El tesoro de Aníbal Gordon al descubierto
La ruta del dinero de Aníbal Gordon en Chascomús
La historia de esta causa podría comenzar en la página 2.641 de la sentencia del Plan Cóndor. Día 26 de septiembre de 1976, cuando un grupo de militares uruguayos y argentinos entraba a una casita de la calle Emilio Castro 349 en Haedo. Ahí vivía María Elena Laguna con sus tres hijos, esposa de Adalberto Soba, Plomito, uno de los creadores del Partido por la Victoria de los Pueblos, la estructura política organizada en Argentina por los uruguayos que escapaban de la dictadura oriental. En una pieza de los fondos, dice la sentencia, Soba tenía una pequeña imprenta con Alberto Mechoso. Ese 26 de septiembre salió temprano para verlo en un bar. A las 14 la casa fue rodeada por el grupo de militares que llevaba enrollado a un hombre en una manta y lo tiraron al piso.
—Ahí está tu esposo —le dijeron a María.
Soba estaba ensangrentado. Y en ese momento, unos diez militares vestidos de particular comenzaron a romper paredes y pisos de la casa, tan enceguecidos como lo habían estado hasta ese momento, hasta encontrar una caja de madera con dólares. Al día siguiente el mayor José Gavazo, responsable de los comandos uruguayos de Cóndor en Argentina, preparó la fuga de una parte de los dólares. Repartió billetes. Escondió parte en la ropa de María y de sus hijos en un episodio que agitó la interna con sus socios de la banda de Aníbal Gordon, activos en el centro clandestino de Orletti, porque se estaban llevando más dinero de lo pautado. La causa señala que Gordon se quedó con una cifra que va de 2 a 8 millones de dólares del botín, un dinero que el juez Alejo Ramos Padilla ahora calcula en 100 millones de dólares. A más de 40 años del secuestro, Ramos Padilla, que es juez federal de Mercedes, encontró parte del botín invertido en un predio ubicado a la vera del lago de Chascomús, donde el grupo de la SIDE tenía previsto montar un negocio millonario en la construcción de un barrio privado.
La causa se inicio el 14 de marzo de 2013 con una denuncia del titular del CODESEH, Norberto Liwski. Durante una convocatoria pública y abierta organizada por la Comisión Municipal por la Memoria de Chascomús, decía, una persona de nombre Adolfo Ceferino Barberán había expuesto que en el Barrio Parque Girado –del otro lado de la laguna de esa ciudad— “existiría desde 1976 una fosa común en donde habría cuerpos pertenecientes a detenidos desaparecidos de la última dictadura cívico militar". Barberán dijo que en las inmediaciones había funcionado un centro clandestino de detención y torturas y que a partir de esa época hubo movimientos de tierra con agregado de cal viva, en la que fueron ocupados para la tarea vecinos del lugar contratados por el Ejército, y totalmente sorprendidos por lo sueltos de dinero que andaban los militares.
Desde entonces Ramos Padilla supo que el proyecto inmobiliario finalmente quedó paralizado en 1977, producto de una interna entre Gordon y los grupos de la provincia de Buenos Aires. Que durante esa interna, los grupos operativos a cargo de Ibérico Saint Jean y Ramón Camps sacaron a Gordon del territorio y secuestraron a más de treinta operarios que permanecieron uno o más días, torturados y trasladados a la Comisaría 1 de Chascomús. También supo que el predio ubicado en la Circunscripción 11, parcela 1164Z y la inscripción del dominio Nro. 24286, originalmente a nombre de una persona de apellido Banzato, ahora está a nombre de la familia Save. Un apellido que aparece desde el comienzo de la investigación porque Liwski explicó en una testimonial que "es de público dominio que un integrante de esa familia o por lo menos con ese apellido ha sido involucrado en las investigaciones por delitos de lesa humanidad bajo el nombre de Miguel Save, particularmente en el centro clandestino de detención Orletti, en Plan Cóndor y en el secuestro y robo de bebés".
