LAS ACTAS SECRETAS DE LANUSSE

 

Hasta ahora se conocía apenas una pequeña parte de su contenido, difundido primero en las memorias del ex dictador Alejandro Agustín Lanusse, publicadas en 1977, y luego en un libro del historiador Robert Potash, quien obtuvo acceso a través del propio Lanusse. Fuera de esas referencias parciales e incompletas, casi nada se sabía de las actas secretas de reunión de la autodenominada Junta de Comandantes en Jefe que gobernó de facto el país entre 1971 y 1973: siete tomos fotocopiados y encuadernados con los registros de 105 reuniones ejecutivas celebradas por los máximos jerarcas de la dictadura de Lanusse, en los que se revela la progresión de una escalada represiva que alcanzaría su punto más álgido en los años siguientes. Las actas podrán consultarse en la web Archivos Abiertos del Ministerio de Defensa.

En coincidencia con el 50º aniversario de la masacre de Trelew que se conmemora este 22 de agosto, el gobierno acaba de desclasificar las actas, halladas en 2018 por la Fuerza Aérea mientras se hacían tareas de mantenimiento en el piso 5 del Edificio Cóndor y entregadas al Ministerio de Defensa. Tras la salida del macrismo del poder, y de la demora que supuso la pandemia, los documentos fueron abordados por los Equipos de Relevamiento y Análisis Documental de los Archivos de las Fuerzas Armadas, que dependen de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa y que los trabajaron hasta la firma presidencial del decreto de desclasificación, que se publicará mañana en el boletín oficial.

Las actas van del 23 de marzo de 1971 al 8 de mayo de 1973, casi toda la presidencia de facto de Lanusse, y transcriben los diálogos mantenidos en las reuniones de la Junta que casi siempre se celebraban en la Sala de Situación de Presidencia. Participaban los jefes de las tres armas y ministros y funcionarios. Los papeles exhiben el funcionamiento de la Junta y el origen de sus principales decisiones políticas, y tienen como temas centrales a la “problemática subversiva” y la cuestión de “Perón y el peronismo”, que para entonces ya arrinconaba al gobierno militar.

 

 

 

Con la prensa en la mira

En abril de 1971, poco después de la asunción de Lanusse, la Junta explicitó su intención de quedarse en el poder por un “plazo mínimo” de tres a cuatro años antes de llamar a elecciones: “Todo depende de la conducta del pueblo. Si las cosas andan bien, se acorta el plazo; si hay ‘cordobazos’ se tendrá que ir más allá de la fecha prevista”. Unas semanas después, la discusión de un informe de inteligencia de los Estados Mayores Generales de las fuerzas giró en torno a las tres principales preocupaciones políticas de los militares: “1) Accionar político de la CGT y/o dirigentes gremiales. 2) Posible retorno de Perón y devolución de los restos de Eva Perón. 3) Futuro accionar del peronismo y estrategias para evitar el retorno a regímenes totalitarios o a esquemas que fueron causales de la Revolución Argentina”.

A lo largo de todo ese año, la dictadura discutió varias veces la necesidad de operar sobre los medios de comunicación para corregir la forma “inapropiada” en que difundían hechos de “carácter subversivo”. Los militares se plantearon amenazar a los dueños de medios con retirarles sus licencias si publicaban noticias sobre operaciones de resistencia. En julio de 1971, se dispuso que el Sistema de Planeamiento y Acción para la Seguridad, bajo tutela del Consejo Nacional de Seguridad (CONASE) integrado por los tres comandantes, se encargaría de elaborar “políticas necesarias a fin de persuadir a los responsables de la prensa oral, escrita y de televisión, sobre la necesidad de minimizar la difusión de noticias sobre hechos subversivos”.

En septiembre, el CONASE presentó un informe en el que se detallaban los daños que, a juicio de la censura oficial, podía causar la prensa escrita: “1) Amplia difusión de un hecho delictivo (secuestro, copamiento de localidades, asaltos a bancos y comercios), en la que se exalta la audacia, sincronización, sorpresa, rapidez y en general modo de operar de los elementos subversivos, evidenciando, por otra parte, la inoperancia de las fuerzas del orden. 2) Difusión en forma directa o indirecta de documentos, proclamas, entrevistas, conferencias de prensa, en los que se expresan los postulados que motivan el accionar subversivo. 3) Difusión de informaciones sobre presiones, amenazas o comisión de actos de violencia, contra funcionarios públicos, para que hagan o dejen de hacer algo en beneficio de la subversión. 4) Exaltación de los actos de distribución de mercaderías alimentos, ropas, en villas de emergencias, sin destacar que los mismos son producto del robo y la violación de la propiedad privada. 5) Difusión escrita o gráfica de actos en los que las fuerzas del orden aparecen injustamente como agresoras”.

Para fines de 1971, la idea de combinar la represión pura y dura con operaciones de “acción psicológica” aparecía como una prioridad para la Junta, preocupada no sólo por vencer militarmente a la resistencia contra la dictadura sino también por ganarle la disputa de sentidos.

 

 

 

De la negociación por Eva a Trelew

Desde 1972, la “cuestión peronista” y el eventual retorno de Perón desde el exilio concentraron los debates de la Junta. En febrero, Lanusse manifestó la necesidad de que el justicialismo participara en las futuras elecciones “o habrá gobierno inestable como en el ’58 y el ’63”.

