Los unos y los otros

 

Hace algunos días los diarios publicaron una predicción sobre la inflación por parte del ministro Martín Guzmán durante una reunión de gabinete. Dicen que pronosticó alrededor del 5% para mayo –estimación que se cumplió– y aproximadamente el 4% en los próximos cuatro meses para, a partir de allí, bajar al 2%. Viniendo de una inflación de casi 7%, como se registró en marzo, pareciera que la meta es muy buena y, me permitiría agregar, su cumplimiento sería una gran noticia. Desconozco si técnicamente hablando es una meta alcanzable o un exceso de optimismo, pero deseo fervientemente que se concrete en la realidad.

No obstante lo dicho, aun alcanzando el ansiado 2% de inflación nuestro país seguirá padeciendo un guarismo cercano al 40% de pobreza y los salarios seguirán siendo insuficientes para mitigar las necesidades familiares básicas. También seguirá siendo irracional la distribución del ingreso nacional, donde el crecimiento económico queda en manos de los empresarios y las perdidas en manos de los trabajadores.

Es verdad que la desocupación cayó al 7%, pero es importante aclarar qué es un ocupado estadísticamente hablando para el INDEC: “Se consideran Ocupadas a todas las personas que tengan cierta edad especificada (10 años o más) y que durante un período de referencia (una semana) hayan trabajado al menos una hora. Se incluye a: a) las personas que durante el período de referencia realizaron algún trabajo de al menos una hora, hayan recibido pago (en dinero o en especie) o no por dicha actividad; b) las personas que tienen una ocupación pero que no estaban trabajando temporalmente durante el período de referencia y mantenían un vínculo formal con su empleo. Integran este grupo los ocupados que no trabajaron en la semana, por vacaciones, licencia por enfermedad u otros tipos de licencias, suspendidos con pago y ausentes por otras causas laborales (mal tiempo, averías mecánicas, escasez de materias primas, etc.) con límite de tiempo de retorno. Se incluyen también dentro de esta categoría de ocupados a las personas que tenían un negocio o empresa y no trabajaron por causas circunstanciales durante el período de referencia”.

Es decir que para no ser desocupado alcanza con trabajar una hora en una semana, aunque no se perciba nada por la actividad realizada, y tener al menos 10 años de edad. No es difícil darse cuenta que es un índice tramposo, que en verdad demuestra poco. Es cierto que siempre se midió de esta forma pero me parece un despropósito usar este dato como referencia de éxito económico, por lo que su único valor sería comparativo de los distintos movimientos históricos/políticos en nuestro país. Un ejemplo muestra por el absurdo lo irracional que significa usar este dato como un logro social. Veamos: si una persona trabaja una hora y recibe como paga un plato de comida, es tan “ocupado” como alguien que percibe 200.000 pesos mensuales trabajando todo el mes. Por lo tanto, lo más cercano a un índice exitoso y verdaderamente relevante sería que el trabajador tenga lo suficiente para alimentarse a él mismo y a su familia, y no el índice de desocupación.

El gobierno se vanagloria de la creación de 1.100.000 de nuevos puestos de trabajo durante 2021. Pero para lograr ese número suma todo en una gran ensalada. En 2021 el crecimiento del empleo formal alcanzó los 187.665 puestos, número que en verdad ni siquiera cubre el crecimiento demográfico. El resto son los “ocupados” que mencioné anteriormente: monotributistas, monotributistas sociales e informales. Es cierto también que se hizo siempre así, pero no menos cierto es que hay un crecimiento exponencial del trabajo informal que complica cada día más las cuentas fiscales en relación a la seguridad social, situación que distorsiona cualquier estadística. No es lo mismo que un trabajador preste servicios en la economía formal que en la informal.

La intención de lo dicho es mostrar con crudeza que en la Argentina actual se hace todo lo posible por dificultar la percepción concreta y respaldada en números de la realidad social que se vive. Los medios dominantes descargan su furia contra todo lo que huela a justicia social, justicia distributiva o seguridad social, mientras aquellos medios con un perfil progresista y que visualizan bien el problema quedan enfrascados en una discusión economicista inentendible para el hombre y la mujer del común. Quieren ser tan enfáticos en responder a los medios dominantes que nos envuelven en una discusión de cuestiones financieras, con explicaciones vinculadas al dólar oficial, al dólar blue, el dólar contado con liqui y cuanto instrumento financiero anda dando vuelta por ahí, intentando explicarnos el porqué de la disminución de las reservas del país y otras cuestiones conexas. Lo cierto es que quienes comentan, y los invitados en general, son todos economistas o querrían serlo, que repiten una y otra vez la misma canción. Son muy pocos aquellos que muestran con crudeza la realidad e intentan discutir una solución al problema social. Todo este cóctel ha dado como resultado una lucha de pobres contra pobres, la peor de las luchas. Esto se debe a la clausura del debate social, y esa cancelación quizás represente el mayor logro de los sectores dominantes, toda vez que pareciera que para hacer política social hay que pedirle permiso al “círculo rojo” o al FMI. Hemos perdido y entregado nuestra soberanía popular a un sector de la población y a los países dominantes, y aunque en lo discursivo no queramos asumirlo, en los hechos se concreta dramáticamente.

