Incumplidoras seriales

 

Cuadro de intoxicación alimentaria. Ese fue el diagnóstico para un centenar de chicos que asistían a seis escuelas de la Ciudad de Buenos Aires a principios de marzo de 2020. Los síntomas eran los mismos: vómitos, fiebre y diarrea. Lo curioso era que algunos niños asistían a la misma escuela, pero otros nunca se habían cruzado ni compartido espacios. Vivían en diferentes barrios, en diferentes distritos escolares. Pronto se determinó que lo que los emparentaba era que habían comido todos el mismo almuerzo, suministrado por la empresa Lamerich SRL, concesionaria del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta: medallones de verdura y arroz con queso.

En la Escuela Primaria Común N° 14 D.E. 7 “Dr. Ernesto E. Padilla” ubicada en Caballito, se enfermaron más de 40 chicos. La mayoría empezaron con síntomas en la noche o madrugada del 11 de marzo, horas después de salir de la escuela. Los padres se enteraron de que se trataba de una intoxicación generalizada a través de los grupos de WhatsApp. Pese a que la escuela hizo la denuncia a la Supervisión del Distrito, que pidió la inspección de bromatología, la empresa proveedora de alimentos nunca fue sancionada, continúa brindando el servicio e inclusive se presentó en la licitación de este año para renovar su contrato por cuatro años más. “Se dedujo que el alimento que estaba contaminado era el queso rallado del arroz. Pero lamentablemente eso no se pudo probar. Las muestras que tomaron un día más tarde no arrojaron resultados”, explicó a El Cohete a la Luna Natalia Taverna, miembro de la cooperadora del establecimiento.

Tortillitas de verdura que no tienen casi verdura, medallones de pescado que saben a pollo y otros que cuentan con más arroz que proteínas, magdalenas con exceso de saborizante, productos ultra-procesados y alimentos que no cumplen con la cadena de frío, son algunas de las denuncias contra el Gobierno de la Ciudad que realizan a diario autoridades, miembros de las cooperadoras, padres y otros integrantes de las comunidades educativas de las escuelas porteñas.

La mayoría de las denuncias hacen hincapié en que la comida no brinda los nutrientes necesarios para el desarrollo que los chicos en edad de crecimiento necesitan. Alicia Navarro, vicedirectora de la Escuela Nº 7, ubicada en la villa 20 de Lugano, resaltó: “Los chicos están todo el día en la escuela y si no comen nada no pueden estudiar. Sobre todo en estos momentos, que muchas veces no comen en la casa y vemos que están con más hambre”. Apuntó, además, que los niños se vieron molestos cuando hace unos años dejaron de dar yogurt en el desayuno, lo reemplazaron con leche chocolatada o mate cocido con leche, y cuando hicieron lo propio con el pan. “En ese momento reclamamos y el ministerio nos dijo que era para combatir la obesidad infantil, pero siguen dando tres veces por semana fideos”.

La Comisión de Comedor de la Asociación Cooperadora “Cooperarte” de la Escuela de Enseñanza Media Nº 3 del D.E. 7 “Osvaldo Pugliese”, en el barrio Villa Crespo, realizó en 2019 junto a sus docentes de biología una serie de análisis químicos para determinar los elementos que componen la comida que llega a la mesa de los chicos. Los resultados fueron reveladores. Se concluyó que el medallón de pescado no cuenta casi con proteínas pero sí con gran cantidad de almidón. La tortillita de verdura, denominada así en el menú, tiene aspecto de medallón rebozado, se compone principalmente de arroz y su porcentaje de verduras es mínimo. En noviembre de 2019 la escuela comunicó las irregularidades al Ministerio de Educación porteño y envió una Carta Documento a la empresa Rodolfo Ferrarotti SRL, proveedora de los alimentos, que nunca fue multada y volvió a presentarse en la licitación de este año.

 

 

Violeta Barbieri, miembro de la cooperadora de la escuela Pugliese, relató que cuando su hija entró al colegio en 2020 hizo el trámite para acceder a la beca pero pronto debió comenzar a enviarle su propia vianda. “No comía porque decía que la comida era horrible, encontraba cosas en la comida. Un día pedacitos de plástico en la milanesa, otro día vidrio en un flan. Muchas familias hicieron lo mismo que yo y empezaron a mandar. Hoy solo mandan 95 viandas en una escuela de 300 chicos”.