El clima de agitación social seguía en ascenso y tenía a las universidades nacionales como uno de sus epicentros. En marzo, los jefes de las tres armas recibieron al ministro de Educación, Gustavo Malek, quien hizo un diagnóstico descriptivo de lo que los militares pensaban sobre el movimiento estudiantil: “(El ministro) señala que, del total de 265.000 estudiantes, de los cuales 210.000 están en las universidades nacionales, 1.000 son activistas, 5.000 rebeldes por factores biológicos y 5.000 pueden catalogarse como idiotas útiles”.

Sobre la figura del propio Perón, en los registros se mencionan dos actas que no fueron transcriptas acerca de las negociaciones con el líder en el exilio. En abril de 1972, luego de que se hiciera público un encuentro entre Perón y un enviado de Lanusse que había viajado a Madrid sin que lo supieran la Armada y la Fuerza Aérea, Lanusse admitió a sus colegas que esa había sido una de dos decisiones que había tomado en solitario: “La otra fue en el mes de agosto, cuando puse en marcha el ‘operativo’, llamémosle así, de la devolución de los restos de la Eva”.

Desde mediados de 1972, la Junta intensificó sus debates sobre la “lucha antisubversiva”, un tema que dio un nuevo giro tras la fuga de presos políticos del penal de Rawson el 15 de agosto. El 21 de agosto, un día antes de los fusilamientos de Trelew, los militares discutieron sus opciones frente al hecho de que algunos de los fugados hubieran logrado llegar a Chile. Se optó por seguir la recomendación del canciller Eduardo MacLoughlin: plantearle al gobierno de Salvador Allende que no entregar a los ex presos resentiría gravemente el vínculo bilateral. (“No se estima conveniente amenazar con represalias de tipo económico ya que nuestro país saldrá tan o más perjudicado que Chile. (…) La respuesta al embajador (chileno) debe ser enfática e implicar una seria advertencia. Debe asimismo ser verbal, sin entregarle papel alguno”.)

El día de los asesinatos en Trelew, la Junta se reunió de urgencia. En la documentación hay constancia de que los “sucesos de Trelew” fueron abordados por el jefe del Estado Mayor Conjunto y de que el acta correspondiente, que hasta ahora no se ha recuperado, fue elaborada por ese órgano. No obstante, el orden del día sí incluye un punto titulado “Medidas a adoptar a raíz de los hechos producidos en Rawson y Trelew y con relación a la subversión y el terrorismo” e incorpora un documento en el que los jefes de las tres armas acordaron medidas represivas para responder a los coletazos de la masacre, luego plasmados en una resolución.

En primer lugar, se sumó un nuevo un artículo al Código Penal: “Será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”. A su vez, se firmó la expulsión del rector de la Universidad del Litoral, Jorge Mullor, quien había enviado un telegrama a la Junta “en el que se interesa por los evadidos del penal (de Rawson)”. La tercera medida ordenaba “proceder a la entrega de los cadáveres de las personas fallecidas como consecuencia de los sucesos de Trelew”, para evitar “desórdenes políticos” causados por familiares, abogados y “otros tipos de personas”.

A continuación, la resolución de la Junta de Comandantes ordenaba una serie de acciones en seis áreas: “Difusión, Justicia, Gremial, Estudiantil, Política y Militar Conjunta”. La primera de ellas, Difusión, era la más extensa y ordenaba el “control estricto de los medios de comunicación masiva analizando la forma y fondo de las noticias, comentarios, etcétera, especialmente las relacionadas con los episodios ocurridos en Rawson y Trelew”. Entre otras cosas, prohibía las publicaciones “subversivas” y ordenaba específicamente la censura de la revista Primera Plana.

En el área de Justicia, la resolución exigía detener y poner a disposición del Poder Ejecutivo “a todos aquellos que injurien o calumnien a las Fuerzas Armadas o de Seguridad y/o a sus autoridades por los hechos de Trelew”. En una dirección similar, en el área Militar Conjunta se disponía detener a “elementos civiles y militares cuya acción subversiva esté suficientemente verificada, aun cuando judicialmente no pueda ser probada”.

Hacia el final de 1972, todos los cañones de la Junta apuntaban al inminente regreso de Perón y a las formas más convenientes de condicionar al próximo gobierno. Desde noviembre, con Perón ya retornado al país, una figura de la Armada comenzó a tomar protagonismo en las reuniones: el almirante Emilio Eduardo Massera, promotor temprano de operaciones políticas y mediáticas para esmerilar al justicialismo: “El señor Almirante Massera expresa que de alguna manera hay que tomar la iniciativa, tanto en la acción psicológica como en la televisión, tratando de desgastar en todo aspecto, incluso llegando hasta Perón como modo de acción. La forma puede ser llamándolo a Cámpora, presionándolos, achicándolos un poco”.

Para ese entonces, el regreso del peronismo al poder estaba tan a la vuelta de la esquina como el ascenso en las Fuerzas Armadas de una camada de militares dispuestos a mucho más de lo que habían hecho hasta entonces sus antecesores.

 

 

 

 

 

 

 

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