Jueces sin ideología (de género)

 

Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi se habían negado a retirar los crucifijos de los tribunales que integraban casi una década antes de la semana pasada, en las que hallaron rebote mediático por su oposición por “sovietizante” a lo que llaman “ideología de género”.

Hace unos 10 años, cuando circuló la consideración de retirar la cruz de los tribunales a fin de resguardar la igualdad de cultos para que no existiera preeminencia de una religión sobre otras, Anzoátegui se pronunció en contra de la propuesta de la Asociación por los Derechos Civiles y de la Asociación Pensamiento Penal. El juez, por entonces en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, defendió “esta tradición –que la Argentina heredó de España– inalterable desde el primer gobierno patrio y desde el establecimiento de la Corte Suprema en 1863”.

La carta continuó: “Nuestro pueblo nació católico y sigue ligado a Cristo de manera entrañable. La referencia que se impone es que el Papa –igual que Dios, dirá alguno– es argentino. Más allá de esto, circunstancial, toda nuestra Patria está atravesada por la presencia de Cristo, su Madre y sus seguidores. El símbolo que piden que se retire designa nada menos que a una provincia; el nombre de otra recuerda la fe de nuestro pueblo; la capital de la Nación responde a una advocación de la madre del Salvador; ciudades, pueblos, barrios, parajes, lagos, ríos, montañas, tormentas: por más que uno quiera escapar, en el rincón más lejano del territorio nacional, el recuerdo del Galileo surge insistente”, consideró el poeta.

Anzoátegui, afecto a publicar literatura como la que tituló Jazmín del país, consideró que la cruz “no ofenderá a los cristianos, que la adoramos; no debería perturbar a los judíos, porque el Crucificado es, a fin de cuentas, de los suyos (…) Sería extraño que alguien considerara pernicioso el ejemplo de un hombre justo, condenado a muerte por la espuria alianza del poder político y el poder religioso, acusado de crímenes como… salvar a una mujer de la lapidación".

En su “Respuesta de un juez” respecto al retiro de los crucifijos, Anzoátegui expresó: “Lo que se presenta como una falencia es una ventaja para los ciudadanos, porque los jueces católicos no sólo nos sabemos sujetos a las leyes humanas, sino también a las divinas”. Salvo para las personas sujetas al apedreo lapidatorio, como se verá. El texto completo fue reproducido en sitios como Bastión del Norte por la Familia y la Vida - En pro de la familia argentina como Dios manda y por la Cátedra Juan Pablo Magno (el Papa Juan Pablo II), creada por católicos de Córdoba “con el fin de contribuir al perfeccionamiento doctrinal de los laicos y la difusión del Magisterio Pontificio”.

Meses después, a la misma negativa adhirió el juez Rizzi a través de una carta a Mario Juliano, presidente de la ONG Asociación Pensamiento Penal Solidaria:

“No voy a descolgar ninguna Cruz. Creo en Dios y soy católico (…) Soy consciente de que Uds. están embarcados en una triste misión en la que muy probablemente lograrán los fines que los desvelan. Tal vez porque la Cruz es incompatible con este mundo (…) en el que se privilegian supuestos derechos de la mujer a costa del derecho a la vida de los niños; en el que ya no interesa la protección de la familia y de la infancia, y se las supone independientes de la protección del matrimonio”.

 

 

Anzoátegui

Tras haber recibido acuerdo del Senado, Anzoátegui fue uno de los 28 jueces que se sumaron a tribunales orales. Ascendió al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 23 de CABA tras oficializarse el Decreto 1.407 de septiembre de 2011.

Ahora es cuestionado por desconocer el derecho internacional, desdén que no se corresponde con sus fallos. Hacia noviembre de 2012, citaba el Pacto de San José de Costa Rica (ver página 72 del fallo). A partir de 2013, cuando integró el TOC Federal 6, difirió el inicio del juicio por los vejámenes policiales del 20 de diciembre de 2001. El argumento fue “realizar un único debate, garantizando el derecho de defensa de los imputados”. Para otra postergación, Anzoátegui exhibió problemas de salud y sacó licencia hasta diciembre de 2014. Cuando solicitó ser excusado del TOF por “discrepancias éticas”, pasó a ser visto como quien ponía trabas para ensuciar el proceso, por lo que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y varios abogados rechazaron su excusación.

