Hoy puede ser un gran día

 

Las últimas encuestas coinciden en señalar que Gustavo Petro, candidato de la coalición Pacto Histórico, será el primer Presidente de izquierda de la vida republicana en Colombia. Pero ello no ocurriría en la primera vuelta electoral de hoy sino el 19 de junio, cuando se enfrente a Federico Gutiérrez, líder de la coalición de derecha Equipo por Colombia, vinculada al uribismo.

De los 38,8 millones de colombianos habilitados para votar, se estima que lo harán entre el 50 y el 60%, con lo que el total de sufragios se estima entre 19,4 y 23,2 millones. El respaldo a Petro oscila en torno al 38% y para el segundo en el 24%.

En las elecciones del 13 de marzo, cuando se eligió al nuevo Congreso y a los candidatos interpartidistas –una suerte de primarias– Gutiérrez logró ubicarse en segundo lugar detrás de Petro. Sin embargo, en las últimas semanas llama la atención el vertiginoso ascenso de Roberto Hernández, candidato del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, acusado formalmente a mediados de mayo por la Fiscalía General de la Nación de su país por presuntas irregularidades en contratos mientras fue alcalde de Bucaramanga. Aunque es improbable que pase a la segunda vuelta, en lugar del uribista Gutiérrez, los medios especulan con esa posibilidad, dado su vertiginoso avance en la intención de voto, que se duplicó, en el promedio de las encuestadoras, del 10 al 20% en las últimas tres semanas. Sólo una encuestadora considera que, en una segunda vuelta, Petro podría perder las elecciones frente a Hernández.

La otra novedad previa a las elecciones es el retiro de la contienda de la candidata por Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, al no alcanzar ni el 1% de intención de votos. Betancourt le ha dado su apoyo al casi octogenario candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Desde su pobre performance, ha hecho un llamado a las fuerzas de centro para apoyarlo y evitar el triunfo de candidatos “de posiciones extremas”. El llamado incluye a la centrista Coalición Centro Esperanza, inicialmente uno de los bloques con mayores posibilidades. Liderado por Sergio Fajardo, doctor en matemáticas por la Universidad de Wisconsin, la intención de voto a esta coalición es hoy menor al 5%. En las elecciones de 2018 Fajardo obtuvo más de 4,5 millones de votos en primera vuelta y quedó a solo 250.000 de Petro, quien disputó la segunda con Iván Duque.

¿Qué pasó? El abanico de fuerzas políticas agrupadas y la pugna por protagonismos en dicha Coalición son algunos de los factores que determinaron su baja votación en las elecciones primarias de marzo. Pocas semanas antes tuvo lugar un enfrentamiento público entre dos líderes de la agrupación, Betancourt y Alejandro Gaviria, por un tema de admisión de respaldos a la Coalición Centro Esperanza, episodio que terminó con la renuncia de Betancourt. “No voy a dejar que los lobos entren donde están las ovejas”, dijo entonces, en referencia a algunos respaldos recibidos por Gaviria. Ello dio lugar a que la Coalición fijara nuevos criterios para recibir adhesiones, enfatizando su carácter de oposición frente a la administración Duque y el uribismo. Entre otras, vetan a los congresistas que hayan integrado los partidos que se declararon de Gobierno y a aquellos que hayan acompañado las iniciativas del Ejecutivo, a los dirigentes condenados o sancionados por corrupción, narcotráfico o por haberse aliado con organizaciones armadas al margen de la ley, entre otros.

 

 

La debilidad del candidato de derecha

La asociación de Federico Gutiérrez con el uribismo, que ha gobernado durante 20 años, y la imagen de ser la continuación del régimen del Presidente Duque, le juegan en contra. Uribe tiene una desaprobación del 55%, aunque hay que señalar que en sus dos mandatos fue elegido en primera vuelta: en 2002 con el 54.3% y en 2006 con 62,5%.

Colombia es el país más desigual de América Latina y el 42% de la población vive en situación de pobreza. En abril del año pasado a Duque se le ocurrió proponer, en plena pandemia, una reforma tributaria que afectaba mayormente a las clases medias y populares, lo que dio lugar al Paro Nacional, las movilizaciones más importantes de las últimas décadas por su convocatoria y duración, que fueron brutalmente sofocadas con un saldo de 83 muertos y decenas de heridos.

Durante el gobierno de Uribe se produjeron los denominados “falsos positivos”. Solo entre 2002 y 2008 las fuerzas militares asesinaron a 6.400 civiles inocentes a los que presentaron ilegítimamente como guerrilleros muertos en combate, a cambio de premios y recompensas en el marco de la denominada “seguridad democrática” impulsada por Uribe. En efecto, a fines de abril tuvo lugar la primera audiencia organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal creado como parte del acuerdo de paz de 2016 celebrado entre el gobierno colombiano y las FARC. En ella, un general del ejército, otros nueve funcionarios militares y un civil reconocieron haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad y de intentar presentarlos como combates con rebeldes.

