Esperando la esperanza

 

Nuestra economía sigue transitando aguas turbulentas, a pesar de que el contexto internacional propicia el ingreso de más divisas a nuestro país.

El Banco Central no logra prácticamente acumular reservas –una de las metas pactadas con el FMI—, la enorme evasión impositiva vinculada a la exportación ilegal no se reduce y los precios internos siguen su curso incremental sin encontrar obstáculos.

En la última semana se agregó un clima de incertidumbre en el mercado local de títulos públicos en relación al manejo de la deuda interna, promovido por declaraciones de economistas opositores, que hablaron sobre la posibilidad de un nuevo “reperfilamiento” de los bonos de deuda internos, que es otra forma de decir que se postergaría el pago de los mismos para lograr una mayor viabilidad financiera de la economía en el corto plazo o luego de 2023.

El problema de la deuda interna debe ser abordado por el gobierno, porque crece a la velocidad de la inflación –el sistema financiero no le prestaría al gobierno, si ofreciera rendimientos negativos, inferiores a la inflación—, lo que la tornaría inmanejable en poco tiempo si no se hace algo tanto en el frente fiscal, para acotar la necesidad de fondos prestados, y en el frente de los precios, donde se requiere cortar la inercia alcista.

El desequilibrio macroeconómico legado por el macrismo fue muy grave, y ha sido potenciado por la pandemia. La neutralización de estos desequilibrios requeriría de un esfuerzo colectivo coordinado del Estado, la producción y las finanzas.

Sin embargo, dirigentes vinculados a la producción y las finanzas se desentienden de los resultados del gobierno macrista que ellos promovieron, y acusan al actual gobierno de ser “el peor de la historia”, mantra que repiten sus empleados en todos los medios de comunicación. El desentendimiento de sus responsabilidades políticas, pero también económicas es evidente, y no se puede esperar otra cosa dada la trayectoria pública de estos actores en los últimos 40 años.

El déficit fiscal se ha incrementado considerablemente en mayo, producto del aumento en el gasto en programas sociales, subsidios económicos y subsidios energéticos. El aumento de las erogaciones en los programas sociales tiene el trasfondo de la inflación doméstica en alimentos –acelerada por el contexto internacional—, y los subsidios energéticos reflejan un impulso alcista dado especialmente desde afuera de nuestras fronteras.

Ninguno de estos problemas es irresoluble, ni constituye una situación que vaya a precipitar necesariamente alguna catástrofe. Sin embargo, el comportamiento de los actores económicos internos –y sus terminales políticas—, combinado con el estilo de gestión y el enfoque político del actual gobierno, tienen la potencialidad de complicar más aún el panorama económico y social actual.

 

La patota de la demolición

Como ya lo ha comentado Luis Juez, la principal tarea política de la derecha en el corto plazo es evitar que el gobierno pueda gobernar. Trabar, impedir, boicotear cualquier medida, cualquier iniciativa parlamentaria, cualquier disposición administrativa, cualquier proyecto inversor. Eso, en una situación de fragilidad financiera del Estado y en un contexto internacional sumamente volátil, es preocupante.

Para observar los planes a mediano plazo de la derecha local, deben ser tenidas en cuenta las recientes expresiones del juez Rosenkrantz en Chile y las de Mauricio Macri en Brasil, referidas a Hipólito Yrigoyen. Ninguno se caracteriza por ser pensador relevante sino más bien por ser hombres de negocios. Pero ambos se han ocupado de lo que pomposamente, con aires académicos, llaman el “populismo”.

Es evidente que el libreto se lo escriben otros, pero todos los representantes públicos del bloque neoliberal-conservador –políticos, jueces, “periodistas independientes”— pasan a repetirlo como loritos, poniendo cara de sesudos filósofos políticos. No hay ninguna duda que este sector social usa la palabra populismo como un eufemismo para tratar de denostar a todas las políticas populares, progresistas o soberanas.

La construcción de una idea de democracia opuesta a la voluntad de reconocer y ampliar derechos es parte de este arsenal ideológico que preparan para la confrontación que imaginan. La inclusión de Don Hipólito en el panteón de los malditos populistas blanquea lo que late en el corazón profundo de la derecha local: la vuelta a la Argentina pre-1916, donde la elite oligárquica ni siquiera tenía que soportar el voto universal (masculino).

El hilo conductor de esta campaña anti popular es el “reformateo autoritario” de la sociedad argentina, anhelado por sectores del gran capital y planteado prematuramente por el periodista de derecha Longobardi: una democracia sin derechos ni garantías para las mayorías, pero garante de la hiper-rentabilidad de las corporaciones y blindada contra la demandas populares.