Las denuncias de las cooperadoras fueron validadas en varias ocasiones por la propia Auditoría de la Ciudad. El último informe, realizado por el organismo en 2016, aseguró que el gobierno de Rodríguez Larreta “no implementa un mecanismo de control suficiente debido a que el análisis bromatológico de alimentos recae sólo sobre el concesionario, lo que no resulta suficiente para garantizar el éxito de la aplicación de las BPM y asegurar alimentos aptos para el consumo ya que no existe un control por oposición de intereses”. En otro apartado, la auditoría dice que las empresas concesionarias de los comedores son “incumplidoras seriales”.

Por otra parte, en abril del 2020, a partir de la presentación de la diputada Myriam Bregman y la legisladora Alejandrina Barry, del PTS-FITU, la Justicia sentenció al Gobierno a que la alimentación escolar incluya todos los nutrientes y grupos de alimentos necesarios para una alimentación saludable, como dispone ley 3704. Sin embargo, “Larreta sigue sin cumplir con la Justicia ante el amparo colectivo que presentamos junto a cooperadoras, familias y docentes exigiendo comida saludable para las y los pibes de la escuela pública”, afirma Barry.

 

 

Servicios no universales

A los problemas de calidad de la comida se suman tres ineficiencias:

• trabas a la hora de inscribirse a la beca alimentaria;
• porciones que no cumplen con los gramajes establecidos en los pliegos; y
• escuelas que no cuentan con cocinas ni espacios apropiados para que los chicos coman.

Desde la pandemia se verifica que hay una reducción de las raciones enviadas a las escuelas por parte de las empresas dedicadas a proveer a los comedores escolares. Cada semana la Ciudad calcula un índice de presencialidad, basado en las ausencias de la semana previa, mediante el cual calcula la cantidad de comida o viandas que debe mandar a cada escuela. Al respecto, Navarro dijo que “todas las semanas debemos pelearnos para que nos manden el total de viandas. Tenemos 190 chicos, todos becados, comen todos. Muchas veces tenemos que dividir la comida para que todos coman”.

El procedimiento para otorgar las becas aumenta la complejidad para que los niños puedan acceder a la comida que da la escuela. En 2018, paso de ser presencial a online, marginando a muchas familias que no acceden fácilmente al mundo digital. El trámite es muy engorroso y exige que las familias sigan diez pasos que involucran justificar el salario y la entrega de otra documentación sensible. El gobierno de la Ciudad evalúa si cada familia necesita o no la beca, que puede ser del 100 o del 50%. Cuando no se las otorga, cada familia debe pagar por la comida del comedor un promedio de 6.000 a 7.000 pesos por mes, que van directamente a las concesionarias.

“En la escuela pública la educación es un derecho. No se pide que las familias demuestren sus ingresos para obtener una vacante. Es un derecho universal que tenemos, pero no es así con respecto al servicio de comedor (a través de la Ordenanza N° 43.478 de 1989). El servicio de comedor funciona a través de Becas es una política localizada”, explicó Alejandro Volkind, miembro del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que lanzó la “Campaña por una alimentación de calidad y gratuita para todxs, con la participación de la comunidad educativa”.

 

https://www.facebook.com/watch/?v=1949100338812048

 

 

 

 

Los negocios detrás de la alimentación

El sistema de concesiones que funciona en los comedores escolares se instauró en la década del ‘90, durante las privatizaciones menemistas. Desde entonces, un puñado de empresas –en la actualidad son 19– brindan el servicio a las instituciones de los 21 distritos escolares.

Una semana antes de inaugurar el actual ciclo lectivo, la ministra Soledad Acuña firmó una resolución por la que convocó a una licitación pública para el servicio de comedores de la escuela pública por 12.000 millones de pesos para este año. Dispuso apenas un mes para presentar ofertas. Se modificaron además este año los pliegos de las licitaciones pasaron de ser anulada a ser de cuatro años, por lo cual una empresa que gane una licitación este año va a tener un control por cuatro años.

Las licitaciones se otorgan a partir de un sistema de puntajes que surge del análisis de diferentes ítems. Uno de los requisitos que más puntos otorga es la antigüedad como proveedor del gobierno porteño y en la provisión del servicio de comedores. No se hace un balance de cómo fue este servicio ni se toma en cuenta si la empresa tuvo sanciones por la entrega de comida en mal estado o por producir intoxicaciones.

La condición del pliego que más favorece la concentración del servicio en pocas manos es que sólo para participar de la licitación cada empresa debe abonar por anticipado 795.000 pesos. De ese modo se margina a cualquier cooperativa, pyme o empresa de la economía social que quiera participar de la convocatoria.

