Hacia un mercado del pueblo

 

En un país que produce alimentos para cientos de millones de personas, parte de su población padece desnutrición y malnutrición. Ello es el resultado de un persistente modelo agro-exportador controlado por los traficantes de granos (y carnes) y la falta de decisión de gobiernos que no se atreven a ejecutar políticas anti-monopólicas (vigentes) para asegurar el derecho de los pueblos a la alimentación. La única respuesta es la organización de la comunidad para crear alternativas y confrontar con el poder hegemónico.

Mario Cafiero puso al INAES [1] en las calles, usando como pivote a las Mesas de Asociativismo y Economía Social (MAyES), semillas de comunidades organizadas pregonadas por Perón en el Congreso Internacional de Filosofía (Mendoza, 1949). Hoy, con el firme soporte de Alexander Roig (presidente del Instituto), la sistematización de experiencias populares y los aportes de expertos realizada por la Unidad de Vinculación (UVMAYES), las MAYES iniciaron una cruzada hacia la soberanía alimentaria con el objeto de fundar un mercado popular alternativo que asegure alimento para todxs, genere trabajo, llene los espacios productivos vacíos, acerque a productores y consumidores, y promueva cero desperdicios.

Bajo el principio de que las comunidades deben producir lo que consumen, aparece la creciente presencia de productores de la agricultura familiar, campesina, indígena y comunitaria, que se comunican con los consumidores a través de Circuitos Cortos de Comercialización (CCC), conformador por almacenes, ferias, mercados, bolsones, plataformas de entrega a domicilio, etc. Y para lo que no se puede producir localmente se proponen corredores largos (CA) que desemboquen en centros comunales de abastecimiento, acopio, logística, empaque y distribución física. Las mutuales con reglamento de proveeduría son estructuras institucionales ideales para cubrir esa función, evitando intermediación parasitaria/abusiva y aprovechando ventajas impositivas. Cooperativas y pymes serán las abastecedoras de la Red. Una intensa pesquisa realizada por UVMAYES garantiza la provisión de alimentos que requieren tierras o climas particulares.

Los CA habilitarán bocas propias y abastecerán a los CCC que asuman el compromiso de operar con precios justos. El sistema asegura trazabilidad. El costo se conforma con la (justa) retribución a productores + gastos de logística, transporte y distribución física + margen de los CA y CCC. La cantidad de mutuales de diferentes lugares (donde también se localizan proveedores de la Red) permitirá planificar la logística y el transporte, bajando costos que hasta hoy afectan la competitividad de los pequeños actores. Al ser el volumen un aspecto crucial, la magnitud se consigue con el consorcio de pequeñas fuerzas/actores. Los sindicatos, organizaciones solidarias y organismos públicos aportarán volumen de compra. Para evitar gastos fútiles de marketing y packaging se operará (en algunos productos) con marcas blancas de calidad asegurada, máquinas expendedoras y envases portados por los consumidores (aportando a la preservación ambiental). La conciliación de acreencias usando tecnología de cadenas de bloques facilitada por Moneda Par ahorrará gastos bancarios e impositivos.

Sobrevendrán duras batallas con quienes, dentro del espacio popular y político, están infectados de personalismo y ansias de poder, por lo que es fundamental asegurar una gobernanza participativa y democrática de la Red.

La definición de que la inflación es multi-causal es correcta, siendo la política uno de sus engendros más poderosos e invisibles. Mientras Juntos por el Cambio traba en el Legislativo los proyectos del Ejecutivo y el Poder Judicial invade jurisdicciones para hacer trastabillar al gobierno; las corporaciones aportan inestabilidad y descontento, subiendo los precios de los alimentos, presionando a la suba del dólar y reduciendo las reservas internacionales. Al mismo tiempo que el Presidente se sienta a negociar con Luis Pagani para atemperar la ola inflacionaria, la empresa que preside (Arcor) aumentó cruelmente su lista de precios y financió al inefable Carlos Melconián y a la Fundación Mediterránea para elaborar el plan económico del “próximo” gobierno (que incluye desregular la cuenta capital, liberar el tipo de cambio, eliminar retenciones e impuestos a los “ricos” y pisar salarios, flexibilizar las condiciones laborales, eliminar planes inclusivos y aumentar la edad jubilatoria).

Negociar con los adversos es tan inútil como ensayar instituciones burocráticas, costosas y efímeras que nada agregan a lo que puede hacerse con los instrumentos con que cuenta el Estado (ley de defensa de la competencia y defensa el consumidor/antimonopolio, agio y especulación, etc.).

En los ’70, en la ciudad de La Plata, la familia Iaccarino llevó adelante un emprendimiento parcial e interrumpido que tomamos como antecedente. Su efectividad fue tanta que exasperó a los traficantes de alimentos, al punto que, después del golpe, Alejandro, Rodolfo y Carlos Iaccarino fueron secuestrados, paseados por varios centros de detención, vejados para quebrarles su voluntad y, mediante torturas, obligados a transferir sus activos (valuados en 110 millones de dólares de 1978) mediante un “trueque vil” instrumentado por una “escribana pública” en el centro clandestino “El Infierno”, en Avellaneda. [2]

Hoy, y aunque falte mucho, la construcción de un mercado alternativo pinta diferente porque existe una planificación concienzuda, múltiples actores, sólidos cimientos asentados con energía popular y comunitaria, y principios de ejecución localizados en diferentes lares del territorio nacional. Si el Frente de Todxs sostiene, como declama, tener como objetivo la soberanía alimentaria, debe tomar conocimiento de propuestas como la Red hacia la Soberanía Alimentaria de las MAYES y/o parecidas. Es su obligación facilitar, profundizar y acelerar su confluencia y plena realización.

No se trata de acrecentar el PBI, acumular riqueza, ser eficientes o aumentar la productividad. El objetivo es que todos, todas, todes, sean felices.

 

 

 

[1] Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo.

[2] Las causas se siguen en tribunales nacionales y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

* Carlos Cleri es coordinador ad-honorem de la Unidad de Vinculación con las Mesas de Asociativismo y Economía Social del INAES. Fue director de Desarrollo Federal Cooperativo y Mutual en el mismo organismo. Entre otros cargos fue jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, subsecretario de Comercio Exterior, director de Promoción Comercial y miembro del Servicio Económico Comercial Exterior del Ministerio de Economía.

 

 

 

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