Endog-AMIA

 

El último lunes se realizó en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) la asamblea electoral que eligió a su nuevo presidente, Guillermo Amós Linetzky, y al consejo directivo que lo acompañará hasta 2025. El sistema de elección, votación determinada en el estatuto de la entidad, estipula la presencia de 90 delegados, designados en forma proporcional a la cantidad de votos obtenidos. El comicio se llevó a cabo el pasado 10 de abril y la lista del Bloque Unido Religioso (BUR) obtuvo el 53% de los sufragios. En segundo lugar se ubicó la lista de los sectores conservadores –con el 38%– y, en último lugar, la agrupación ligada al LIKYD, referenciada en el partido político del ex primer ministro israelí Bibi Netanyahu. Ninguno de los conglomerados partícipes de la contienda electoral expresa a sectores progresistas y/o populares. La totalidad de los votos escrutados, además, no llegó siquiera a los 10.000 sufragios, evidenciando la escasa representatividad institucional: la totalidad de votantes atestigua alrededor del 5% de los argentinos judíos que habitan el Gran Buenos Aires, la zona sobre la que dice tener proyección la AMIA.

La AMIA es una mutual fundada a fines del siglo XIX para administrar los cementerios comunitarios y para gestionar actividades sociales y educativas. A partir del atentado de 1994 se constituyó, además, en un actor político que terminó confundiendo las justas reivindicaciones por el crimen de 85 personas con un posicionamiento político en consonancia con los sectores más reaccionarios de la sociedad. Desde la irrupción del Memorándum de Entendimiento con Irán, esa empatía con las derechas locales se hizo evidente y casi desenfrenada: las dos organizaciones que tienen sede en Pasteur 633, la AMIA y la DAIA, se sumaron a un furioso coro anti-kirchnerista –en una primera etapa–  para luego convertirse en un ariete prioritario de la persecución ideada por la mesa judicial macrista.

La denuncia de Natalio Alberto Nisman fue desechada en varias oportunidades, por distintas instancias judiciales, desde su presentación inicial en enero de 2015. Sin embargo, fue una conversación del presidente de la AMIA Guillermo Borger con Héctor Timerman en 2012, amplificada por el periodista Daniel Santoro en 2016, la que habilitó al entramado judicial de Comodoro Py para la reapertura de la afiebrada denuncia del fiscal que optó por suicidarse el 18 de enero de 2015.

En los últimos años, luego del triunfo de lxs Fernández a fines de 2019, la AMIA resolvió abandonar la querella por encubrimiento contra Cristina Fernández de Kirchner y otros 10 difamados, con la intención de conservar los subsidios otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social y otras prerrogativas vinculadas a los proyectos de capacitación y al servicio de empleo, que conforman buena parte de los recursos que gestiona la entidad. Sus inquilinos, los directivos de la DAIA –que ocupan dos pisos del edificio de Pasteur– optaron por darle continuidad a la persecución, interponiendo un recurso de casación contra la resolución del Tribunal Oral Federal 8 que dictaminó el 7 de octubre pasado la absolución de todos los acusados.

Otro de los conflictos que continúan enrareciendo la relación entre AMIA y DAIA es el alicaído proyecto del juicio en ausencia impulsado por el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, en connivencia con Juan José Ávila y Tomás Farini Duggan, apoderados legales de dos familias víctimas del atentado. El rechazo de la Mutual fue catalogado por Luis Czyzewski –uno de los representados por Ávila-Farini Duggan– como una forma de confabulación con el kirchnerismo. Como respuesta, los dirigentes del BUR ventilaron que sus letrados mantenían posiciones politizadas por ser empleados de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Tiempo después de esta imputación, se confirmaban las conjeturas de los directivos de la AMIA: ambos letrados habían sido contratados por la AFIP durante la gestión macrista.

 

 

De la mesa judicial a la GestaPro

 

 

 

Los integrantes del BUR le atribuyen a la última gestión de la DAIA, además, la (i)responsabilidad por entablar vínculos contaminados con sectores del Poder Judicial, situación que ha desacreditado a ambas instituciones. Como ejemplo de este cargo, se remite a la actual causa que se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7, donde se instruye la denuncia del fiscal Marcelo Colombo, vinculada al posible asesoramiento realizado por Mariano Borinsky a directivos de la DAIA, en 2016. En esa ocasión, el camarista Borinsky –visitante asiduo de la Quinta de Olivos– habría colaborado con el entonces secretario general de la DAIA, Santiago Kaplún, para garantizar la reapertura de la denuncia de Nisman. Los alfiles del macrismo dentro de la derecha de la colectividad judía, Waldo Wolff y Claudio Avruj, fueron los encargados de llevar a cabo las articulaciones entre la mesa judicial comandada por Fabián Rodríguez Simón y los magistrados de Comodoro Py.

Otro de los fantasmas que atraviesa el edificio de la calle Pasteur es el vínculo entre el denominado GestaPRO y un dirigente de ambas instituciones: el abogado Julio Schlosser se desempeñó como secretario general de la AMIA entre 2008 y 2011. Luego presidió la DAIA, entre 2012 y 2015. En 2012 fue el encargado de premiar a Marcelo Villegas –entonces director de Capital Humano de TELECOM– por“su permanente compromiso con la diversidad”. Un año después, participó de la distinción otorgada por la AMIA, pero en este caso por “su permanente compromiso con el desarrollo solidario”. Tiempo después, una vez que Schlosser concluyó su mandato, al inicio del gobierno de Mauricio Macri, Villegas retribuyó el cumplido y nombró a Schlosser como su jefe de asesores en temáticas de diversidad laboral, seguramente aplicadas en la relación con los sindicatos y el armado de causas a gremialistas. Cuando se indagó a los dirigentes si consideraban la posibilidad de solicitarle la devolución del premio a Villegas, decidieron no responder.La remuneración adjudicada a Schlosser totalizó, durante su permanencia, un monto equivalente a los 60.000 dólares.

El aporte de los asociados de la AMIA cubre aproximadamente el 40% de sus necesidades de funcionamiento. El resto es aportado por donaciones, subsidios estatales y pauta macrista, tal como se detecta en su portal institucional: la única publicidad que exhiben es la del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de la DAIA, su misión está sustentada casi en su totalidad por agencias estatales juntistas y empresarios con afinidades explícitas con el PRO: el aporte de las instituciones socias alcanza para cubrir el 5% del mantenimiento anual.

Cuando Héctor Timerman intentó viajar a Estados Unidos y la mesa judicial operaba a través, entre otros, de Claudio Bonadío, se operativizó la pena de muerte hacia el ex canciller. En aquella oportunidad varios integrantes del BUR conjeturaban que la enfermedad del hijo de Jacobo se debía a un castigo divino por haber firmado el Memorándum con su par persa, el canciller Alí Akbar Salehi. Por su parte, los dirigentes de la DAIA se regocijaban por la derrota que le habían generado al kirchnerismo, expresada en la prisión efectiva de Carlos Zannini, Luis D’Elía y Fernando Esteche, y la domiciliaria al ex canciller.

Héctor, en su casa convertida en prisión, comentó ante integrantes del Llamamiento Argentino Judío –la contracara de la DAIA y la AMIA en términos ideológicos y políticos– que los dirigentes de la calle Pasteur repetían el comportamiento asumido ante la dictadura militar, cuando su padre Jacobo se encontraba desaparecido: “Siempre buscaron acomodarse con el poder… son iguales que aquellos que negociaban con los nazis para tratar de salvarse”.

 

 

 

 

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