar en la complejidad de un par de horas clave, pero que tampoco alcanzan para acceder al fondo del conflicto.

A la vez, la estrategia judicial y política del supuesto enfrentamiento entre dos patotas de corrientes sindicales opuestas no deja lugar a la opción del uso de la fuerza defensiva y al ejercicio de la legítima defensa en situaciones extremas, como las que sufrieron decenas de trabajadores encerrados bajo los efectos de gases lacrimógenos, con heridas cortantes y golpes provocados por algunos manifestantes desde el exterior, en total ausencia de control policial. La explosión de ira en la calle fue el tramo final que culminó con los tres balazos que disparó a la multitud Pedro Darío Jofré, ex guardaespaldas del gobernador Omar Gutiérrez, militante de la lista Verde y Blanca de ATE Neuquén, contratado en el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia hasta su baja por decreto la semana pasada. Está imputado por el intento de homicidio de Elena Cabezas (empleada municipal afiliada a ATE) y de los reporteros gráficos Patricio Rodríguez (del Diario Río Negro) y Federico Soto (de La Mañana de Neuquén).

Juan Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE de la provincia, encabezó la manifestación en San Martín de los Andes junto a Jofré en varios momentos de los disturbios, como se constató en videos. Consideró que fue víctima de una emboscada de la oposición sindical armada por el intendente local, Carlos Saloniti (MPN) y justificó la intervención del hombre armado.

 

 

 

 

Un recorrido hacia el conflicto

La sociedad estructural entre el MPN y la conducción provincial de ATE no aplica mecánicamente a San Martín de los Andes, donde hace unos diez años empezó a consolidarse un grupo opositor con base en el municipio. Avanzó en un acuerdo político con el gobierno local para la negociación en paritarias del Convenio Colectivo de Trabajo, creándose la Comisión de Interpretación y Autocomposición Paritaria (CIAP) y comisiones mixtas permanentes. En 2018, la Justicia local falló a favor de esa instancia paritaria, por lo que los municipales discuten sin intermediarios sus condiciones laborales.

El año pasado, trabajadores de la salud pública autoconvocados realizaron un reclamo salarial por fuera de ATE, con cortes de ruta y piquetes durante dos meses en distintos puntos de la provincia. “Es como bailar con un elefante. No sabés si agarrarlo de la cola o de la trompa, porque no tiene forma lo que se está discutiendo”, describió Quintriqueo. Como réplica, los autoconvocados se llamaron a sí mismo “Los Elefantes”. Esa lucha de base la terminó pactando Quintriqueo con el gobernador Omar Gutiérrez.

En la Cordillera, ese descontento lo capitalizó la lista opositora ANUSATE, que ganó las elecciones para la conducción de la seccional local en marzo de este año. La seccional tiene uno 1.700 afiliados, de los cuales casi 700 son municipales, según fuentes gremiales. El Estado municipal tiene una planta de personal que cercana a los 900 puestos, entre los de planta permanente y otras modalidades. En el edificio central se desempeñan unas 110 personas, de las cuales el 85% son mujeres. Esa mayoría de mujeres sufrieron heridas, lesiones, principios de asfixia y pánico, durante la mañana del 29 de julio.

Virginia Piercamilli, empleada municipal, integró la lista de la Verde y Blanca oficialista que perdió las elecciones internas en la seccional. El gobierno local la intimó a reincorporarse a su puesto de trabajo y le retuvo el depósito del aguinaldo para obligarla a que se notifique formalmente del cese de la licencia gremial. La conducción provincial acusó por discriminación y persecución al intendente Saloniti y al subsecretario de Gobierno, Saúl Castañeda. La marcha del 29 de julio fue convocada por ese reclamo. Los rostros de ambos estaban en los afiches con que se empapelaron los vidrios de las ventanas.

Pero el detonante no necesariamente es el nudo del conflicto.

 

 

 

 

 

 

Accidente de trabajo

Elena Cabezas tiene 42 años, cuatro hijas. Hace 14 años ingresó por concurso a la planta permanente. Trabaja en Recursos Humanos, en el área de liquidación de sueldos, en una oficina que está en un edificio independiente de la Municipalidad, pero muy cercano. Con sus compañeras siguieron el conflicto por la transmisión en vivo que hacía una radio local. A la vez, desde una ventana del primer piso miraron los movimientos de ómnibus y activistas, que se intensificaron poco después de las 10. Por un grupo de WhatsApp recibieron la orden de desalojar el edificio porque no había condiciones de seguridad para nadie. “Busqué mi campera, mi cartera y unas carpetas. Era final de mes y había mucho trabajo. Bajé a retirar mi auto con una compañera. Crucé en medio de los palos y piedrazos. La perdí de vista. Saqué mi auto y lo estacioné en una esquina. Volaban piñas, palos, piedras. Una batalla campal. Me quedé detrás de un árbol. Se acercó un compañero, me entregó su celular y me pidió que acerque su auto. Crucé corriendo frente a la Municipalidad. Abrí la puerta del auto; estaba subiendo, cuando sentí un dolor intenso en la cadera. Pensé que era un piedrazo. No podía mover la pierna izquierda. Me agarré del volante para poder subir y sentarme. Con las dos manos subí la pierna izquierda paralizada. Era tanto el dolor, que pensé: “Si me desmayo, me muelen a palos”. Me acordé de las contracciones y el dolor extremo de mis partos. Entonces me concentré en la respiración para soportar el dolor. Me encerré en el auto. Ni se me ocurrió llamar por celular. Un compañero se subió del lado del acompañante mientras otros se acercaban. Ellos sí sabían que podía ser un disparo. Llamaron a la ambulancia, que ya estaba en camino para otro herido”.

