Recuperar vs. usurpar

 

Las últimas semanas, dos conflictos territoriales en Bariloche marcan las vías que el Estado recorre para navegar con intereses y proyectos estratégicos en contradicción. En esa brecha volvieron a tomar protagonismo expresiones de la nueva derecha local con banderas nacionalistas y racistas que pretenden ganar la calle los próximos días.

Por una parte, el máximo tribunal de justicia de Río Negro dictó un fallo que confronta con las acciones en el territorio de comunidades del pueblo mapuche-tehuelche, a las que definió como “vías de hecho” que no convalidará. Al parecer, busca disciplinar a todos los fiscales y jueces que intervienen en conflictos en tierras fiscales o privadas, en alineación armónica con las políticas de la gobernadora Arabela Carreras de negación de reconocimiento efectivo de derechos constitucionales a pobladores y comunidades, así como de protección irrestricta de la propiedad privada.

Al mismo tiempo, después de la experiencia con la Administración Nacional de Parques Nacionales por lotes en Villa Mascardi, una jueza falló a favor de los derechos de una comunidad despojada por el Ejército Nacional en 1937. Así, a pocos kilómetros de distancia una de otra, en el mismo ejido municipal, dos comunidades quedaron en el foco de la presión de los sectores que pretenden esos territorios para proyectos del capital privado en alianza con el gobierno provincial.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) anuló un fallo, cuestionó toda la intervención de la Fiscalía en el caso de un particular contra la comunidad Buenuleo y ordenó volver a investigarla por presunta usurpación. Hizo hincapié en no aceptar “vías de hecho” para ejercer derechos sobre un espacio particular, lo que el movimiento de los pueblos originarios en general llama recuperación o resguardo territorial, y el régimen dominante usurpación. El fallo fijó las condiciones del delito de usurpación con un tecnicismo que desconoce totalmente la situación particular de despojos en territorios tradicionales, estrategia jurídica que no discute el fondo del conflicto (quién tiene derecho a un territorio) y ajusta su papel a la estrategia del gobierno de Arabela Carreras: la de protector de la propiedad privada vía desalojos.

El particular querellante pidió inmediatamente el desalojo, lo que rechazó un juez de Garantías. El fallo no está firme, porque fue apelado por la defensa. De todos modos, la semana pasada fue usado como doctrina rectora por otro juez para calificar de “vía de hecho” la presencia de un grupo mapuche y disponer el desalojo de la Lof Ponce-Luengo de una fracción ubicada a unos 30 kilómetros al norte de Ingeniero Jacobacci.

Los primeros días de abril, el ministro de Defensa Jorge Taiana, recibió a las autoridades de la comunidad Millalonco-Ranquehue junto a organismos de derechos humanos, comprometiéndose a recorrer personalmente el lugar en conflicto con el Ejército nacional desde hacer 70 años en Bariloche. La semana pasada, la Cámara Federal de General Roca confirmó el fallo de la jueza Silvina Domínguez, que en febrero dispuso dos meses para que el Estado nacional otorgue el título de propiedad comunitaria a la lof Millalonco-Ranquehue.

La representación legal del Ejército apeló fuera de término ese fallo, lo que permitió la reaparición de sectores económicos y políticos que quieren los territorios indígenas para sus propios intereses. En Buenos Aires hicieron una denuncia penal contra la abogada que representó al Estado en esa apelación, lo que derivó en un allanamiento en dependencias oficiales el último viernes. Esa coalición presentó su programa político en abril de 2021 auto-identificándose primero como movimiento anti-tomas y cuatro meses después como grupo Consenso Bariloche. La defensa de las tierras del Ejército (en conflicto con varias comunidades) estuvo en el programa inicial de Consenso. La propia gobernadora planteó que su proyecto de creación de parque central para Bariloche reconocía al Ejército como titular de las tierras que se aportarían a ese proyecto. De ese fermento se nutre la nueva derecha local.

 

 

Círculos

La colonia agrícola-pastoril Nahuel Huapi y la urbanización del espacio que hoy es San Carlos de Bariloche (al sur) y Villa La Angostura (al norte) se crearon después del sometimiento por la fuerza de la población originaria. Güenul era lafkenche (gente de agua); fue expulsado de las islas del lago, donde vivían según está acreditado en antiguos censos. Renombrada la familia como Buenuleo, Parques Nacionales le reconoció tierras en 1943. La familia se empobreció cada vez más y sus tierras dieron lugar a los barrios populares Pilar I y Pilar II.

Cuando Güenul criaba animales en unos peñascos, los Ranquehue tenían trigales regados por el arroyo sin nombre que atraviesa el centro comercial de Bariloche. Parques Nacionales construyó el Centro Cívico de la postal turística y se ordenó un primer caserío. Ranquehue, como otros, se replegó con sus animales para poder desarrollar la forma de vida tradicional hacia lo que hoy se indica como Kilómetro 8. Allí estaba Rosa Ulloa y Rómulo Ranquehue cuando en 1937 llegó el Ejército a asentarse en ese lugar, según se contó de generación en generación y Marta Ranquehue, su nieta, werken (vocera) de la lof, lo recordó una vez más.