Pese a las reiteradas denuncias por el pésimo servicio que brindan, las licitaciones continúan otorgándose a las mismas empresas. Algunas llevan décadas otorgando el servicio. En 2018, el Ministerio de Educación le asignó una licitación de 651.637.734 de pesos a la empresa Lamerich SRL, que registraba 12 multas en su servicio, para encargarse de desayunos, almuerzos y meriendas en más de 200 establecimientos.

 

 

 

Una investigación publicada en El Cohete a La Luna en 2020 demostró que las concesionarias obtienen ganancias millonarias mientras registran importantes deudas con entidades financieras, incluido el Banco Ciudad. La misma nota develó que la mayoría de las concesionarias fueron aportantes a la campaña electoral de Cambiemos de 2019. Y cuatro años antes, entre quienes financiaron la campaña que llevó a Mauricio Macri a la Presidencia figuraron Friends Food S.A., Arkino S.A. y Grupo L.

Por otra parte, gracias a un amparo presentado en 2020 por el colectivo “Vacantes Para Tod@s” pudo comprobarse que once de las concesionarias recibieron ese año el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Es decir, recibían un monto por parte de la Ciudad por el servicio, que incluía la mano de obra, y otro del Estado nacional, que se hizo cargo de una parte del pago de salarios de sus trabajadores y les permitió postergar el pago de contribuciones patronales.

Asimismo, estas empresas no tienen obligación de presentar balances comerciales ante la Inspección General de Justicia (IGJ) por ser Sociedades de Responsabilidad Limitada, tal como dio a conocer El Cohete.

Según un estudio del Observatorio del Derecho a la Ciudad, los pliegos de la actual licitación del gobierno del distrito con el PBI más alto del país prevén destinar apenas 38 pesos para el desayuno de cada estudiante, 110 pesos para el refrigerio y 318,90 para el almuerzo.

 

 

Por un cambio de sistema

Los legisladores porteños del Frente de Todos presentaron la semana pasada un proyecto de ley para “cambiar el actual paradigma alimentario” en todas las escuelas dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta, que reúne los reclamos de estudiantes y familias, busca garantizar el acceso universal y gratuito a una alimentación saludable, segura y soberana.

El legislador porteño Matías Barroetaveña, uno de los promotores del proyecto junto a la Ofelia Fernández, indicó a este medio que “proponemos un esquema diferente donde se garantice la universalidad de la alimentación, sana y rica, que se vincule con la posibilidad de generar empleos en la economía social. Hoy hay cerca de 20 empresas que participan de la licitación de comedores escolares. Creemos que por lo menos el 25% de estas podría provenir de la economía popular o cooperativas”.

Además, buscan incentivar que más cooperadoras escolares puedan dar el servicio de alimentación a los estudiantes. En la actualidad, solo lo hacen en cuatro escuelas y la calidad de la comida es superior, según los propios miembros de la comunidad educativa. También que participen cooperativas agroecológicas de frutas y verduras y crear una comisión interdisciplinaria con especialistas en nutrición infantil y adolescente, miembros de la comunidad educativa y familias/docentes para controlar que los menús sigan pautas nutricionales responsables.

“Buscamos una gestión de más centralidad del Estado en lo que refiere a los controles, pero articulando con empresas de la economía popular, pymes. Descentralizar de alguna forma las articulación público-privada que se necesita en términos de logística para garantizar el alimento”, afirmó a El Cohete la legisladora Maru Bielli, del Frente de Todos.

Desde el Frente de Izquierda, Barry también presentó este año un proyecto de estatización de los comedores escolares, bajo control y gestión de la comunidad educativa (cooperadoras escolares), para garantizar que la alimentación sea gratuita y de calidad en todos los establecimientos educativos de gestión pública dependientes del Gobierno de la Ciudad. “El oficialismo en la Legislatura le da la espalda a los reclamos de las familias –plantea–. Insisten en que los chicos comen bien y hasta algunos legisladores visitan las escuelas y comen con ellos para desmentir las denuncias. Intentan sostener el negocio sin importarles un derecho tan elemental como el de la alimentación de niños y niñas de la ciudad”.

La “Campaña por una alimentación de calidad y gratuita para todxs" presentó esta semana un amparo colectivo con el propósito de frenar la licitación abierta por el Gobierno de la Ciudad para renovar las concesiones de las empresas que brindan el servicio de comedor. Luego de 30 años, urge que el sistema de alimentación de las escuelas públicas de la Ciudad sea profundamente debatido. Cooperadoras escolares, docentes y estudiante exigen que se visibilice la problemática y se debata sobre un aspecto tan central en la vida de los chicos como su alimentación.

 

 

 

 

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