 

 

 

 

Rizzi

A mediados de 2010, Luis María Rizzi fue uno de los integrantes del TOC 6 de San Isidro que juzgó al último acusado del “robo del siglo” al Banco Río en Acassuso. Hacia octubre de 2011, tras la firma del decreto 1.410, juró en Comodoro Py como camarista del TOC 30 de CABA.

Cuando el gobierno macrista recién se asentaba, los fundamentos de sus fallos sobre casos de abusos fueron medidos. En el mes de la mujer de 2016, estaba en el TOC 23 cuando firmó la condena a Edgardo Longo por amenazar a su ex pareja y violar la restricción. Luego de que el fiscal Fabián Céliz consiguiera que se declarase culpable para ir al juicio abreviado, Rizzi y sus pares lo condenaron a dos años en suspenso, ya que obligaba “a la víctima a hacer u omitir acciones contra su voluntad”.

Cinco meses más tarde, Rizzi y Anzoátegui coincidieron en el TOC23 para condenar a dos años de prisión efectiva a un hombre que manoseó los glúteos de una mujer y aceptó su responsabilidad en acuerdo con el fiscal Céliz. Consideraron que en el “abuso sexual simple” cometido por Santiago Mieres, “la conducta es abusiva porque se ejerce prescindiendo de la voluntad de la mujer, reduciéndola a objeto”.

 

 

 

Otro género

Hacia abril de 2018, con el macrismo consolidado, Anzoátegui pasó a escribir contra la “violencia de género” en el caso de un albañil paraguayo (causa 64.991, ver desde foja 145). Lucio ASP mató a su ex concubina Elida Barrios de varias cuchilladas. Tenía antecedentes de haberle pegado, amenazado y hasta quemado sus documentos y los de los hijos compartidos.

Pero el juez consideró que “no resulta aplicable la agravante del artículo 80, inciso 11° (que) podría ser cuestionado por incluir un concepto de notoria vaguedad como el de 'violencia de género'; el de la igualdad ante la ley, por privilegiar la mujer frente al hombre; y el de la intimidad”. El juez vio allí “una ideología novedosa, minoritaria y errónea”, que podría violar el artículo 19 de la Constitución. Tomó algunas disquisiciones del fiscal en pos de plantear las “dificultades para desentrañar qué cosa ha querido decir la ley cuando se refiere a ‘violencia de género’, qué quedará para el hombre que, en muchos casos –y éste es uno– a gatas puede expresarse en nuestro idioma con algún grado de coherencia”.

“En ningún momento a LASP se le explicó qué significa ‘violencia de género’ y, menos, qué quiere decir ‘relaciones desiguales de poder en una sociedad patriarcal’ o ‘prácticas socioculturales históricas’. No se lo han dicho. Y si lo hubieran hecho, de cierto que no habría entendido ni jota”, evaluó su señoría. No lo condenaron a reclusión, sino a prisión perpetua por el “atenuante de la humilde condición y los escasos recursos intelectuales del acusado”.

En cambio, en junio de 2018, se condenó al ex juez Remigio González Moreno por violencia de género. Según el sitio de los Fiscales, “Anzoátegui tuvo por probado que el ex magistrado ingresó al departamento que compartían (con la mujer). Le produjo traumatismo, la pérdida de una pieza dental y el desplazamiento de otras dos que perdió más tarde. Dijo: ‘Te sacaría todos los dientes’”. Entonces sí, “el TOC 8 condenó al ex juez, responsable de graves lesiones agravadas por el vínculo y por violencia de género”.

 

 

Pérez Volpin

El TOC 8 debía juzgar la praxis que devino en la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin, cuya familia alegaba favoritismo hacia los médicos: “No queremos que Anzoátegui sea el juez cuando llegue el juicio. Maltrata a la familia”, aseguró el abogado Diego Pirota a Radio Cooperativa, AM 770.

Anzoátegui vio entonces en el Consejo de la Magistratura un expediente en su contra pedido por periodistas, legisladores y el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Sorteó ese trámite. Al mes siguiente, difundió los fundamentos de la condena de prisión en suspenso e inhabilitación al endoscopista y absolvió a la anestesista.

 

Trans

En la semana del Día de la Mujer de 2020, ambos jueces fueron apartados de la causa contra Luz Aimé Díaz, joven trans que desde los 13 años, tras una golpiza, fue dejada al borde de la ceguera, discapacidad que influyó en que no viese qué sucedía cuando dos clientes robaban a un hombre al que casi mataron; “tentativa” por la que fue la única detenida, y debió padecer dos años de incertidumbre.