Ese trabajo para la formación de un nuevo “consenso” ideológico reaccionario es lo que están haciendo en este momento, en función de una futura gestión que abandonaría los “buenos modales” del macrismo anterior, y que embestiría desde el primer día –las primeras 100 horas de Larreta— contra las leyes e instituciones que amparan y protegen a la mayoría de la población.

En esa línea se encuentran las frecuentes declaraciones de Patricia Bullrich, o las más deslenguadas de Florencia Arietto: “A la provincia (de Buenos Aires) hay que entrar con metra”.

Dejan traslucir “escenarios” que imagina la derecha en relación a las campañas que tendrán que emprender contra el ya menguado nivel de vida de las mayorías, y sobre todo contra las fuerzas políticas que se interpongan en sus planes.

Dicho sea de paso, los planes de la derecha son muy pocos y muy pobres, casi no merecen el título de planes. Porque la nebulosa ideológica derechista tiene que ver con un conglomerado de sectores empresariales que no tienen un gran plan sobre la Argentina, sino negocios particulares a partir de los rinconcitos que podían encontrar en la globalización pasada.

Para esta gente que siempre está mirando para atrás, al Centenario, a la Década Infame o a los “felices '90”, la globalización ya no es lo que era, y el peligro de “fragmentación geopolítica” mencionado por el FMI es real y está en pleno desarrollo, impulsado por su propio líder espiritual y fuente de todo pensamiento, Estados Unidos.

Para librar esa batalla contra los derechos de las mayorías, la derecha local tiene que enrolar a una masa social que avale la represión y la violencia, resignificadas como “defensa de la democracia frente al populismo”. Sueñan con represión exitosa, que quiebre el espinazo de la organización popular, pero saben también que a la mayoría de nuestra sociedad no le gusta la violencia ni la sangre.

La pregunta es si serán capaces de crear un clima de furia reaccionaria en capas medias, como lo intentan los discursos más extremos de sus periodistas pagos, que avale o al menos haga la vista gorda frente las tropelías anti-derechos que están soñando.

También en esto el gobierno de Alberto Fernández tiene una gran responsabilidad: no permitir situaciones económico-sociales que favorezcan el crecimiento de los discursos furiosos de la derecha. Es también una responsabilidad política de todos las fuerzas que constituyen el Frente de Todos: dejar en claro a toda la sociedad que el anti-populismo es simplemente un discurso corporativo para atacar a las grandes mayorías, a sus intereses, sus derechos y su nivel de vida.

 

Este Godot que no viene…

El 31 de mayo, en un acto ante militantes y funcionarios, el Presidente declaró: "Los ladrones de guante blanco andan dando cátedra. Estoy esperando que la Justicia los llame a rendir cuentas de lo que han hecho, que un juez los llame y les pida explicaciones por la deuda que tomaron en nombre de la Argentina". Estos comentarios los efectuó luego de revelar que en la licitación para la ampliación de un 20% de la capacidad de producción de energía eléctrica de Yacyretá, su gestión junto con la del actual Presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, habían logrado reducir drásticamente lo presupuestado sospechosamente por la gestión de Mauricio Macri con su colega paraguayo Horacio Cartes.

No puede dejar de señalarse lo contradictorio del mensaje presidencial. Por una parte, es sumamente positivo que desde el Estado se denuncian las groseras maniobras de corrupción con la obra pública, en colusión con otros Estados. Pero al mismo tiempo, al enviar esa denuncia a un agujero negro de impunidad que ninguna persona informada puede ignorar, refuerza la sensación de inmovilidad de la realidad y de burla a toda la sociedad por parte de los poderosos del país.

Es a ese agujero negro de impunidad, de negligencia, de arbitrariedad sistemática a favor de los poderes fácticos, al que el Presidente le pide que los llame y les pida explicaciones.

Unos días después, el 7 de junio, luego de que se conociera un fragmento de la reunión de la Asociación Empresarial Argentina, en la cual el dueño de una de las grandes cadenas de comercialización del país confesó, entre risas extendidas, que su reacción frente a la inflación era remarcar constantemente, el Presidente señaló: “Yo les pido a los empresarios argentinos que comprendan la dimensión del problema económico mundial, que está afectada por una guerra que pone en crisis la seguridad alimentaria del mundo. Lo que tenemos que hacer es trabajar con responsabilidad. No me parece responsable que se le pregunte a un empresario de esa magnitud y su respuesta sea ‘remarcar’ precios”.

El Presidente les pide a los empresarios locales que trabajen con responsabilidad. Se lo pide a los que remarcaron durante toda la pandemia, mientras millones la pasaban realmente mal, en algunos casos superando el nivel promedio de inflación. En ese mismo encuentro de AEA, en el que se rechazó un legítimo tributo a las ganancias extraordinarias producto de la guerra, también hubo reiteradas quejas sobre la “elevada presión tributaria” que supuestamente existiría en la Argentina, y hasta se escucharon justificaciones sobre el uso de diversos instrumentos, como las guaridas fiscales, para eludir el pago de impuestos.

