La inclusión, en retroceso

 

El pasado 9 de junio la comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires se anotició de una nueva medida tomada unilateralmente por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta: la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en las actividades de enseñanza, documentos y/o comunicaciones institucionales en los las escuelas primarias y secundarias tanto públicas como de gestión privada. La resolución 2566/MEDGC/22 del Ministerio de Educación porteño se publicó al día siguiente en el Boletín Oficial con intención de regular el empleo de la “e”, la “x” y el “@” por parte de les docentes en “conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza, a los fines de favorecer los aprendizajes”.

En su fundamentos, destaca que los resultados obtenidos por les estudiantes en las evaluaciones FEPBA (Finalización de Estudios Primarios de la Ciudad de Buenos Aires) y TESBA (Tercer año de Estudios Secundarios de la Ciudad de Buenos Aires) realizadas tras la pandemia en Lengua “no son buenos” y que en comprensión lectora hay “un retroceso de casi 4 años”.

El anuncio fue resistido por gran parte de los docentes y, en cuestión de días, las declaraciones de la ministra de Educación, Soledad Acuña, pasaron de “esto no es una caza de brujas” a “va a haber sanciones para aquellos que incumplan con lo establecido por el gobierno”.

La medida abrió múltiples preguntas. ¿Por qué el Ministerio de Educación porteño decide legislar ahora sobre la lengua? ¿Por qué el gobierno de la Ciudad prohíbe un lenguaje que nunca fue obligatorio y no está incluido en las prácticas de enseñanza formales? ¿Qué implica esta política prohibicionista y punitivista para les chiques que no se sienten incluidos por el lenguaje binario? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones detrás de la restricción?

 

 

Resultados insuficientes

Según publicó la Ciudad, la evaluación FEPBA 2021, realizada a 40.335 estudiantes de séptimo grado, arrojó que el 34,2% está en el nivel básico respecto a las prácticas del lenguaje, y el 6,4% no puede contestar preguntas simples sobre textos sin complejidad. En comparación con 2019, un 4,9% más. Los números de las pruebas TESBA son aún más preocupantes: si bien el porcentaje de chiques que están en el nivel básico es un poco menor (32,9%) el 18,7% no resolvió actividades sobre textos literarios y no literarios breves con lenguaje sencillo. El porcentaje aumentó considerablemente en comparación con el año previo: un 64%.

La explicación de estos resultados calamitosos trasciende al uso de lenguaje inclusivo en las escuelas. Desde 2007 que el PRO gobierna la Ciudad y el presupuesto de educación disminuye año tras año, con excepción del período 2012-2015 y el año 2017. El propio diputado radical por la provincia de Buenos Aires Facundo Manes, quien forma parte de la alianza Juntos por el Cambio, aseguró esta semana en una entrevista radial que “el presupuesto del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires cayó 14% en términos reales, descontando el efecto de la inflación entre 2011 y 2020”.

Desde el gobierno porteño salieron a responderle que “estaba mal asesorado” y el jefe del gabinete porteño, Felipe Miguel, afirmó que “desde 2007 a la fecha el presupuesto educativo en términos reales creció un 12%”. Sin embargo, varios estudios contradicen ese dato. Tras realizar un análisis de los números oficiales, el sitio Chequeado concluyó el año pasado que “en 2012 el presupuesto asignado para el Ministerio de Educación porteño fue de $7.343 millones, mientras que para 2020 se gastaron $89.350. Esto representa una caída del 14% en términos reales”. Por su parte, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia indicó en 2021 que “en relación con el presupuesto total, la reducción de los fondos dirigidos a este Ministerio es alarmante, ya que en 2013 la asignación presupuestaria representaba el 24,24% del total y en este año 2021 sólo el 17,17%”.

La legisladora del Frente de Todos Laura Velasco, quien presentó esta semana un amparo judicial contra la resolución de la ministra Acuña, dijo a El Cohete a la Luna que “en los últimos dos años de pandemia hubo muchas dificultades para la continuidad pedagógica, en particular en esta Ciudad”. Velasco señaló que, pese a tener grandes recursos, la Ciudad descontinuó el Plan Sarmiento, que constaba de la entrega de equipos de netbooks y notebooks a alumnes y docentes, sin garantizar además la conectividad por problemas de infraestructura escolar; enfrenta denuncias por comida en mal estado en los comedores y por faltas de vacantes; hay problemas con la infraestructura escolar y los salarios docentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza. “Hay una cantidad de situaciones que hace a las condiciones para enseñar y aprender que explican esos resultados. La ministra tendría que hacerse cargo de los problemas que tiene su gestión”, añadió.

En igual sentido, Vanesa Gagliardi, del consejo directivo de la asociación docente ADEMYS, señaló que “el gobierno intenta justificar los resultados de las evaluaciones lavándose las manos del desfinanciamiento a la educación que realizó a lo largo de los años”.

Sobre las consecuencias del uso del lenguaje inclusivo en el aprendizaje, un grupo de lingüistas del CONICET señaló en un documento de divulgación que hay estudios que muestran que “no dificulta la comprensión”. Es más, afirmaron que “las formas no binarias comunican la diversidad de género mejor que el masculino y se procesan igual o más rápidamente”.

La lingüista Gabriela Mariel Zunino –integrante del grupo que confeccionó el documento– explicó a este medio que una de las confusiones en los considerandos de la resolución es que les niñes no adquieren las reglas gramaticales cuando entran en la escuela. Por el contrario, la adquisición del lenguaje “se produce durante los primeros años de vida gracias a nuestra constitución biológica y por formar parte de una comunidad lingüística en el hogar. La gramática está implícita en la adquisición de la lengua. Distinto es el aprendizaje de las normas gramaticales, que vienen con la educación formal. En la escuela se reflexiona conscientemente sobre estas reglas gramaticales que se adquirieron previamente”.

