Rey de la ilegalidad

 

Javier Moral y Mauricio Gugger, abogados defensores del secretario general de Camioneros de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y del delegado de la ciudad de San Pedro, Fernando Espíndola –detenidos desde el 8 de abril–, descubrieron en la causa penal la existencia de un legajo paralelo. Sin foliar y sin fecha, allí había transcripciones de conversaciones entre un tal Francisco Sturm y el denunciante de los gremialistas, Gustavo Javier Rey –titular de la empresa Rey Distribución S.R.L.–, donde acuerdan entrega de información confidencial del sindicato a cambio de dinero. En ese cuerpo caratulado “Actuaciones complementarias legajo Fiscal” también figuran transcriptas escuchas ilegales de conversaciones entre Gugger y sus clientes.

A pedido de la Fiscalía 7 de San Pedro –a cargo de María del Valle Viviani–, el lunes 2 de mayo fue allanada la sede central de Camioneros en la ciudad de Buenos Aires. La medida fue dispuesta por la jueza María Eugenia Maiztegui para supuestamente comprobar si existía una presunta deuda de la empresa reclamada por los dirigentes gremiales, pero se trató de un show mediático-judicial para demonizar al sindicato. Dos días después, Viviani resolvió tomarles declaración a los detenidos por una nueva acusación. Los abogados defensores se presentaron el 4 de mayo en la sede de fiscalía en San Nicolás y solicitaron ver el expediente. Fue cuando les fue exhibido un legajo de actuaciones complementarias que “jamás habíamos tenido a la vista”, afirma Moral a El Cohete a la Luna.

—Quiero hablar con la jueza de garantías —dijo Moral, a quien se le notaba su indignación, ante un empleado del juzgado.

—No es posible. Usted tiene que pedir audiencia —respondió el lacayo.

—Dígale a la jueza que necesito que explique esto —y levantando su mano derecha, el defensor ventiló el legajo ilegal que se encontraba dentro del expediente.

—Hola, permítame, seguramente esto se trata de algún error que vamos a resolver —intentó calmar las aguas la jueza Maiztegui. Pasaron 5 minutos y apareció la fiscal Viviani, que había sido llamada por la jueza.

—Yo te voy a explicar… —dijo Viviani, mientras se acercaba al abogado defensor.

—No quiero una explicación, quiero que esto conste en un acta, si no lo voy a tener que denunciar —reclamó Moral.

—Cálmese, esto seguramente ha sido un error que ahora vamos arreglar. Usted está acostumbrado a Buenos Aires, pero acá esto lo arreglamos de otra manera —intentó enfriar la jueza de garantías.

—Quiero que ya se labre un acta de esto —volvió a exigir Moral, y así debieron hacerlo por el temor a su denuncia, aunque se resistieron bastante a labrar el acta buscando, tanto la fiscal como la jueza, que el abogado desista del pedido.

 

 

 

Las escuchas ilegales violatorias de toda garantía del debido proceso forman parte de las acciones judiciales que la fiscal María del Valle Viviani emprendió y que la jueza de garantías María Eugenia Maiztegui avaló. Ambas fueron recusadas por el abogado defensor Moral. Maiztegui pidió licencia por stress ni bien se descubrió el legajo y la fiscal Viviani también se tomó licencia, de dos días.

Mauricio Macri –experto en post-verdad– dijo estar preocupado por la jueza y criminalizó a su blanco predilecto: el Sindicato de Camioneros. Su odio a los Moyano se debe a que se opusieron a la reforma laboral que el ex Presidente pretendía instalar a tono con su sueño de un país donde la debilidad de los derechos laborales permitiera pisar más fuerte a trabajadores. No pudo, y por eso su espacio político, junto con el Poder Judicial y mediático y con la complicidad empresarial, organizan operaciones como la del Departamento judicial de San Nicolás, que demuestra la pervivencia de la Gestapo antisindical.

