Víctimas de uniforme
Cuando la tropa mata a los suyos, asesinatos y silenciamientos en fuerzas de seguridad
Luego de los abusos en sendas bases del Ejército en Corrientes y Misiones, las madres de otras víctimas de uniforme se reunieron para un conversatorio a instancias del Comité para la Prevención de la Tortura de Chaco (CPTCh). En la Casa de la Memoria de esa provincia se brindó una contención a familiares del noreste argentino y se recordaron otros casos.
Hace semanas, el mismo regimiento de Apóstoles de donde salió parapléjico el cabo Michel Natahel Verón fue visitado por Susana Pintos junto a otras madres de la Comisión de Ayuda a las Víctimas de Violencia Institucional, provenientes de Chaco. A las puertas del Regimiento de Infantería Monte 30, habló del “fusilamiento” de su hijo Mauro Ramírez: según el libro de guardia, la tomó el 26 de junio del 2003 a las 9.30. A las 10 estaba muerto. Tres horas tardaron en telefonearle para decirle que se había suicidado.
Allí relató a la prensa que “él siempre quiso ser soldado y defensor de la bandera. Vio algo que no debía y le hicieron callar. Había superiores muy cercanos a mi hijo, dentro del Regimiento, que saben lo que pasó. En 2006 la reconstrucción demostró lo imposible del autodisparo, pero la jueza archivó la causa por inexistencia de delito y falta de elementos. En 2008 dejaron en mí la posibilidad de acercar nuevos elementos. Lo mataron porque sabía algo. Él me decía: ‘Mamá, si me pasa algo, nunca vayas a creer lo que te digan’”.
El prefecto desaparecido
Bernarda Benítez, formoseña, es madre de Ariel Eduardo Frutos, cabo primero de la Prefectura Naval Argentina que prestaba servicio en San Bernardo cuando fue desaparecido. “Su causa está en Ezeiza y vengo pidiendo justicia desde 2015. Desde el momento cero nadie se hizo cargo. Queremos que se investigue porque una persona no puede desaparecer, ser tragado por la tierra. Estoy pidiendo justicia por mi hijo, por mi nieto, su hijo desamparado, quien quedó fuera de cobertura”.
Hacia junio de 2019 el Ministerio de Seguridad bonaerense aumentó el monto de la recompensa en pos de conseguir datos acerca del oficial de Prefectura. Frutos tenía 31 años el 1º de mayo de 2015, cuando desapareció de su hogar en Newbery al 1010, en Ezeiza. La causa está radicada en la Fiscalía 2 de esa ciudad.
Un policía ahogado
Federico Romero era oficial inspector de la Policía de Formosa asignado al Departamento de Drogas Peligrosas. Su madre, Florencia Villa, relató que “el 18 de enero de 2016, aunque estaba enfermo, lo convocaron a un relevamiento en las orillas del riacho Formosa. Ahí murió en forma dudosa. Desde entonces vengo con el pedido de justicia, de verdad, para saber qué es lo que pasó con mi hijo porque él sabía nadar a la perfección y lo hicieron figurar como ahogado”.
El perito de la familia demostró que las muestras del agua contenían diatomeas de plancton que no pudieron hallarse en el organismo, lo cual es una base para dudar de la versión oficial acerca del ahogamiento, al menos en ese lugar. Tales informes figuran en las primeras pericias realizadas en los laboratorios de Chaco.
No es el único “suicidio” en Formosa. La misma figura se aplicó a la muerte del agente Luis Gavilán, otro fallecido en forma dudosa.
“Como familiares de víctimas venimos a buscar la posibilidad de tener un anexo sobre la violencia institucional, porque en Resistencia tienen un acompañamiento para las familias de víctimas. En Formosa, no. Sabemos que el camino es largo, pero tenemos la esperanza de llegar a la verdad”.
El gendarme antidroga
El subalférez de Gendarmería Pablo Torrilla Diel (27 años) se había graduado en la Escuela de Oficiales con una tesis sobre el combate al narcotráfico. En Salta, participó de operativos de incautación de drogas. Luego de casarse en diciembre de 2017, fue destinado al Escuadrón 50 de Posadas.
Allí, hacia abril de 2018, esperaba un operativo antidroga que se suspendió. Salió por la suya y cayó en la cuenta de qué se trataba. Tomó fotos que le envió a otro gendarme por WhatsApp: un vehículo repleto de paquetes.
“Esto casi me cuesta el puesto –le escribió– 350 de mari. Yo entraba a patrullar de 19 a 7. Y me ordenaron que quede en el escuadrón para seguridad de un allanamiento que iba a hacer el escuadrón de Ituzaingó. Tipo 00.30 mandaron a todos a dormir. Al rato decidí hacer un patrullaje. Y lo enganchamos a ese. Era carga de mi J2. Por eso nos mandó a dormir”.
“Mari” remite a ladrillos de marihuana y J2 a Segundo Jefe.
Desde entonces comenzó a ser hostigado, según supo su madre, Patricia Diel: “Cada vez que lo llamaba, nunca estaba. No lo dejaban hacer guardias ni operativos”.
Antes de que terminara el mes siguiente fue enviado a Garupá, un municipio costero a 17 kilómetros del centro de Posadas, donde está el Escuadrón Núcleo en que revistaba. “Fue encontrado en un malezal, boca arriba, con una herida bajo el mentón y otra arriba de la cabeza, junto a un arma 9 mm”.
En el reporte oficial consta que durante un recorrido en camioneta, quiso bajarse a orinar; se alejó y se oyó una detonación. Estaba solo. Suicidio, pues.