El documento no da paso a ninguna especulación: “Las pruebas estandarizadas que se realizaron recientemente, y que arrojaron resultados muy críticos sobre la comprensión lectora en la escuela, fueron realizadas usando la morfología tradicional, del masculino genérico, así que no puede responsabilizarse en ese caso al lenguaje inclusivo por los resultados obtenidos”.

 

 

Toda lengua es política

El gobierno de la Ciudad planteó en su resolución que se acoge a las normas elaboradas por la Real Academia Española (RAE), una institución que se presenta como científica y neutral pero que tiene un origen colonial y aún hoy, en el siglo XXI, se compone en su amplia mayoría por varones blancos heterosexuales cisgénero. Entre los 46 académicos que la conforman sólo hay ocho mujeres y ninguna persona disidente. Durante los últimos años, la institución se resistió a cumplir con una Ley Orgánica de 2007 que dispuso la paridad de género y publicó múltiples documentos y recomendaciones en las que se oponía al uso del lenguaje inclusivo.

Tal como explicó Zunino, quien es miembro del consejo directivo de la Carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), más allá de los intentos de la RAE, los usos de la lengua no se pueden normalizar y homogeneizar porque son “los usos que hacen los hablantes”. “La lengua no existe sin hablar, no hay una entidad abstracta o una entelequia llamada lengua. Las variaciones, las heterogeneidades y las diversidades en los usos lingüísticos son permanentes, son parte constitutiva de las lenguas”, manifestó.

No se puede concebir entonces fenómenos de usos lingüísticos que no sean políticos, ni fenómenos políticos que no atañen a los usos lingüísticos. La lingüista explicó: “Vemos en el uso del lenguaje, en la circulación de discursos, y en la política constitutiva de las personas una vinculación indisoluble en todas las dimensiones de la vida. No se pueden distinguir las dos cosas porque se constituyen mutuamente en la mayoría de los casos”. El uso del lenguaje inclusivo entonces disputa poder no solo en el campo de las lenguas sino también en la estructura social. Su uso es político y su prohibición también.

Pero además, la decisión del Ministerio de Educación porteño puede explicarse desde un punto de vista político partidario. Acuña suena como candidata a suceder a Rodríguez Larreta en 2023. Su postura frente a la apertura de las escuelas en medio de la pandemia y su constante ataque a los docentes y a la educación pública la posicionaron como una de las funcionarias con mayor imagen positiva para un electorado porteño que se acerca cada vez más a la ultraderecha.

Siguiendo esta línea, la referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro, quien presentó junto a Gagliardi otro amparo contra la medida del PRO, afirmó a este medio que la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas “es parte de una campaña para llegar a un electorado más reaccionario que quiere ir contra nuestros derechos de género. Les preocupa que el sector de los libertarios les quite los votos de este sector y entonces apelaron a esta medida”.

El viraje que experimenta el PRO en los últimos años, con la figura de Javier Milei respirándoles constantemente en las nucas, no es un fenómeno estrictamente local. Este movimiento está avanzando en el mundo y se manifiesta también en otros sistemas educativos. Un ejemplo es la reciente sanción de una controvertida ley que limita las discusiones sobre orientación sexual en las escuelas primarias en el estado de Florida, Estados Unidos.

 

 

El derecho a desobedecer

Las investigaciones de los profesionales lingüistas marcan que “existe una estrecha relación entre el lenguaje y la constitución de subjetividades e identidades”. El acto de prohibir determinados usos lingüísticos, marcándolos como ilegítimos, genera así valoraciones sociales y estigmatizaciones sobre sus hablantes.

Consultada por este medio, la abogada y docente trans Cristina Monserrat Hendrickse resaltó que la resolución contraría los derechos consagrados por la Ley de Identidad de Género, sancionada en 2012, y la Resolución 340 del año 2018 del Consejo Federal de Educación, que estableció la inclusión en los planes institucionales del enfoque integral de la Ley de Educación Sexual Integral. Por su parte, la legisladora Velasco dijo además que la resolución es antidemocrática y anticonstitucional, porque transgrede lo dispuesto por la Constitución nacional y la de la Ciudad.

Gagliardi reflexionó que “a lo largo de los años hemos aprendido que lo que no se nombra no existe” y contó que varios de sus estudiantes le piden “ser reconocidos por el pronombre que elles mismes se eligieron, con lo cual la resolución avanzar contra sus derechos”. Como parte del equipo de ESI de la Escuela de Teatro de Mataderos, una de las 11 escuelas artísticas de la Ciudad de Buenos Aires, consideró que la nueva medida es un retroceso para la inclusión.

 

 

Hendrickse contó que dos de sus estudiantes son varones trans y “están muy angustiados porque la escuela es el único lugar en donde reconocen su identidad de género y ahora temen perder ese derecho”. Ambas docentes aseguraron que sus estudiantes les pidieron que continúen hablando en lenguaje inclusivo.

En la clase abierta que dio este miércoles en rechazo a las prohibiciones del uso del lenguaje inclusivo en el ámbito educativo en la Escuela Normal 6, Hendrickse planteó seguir los lineamientos del filósofo estadounidense Henry David Thoreau, quien en el siglo XIX afirmó: “No hay razones legítimas para obedecer a un gobierno injusto, pues la conciencia nos ordena primero ser individuos, conciencias libres y responsables, y sólo después, súbditos”.

Antes de recibir los aplausos finales de les estudiantes, Hendrickse lanzó: “Cuando la orden es injusta, tenemos el derecho a desobedecer”.

 

 

 

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