Memoria contra la impunidad

 

El 8 de mayo no es cualquier día en Ingeniero Budge, localidad ubicada en el corazón de Lomas de Zamora, un suburbio del Conurbano bonaerense de calles angostas, paredes sin revocar, poca luz y basureros a cielo abierto.

En ese territorio marginal y pobre, cuna de migrantes que poblaron la zona al menos desde mediados de los '80, un pedazo del barrio fue arrancado a la fuerza. Sin embargo, por la obstinación de los vecinos, resistió sin dejarse morir. El 8 de mayo de 1987, los jóvenes Agustín “Negro” Olivera, Oscar Aredes y Roberto “Willy” Argañaraz fueron fusilados por tres uniformados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El hecho se recuerda como la Masacre de Budge. Tristemente célebre, a partir de la ley nacional 26.811 de 2013, esa fecha es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. A 35 años de ese caso emblemático de gatillo fácil, habrá una señalización desde esta mañana en la esquina de Figueredo y Guaminí –el punto exacto donde ocurrió la matanza–, seguido por una marcha y un festival por la tarde, en el cierre de la jornada.

“No es sólo para conmemorar los años de nuestra lucha vecinal contra la impunidad, sino para seguir reclamando sobre las continuidades de la violencia institucional perpetrada por la Policía contra los jóvenes de las barriadas populares”, explica el abogado Pedro Álbarez, integrante histórico de la Comisión de Amigos y Vecinos de Budge (CAV), mientras en el lugar de aquel hecho siniestro señala un mural con las tres caras de sus amigos asesinados y, a pocos metros, un monolito donde están inscriptos sus nombres.

 

 

 

Emocionado por haber sobrevivido en el tiempo al apriete policial que marcó el barrio para siempre, rememora aquella Comisión que se formó al calor de la masacre. Primero, acampando en la esquina de Figueredo y Guaminí y, luego, constituyéndose en la zona de forma espontánea para buscar testigos. Todo eso sin saber que estaban siendo espiados por los agentes policiales, según lo demostraron los copiosos volúmenes del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), en custodia de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Como muestra, están las más de mil fojas de la investigación iniciada al día siguiente de la Masacre, que contienen informes de inteligencia, recortes de prensa, escritos de la causa, volantes y afiches de las invitaciones a las marchas que se realizaron para reclamar juicio y castigo a los culpables.

Los legajos indican cómo la DIPPBA puso especial atención en perseguir a los familiares de las víctimas. Son innumerables los informes que dan cuenta de ello, detallando quiénes asistían a cada marcha, los discursos que se daban, y hasta conversaciones que mantenían algunos de los manifestantes mientras caminaban. Había un infiltrado para cada movilización, para cada asamblea o reunión en el barrio. A su vez, la DIPPBA tomó nota de las acciones de los abogados y elaboró un detallado prontuario de cada uno y de los avances en la causa una vez iniciado el juicio, con una sistemática cobertura de las audiencias.

“La organización de los vecinos desarmó un entramado de encubrimiento y logró la condena de los asesinos. Este hecho, junto al de Walter Bulacio en 1991, daría origen –entre otras cosas– a la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI)”, apunta Sergio “Cherco” Smietniansky, abogado de CADeP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo), quien trabajó durante años en la causa judicial junto a los abogados Ciro Annicchiarico y León “Toto” Zimerman.

De la Masacre de Budge, recuerda “Cherco”, surgió la expresión “gatillo fácil”. En un texto publicado a fines de los '60, denunciando la violencia sistemática de la fuerza policial, Rodolfo Walsh había escrito sobre la Bonaerense: “Es una jauría de hombres degenerados, un hampa de uniforme, una delincuencia organizada que actúa en nombre de la ley; la secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata”. “Toto” Zimerman, en efecto, tomó ese concepto de Walsh del “gatillo alegre” y lo reformuló como “gatillo fácil”, expresión que con los años se popularizó en un argentinismo para identificar un asesinato cometido por personal de las fuerzas de seguridad del Estado.

“Cherco” habla de un cambio de paradigma en la historia del país: a partir de allí, se desterró la idea de las “manzanas podridas” y de los casos “aislados”. Se empezó a pensar, con la Masacre de Budge, en la violencia policial como algo estructural; esas células represivas, esos escuadrones de la muerte de la dictadura militar que seguían vivos. Una realidad que llega hasta hoy, con casos aún no esclarecidos y bajo una ferocidad al ras del suelo en el control social. “La masacre de Ingeniero Budge no fue el primer caso de gatillo fácil, sino el primero en el que todo un barrio se organiza para pelear contra esa política represiva, reflexiona el abogado. “Toto” empezó a plantear que el asesinato en manos de la policía de esos tres pibes pobres que estaban tomando cerveza en una esquina cualquiera de un Conurbano profundo –y a su vez lindante con la gran Capital– también era una violación a los derechos humanos”.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, entre otros organismos y agrupaciones políticas, también participará activamente del acto de hoy. Horacio Pietragalla Corti, su secretario, subrayó aquel punto trascendente que rescata “Cherco”, referido a cómo una agrupación vecinal fue el principal antídoto para frenar la brutalidad policial. La organización, de ese modo, pudo vencer al miedo subterráneo, al terror imperante. “La Masacre de Budge marcó un antes y un después en la visibilización de los casos de violencia institucional. Fue la primera vez desde la recuperación de la democracia en que los amigos, familiares y vecinos de las víctimas dejaron de naturalizar estos crímenes de la policía o paralizarse por el miedo y se organizaron para salir a la calle a exigir justicia. A partir de ese hecho y de esa pueblada, pudieron visibilizarse muchos otros casos y ya nada fue igual”, precisa Pietragalla Corti a El Cohete a la Luna.

