Mayra por el cuello

 

La discusión política del último mes fue detonada a raíz de una serie de notas periodísticas, en lo que la Municipalidad de Quilmes considera “operaciones mediáticas”.

El sitio web El Disenso publicó una serie de notas  que dan cuenta de contrataciones directas a cooperativas por un total de 535.265.793,58 pesos anuales.

El cuestionamiento no radica tanto en que las contrataciones sean directas ni que se pague por personal no municipal la limpieza de espacios públicos, sino en que las contratadas estuvieran vinculadas a funcionarios y que el dinero pudiese haber sido desviado a fuera del país.

El 22 de abril difundieron que "encontramos siete cooperativas alojadas en el mismo domicilio que La Estrella y Unión de Azul, incluyendo la Cooperativa de Trabajo Barrio Unido Limitada, de Sebastián Raspa con su esposa Romina Cangelosi, también funcionaria del municipio, y la Federación de Cooperativas de Trabajo 1° de Mayo Limitada". Agregaron que La Estrella era presidida por Raspa, subsecretario municipal de Hábitat, quien renunció a la Municipalidad el 23 de abril, y tenía a Martín Bordalejo como apoderado, quien renunció a su puesto municipal el 5 de mayo.

 

 

Un funcionario raspado

Horas después del escándalo mediatizado, Raspa presentó su renuncia al puesto municipal con un escrito difundido por los Informativos de Quilmes. Estas son sus descargos más destacados:

“(…) Ante la información falsa, maliciosa y tendenciosa que incluye capturas de pantalla adulteradas, he decidido expresarme con el fin de proteger el proyecto político que encabeza Mayra Mendoza. (…) No soy ni fui parte de ninguna de las cooperativas con las que trabajó el municipio en la presente gestión. Las capturas que incluyen mi nombre como miembro de La Estrella son falsas. No tengo ni tuve cuentas ni participación en empresas en el exterior. Ni he viajado a los Estados Unidos: nunca tuve visa. (…) Nos pondremos a disposición de la Justicia para que se aclare esta farsa montada sobre mentiras y vamos a iniciar acciones legales contra El Disenso para que responda por sus calumnias y agravios”.

Apenas crecía el rebote de la noticia, hubo quienes corrieron a tribunales, como en otros casos de judicialización de la política. Tanto apuro hubo, que se superpusieron las presentaciones del abogado Santiago Dupuy de Lôme y de su colega Mónica Frade, a la vez diputada nacional por la Coalición Cívica-ARI; tanto que hubo algún suave reproche entre ambos.

El 25 de abril, Dupuy presentó su denuncia, como era de esperarse, en Comodoro Py. Recayó en Ariel Lijo, con investigación a cargo del fiscal Ramiro González. A la vez, la Municipalidad se autodenunció en el Juzgado Federal de Luis Armella, con sede en Quilmes. En sólo diez días, se conoció el pedido de imputación en el Juzgado con sede en la Ciudad Autónoma. Lo mismo sucedió tres días después, en Quilmes por parte de la fiscal Silvia Cavallo, quien pidió que interviniera la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Desde Py, el viernes 6 de mayo, trascendió el pedido de imputación contra la Jefa comunal, lo que fue tapa de los principales diarios del sábado:

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayra responde

“(…) En un portal de servicios, de información, terminan diciendo que yo fugo plata a Miami. Una locura, una mentira absoluta. Yo me autodenuncié para que sepan que soy la primera interesada en que se sepa la verdad. Puede llevar mucho tiempo, años... Ojalá que cuando se investigue, también se haga tapa esa verdad, como el sábado pasado salió mi nombre en todas las portadas, diciendo que estaba imputada de corrupción, cuando sabemos que no es tal, porque imputada no estoy, porque eso lo pidió un fiscal, porque lo decide un juez. Pero no importa, porque la intención es que tenga más valor la noticia que la verdad. Es el precio que tengo que pagar por ser distinta en la política”.

El 11 de mayo la diputada Frade presentó una ampliación de la denuncia contra Mendoza. Señalaba que su ex concubino Sebastián Daer, más el secretario Legal y Técnico del Municipio, Claudio Carbone, y el empresario Alejandro Scozzari, son socios en una constructora que podría haber facturado al municipio por trabajos relacionados a las cooperativas.

Su concejal del ARI, Walter Fernández, presentó el día 17 un proyecto para citar a la Jefa comunal al Concejo Deliberante en pos de interpelarla, pero a la siguiente sesión quien no se presentó fue él.

