La cultura no caduca

 

Una tarea ciclópea de esa militancia de base cuya voluntad más fervorosa es la de ir puerta por puerta, tomando el toro por las astas. Así fue, durante meses, la emprendida por trabajadores de la cultura que se propusieron convencer a diputado por diputado, yendo a los medios y reuniéndose en asambleas ante la perentoria necesidad de frenar el “Apagón Cultural”, como se denominó en la vigilia del debate que comenzó en la tarde del miércoles pasado en la Cámara de Diputados. Hasta que, varias horas después, llegó la alegría: el recinto aprobó una prórroga por 50 años para las denominadas “asignaciones específicas”, cuya existencia garantizan los fondos destinados a las actividades culturales. “Fue un triunfo de muchas agrupaciones de cine, de músicos, de teatro, de sindicatos, de las bibliotecas populares y tevé y radios comunitarias. Más de cien que nos juntamos en Unidxs por la Cultura y logramos el primer paso para que el Estado otorgue protección y amparo al arte y la cultura”, enfatiza a El Cohete a la Luna Adriana Sosa, que representa al Movimiento Audiovisual Platense (MAP) y a la Red de Salas de la provincia de Buenos Aires.

Lo que estaba en juego, ni más ni menos, era el desfinanciamiento de la cultura, la cuestión identitaria de los espacios y miles de puestos de trabajo. De ese modo se analizó en la radio abierta que aconteció en la intensa jornada del miércoles en la puerta del Congreso de la Nación, con consignas como “No al Apagón Cultural” y “Diputados: legislen a favor del pueblo”. El debate fue largo y terminó a las once de la noche: entre los manifestantes, el frío quedó atrás cuando la Cámara aprobó con 132 votos a favor, 5 en contra y 92 abstenciones, la mayoría de Juntos por el Cambio. El proyecto aprobado se había corporizado en una presentación del diputado Pablo Carro, del bloque del Frente de Todos. En las próximas semanas será el turno del Senado. “Fue un gran logro de la perseverancia y la unión de todos los sectores”, suelta María Laura Vásquez, cineasta y presidenta de Realizadores Integrales de Cine Documental (RDI). En su pensamiento aparecen las imágenes de la represión de la policía de Horacio Rodríguez Larreta en abril de este año, cuando después de una masiva movilización en las puertas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Luis Puenzo dejó su presidencia tras fuertes cuestionamientos a su gestión.

Aquella vez se había puesto en primer plano que, más allá del reemplazo de Puenzo, el telón de fondo del conflicto era evitar la caducidad del Fondo de Fomento a la Cultura. Los tiempos de la política, en rigor, urgían: la fecha límite –31 de diciembre de 2022– había sido establecida en el artículo 4° de la ley 27.432, sancionada en diciembre de 2017, que comprendía la caducidad de estas asignaciones específicas. Es decir, faltaban apenas seis meses para el desplome de las actividades culturales que cuentan con el apoyo del Estado, que –en rigor de verdad– son la mayoría en todo el país. El párrafo afectaba a instituciones como el INCAA, el Instituto Nacional de la Música (INAMU), el Instituto Nacional del Teatro (INT), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) o el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA). Para los colectivos, la sanción no fue un episodio aislado, sino que formó parte de un proyecto cultural que intentaba reducir el Estado a su mínima expresión. Durante el gobierno de Mauricio Macri, en efecto, el Ministerio de Cultura había sido degradado a Secretaría, entre otras medidas.

Es por eso que, para el colectivo Unidxs por la Cultura, las llamadas asignaciones específicas no constituyen una letra chica de la burocracia, sino el sostén primordial en el que se basa el trabajo de la cultura, varias veces relegado por el Estado a un plano secundario en comparación con otras prioridades presupuestarias. “En realidad, esos fondos tributarios no iban a desaparecer, sino que impedimos que quedaran bajo el arbitrio del Poder Ejecutivo de turno. Las asignaciones que estaban en peligro son el motor de nuestra cultura y se retroalimentan esencialmente de los recursos económicos que provienen de los impuestos que abonan los medios de comunicación, de los premios de la Lotería Nacional y de leyes como la Ley de Teatro y la Ley de Cine, entre otras. Es decir, no toca ningún interés por encima del Derecho que le incumbe”, reza una parte del documento que el colectivo formado, entre otros, por Actrices Argentinas, Barricada TV, Documentalistas de Argentina (DOCA) y el Centro Cultural Caras y Caretas, hizo circular en la jornada legislativa.

