Defensa corporativa

 

La causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA todavía no terminó. Recién ahora, a 22 años de su inicio, procesaron a los secretarios del ex juez Juan José Galeano, quienes colaboraron activamente en las maniobras de encubrimiento. Sin embargo, nada de eso dice la resolución del juez. Solamente los procesa por grabar clandestinamente entrevistas informales con imputados y testigos, y por la destrucción de las filmaciones resultantes. Al mismo tiempo, los sobresee por otras graves imputaciones, como encubrimiento agravado, coacciones y privación ilegítima de la libertad.

Para el juez federal Sebastián Ramos, los ex secretarios Javier De Gamas, Susana Spina, José Pereyra y Carlos Velazco no deben responder por el encubrimiento y desvío de la investigación del atentado, ya que “[ni tenían] un conocimiento sobre la desviación que se pretendía” (sic). Es decir, para el magistrado, si bien colaboraron rigurosamente con la actividad delictiva, lo habrían hecho sin conocimiento del objetivo de encubrir, al cual contribuyeron sincronizadamente durante años. El razonamiento del juez Ramos es de un absurdo notable.

La resolución del pasado 17 de mayo aparece, además, después de 10 años de inacción del Poder Judicial e insistencias y reclamos de las querellas para que se resuelva la situación procesal de los ex secretarios. Se trata de un procesamiento únicamente por los delitos leves, y un sobreseimiento para Pereyra, a pesar de que existe una escucha telefónica en la que reconoce que “el Estado” le había pagado a Carlos Telleldín por su declaración.

En su totalidad, Ramos realiza un análisis superficial, sesgado y descontextualizado de las intervenciones de Spina, De Gamas, Velasco y Pereyra, como si fuesen irregularidades inconexas que pueden justificarse por separado. Además, omite descaradamente prueba directa que los involucra en el encubrimiento, como filmaciones de su participación en la compra y armado de la declaración falsa de Telleldín.

De esta manera, el juez Ramos incumple los lineamientos fijados por la Cámara Federal de Apelaciones, (Sala 1 ad hoc, jueces Ponciello Argerich, Rimondi y González), la cual le prohibió que insistiera con un análisis descontextualizado de las conductas atribuidas a los acusados.

De hecho, por un intento similar de sobreseer a los ex secretarios, la Cámara Federal terminó apartando de su cargo al juez anterior de la causa encubrimiento, Ariel Lijo.

Como si la vergüenza no tuviese límites, en el presente, uno de los ex secretarios –Javier De Gamas– continúa siendo juez en Tierra del Fuego.

En conclusión, el fallo de Ramos es groseramente arbitrario e injusto, y refleja la ya habitual defensa corporativa de la (in)justicia de Comodoro Py, que evidentemente no está dispuesta a juzgarse a sí misma. La resolución evidencia, además, que la época en la cual se gestó el encubrimiento se perpetúa en el tiempo, y quienes hoy juzgan a los encubridores, quizá, en circunstancias similares, harían exactamente lo mismo que hicieron De Gamas, Velazco, Spina, Pereyra, y tantos otros que se pasean por los pasillos de los tribunales estrechando manos y espaldas.

Un claro ejemplo de ello es, en este caso, el de la Unidad Fiscal (supuestamente) Especial AMIA, que se lució por su ausencia en toda esta discusión, haciendo notar que trabaja en la dirección contraria a la búsqueda de la verdad.

La naturalización de semejantes arbitrariedades y delitos aterroriza, y contribuye con una sociedad carente de Justicia en la cual las instituciones democráticas existen sólo en la teoría. En la práctica, sin embargo, queda la lucha de los familiares y amigos de las víctimas por una Verdad y una Justicia que no nos cansaremos de perseguir.

Apelamos este nuevo fallo injusto porque no nos resignamos a la impunidad con la que nos desafía descaradamente, desde siempre, la Justicia Federal de Comodoro Py. Seguiremos luchando por Memoria, Verdad y Justicia, tal como lo venimos haciendo hace 28 años.

 

 

 

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