El Presidente no puede aducir desconocimiento de lo que es el espectro empresarial argentino, especialmente en sus estratos más elevados. Sin embargo hace estas declaraciones públicas que muestran una preocupación por el tema, pero cuyo efecto queda supeditado a lo que los propios irresponsables tengan voluntad de hacer.

Seguramente la apelación presidencial generó también algunas risas en el sector privado, dado que ya conocen que no estará acompañada por ninguna medida pública para que la responsabilidad solicitada tenga premios, y la irresponsabilidad, castigos.

Lo hemos señalado en más de una oportunidad en El Cohete: el gobierno de Alberto Fernández no trabaja para consolidar la gobernabilidad económica, salvo que tenga una mirada muy limitada del fenómeno, que reduzca la construcción de gobernabilidad a acordar con los acreedores externos, tanto públicos como privados.

Desde su origen, esta gestión parece carecer de una lectura realista sobre las vulnerabilidades económicas y sociales, y sobre la urgente tarea de irlas superando para ganar en gobernabilidad política.

Se trata de un gobierno que parece no estar preparado para ninguna contingencia con margen de maniobra propio, y que por lo tanto reposa en la “buena voluntad” de los factores de poder económicos, a los que –por lo tanto— no hay que enojar ni amenazar, aunque sean ellos mismos, en diversos casos, la fuente de inestabilidad.

En el diario Ámbito Financiero del 10 de junio, ante los movimientos especulativos que se registraron en los mercados locales, se señaló: "Hay bonos argentinos que rinden igual que los de Ucrania o Sri Lanka, un país en guerra y otro en default".

Pero, ¿es que nos parecemos en algo a la situación de Ucrania? ¿Tiene objetivamente algo que ver lo que ocurre en nuestro país con los acontecimientos de Sri Lanka? No. Definitivamente no. ¿Y por qué entonces este trato de país basura, que le propinan los propios actores económicos locales? ¿Qué visión tienen del país quienes ponen a los bonos argentinos en el mismo escalón que los de países en estado de catástrofe?

La inmensa mayoría de lxs argentinxs, que no participamos en estos juegos financieros y tenemos que trabajar todos los días para vivir, nos preguntamos cuál es la catástrofe que justifica tal nivel de pesimismo en relación a nuestro país.

Dado que los movimientos financieros que hoy presionan sobre el dólar pero también amenazan al sector público son dirigidos por una reducidísima minoría, cabe pensar que “nuestra catástrofe” es la mentalidad de una parte de la dirigencia económica argentina, que no está integrada a la nación, que considera al país como una mera base de operaciones económicas, y que trata a la dirigencia política como su empleada que se tiene que ocupar de garantizar la “gobernabilidad” de sus negocios.

No va a ser consultando con esa gente de donde provenga la solución de los problemas nacionales.

 

 

 

Conclusión

No es tarde para que el gobierno comprenda la necesidad de dar respuestas urgentes frente a la turbulencia interna e internacional. Ni Kristalina Georgieva, ni Joseph Biden, ni la aprobación de las metas trimestrales por parte del staff del Fondo pondrán a salvo al gobierno de Alberto Fernández de los remarcadores seriales, de los timberos con el dólar, de los vaciadores de las reservas del Banco Central o de los grandes evasores impositivos. Ni de los caza-populistas.

El terreno de la disputa política es aquí y ahora, y las apelaciones a la buena voluntad futura de jueces y empresarios que saben perfectamente lo que están haciendo, sólo generan más desazón que esperanza en quienes aún esperan una política popular efectiva.

Ya pasamos por la triste experiencia de un Presidente que confesó en su último discurso que “no pudimos, no supimos o no quisimos”, y creo que la mayoría preferiría un Presidente que luche con decisión por la victoria de los intereses populares, incluso si fracasara. Así como están las cosas, las presiones y los vetos del poder económico garantizan que el fracaso ya esté a la vuelta de la esquina.

Tampoco queremos escuchar, de la boca de nuestro Presidente, una frase que nos sonaría a triste presagio: “Estoy esperando que un puñado de miserables paren con la desestabilización económica”. No queremos escuchar la frase, pero sobre todo no queremos que ocurra.

Y no tenemos la lapicera.

Tal vez la lapicera popular sea una enérgica movilización de partidos, gremios y organizaciones sociales por la defensa y profundización de los derechos que las minorías privilegiadas tienen la ilusión de arrebatarnos.

 

 

 

 

 

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