 

 

 

“Tanto la masiva movilización en el INCAA para deponer a Puenzo y decir ‘basta’ como la de ahora para frenar el Apagón Cultural partieron de la conciencia organizada de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. Se puso el cuerpo en la calle, como también una gran dedicación en encuentros y reuniones para revertir el debate en el Congreso”, precisa Juan Delú, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO). Delú explica que el programa FOMECA implicó sólo 850 millones de pesos desde 2013 hasta hoy. “Es poco dinero para el Presupuesto Nacional. Además, ese fondo sale de los propios medios de comunicación. Pero si no nos organizábamos, el FOMECA estaba en riesgo y el Ejecutivo iba a designar fondos a discreción, con reglas poco claras y con menos transparencia. Esta es la forma de mayor eficacia para vincular el Estado con la comunidad”.

Juan Mascaró, del DOCA, también rescata la confluencia de numerosos sectores culturales en un mismo colectivo, y menciona los antecedentes de lucha de un Festival por la Cultura, basado en la diversidad, que organizaron a fines de abril para alertar sobre otras problemáticas, como la falta de nuevos Institutos de la danza y de las letras, así como una conferencia de prensa en mayo en las puertas del Congreso con una gran presencia de los medios de comunicación. Ese caldo de cultivo culminó la semana pasada en el freno al Apagón Cultural. “Todas estas acciones han impulsado que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobara un dictamen de mayoría que llegó finalmente al recinto este miércoles 15 de junio por la prórroga por 50 años de las asignaciones específicas”, aseveró Mascaró.

Los 50 años fueron uno de los puntos más sensibles en el tratamiento de Diputados. Mientras la oposición retaceaba a diez años o menos, los colectivos insistían en alargar el plazo para evitar la necesidad de militar contra la caducidad cada pocos años. En el Senado se auguran nuevas negociaciones y debates a deshoras. Desde la perspectiva de los colectivos culturales, la cifra no es algo caprichoso: obedece a una proyección de largo plazo, que trascienda los tiempos oscilantes e intempestivos de la política argentina. “Nosotres queremos hacer hincapié en los 50 años porque es el plazo mínimo que deberían tener los recursos para la cultura. Estos fondos no deberían tener fecha de caducidad, deberían ser garantizados por el Estado a perpetuidad”, acotó Ingrid Urrutia, delegada de ATE-INCAA.

Para Adriana Sosa, ganar la pulseada en el Senado y prorrogar por 50 años el Fondo de Fomento significa atacar de raíz la feroz ley del mercado, “dando la pulseada al imperio de las plataformas y los contenidos de las grandes productoras, que conquistan sin regulaciones y con una idea hegemónica de la cultura las reglas del juego en todo el país”. Identificando el quiebre de las políticas de fomento en el período macrista, y afectadas también por la pandemia, hoy las actividades audiovisuales y culturales, además de su valor simbólico, constituyen cadenas de valor y producción de contenidos que involucran a casi 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos y más del 3% del valor bruto de producción agregado en la sociedad. Es lo que la documentalista y productora Virna Molina, en plena crisis del INCAA, no podía entender cuando expresaba que el cine argentino, laureado en el mundo entero, seguía sin tener el respaldo suficiente del Estado. “Con nuestras propuestas estéticas se nos premia y reconoce en festivales del mundo; el público se interesa cada vez más. Nosotros, como cineastas, debemos hacer cine. Es un desgaste si encima tenemos que dedicarnos a la política para reclamar lo que es justo”.

 

 

 

 

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