En paralelo, el juez Armella mandó a la Prefectura a llevarse del municipio los legajos de las personas denunciadas, los decretos y estados contables. En un segundo procedimiento, el viernes 20 secuestró documentación vinculada a los contratos.

Ese día, desde la UCR, el sector que lidera el presidente del Comité provincia, Maximiliano Abad, solicitó a sus concejales que pidieran la interpelación, a lo que los quilmeños hicieron oídos sordos. Ante la inacción, el presidente del partido, Ricardo Cerna, criticó a sus dos ediles: “Me suena a que los tienen arreglados para que no rompan las pelotas”. En sus bancas están Eyleen Viglianco y Fernando Pérez, quien viene de ser diputado provincial luego de haber sido secretario de Gobierno de la Intendencia de Martiniano Molina, quien se mantiene en silencio.

Sobre lo aportado por Frade, el fiscal González solicitó el 27 de mayo extender las imputaciones a Daer, Carbone, más los funcionarios Paul O’Shaughnessy y Anabella Galván. A la vez, investigan a los colectivos de trabajadores: “Federación de Cooperativas de Trabajo 1° De Mayo Ltda, Cooperativa de Trabajo La Estrella; CT Para El Futuro; CT Progreso; CT Hasta La Victoria Siempre; CT Ruben Rodríguez; CT Barrio Unido; CT La Unión De Azul y CT Imprenta 19 de Febrero”.

 

 

La mejor defensa

La Municipalidad retomó la iniciativa con un video en que la Jefa comunal explica su inocencia y acusa: “Soy consciente de que soy un objetivo del poder real, del poder mediático en principio y del económico; ambos forman parte de lo mismo. Me atacan por lo que represento: una intendenta de La Cámpora, mujer y medianamente joven”.

 

 

 

 

 

 

Para apuntalarla –y visto que el problema no es la oposición local– llegaron a Quilmes el ministro bonaerense Andrés Larroque, de La Cámpora, el gobernador Axel Kicillof y el ministro del Interior Wado de Pedro, quien dijo: “(…) Tienen una excelente intendenta y la vamos a bancar. Es una fórmula que nos enseñaron las familias de buena gente: cuánto más le pegan a un compañero o una compañera por hacer las cosas bien, más cerquita vamos a estar”.

Kicillof apuntó a los medios de modo indirecto: “El ataque a Mayra se inició los primeros días de su gestión, por una cosa o por la otra (…) Mayra está dando vuelta la vida de los vecinos después de cuatro años de abandono en que nadie vino a hablar de lo que pasaba y lo que no en Quilmes”.

El archivo avala su apreciación, como se verifica en este compilado de hace seis meses con registros de varios programas:

 

 

 

 

 

 

 

 

Offshore desactivadas

La acusación más fuerte es la más difícil de probar: que Raspa y Bordalejo inscribieron con sus apellidos (cual principiantes) las empresas Investments LLC en un registro de Miami. Pero eso ya no es posible de corroborar en el sitio dos.myflorida.com, donde constan las empresas allí radicadas, ya que su desactivación data del 6 de mayo. Por ello, este jueves 2 de junio, el juez Lijo libró exhortos internacionales para pedir información sobre esas cuentas.

A la vez que estos temas, se sumaron las pujas discursivas respecto del estado de las escuelas sin calefacción. Como parte de ese justo reclamo, la comunidad educativa marchó al Consejo Escolar presidido por Susana Brardinelli (viuda del ex diputado Armando Croatto). El canal La Nación+ incurrió en una novedad de dinámica desacostumbrada: envió móviles en dos jornadas para transmitir en vivo la protesta de las escuelas en Quilmes.

En esas marchas estuvieron opositores como Gastón Asprea (CC-ARI), vocero del reclamo por la Radio Rivadavia, que luego acusó al “periodismo pago” por “los aprietes, mafiosos y al estilo servicios” que recordaron su actuación en la administración macrista como director del Espacio INCAA en Quilmes y director municipal de Usinas Culturales, aunque aclaró que esta vez asistió como docente, profesión que ejerce desde hace 19 años, además de militar en Suteba y de haber marchado por la educación contra todas las gestiones “incluso de la que fui parte”.

El problema de calefacción que motivó un cese de clases alcanza a 350 establecimientos (2% del total), de acuerdo a la Dirección de Escuelas Bonaerenses. En Quilmes serían 59 escuelas que, según fuentes oficiales, comparten 20 edificios. En La Plata, los gremios señalan lo mismo, pero el distrito capital administrado por el macrista Julio Garro parece tener un frío menos interesante para la TV porteña.

Cerca de Mayra recuerdan: “Parece evidente a quien desean tener agarrada del cuello”.

 

 

 

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