EL poder agroexportador

 

“Si veo lo que pasó en marzo, estoy tranquilo porque hubo un aumento en los volúmenes de venta de granos ante el temor de una suba de retenciones. Entonces se desprendieron de la soja. Pero si miramos abril, la situación es otra. La cosecha avanza pero se están quedando con los granos.” Miguel Pesce, titular del Banco Central, habla con sus colaboradores y cuenta las reservas día a día. No es que le rece a Dios para que llueva y se alcancen los volúmenes de liquidación de granos necesarios para cumplir las metas con el FMI, pero casi. Durante el primer cuatrimestre, el sector agroexportador le vendió al BCRA 11.000 millones de dólares. Pero no son suficientes.

Para el cierre del segundo trimestre de este año, la autoridad monetaria debería reunir 4.100 millones de dólares netos. “La meta está casi incumplida”, podrá leerse en el próximo informe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo Económico (FIDE). Con suerte, luego de todo el intercambio con el FMI quedaría un remanente de 780 millones de dólares de saldo para fines de junio, sostienen desde la fundación que preside Mercedes Marcó del Pont (con uso de licencia por ser titular de la AFIP).

Dentro del kirchnerismo, en la Cámara de Diputados también hacen sus propias cuentas: el resultado de todas las transacciones de la autoridad monetaria, incluido el crédito del FMI en marzo de 2022, implica una caída de 3.900 millones de dólares entre diciembre de 2019 y marzo de este año, mientras que la merma contable habría sido de 635 millones. Máximo Kirchner observa estos números desde hace más de un año.

En este contexto, el sector agroexportador ya huele sangre. Pesce no estaba tan equivocado con su diagnóstico. En los campos sacaron a relucir los silos bolsas, mientras que grandes productores y exportadores se pasan la pelota sobre quién tiene el grano. Cada uno juega su partido, con una única certeza: el grano está y algunos lo utilizan como elemento de presión ante un programa económico que cruje y una desigualdad social que horada la base electoral del Frente de Todos.

 

 

Munición que se mide en toneladas

La cámara de la industria aceitera y exportadora (CIARA-CEC), que nuclea a las 10 compañías que se quedan con el 80% de las ventas al exterior, publicó esta semana un informe sectorial con un dato clave: para abril del año pasado, se habían vendido 27 millones de toneladas de soja, mientras que para el mismo período, pero de la actual campaña, el ritmo de comercialización descendió a las 13 millones de toneladas. Es decir, hubo 14 millones de toneladas menos. Esto es lo que advirtió la industria. Alguien tiene ese grano.

El titular de esta cámara patronal, Gustavo Idígoras, sostuvo durante un reportaje por FM La Patriada (Tarde sin Fondo) que el grano estaba en poder de los grandes productores con espalda financiera para aguantar la cosecha, y que había quiénes jugaban su partido para obtener una mejor cotización del tipo de cambio en el mediano plazo. Es decir, una devaluación.

Tampoco habría que desconocer algunos problemas climáticos que existieron durante el año por eso muchos, efectivamente, miran al cielo para que la situación se normalice. Según FIDE, la cosa debería marchar más o menos normal para julio, momento en que los productores se desprenderían de grano almacenado. Cuestión de fe.

“La decisión del gobierno de aumentar las retenciones de la harina y el aceite de soja, esto es el cambio de las reglas de juego, generaron incertidumbre entre los productores y frenaron sus ventas de la oleaginosa”, escribió la CIARA en su informe.

El tema es que ese diferencial de dos puntos de retenciones era criticado por los productores primarios quienes se sentían “discriminados” ante la industria. La medida del gobierno nacional que eliminó ese diferencial para financiar un fideicomiso público del trigo –ahora todos los actores pagan el 33 por ciento de retenciones—  recayó en un 100 por ciento sobre los exportadores, que se desligan de los faltantes de grano. Sería lógico que sean ellos quienes pataleen.

Pero las cerealeras exhiben otro dato que utilizan para responsabilizar a los grandes productores con espaldas financiera: la molienda de soja registró una merma en divisas de 2.000 millones de dólares, ya que la industria está operando al 50% de su capacidad. “El grano está y lo necesitamos”, sostuvo Idígoras.