Dentro del concepto de soberanía popular flota la idea de la solidaridad entre los que conforman una sociedad. Es la soberanía popular lo que conforma la unidad nacional necesaria para construir una nación. Por lo tanto, cuando se acepta que hay un grupo de poderosos, de adentro y de afuera, que digitan las políticas sociales que nos involucran a todos, eso tiene un nombre: discriminación. Discriminación es considerar que hay gente con poder, por un lado, y otros que no disponen de poder. Discriminación es llamar “planeros” a quienes reciben una ayuda social, mientras otros se autoperciben como los “únicos que trabajan”. Discriminación es decir que los pobres son vagos, mientras otros trabajadores, empresarios o emprendedores se benefician de distintas prebendas del Estado. Discriminación es creerse con el suficiente poder para manejar los precios y por ende la inflación según su conveniencia. Discriminación es dividir a la sociedad entre unos y otros, esa es la verdadera grieta.

Pero lo lamentable es cuando el gobierno toma partido por los poderosos. El Estado no es neutral, si toma partido por los poderosos actúa como neoliberal y si toma partido por los sectores populares es un gobierno nacional y popular. Por ello, ver ministros e incluso al Presidente acercarse a hablar ante los dueños del “poder real” pero no promover ni organizar un gran encuentro donde se discutan las formas posibles de aplicar políticas sociales me parece que es una claudicación ética intolerable. Ver al dueño del diario Clarín refutando al Presidente para luego vapulearlo en sus medios de comunicación y que no pase nada es muy doloroso, y creo que también es un fraude al voto popular.

 

 

¿Cómo enfrentar la cuestión social?

Según mi visión, lo primero que hay que hacer es armar una estrategia. Digo esto porque es muy claro que hay una ausencia de coordinación, que cada uno de los que se dedican a operativizar políticas sociales hace lo que quiere o, mejor dicho, lo que puede, pero es notoria la ausencia de un rumbo concreto y sistematizado:

1. Hay que convocar a una gran asamblea intra-gubernamental para definir un plan estratégico que incluya a todos aquellos que realizan políticas sociales;
2. El gobierno tiene que fijar posición respecto de los proyectos presentados tanto en el Senado como en Diputados, entre ellos la moratoria previsional, el Salario Básico Universal, etc.;
3. Hay que sacarse de encima el prejuicio neoliberal de que los planes sociales hay que eliminarlos y construir una política masiva y equitativa de distribución;
4. El gobierno tiene que transformar las lindas palabras respecto a que “primero el que más necesita” en hechos que demuestren el cumplimiento de este compromiso;
5. Tiene que perder el miedo a aumentar impuestos a los más ricos, y fijar y cobrar mayores derechos de exportación e importación: retenciones (en los términos del artículo 4 de la Constitución);
6. Hay que aplicar la ley de abastecimiento y la ley de góndolas;
7. Hay que romper con los privilegios empresarios: volver a aplicar los porcentajes fijados por ley por las contribuciones patronales disminuidas por Domingo Cavallo durante el menemismo;
8. Hay que revisar todos los planes de promoción;
9. Se debe promover un shock distributivo;
10. Hay que cumplir aquella frase de Evita de “donde hay una necesidad nace un derecho”, pues si no criticar a Carlos Rosenkrantz por decir lo contrario es solo un acto de hipocresía. Al ministro de la Corte se lo rebate con hechos, no con palabras.

Un buen ejemplo de la necesidad de tener una estrategia integral es el caso del Ministerio de Desarrollo Social, que expresa que cambiará planes sociales por herramientas de trabajo. Este año se proponen entregar 100.000 máquinas y herramientas. No tengo dudas de que cumplirán la meta, pero veamos: en la Argentina contamos con unas 6 millones de familias pobres, a 100.000 herramientas por familia por año se tardaría 60 años en darle al pueblo una solución de este tipo.

Como ya dije, esto ocurre porque se carece de un plan estratégico, y no hay un plan estratégico porque el gobierno está imbuido de la idea de una “nueva teoría del derrame”, por la cual se atiende a los poderosos, se les otorgan prebendas para estimular su inversión productiva y se les aceptan todos los caprichos con el objetivo de que creen trabajo. Está bien crear trabajo, pero ocurre que los empresarios prefieren no arriesgar en inversiones aduciendo falta de previsibilidad, se inclinan por precarizar el empleo para digitar el salario que pagan, además de ir cercenando los derechos sociales a sus empleados. Lamentablemente, corresponde indicar también que muchos sindicatos hacen la vista gorda a esta situación, y se muestran sordos ante denuncias sobre este tema. Por ello, no debería asombrarnos que el mayor número de informales correspondan al servicio doméstico, al agro y a la construcción.

La nación es una gran familia en la que todos aportan y todos reciben, donde se visualizan y refuerzan los vínculos de solidaridad y equidad. Es la concepción de la “meritocracia”, impuesta y ensalzada por el neoliberalismo a niveles insoportables, mediante la cual se impone la salvación individual en base a las propias capacidades en contraposición a quienes no son capaces de proveerse lo necesario para su supervivencia y por ende son condenados a la pobreza extrema, al hambre e incluso a la muerte, la que configura un peligro sideral contra el sentido de Nación y el régimen democrático, que debemos combatir. Es como el padre de familia que manda a su mujer y sus hijos a trabajar y él se queda con el fruto de ese trabajo para darse una “gran vida”, mientras los hijos y la mujer se desgastan física y moralmente por la ignominia que les toca vivir.

El resultado de esta política para los sectores populares se explica con las palabras de Ricardo Güiraldes en Don Segundo Sombra: “No sé cuántas cosas se amontonaron en mi soledad. Pero eran cosas que un hombre jamás se confiesa. Centrando mi voluntad en la ejecución de los pequeños hechos di vuelta a mi caballo y, lentamente, me fui para las casas. Me fui, como quien se desangra”.

 

 

 

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