En ese contexto, Ramos Padilla acaba de cerrar el primer escrito de la causa para pedir la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica (PROCELAC) y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad para investigar "el posible lavado de dinero por parte de los miembros de la banda de Anibal Gordon, producto de las actividades ilícitas de secuestros, homicidios y desapariciones llevadas adelante por miembros de la ex SIDE, que desarrollaban sus tareas en el centro el centro clandestino de Automotores Orletti y en el marco del Plan Cóndor”.
Durante estos años el magistrado hizo inspecciones con el Equipo Argentino de Antropología Forense, que no encontró restos óseos, pero sí tierra removida. Y se instaló en el destacamento de policía para tomar la primera serie de testimonios de vecinos, que comenzaron a llamarse unos a otros y luego fueron a dar testimonio al juzgado. En relación con la hipótesis de lavado de dinero, advirtió en el escrito, "el juzgado dispuso una serie de medidas probatorias para profundizar en su conocimiento y, teniendo en cuenta la gravedad de esta hipótesis, agotar todas las posibilidades de búsqueda de información de la que se pudiera disponer". También extendió la prórroga por el término de un año de la medida cautelar de prohibición de innovar respecto del inmueble investigado.
Según señala el texto al que accedió El Cohete a la Luna, "se ha corroborado prima facie la comisión de torturas y privaciones ilegítimas de la libertad constitutivas de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, por parte de un grupo operativo —presuntamente a las órdenes del General Ramón Camps y/o de Ibérico Saint Jean— que tuvieron como víctimas a las cerca de treinta personas que se hallaban prestando tareas laborales varias en un predio del Barrio Parque Girado de Chascomús; tratándose estas de violencia, amenazas y simulacros de eliminaciones físicas ocurridos en una fecha no precisada, pero posiblemente durante los meses de enero a febrero de 1977, siendo luego trasladados a la Comisaría 1a de Chascomús, donde permanecieron alojados por el transcurso de uno a varios días". También "se ha corroborado la presencia en dicho terreno de algunos miembros inorgánicos de la ex SIDE., encabezados por Aníbal Gordon, entre ellos algunos originarios de la ciudad de Chascomús –como Leonardo Miguel Save y Luis Alberto Martínez (a) Quino—, quienes habían tenido actuación en la represión ilegal estatal en el CCDyT Automotores Orletti y en el marco del Plan Cóndor". Y además "se ha comprobado con suficientes elementos de prueba que en el terreno de referencia, estos miembros de la 'banda de Aníbal Gordon' adquirieron el mismo con la intensión de desarrollar allí un proyecto inmobiliario denominado 'Boating', que se vio interrumpido a los pocos meses por el procedimiento llevado a cabo por un 'grupo de tareas' que culminó con las torturas y privaciones ilegítimas de la libertad mencionadas". También señala que "se ha establecido la posibilidad de que el dinero aplicado para la adquisición de los terrenos y el desarrollo inmobiliario en ellos, pudiera haber tenido como origen a aquel que había sido sustraído por esas mismas fechas a la organización Partido por la Victoria del Pueblo (P.V.P.) – Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales de la República Oriental del Uruguay, más concretamente aquellas sumas millonarias en dólares estadounidenses halladas en la vivienda de la ciudad de Buenos Aires habitada por Alberto Cecilio Mechoso Méndez, quien fuera víctima del terrorismo de Estado en el marco del Plan Cóndor y que pasara por el CCDyT Automotores Orletti". Y para sostenerlo, explica que "se han establecido indicios acerca de la posible realización por parte de –al menos— los hijos de Leonardo Miguel Save de operaciones que han puesto en circulación en el mercado bienes o dineros provenientes de un ilícito penal considerado dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad, como conductas independientes que podrían constituir los delitos de encubrimiento y/o lavado de activos".
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