El primer disparo con un arma calibre 32 que ejecutó Jofré entró a la altura de la cadera izquierda de Elena, se desplazó por el hueso plano hasta alojarse a unos 15 milímetros de la médula. En ningún momento perdió el conocimiento. Durante varias horas, el equipo médico y ella compartían la duda sobre los daños. Al final del día, después de la cirugía y la extracción de la bala, confirmó que volvería a caminar.

 

 

 

Segundo y tercero

Después de hacer el primer disparo, con el arma empuñada todavía en esa dirección, Jofré miró hacia la izquierda, eligiendo su próximo objetivo. Así se desprende de la primera de la serie de tres fotos de Federico Soto, que documentó ese movimiento. Los dos fotógrafos estaban sobre la calle, a pocos metros uno de otros: son los blancos que Jofré eligió para los siguientes disparos. Primero contra Federico y después contra Patricio, al menos en nuestro primer cotejo de fuentes y documentos.

Patricio llegó al lugar pasadas las 11. Vio la ira desatada en la calle, entre gente que en su gran mayoría se conoce. “Todos de laburo, mujeres maquilladas, oficinistas, pegándose con palos. Enajenados”. El disturbio vivía una tregua, cuando escuchó una detonación que reconoció como de arma de fuego. La gente corrió. Giró buscando una figura de azul, típica de la policía, como posible tirador. Sin policía a la vista, vio a un hombre de civil que apuntó y tiró contra Federico. Enseguida, a pocos metros, de frente, encontró su mirada y el arma empuñada de quien después supo que era Jofré. De estatura similar a la suya, corrigió la mira y le apuntó a la altura del pecho. Se agachó girando el cuerpo para protegerse a sí mismo. Entonces se nubló su memoria por un tiempo.

Fue a retirar a su hijo a la escuela, que ya sabía lo ocurrido por las redes sociales. Duerme mal desde entonces. Dejó de seguir las noticias del caso por la angustia, mezclada con la decepción.

“Fui a cubrir una movilización más”, dijo Federico. Sacó fotos de las golpizas en la calle. Caminaba de espaldas a la plaza, sobre la calle frente al municipio, cuando escuchó la detonación. “Pensé que había sido un anti-tumulto para dispersar”. Giró y capturó la imagen de Jofré con el arma empuñada y la mirada fija en él. Estaba solo, sin nadie más cerca, a unos cinco metros. Sacó dos fotos más. El tirador se dio a la fuga. Corrió detrás de él, suponiendo que la policía lo detendría unos metros más adelante y que tendría la foto del tirador esposado. Jofré tiró el arma en la carrera; la policía se detuvo a recoger la prueba. Jofré se esfumó en pleno centro.

 

 

 

Daño colateral

El hueso perforado de Elena es el daño más evidente. Federico se protegió emocionalmente con la cámara mientras hizo esas tres fotos fundamentales; recién en su casa, cuando las amplió, tomó conciencia de que estuvo en peligro. Hay otros daños, como la incorporación forzosa de espacios urbanos chicos a la lógica de las grandes ciudades, dinamitando las instancias del diálogo cara a cara, el deterioro del consenso social sobre la actividad gremial, las esquirlas políticas alcanzando a la figura del intendente, por mencionar algunos.

 

 

 

 

San Martín de los Andes no parece un escenario elegido al azar. De poco más de 50.000 habitantes, es un símbolo de la familia Sapag, fundadora del MPN en la década del '60. La vieja residencia de los hermanos mayores con vista al lago Lácar; la ciudad gobernada por Luz Sapag, en su momento; la sombra larga del ex gobernador Jorge Sapag, sobrevolando la política doméstica. En los últimos años es, además, junto a la vecina Villa La Angostura, distrito donde el empresariado y la burguesía local acumularon poder electoral propio con capacidad de disputar el gobierno comunal en las próximas elecciones, de acuerdo a la proyección de los resultados de los dos últimos comicios.

Tampoco el momento fue al azar. Ese día 29, a la misma hora en que comenzó el ingreso forzado y violento al edificio municipal, a doce kilómetros, el gobernador Gutiérrez entregó viviendas en Chacra 32 junto a Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Poco después fueron al barrio Intercultural, proyecto conjunto de la comunidad mapuche Curruhuinca y una organización de vecinos sin techo, donde Gutiérrez no pudo seguir sin mencionar el ataque a trabajadores y sede institucional. Ni en la recorrida oficial ni en el centro se vio presencia policial, como tampoco en la ruta provincial de la huida de Jofré.

Ese día extremo de violencia no fue ni el comienzo ni el final de un proceso complejo que compromete toda la política de Neuquén, revela crisis en las alianzas de gobierno con las burocracias sindicales y expone prácticas coercitivas y antidemocráticas, convalidadas y protegidas por los sectores dominantes de esa provincia.

 

 

 

 

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