Que se saquen la careta

 

Cuando se firmó el acuerdo con el FMI, el gobierno repitió insistentemente que el gasto en jubilaciones no se iba a ver perjudicado, por lo tanto jubilados y pensionados podían quedarse tranquilos de que sus beneficios no se verían afectados. Ello quedó plasmado en la letra del acuerdo, donde se lee que “el gasto en jubilaciones estará determinado por el nuevo mecanismo de actualización de jubilaciones adoptado a finales de 2020”. Sin embargo, a renglón seguido, puede leerse: “Sobre esta base realizaremos y publicaremos un estudio que describa opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema de jubilaciones centrado en los regímenes especiales de jubilaciones previstos en la ley 27.546”.

El estudio de los temas previsionales ha ocupado la mayor parte de mi vida profesional, y en estos largos años pude comprobar que cuando se quiere hacer un ajuste siempre se comienza hablando de la necesidad de derogar los regímenes “especiales”, como si esa sola cuestión alcanzara para paliar todos los males. El resultado ha sido siempre el mismo: luego de idas y vueltas, la decisión de ajustar recayó sobre el régimen jubilatorio, pero nadie tocó los regímenes “especiales”. Esto puede obedecer a que, si bien tienen mala prensa, siempre son útiles para ocultar el verdadero debate, y eso es lo que parece estar sucediendo hoy en día, donde se habla de la necesidad de eliminar estos regímenes especiales mientras no se prorroga el plan de facilidades de pago que va a dejar millones de mujeres sin jubilación, ya que para quienes tienen la edad y les faltan aportes hay dos posibilidades: que la perversidad los haya incluido en los regímenes “especiales” –ya veremos que no es el primer caso–, o bien que para las autoridades argentinas y para el FMI es un tema tan nimio que no merece ser tratado toda vez que en julio vence y, por ende, con no insistir es suficiente.

El CIPPEC, que aunque se identifique como una institución sin inclinaciones políticas todos los que nos dedicamos al estudio de la seguridad social sabemos que es la mayor usina neoliberal en materia de políticas sociales, hoy opera haciendo una campaña constante por el ajuste previsional alineado al pensamiento del FMI. La táctica no es novedosa y consiste en repetir una y otra vez que el Sistema Previsional es inequitativo. Para ello no escatiman en el uso y construcción de variadas fake news, mintiendo descaradamente y tergiversando la realidad sin el más mínimo remordimiento por el daño que hacen a quienes más necesitan. Como muestra del desatino y la mentira mencionada, la directora del CIPPEC, Gala Díaz Langou, en la cena anual que realizan y sin ponerse colorada espetó, ante un público ansioso por escuchar sus falsedades, que “el sistema previsional es el componente más pesado de nuestro gasto público, y más de la mitad está compuesto por regímenes de excepción. Son más de 200 las categorías ocupacionales con beneficios extraordinarios”. Lo más lamentable es que tales palabras fueron dichas no solo frente a los más conspicuos miembros del neoliberalismo criollo, encabezados por Horacio Rodríguez Larreta y Hernán Lacunza, sino que estaban presentes tres ministros y un embajador de este gobierno: Matías Kulfas, Juan Zabaleta, Carla Vizzotti y Daniel Scioli. ¿Será que fueron a dar su apoyo al ajuste que viene? No creo que en política existan las casualidades; sí creo en las causalidades, y estaban allí dando un fuerte respaldo al ajuste que, de no aprobarse la agenda social planteada recientemente en el Congreso, vendrá inexorablemente. A su turno, el director de protección social del CIPPEC y ex funcionario del Banco Mundial, el argentino Rafael Roffman, en un informe acerca de los regímenes de excepción asegura que un 40% de los jubilados y pensionados perciben beneficios previsionales por esa vía, y que se trataría de 3,7 millones de personas con haberes muy por encima del régimen general (85% promedio). Lo dicho por Roffman no sólo es falso, sino que además desmiente lo planteado por la directora, dejando al descubierto al menos un 10% de diferencia en los números que manejan uno y otra. En verdad, lo que sucede es que ninguno de los dos tiene idea de lo que hablan: lo único que les importa es justificar el ajuste y nada más, son mercenarios de la derecha.

Primero, pongamos en claro lo absurdo de suponer que los regímenes especiales tienen la incidencia que se les quiere dar. Según el Informe Estadístico de ANSES, a diciembre de 2021 había 6.883.865 beneficiarios de jubilaciones y pensiones, de los cuales 3.602.838 obtuvieron su beneficio al amparo de los planes de facilidades de pago y todos ellos cobran la mínima, por lo cual no tienen un régimen especial y representan el 53% del total de beneficiarios. El resto, es decir 3.203.778 personas, que equivalen al 47% del total de beneficiarios, corresponden a los que accedieron al beneficio por medio del Régimen General, y es aquí donde están incluidos todos los regímenes especiales con excepción del Poder Judicial, que suman 5.703 y son computados en forma diferenciada. Según los números mencionados por Díaz Langou, todos los beneficiarios del Régimen General y un poco más corresponderían ser tomados como de “regímenes especiales”. ¿No será un poco mucho? Se nota demasiado. En cuanto a Roffman, que sostiene que son el 40%, deja sólo un 7% para el resto de los jubilados. Al lector le recomiendo hacer un ejercicio y consultar entre sus amigos jubilados y pensionados quién de ellos tiene un régimen especial, y verá lo absurdo que resulta que estos sátrapas nos quieran vender semejante injuria.