El fallo de Domínguez no está firme, por lo que todavía no empezó a correr el plazo de dos meses para que el Estado nacional inscriba como territorio comunitario el espacio con mensura que consta en el expediente judicial, el último de al menos ocho que les iniciaron para desalojarlos. Millalonco-Ranquehue convocó para el próximo sábado 21 a un encuentro de reafirmación de sus derechos territoriales en la zona conocida como Virgen de las Nieves, sobre una ladera del cerro Otto. Podrá recorrerse la huerta comunitaria, proyecto intercultural que empezó hace unos dos años con 40 familias, sobreponiéndose al despojo violento que realizó el Ejército cuando comenzaba. La ruka lahuen es otro espacio intercultural donde se practica la medicina tradicional con asistencia de un machi, autoridad espiritual del pueblo mapuche. Está por empezar una labor de equino-terapia para personas con discapacidades, reseñó Marta en el relato de la proyección de la vida comunitaria con 70 años de resistencia ante el avance sistemático del Estado y el capital privado.

 

 

 

 

En uno de los tantos atropellos, hace por lo menos 50 años, una tía de Marta dejó el territorio y se fue con sus animales a la periferia de la ciudad, donde hoy vive su ancianidad. Los vecinos que la vieron llegar son de los tantos testigos del proceso largo. En 2020, esta comunidad interpuso un recurso de amparo reclamando “el reconocimiento definitivo e incondicional de la propiedad comunitaria mensurada como de ocupación tradicional, inscribiéndola como tal en los registros públicos y extendiéndose un título de propiedad comunitaria; se emplace al Estado para que instrumente y entregue el título de propiedad comunitaria conforme el plano de mensura de la ocupación; se registre gratuitamente el plano de mensura; y se adopten medidas inmediatas para que se respete y proteja la ocupación tradicional de la comunidad”.

Otro fallo dispuso lo mismo para Tripay Antü en 2018, lo que fue obstaculizado por el entonces gobernador Alberto Weretilneck.

La nueva derecha, como otros sectores de la sociedad argentina, parece que descubrió recientemente el conflicto con los Pueblos Originarios por el territorio tradicional. Y, con torpeza o con malicia, lo atribuye a la sanción de la ley nacional de emergencia 26.160, sancionada en 2006, cuya derogación impulsa un grupo de diputados nacionales. Millalonco-Ranquehue es un caso en que esa ley no dio ningún tipo de respuesta. La derogación no haría evaporar el conflicto de esa comunidad, ni la de sus vecinas Tripay Antü, Tambo Baez y Celestino Quijada, todas avasalladas por el Estado nacional a través del Ejército.

 

 

Las caras del consenso

A instancias de la Fundación Atlas, norteamericana, hace menos de dos años comenzó a tomar forma el proyecto PPP entre operadores de negocios, estudios jurídicos, lobbistas del mercado inmobiliario y dirigentes de las sociedades rurales. La defensa de la propiedad privada en la Patagonia (PPP) se canalizaría a través de la Fundación para la Naturaleza del Futuro (FUNAFU), según correos electrónicos emitidos por dos empresarios que lo impulsaron en sus inicios y dos documentos internos fundacionales. En el segundo semestre de 2020 arman PPP y debutan en el desalojo de una comunidad vecina del establecimiento Lago Escondido (de Joseph Lewis); en febrero del año siguiente lo damos a conocer por este medio y se diluye su identidad en otras iniciativas que sostienen el programa de la coalición.

Ahora, un grupo de “vecinos autoconvocados por la Patria” y veteranos de la Guerra de Malvinas llamaron a realizar un abrazo a la Escuela militar de Montaña el 29 de mayo, bajo la consigna: “Argentino de pie defendiendo nuestra soberanía nacional en Bariloche”. La gobernadora propuso defender el proyecto del parque central contando con esas tierras, pero esos grupos no creyeron que la soberanía estuviera en riesgo como ahora ante un fallo judicial a favor de Millalonco. En enero, la Federación de Veteranos de Guerra irrumpió en El Bolsón acompañando a Aldo Rico para ofrecerse a ejecutar desalojos en caso de que no lo hicieran las fuerzas públicas.

Ese abrazo nada dice del pasado de ese predio. Se llamó Escuela de Instrucción Andina en el organigrama del terrorismo de Estado durante la última dictadura. Fue cabecera del Área 524 del V Cuerpo de Ejército, que se encontraba bajo la dirección del coronel Néstor Rubén Castelli y la subdirección del teniente general Carlos Rito Burgoa. La cancha de pelota paleta, dentro del predio, fue el lugar de detención ilegal de los militantes populares secuestrados. Funcionó como espacio de detención y traslado de detenidos-desaparecidos, como quedó probado en la sentencia de la causa Escuelita IV del Tribunal Oral Federal 2 de Neuquén de 2016. Al año siguiente fue señalizado como sitio de memoria la vieja cancha de pelota paleta, depósito de presos políticos torturados entre marzo de 1976 y marzo de 1977.

 

 

 

 

Este movimiento en Bariloche se complementa con otro que tiene a Viedma como objetivo. Parte de las organizaciones del pueblo mapuche están convocando a marchar hacia la sede del STJ, que impuso un criterio que está revirtiendo fallos a favor de desalojos, asumiendo un rol importante en la estrategia estatal. Sectores sociales anti-extractivistas están reorganizándose ante el ritmo de gerenta de negocios que imprime Carreras a su gestión, tal como se puso de manifiesto en las negociaciones por el proyecto de hidrógeno verde. El territorio es el mismo, por lo que las dos demandas pueden confluir la primera quincena de junio en una protesta en la capital provincial.

 

 

 

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