 

 

 

 

La detención de los gremialistas de Camioneros fue producto de la denuncia penal por extorsión que la familia Rey –propietaria en San Pedro de una empresa distribuidora de alimentos que lleva su apellido– presentó contra los sindicalistas, como contamos anteriormente en El Cohete. La abogada de los Rey es la cambiemita Florencia “entrar con metra” Arietto, que logró que la fiscal Viviani imputara y solicitara la detención de los sindicalistas, posteriormente ordenada por la jueza Maiztegui por los delitos de turbación de la posesión, extorsión y extorsión en grado de tentativa y coacción. También revelamos que para detener a los representantes de los trabajadores por supuesta extorsión, se omitió que la empresa había sido denunciada previamente por Camioneros en el marco de un conflicto laboral. Ahora, abogados defensores de los sindicalistas detenidos encontraron que en la causa existen actuaciones complementarias que confirman la venta de información confidencial por parte de Francisco Sturm a Gustavo Rey y escuchas telefónicas ilegales. Una causa plena de irregularidades.

A la aberrante detención de los gremialistas por haber ejercido su derecho a la protesta contra la empresa se le suma la ilegalidad de ese legajo. Francisco Sturm asesoraba a Gustavo Rey y cobraba por ello. El abogado defensor Javier Moral solicitó a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia que investigue si Sturm fue integrante de los servicios de Inteligencia. “Después vemos para pagarte”, le dice Rey a Sturm el 18 de septiembre de 2021. A su vez, el informante ofrece su servicio de puente con comunicadores televisivos para asegurar la pata mediática de la operación.

 

 

 

 

Que la Comisión no intervenga

Moral dirigió el escrito presentado ante la Bicameral de Inteligencia a Leopoldo Moreau, presidente de la Comisión. El diputado nacional fue denunciado por Santiago Dupuy de Lome por haber solicitado, mediante oficio, el legajo a la jueza y a la fiscal a fin de corroborar la denuncia del abogado. La corporación de funcionarios judiciales nucleada en la Asociación Argentina de Fiscales y políticos de la oposición salieron mediáticamente a expresar que se estaba presionando al Poder Judicial y afectando su independencia, por lo cual no debía responder a ese pedido.

En diálogo con El Cohete, Moreau aclaró que “a nosotros no nos incumbe el expediente, me refiero a la Comisión, pero sí nos incumbe el hecho de que se haya transcripto una conversación telefónica, que se haya volcado ilegalmente la conversación del abogado con los clientes, porque eso obviamente obstruye el derecho a la defensa en juicio. Fundamentalmente, porque puede haber participado o la oficina de escuchas o la fuerzas de seguridad a la que la oficina de escuchas haya delegado la función”. Además el presidente de la Bicameral dijo que su interés era “saber si efectivamente esta persona (por Francisco Sturm), que vendía información al denunciante, podía ser –como denunciaba el abogado– miembro o había sido miembro de las fuerzas de Inteligencia a nivel nacional”.

El accionar de Moreau estuvo dentro de la ley y de lo que habilita “el reglamento de la Comisión, que es corroborar los extremos de la denuncia antes de ponerla en consideración de la Comisión. Somos 16 miembros (8 senadores y 8 diputados) que no estamos todo el tiempo reunidos, entonces, el reglamento me habilita a referéndum de la Comisión para habilitar la corroboración de hechos”, sostiene. Fue así que pidió oficio “a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) –como se denomina a la oficina de escuchas de la Corte Suprema– para que informe si intervino en esa transcripción telefónica y quién transcribió”, como así también envió “otro oficio a la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para que me informe si ese señor que se menciona allí –que lo denuncia el gremio de Camioneros como posible agente de Inteligencia– pertenece o perteneció a alguna de las fuerza de Inteligencia o fuerza de seguridad federal”.