La tarde otoñal del 8 de mayo de 1987, mientras anochecía y los vecinos regresaban a sus casas desde sus trabajos, el suboficial Ramón Balmaceda y los cabos Isidro Romero y Jorge Miño dispararon contra Olivera (26), Aredes (19) y Argarañaz (24), sin mediar más que un grito: “¡Al suelo señores!”. Olivera y Argarañaz estaban tomando unas cervezas en la esquina de Guaminí y Figueredo. Minutos antes, habían pasado por el bar La Angiulina, a pocos metros de allí, con Daniel Mortes, otro amigo y vecino. En ese bar, los tres habían discutido con la dueña y habían golpeado la puerta, dejando un vidrio roto.

Eso fue lo que denunció el hijo de la dueña ante Balmaceda, un conocido y temido jefe de calle de Budge, en la comisaría de Puente La Noria. Fue motivo suficiente para que los policías llegaran a la esquina y en pocos minutos abrieran fuego contra los jóvenes. Balmaceda con su arma reglamentaria, Romero con una ametralladora y Miño con su 9 milímetros. Aredes –un vecino de 19 años que se detuvo a charlar en la esquina en el camino a hacer los mandados– y Olivera cayeron fulminados. Olivera recibió doce balazos y Aredes otros siete. Argañaraz fue herido en la pierna y subido a la camioneta; apareció luego, con varios impactos de bala en la cabeza. La policía plantó armas para simular un enfrentamiento, pero luego se comprobó que no servían.

“Esa balacera todavía la seguimos escuchando en la esquina”, se sincera Raúl Álvarez, hoy con 61 años y amigo de los jóvenes acribillados. Recuerda que en Budge, durante la dictadura militar, la policía recorría el barrio en los autos, intimidando y secuestrando no sólo a los militantes populares y a los referentes sociales, sino también a los jóvenes a la salida de los bailes.

Álvarez es uno de los referentes de la CAV, que continúa activa hasta el presente. Todavía no puede creer cómo empezaron sin una experiencia previa de lucha, armando comisiones para hablar con las personas que habían sido testigos, ofreciéndoles garantías a través de la unidad y la organización. En los días siguientes a la Masacre, se habían formado guardias con varias carpas en las esquinas. Los mismos jóvenes del barrio participaron en esta tarea. Muchos estudiaban y en ese lapso dejaron de cursar para no abandonar la vigilancia. Se había acordado utilizar un método de alarmas por si la policía “apretaba” a los testigos. Sabían que si sonaban pitos o había cacerolazos debían convocarse todos en Guaminí y Figueredo. Uno de los casos más resonantes fue cuando la policía realizó un “apriete” en la casa de un testigo, en las calles Campana y Espronceda. Rápidamente se movilizaron todos los vecinos, cerca de las dos de la mañana. Del mismo modo, hubo amenazas de los policías durante el inicio de la organización barrial. Pero nunca volvió a repetirse la magnitud de la Masacre.

“La calidad de una democracia se mide por su capacidad de disminuir la impunidad”, dice un personaje de la novela El castillo de Barbazul, del español Javier Cercas. La impunidad como una marca indeleble de la violencia policial. Y la contracara de la lucha vecinal, en la orfandad de las instituciones, en el abandono de la Justicia, presionando para el primer juicio, realizado en 1990 y en el cual se condenó a Balmaceda y Miño por “homicidio en riña”. Esa sentencia fue anulada después por la Suprema Corte provincial y en 1994 se realizó un segundo juicio en el que todos fueron condenados a 11 años. Sin embargo, fueron excarcelados hasta que la sentencia quedó firme y, entonces, se fugaron.

Por la persistencia de los vecinos, que llegaron a investigar por su propia cuenta sobre la vida de los verdugos refugiados en el amparo policial, Romero fue recapturado en 1998, pero Miño y Balmaceda evadieron la cárcel hasta 2006. Balmaceda pasó 20 días detenido, hasta que le otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria. Poco tiempo después, falleció.

“Quienes transitamos la juventud entre fines de la dictadura y los años '90 aún recordamos las protestas que se repetían para denunciar el crimen de Walter Bulacio. Con el paso del tiempo, cada caso de violencia institucional que impactó en la opinión pública se constituyó como una marca grabada en nuestra memoria. Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, la Masacre de Budge, la desaparición de Miguel Bru, el asesinato de Sebastián Bordón y de Luciano Arruga, las muertes por la represión policial de diciembre de 2001, el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, la masacre de San Miguel del Monte, dan cuenta de una trama impune que se presenta como una amenaza a la calidad de nuestra democracia”, agrega Pietragalla Corti.

El gatillo fácil como exterminio sistemático de jóvenes pobres a través del fusilamiento enmascarado como enfrentamiento, conceptualiza la periodista Adriana Meyer, quien cubrió el caso durante años. Las palabras de Pedro Álbarez, uno de los responsables del acto de hoy, sintetizan desde el territorio un clamor que sigue encendido: “Budge es tierra y asfalto, es pobreza y esperanza, es desempleo y pibes que caen en la droga, son los comedores y la solidaridad vecinal, es el abandono del Estado y la lucha día a día por parar la olla. Budge es una marca en nuestros cuerpos, es esta esquina donde nos mataron la juventud, donde nos quisieron robar los sueños, donde aprendimos a que si no nos uníamos entre todos y alzábamos la voz, perderíamos la vida para siempre sin honrar a los tres pibes que eran nuestros amigos, y que hoy nos siguen guiando en cada marcha. Porque todos los 8 de mayo es una responsabilidad. No olvidar es la obligación del barrio para que en todo un país, para que en todo el mundo, la memoria se imponga a la violencia institucional”.

 

 

 

 

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