El ministerio de Agricultura de la Nación, a cargo de Julián Domínguez, es la voz de los productores (grandes, medianos y chicos) dentro del Poder Ejecutivo. El jefe de gabinete de esta cartera, Jorge Ruiz, sostuvo que nunca vio a un gran productor y que, si efectivamente hubiera una retención de 14 millones de toneladas de soja, ese grano ya está en poder de la industria y los exportadores. ¿El Estado sabe dónde está el grano que necesita?

El viernes, la soja cotizó en el mercado de Chicago a 611 dólares la tonelada. La quita del diferencial de retenciones para los subproductos de la soja solo aportará 400 millones de dólares para un fideicomiso que todavía no llegó a implementarse del todo, mientras que quienes tengan amarrocados los 14 millones de toneladas cuentan con un potencial poder de fuego de 8.500 millones de dólares.

 

 

Ajustar clavijas

El BCRA tiene implementadas una serie de regulaciones para evitar la salida indiscriminada de dólares. No así la Comisión Nacional de Valores (CNV) que deja operar con un mayor grado de opacidad. Pero Pesce buscará junto a Adrián Cosentino, titular de la CNV, que las agentes de bolsa denominadas Alycs les informen a los reguladores cuáles son las empresas que operan habitualmente a través del Contado con Liquidación y el MEP, mecanismos para adquirir o fugar dólares por fuera del circuito que controla el BCRA. No será una tarea sencilla. Y si bien es un canal menor frente a la cantidad de divisas que se mueve por el Mercado Único y Libre de Cambios, sirve para marcar expectativas devaluatorias amparados en su opacidad informativa.

Desde la autoridad monetaria observan con detenimiento el organigrama de la CNV y la secretaria de financiamiento del Ministerio de Economía: allí están Mónica Erpen, actual directora de la CNV y ex directora del Instituto Argentino de Mercado de Capitales. Esta entidad se convirtió en sociedad anónima para integrarse a BYMA, las sociedades de bolsa que hoy canalizan la fuga de divisas. Y luego aparece Ramiro Tosi, subsecretario de Financiamiento, quien también tiene su carnet de pertenencia en BYMA.

La dificultad radica, en parte, en que algunos reguladores tengan su carnet de pertenencia entre los regulados.

 

 

Tortuga en fuga

El kirchnerismo también cuestiona lo que sucedió en el Banco Central desde diciembre de 2019 hasta mediados de 2021. Emulando la libretita negra que utilizaba Néstor –que es bien diferente a la azul que usa Guzmán cuando se junta con el círculo rojo del establishment local— sacan sus cuentas.

“Los resultados positivos del Comercio de Bienes efectivamente liquidado en el BCRA no alcanzaron para solventar el pago de intereses y capital de la deuda externa privada, que demandó 1.400 millones de dólares adicionales. El sector público pagó intereses por 8.100 millones y la FAE (Formación de Activos Externos) demandó 4.200 millones de dólares. Esta es la razón por la que, si no se cuenta el préstamo del FMI de marzo 2022, se perdieron Reservas Internacional en un contexto de alto superávit comercial”, puede leerse en el cuadernito negro que utilizan en el kirchnerismo legislativo.

En esas anotaciones apuntan a lo que sucedió entre 2020 y 2021: se debió evitar la venta de dólares a un tipo de cambio oficial para el pago de deuda externa privada:

“La Deuda Externa Privada creció durante el macrismo en 20.000 millones de dólares. Son las mismas 850 empresas que contribuyeron a la Formación de Activos Externos por 40.000 millones de dólares que a su vez sirvieron para retirar esos mismos 20.000 millones que habían ingresado y contabilizado como préstamo o deudas, y que luego se los llevaron para repagarlas otra vez por el Mercado Único y Libre de Cambios a un tipo de cambio oficial. Este es el principal concepto que explica por qué no se acumularon reservas.”

Después de este drenaje, que el BCRA no niega, la autoridad monetaria tomó la decisión de frenar la entrega de dólares para que las empresas pagasen deudas entre sus propias sucursales y obligó al sector privado a refinanciarse. También puso la lupa sobre las importaciones, que este mes volverán a representar 7.000 millones de dólares.

Ante este conjunto de regulaciones, la tortuga ya había corrido.

 

 

 

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