Paralelamente, Moreau envió otro oficio “a la fiscal para que me remita copia del legajo reservado, porque tengo que corroborar los extremos de la denuncia, no puedo dar por cierto lo que me dice el abogado de Camioneros”. Señala que “como en el expediente había un interés político partidario de Florencia Arietto, ex asesora de Patricia Bullrich con alguna relación con el juzgado, todo esto tomó estado público. Ninguno de nosotros le dio estado público al oficio que habíamos enviado al juzgado, fueron ellos. Y aparece sorpresivamente que la titular del juzgado pide licencia”, indica, sobre la operación judicial-mediática desplegada para desprestigiar el trabajo de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Moreau recalca que “a mí no me importa ni me interesa el contenido judicial de la causa, me interesaba establecer si había participación de un agente de Inteligencia, qué fuerza de seguridad fue la que transcribió. La DAjuDeCO me informa que fue una fuerza policial provincial (DDI, Dirección Distrital de Investigaciones). Quiere decir que hay una transcripción entre un abogado y su cliente y que no la hizo la oficina de la Corte, sino esa fuerza de seguridad. Nosotros nunca pretendimos entrometernos en la causa judicial”.

En la misma línea, el abogado Javier Moral agrega: “Estas escuchas no solamente formaban parte de este legajo, sino que la fiscal cumple a rajatabla las recomendaciones de este señor Francisco Sturm”. “Todo lo que Sturm propone, luego sistemáticamente la fiscal lo hace. Porque se produjeron los allanamientos, se pidieron los libros contables, se pide información al Ministerio de Trabajo para saber justamente si Cabaleyro se encontraba en los registros como secretario de la seccional de Camioneros”, enumera. “Esa información que había vendido el señor Sturm, de alguna manera, tuvo asidero en la acusación”, señala Moral.

 

 

 

 

Escuchas ilegales

En las escuchas telefónicas del legajo figura también la comunicación entre la fiscal Viviani y Maximiliano Cabaleyro, pero no están transcriptas. Al solicitar la digitalización total del expediente, los abogados defensores pudieron analizarlo en profundidad y advertir “cosas más graves que lo del informante Sturm, que fueron las conversaciones captadas entre el abogado Gugger y sus clientes, conversaciones que tienen que ver con la estrategia judicial a llevar adelante. Pero no sólo eso, aparecen en ese legajo escuchas telefónicas de la señora fiscal que llama al imputado Cabaleyro –explica Moral–, cuyo objeto es hablar de la huelga, que ellos llaman bloqueo, sobre un colectivo que estaba obstruyendo, según la sinopsis de esa conversación de ese día. Pero esa conversación –a criterio de la fiscalía– no resulta de interés para la causa”. El abogado refiere que las conversaciones privadas de abogado-cliente debieron ser eliminadas y confeccionarse un acta, algo que no sucedió. “Este legajo comienza en febrero de 2021, por lo que hubo un tiempo más que suficiente hasta el mes de mayo de 2022 para haber tomado conocimiento de esa escucha ilegal y conforme a la ley de Inteligencia proceder a su inmediata destrucción, pero evidentemente no era ese el interés”.

El juez Román Parodi, a cargo del juzgado de Garantías 1 de San Nicolás –dada la licencia de Maiztegui– decidió otorgar la prisión domiciliaria a los sindicalistas.

 

 

 

Rápida en operación y tuiteo, la abogada de los Rey expresó que apelaría la decisión y apuntó que la resolución de Parodi se debía “al efecto impunidad de Leopoldo Moreau”.

 

 

 

Pero Arietto ocultó el punto 4° de la resolución del juez Parodi, donde libra oficio a la fiscalía general del Departamento Judicial de San Nicolás “ante la posible comisión de delitos de acción pública”. Que sea la fiscal general interina Sandra Bicetti la que se encargue de investigar es como pedirle chiflar a un chancho. Con su intervención, Parodi no quedó pegado en los chanchullos que tuvo entre sus manos y salvó su ropa, pero sabe que el cuarto punto de su resolución pasará al sexto de Bicetti, que mejor que nadie sabe –por su cuestionable trayectoria– que como funcionarios judiciales, en los incendios es mejor actuar como bomberos y no pisarse la manguera.

 

 

 

 

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