Rizzi y Anzoátegui la trataban como “acusado” o “imputado con tendencias homosexuales” con “inclinación objetivamente desordenada”.

El CELS y un colectivo solidario pidieron la absolución de Luz, hasta que el juez Daniel Morín redactó el voto que la acercó a la Justicia. Hoy es la primera trabajadora trans en el Congreso.

 

 

 

Sicariato

Hacia octubre de 2020, el TOC 8 condenó a DFZ a 35 años de prisión por un homicidio y por abusos sexuales hacia su hermana en el periodo de los 5 a los 14 años, cuando la embarazó; pero ante la Interrupción Legal de un Embarazo (ILE), Anzoátegui y Rizzi llamaron “sicarios” y “asesinos a sueldo” a los médicos que la garantizaron, aun cuando se atuvieran al Protocolo del Ministerio de Salud, al que menospreciaron como “manual de salvajadas inhumanas”.

En la digresión “Excursus acerca de la muerte de una niña”, Anzoátegui manifestó que la ILE era de mayor gravedad que los crímenes del imputado. La equiparó a una tortura mafiosa o a “rituales de tribus antropófagas”, que debería ser considerada un “homicidio pre-natal”.

Eso motivó el repudio del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que denunció “violencia institucional contra las mujeres, ejercida desde el Poder Judicial”. Sin embargo, al igual que en el caso de la cruz, tal postura fue celebrada en programas nacionalistas. Estos antiabortistas destacaron que esa pluma abocada a la novela homenajea a su abuelo Ignacio Braulio Anzoátegui, otro ex juez, nacionalista católico, autor de libros de aforismos antisemitas y admirador de Adolf Hitler: “Cuando me preguntan: ‘¿Usted es nazi?’ Contesto: ‘Sí, soy nazi en el peor sentido’”. Renunció a la Subsecretaría Nacional de Cultura por la declaración de guerra a Alemania (1945), según afirma Christian Ferrer a propósito de una reedición de Anzoátegui, quien “creía en la jerarquía natural de las clases sociales y en los derechos (como) el de mandar, para las clases aristocráticas”. Agrega que el abuelo sumó en su libro Vidas de Muertos elogios a Benito Mussolini y reiteraciones misóginas.

La embestida contra los médicos fue rechazada por el fiscal Augusto Troncoso, quien apuntó a Anzoátegui y Rizzi: “Decidieron extraer testimonios contrariando el Código Penal”. Le pidió a la jueza Patricia Guichandut enviarlos al Consejo de la Magistratura. “Han demostrado una profunda ignorancia del derecho, lo que debe ser analizado a fin de iniciar un proceso con sanción ejemplar (…) Deben cumplir las leyes y no hacer una caprichosa, arcaica y perversa argumentación. Entiendo una ‘objeción de conciencia’, pero pudieron haberla dejado manifestada y acatar la ley”, sostuvo el fiscal.

En abril de 2021, inauguraron el Registro Público de Denuncias Presentadas contra Magistrados y Magistradas por Situaciones vinculadas a Violencia de Género, abierto en el Día de la Mujer de ese año por el Consejo de la Magistratura.

En ese mes, llevaron otro juicio por abuso sexual y amenazas por parte de un hombre al que declararon inimputable. Sin embargo, Casación criticó la falta de perspectiva de género, apartó al Tribunal y ordenó sortear un nuevo Tribunal, según se supo este jueves.

No fue la única vez que Anzoátegui y Rizzi fueron noticia esta semana, cuando la periodista de Tribunales Sol Garnica puso en foco los argumentos esgrimidos para no considerar “femicidio” el crimen confesado por Jorge Joaquín contra su pareja, quien además acuchilló a otra mujer para robarle.

El fiscal pidió perspectiva de género para su pedido de prisión perpetua, pena que fue impuesta, pero sin el agravante que Anzoátegui y Rizzi refutaron con los argumentos de 2018: que el inciso 11 del artículo 80, en tanto crimen de un hombre contra una mujer con violencia de género, no debería estar por encima del artículo 19 de la Constitución, el que reza que las acciones privadas de los hombres “están sólo reservadas a Dios”.

 

 

 

 

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