Los oficiales contaron que habían participado en una estrategia deliberada en la que reclutaron a colombianos de a pie, muchos de ellos estudiantes y campesinos pobres, la mayoría entre 25 y 35 años, con la promesa de empleos; luego los mataron y reportaron los fallecimientos como de guerrilleros caídos en combate. En la mencionada audiencia, Néstor Guillermo Restrepo, quien fuera cabo del ejército, señaló: “Y hoy el mundo quiero que sepa que eran campesinos, que yo, como miembro de la fuerza pública, asesiné cobardemente, le arrebaté la ilusión a sus hijos, le desgarré el corazón a sus madres por una presión, por unos resultados, por unos falsos resultados, por tener contento a un gobierno. No es justo”.

Uribe niega cualquier vinculación con los crímenes, asegura que se trata de “casos aislados” y niega también que el Ejército haya llevado a cabo una acción sistemática contra civiles durante su mandato, afirmación que los familiares de las víctimas consideran falsa. Por ello, el objetivo es establecer quién dictó las órdenes en la cadena de mando.

El alto número de sindicalistas asesinados es otro de los temas que preocupa a los colombianos. Michel Forst, relator especial para los derechos humanos de la ONU, dijo en marzo de 2020 que Colombia “sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras de estos derechos asesinadas en América Latina, y las amenazas en su contra se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad”.

El ex Presidente Uribe tiene más de 70 investigaciones en la Justicia por sus nexos con paramilitares, narcos, por delitos de corrupción, fraude procesal, compra de testigos falsos, entre otras. En enero de 2020 surgieron denuncias que lo vinculan con los carteles mexicanos narcotraficantes y la Administración Federal Antidrogas estadounidense (DEA) en una conspiración para traficar grandes cantidades de cocaína a México entre 2006 y 2008. De ser cierto, algunas analistas consideran que las acusaciones representarían la última de una serie de incidentes y revelaciones que exponen la llamada “guerra contra las drogas” emprendida por Estados Unidos y Colombia, como un pretexto falso para justificar décadas de militarización.

Entretanto, desde el Foro Económico de Davos, Duque califica de “histórico” el reciente nombramiento de Colombia como aliado estratégico de la OTAN. Con orgullo de triunfador, señala que ello confirma que su país es el aliado número uno de Estados Unidos en la región, en tanto su canciller y vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez, dice que esto le da un status especial al país, sobre todo para la defensa nacional.

 

 

Punto de inflexión en Colombia

La fórmula presidencial conformada por Gustavo Petro y Francia Márquez –ganadora en 2018 del premio Goldman, algo así como un “Premio Nobel del Medio Ambiente”– plantea un cambio de modelo económico y considera que “hay que superar el neoliberalismo como un sistema de ideas dominante para abrirle paso a la garantía real y efectiva de los derechos de la gente”. Entre las medidas anunciadas se encuentra una reforma impositiva que, entre otros, incluye mayores impuestos a los activos improductivos de las 4.000 personas más ricas del país; renegociar los Tratados de Libre Comercio; la protección de los ecosistemas y recursos naturales (Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo); transición energética de la matriz dependiente del petróleo y el carbón a las energías renovables (detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera).

En política exterior propone impulsar un “frente americano de lucha contra el cambio climático, que incluye rescatar la selva amazónica”. Asimismo, restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela e implementar “un sistema de monitoreo que impida el escalamiento de cualquier incidente militar”.

Asimismo, se propone “desmilitarizar la vida social” a través de una reforma de las Fuerzas Armadas que prevé que el servicio militar deje de ser obligatorio y que todos sus integrantes accedan a la educación superior; la eliminación de los fueron penales militares; el traspaso de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa al del Interior o al de Justicia, con el fin de recuperar su carácter civil; y desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) por su papel en la violenta represión durante las protestas sociales. Se reconocerán los protocolos que Juan Manuel Santos firmó con los Estados garantes de la paz y se iniciará el proceso de paz integral con todos los actores de la violencia. El programa de gobierno contempla medidas para promover la igualdad de las mujeres; se acatará la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto; políticas específicas para minorías que históricamente han sido vulneradas, así como para la comunidad LGBTIQ.

El proceso electoral en Colombia atraviesa serias tensiones. Petro, ex guerrillero del M-19, ha sido amenazado durante la campaña y ha denunciado la posibilidad de un “golpe a la elección” mediante la suspensión de los órganos que dirigen el régimen electoral. Colombia es el más importante bastión para Estados Unidos en América Latina. Estratégicamente ubicado, cuenta con siete bases militares estadounidenses, el mayor número en la región. La elección de Petro y un triunfo de Lula en octubre fortalecerían una posición regional más autónoma frente a los poderes hegemónicos en pugna en el ámbito internacional.

 

 

 

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