Pero, ¿qué son los regímenes especiales? Son aquellos que por alguna razón tienen un régimen diferente del general, y pueden agruparse en tres tipos:

1. Los regímenes diferenciales por insalubridad son aquellos en que el trabajador habitualmente labora en un ambiente considerado insalubre por la autoridad pública, por lo que la ley le brinda cobertura por vejez disminuyendo las exigencias del régimen general al entender que dichas actividades implican un riesgo, o generan un agotamiento anticipado de sus capacidades laborales. Son 32 regímenes y la mayoría de ellos, producto de la innovación tecnológica, han perdido vigencia, pero se destacan aquellos donde las personas trabajan en lugares infecto-contagiosos, los recolectores de residuos, los rurales y los mineros, y en todos los casos solo se reduce la edad jubilatoria.
2. Toda sociedad tiene actividades económicas en las que, por sus características y por la importancia que representan para dicha sociedad, se busca motivar a la población a acometerlas. Entre esas motivaciones se incluyen algunos beneficios en materia previsional, que pueden tomar la figura del acortamiento en la edad de retiro, la disminución en los años con aportes requeridos, o bien una tasa de sustitución especial o una movilidad especial para las prestaciones, o incluso un mix de algunos de esos beneficios. En la Argentina, los regímenes especiales de este tipo son los correspondientes a docentes y científicos, a trabajadores de escuelas de frontera y de enseñanza diferenciada, a investigadores, a quienes obtuvieron el Premio Nobel o primeros Premios Nacionales a las Ciencias, Letras y Artes Plásticas; un régimen especial para minusválidos, otro para afectados por ceguera congénita o adquirida, para deportistas olímpicos y paralímpicos, la pensión honorífica para los veteranos de guerra del Atlántico Sur y dos más que han perdido total vigencia, que son los pioneros de la Antártida y de la fuerza aérea. Es decir, un total de diez regímenes.
3. Durante los 110 años de vida del régimen previsional en la Argentina ha habido regímenes de privilegio para todos los gustos, en general relacionados con el poder político del Estado. También ha sido una constante que el privilegio esté relacionado con: a) El monto y la movilidad del haber; b) Los años de servicios requeridos, y c) La edad requerida para acceder al beneficio. Hoy quedan muy pocos de este tipo, y acotados en muchos aspectos, como la edad y el monto del aporte. Estos regímenes son: el Poder Judicial; del personal del Servicio Exterior de la Nación; arzobispos y obispos y los sacerdotes seculares. Son cuatro regímenes en total, todos ellos derogados en su momento por la ley 25.668, que fue parcialmente vetada por el entonces senador a cargo de la presidencia Eduardo Duhalde mediante el decreto 2.322/2002, dejándolos por ende vigentes hasta la actualidad.

Es decir que la totalidad de los regímenes especiales suman 47, muy lejos de los “más de 200” mencionados por las autoridades del CIPPEC.

Quiero aclarar con énfasis que estoy en un todo de acuerdo con derogar los cuatro regímenes de privilegio que aún subsisten. Es más, los jubilados de esos regímenes y obviamente los que aún están en actividad deberían pagar ganancias como cualquier hijo de vecino. Pero cualquiera sabe que la Corte Suprema va a declarar inconstitucional cualquier cambio en esta materia, por lo que una ley en ese sentido solo sería la expresión de voluntad de los parlamentarios, sin efectos prácticos.

Ahora bien, una cosa bien distinta es querer derogar aquellos regímenes que dan cobertura a personas que trabajan día a día en actividades peligrosas o contagiosas, que producen lo que técnicamente se llama envejecimiento prematuro. Hay que exponerse todos los días a los rayos o a las enfermedades contagiosas, o correr detrás de un camión recolectando la basura, o trabajar a 200 metros bajo tierra aspirando polvillo de carbón. Pretender derogar estos regímenes me parece una auténtica perversidad.

Dejé ex profeso para el final los regímenes que dan cobertura a los docentes y científicos, porque creo que es por lo que vienen. El régimen docente, en su inmensa mayoría, tiene beneficios que no superan el tope de jubilación y tienen un sistema de actualización semestral, mientras para el resto de los beneficiarios es trimestral. Por otro lado, ¿van a dejar sin jubilación a los minusválidos, a los que padecen ceguera? ¿A quiénes van a expulsar del régimen jubilatorio?

Pero además, ¿cuántos son los beneficiarios actuales de algún régimen especial? El número total de casos asciende a 259.600, divididos en: a) docentes y científicos, 155.000; b) minusválidos y por ceguera, 9.900; c) petroleros, 9.500; d) agrarios, 65.000; e) servicio exterior, 4.000; f) docentes universitarios, 10.500 y, g) Poder Judicial, 5.700. Es decir que, en realidad, los beneficiarios que tienen un régimen diferencial representan el 3,77% del sistema. Además hay que tener en cuenta que solo cobran por encima del tope máximo los titulares de los regímenes de privilegio que son el servicio exterior y el Poder Judicial, que serían los únicos regímenes que valdría la pena derogar.

Expliqué en detalle el tema de los regímenes especiales y resalté la posición del gobierno que le dio una enorme importancia en el acuerdo con el FMI, lo que fue resaltado por el personal de ese organismo en el ya conocido Staff Report del que tomamos conocimiento luego del que el parlamento votara el acuerdo. Lo mismo hice respecto de lo dicho por el CIPPEC porque no creo que ni uno ni otro sea inocente. Nadie escribe o dice tanta sinrazón si no espera lograr justificar algo. A esta altura, tengo la triste convicción de que este tema será usado una vez más como caballo de Troya del ajuste respecto de las políticas sociales. Por eso entiendo que corresponde denunciarlo con toda vehemencia, advertir sus consecuencias y dar la pelea necesaria para evitar el ajuste. Este es mi pequeño aporte a esta lucha.

 

 

 

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