Sin embargo, la madre le relató a El Cohete que después del velatorio oyó testimonios que daban cuenta de que a su hijo lo habían asesinado. Recibió mensajes y llamados que hablan de un crimen para ocultar alguna relación entre la Gendarmería y el narcotráfico.
“Me contaron que en la plaza de armas del Escuadrón (a cargo del comandante Isaac Gaete) se les ordenó que ‘del caso de Torrilla no se habla más’. Desde entonces, los compañeros de Pablo que tenía de contactos me bloquearon”.
El gendarme que aceptó una cita para contarle cosas fue Ramón Alarcón, pero el día del encuentro, a un mes de la muerte, fue detenido, acusado de vender mercadería incautada a quienes la pasaban por la frontera. Patricia cuenta que lo extorsionaron con eso para que no ampliase lo que le había adelantado en las charlas que ella guardó. Uno de esos temas sería la muerte de más gendarmes del Escuadrón 50 en condiciones extrañas.
Esta sería otra “Muerte por causa dudosa” de acuerdo a la carátula del expediente 11.708 que pasó del Juzgado 2 a cargo de César Yaya a la Fiscalía Federal de Posadas.
Al mes, en la ceremonia conmemorativa por los 80 años de la Gendarmería, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich estuvo en la Escuela de Gendarmería en Ciudad Evita, La Matanza, con el comandante general Gerardo José Otero, cuando Patricia –la mamá del subalférez muerto– fue sacada del lugar a la fuerza por gendarmes y policías bonaerenses que le dejaron moretones y heridas. “Los pocos gendarmes que se negaron a maltratarme ese día fueron perseguidos y castigados”, relató.
El jueves de esta semana, Patricia Diel posteó: “Hoy, en el día de la Gendarmería, (se cumplen) 4 años y 2 meses que te asesinaron las lacras, corruptos, narcos. Del escuadrón núcleo 50 Posadas, nido de narcos y corruptos. Asesinos. La reina de las fuerzas de seguridad, Patricia Bullrich, hace campaña política con familiares de víctimas. Psicópata, sociópatas, traidora. ¡Cómo no la van a querer, si apaña a los comandantes corruptos de Gendarmería!”
Los anfitriones
El Comité para la Prevención de la Tortura de Chaco que convocó a estas madres es un organismo de derechos humanos surgido como política pública derivada de la solución amistosa en el caso de la muerte de Juan Ángel Greco, cuyo caso significó una ruptura con la tolerancia al abuso de autoridad y a la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad en esa provincia. Artesano de 24 años, Greco fue detenido en forma ilegal en 1990 y murió en custodia cuando su celda fue incendiada en circunstancias no aclaradas. El caso motivó una Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que los Estados argentino y chaqueño se comprometieron a adoptar medidas reparatorias y de no repetición. A partir de ello se creó el Comité para la Prevención de la Tortura, una Fiscalía Especial en DDHH y se fortaleció el Órgano de Control Institucional. Chaco fue la primera provincia en poner en funcionamiento el mecanismo preventivo de visitas a espacios de privación de libertad instaurado por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de la ONU.
Luego de esa experiencia, y de oír a las madres reunidas días atrás, evaluaron que “la violencia permea en las instituciones de tipo castrense, genera nichos de impunidad sistemáticos, con patrones de encubrimiento que se repiten en el país. Los Estados Provinciales y el Estado Nacional deben realizar investigaciones exhaustivas, prontas e independientes. Esto conlleva la actitud proactiva de fiscales que hagan posible el acceso a la verdad”.
En el Ejército
En la principal fuerza armada, uno de los dos principales temas de conversación son las bajas causadas dentro de la propia tropa. Una de las más graves ocurrió en Río Gallegos, donde por accidente un militar le dio un escopetazo a un novato agente civil de inteligencia durante una “instrucción mal programada y sin supervisión”. Aunque el agente quedó en coma, el padre que protestó fue menos preciado por un director de inteligencia (compañero de su promoción 116), que frente a otros oficiales lanzó: “El cabezón Quinteros se chupa dos whiskies y arma quilombo”.
En el último mes, El Cohete dio cuenta de otras víctimas uniformadas como el fallecido Matías Chirino (ver Si así tratan a los propios), la condición de parapléjico en que dejaron al cabo Michael Nathanael Verón y la internación urgente del soldado Marcelo De La Sota debido a los maltratos infligidos en bases de Corrientes y Misiones (ver Morir en el cuartel). En Entre Ríos también se había denunciado un “abuso sexual agravado” contra una soldado voluntaria en 2017.
En la zona de esas provincias bajo la égida de la Brigada de Monte XII, el comandante de Ejército es el coronel Sergio Jurczyszyn, hijo del general de división Eusebio Jurczyszyn, quien hacía espionaje interno sobre una jueza que investigaba el robo de bebés antes de escalar a subjefe del Ejército en tiempos de Ricardo Brinzoni, como ya detallara El Cohete. (Jurczyszyn padre retornó a los estrados judiciales, según recordó la agencia Télam este jueves, entre los imputados por delitos de lesa humanidad en el mega juicio a represores en San Juan).
El comandante Sergio Jurczyszyn fue jefe entre 2013 y 2015 del Regimiento Monte 30 ahora cuestionado. Durante once años instruyó a comandos, algunos de los cuales terminaron ligados a los destinos luego denunciados.
Después de que trascendiera que a Verón le desplazaran algunas vértebras al arrojarlo a una pileta sin agua, repitió en varios medios que “la obediencia es la columna vertebral” de la fuerza.
Habida cuenta de que el Ministerio de Defensa desalentó en reiteradas oportunidades las recepciones bautismales para los ingresantes a una base, el sacrosanto principio de la obediencia parece haber perdido vigencia entre los militares.
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