Reclama derechos, marche preso

 

La empresa Rey Distribución S.R.L. de la ciudad San Pedro, que denunció penalmente a sindicalistas en 2021 y que logró que el Poder Judicial dictara las prisiones preventivas del secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones de la seccional San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y del delegado de la ciudad de San Pedro, Fernando Espíndola –producidas el viernes 8 de abril por los delitos de turbación de la posesión, extorsión y extorsión en grado de tentativa y coacción–, había sido denunciada previamente por ese sindicato a través de una nota presentada el 15 de mayo de 2020 ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires por el propio Cabaleyro. La denuncia de conflicto laboral planteaba los siguientes puntos:

• El accionar discriminatorio y extorsivo de la empresa denunciada;
• la existencia de trabajadores en negro desarrollándose en la empresa;
• el mal encuadre de la actividad de los trabajadores;
• la falta de entrega en término de la documentación laboral;
• la falta de planilla diaria de días y horario de trabajo, conforme a la normativa vigente (por ejemplo, para personal de logística y distribución);
• falta de VTV (Verificación Técnica Vehicular);
• no se entrega en tiempo y forma la ropa y elementos de trabajo; falta de entrega de bandas reflectoras para los choferes;
• falta de condiciones de seguridad e higiene en los vehículos de reparto y distribución (por ejemplo, luces y sonido de retroceso);
• los carros para la preparación de pedidos no poseen mantenimiento ni condiciones, lo que genera inconvenientes en su maniobra, ya que no se desplazan bien y generan problemas en la salud y seguridad de los trabajadores que los manipulan e inconvenientes con los clientes que están presentes en el depósito;
• no hay sanitarios ni vestuarios para las 28 personas fijas que trabajan en el lugar;
• violación de la jornada legal de trabajo;
• falta de pago de horas extras y nocturnas;
• no hay rampa ni plataformas para el descenso de la mercadería acopiada en altura;
• las escaleras para bajar la mercadería no poseen las condiciones de seguridad necesarias.

 

 

 

 

Ariel Rey es uno de los propietarios de la empresa distribuidora de alimentos que lleva su apellido. Forma parte del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), fuerza de choque contra las medidas de protesta sindical, motorizada y referenciada en el PRO. La abogada Florencia Arietto es su cara visible, pero Patricia Bullrich fue la impulsora. “No es beneficioso en absoluto ser pro-empresarial, sino que se cumpla la Ley de Contrato de Trabajo”, dice Rey, entrevistado para esta nota. “Todos en el Movimiento analizamos las empresas que nos vienen a contactar para defenderlos contra el sindicato. ‘A ver, poné todas las cosas como corresponde, hacé cumplir la Ley de Contrato de Trabajo y ahí sí nos plantamos con estos tipos que vienen a negociar’”, dice quien luego de haber sido denunciado por sus incumplimientos en 2020, retrucó con una denuncia penal contra los sindicalistas en 2021.

 

 

El contexto estaba claro desde 2020. Había una disputa entre el Sindicato de Choferes y Camiones y la empresa distribuidora Rey. Pero ese conflicto laboral no fue seriamente analizado por el Poder Judicial, que aplicó el Código Penal a la protesta sindical. La fiscal María del Valle Viviani decidió centrarse en la denuncia de los Rey por extorsión. El 23 de febrero de 2021, la fiscal se presentó en la empresa para intervenir por el bloqueo que Camioneros mantenía desde la madrugada del día anterior.

—Usted está obstruyendo el paso —le dijo Viviani a Cabaleyro, según registró un medio local. La fiscal le pidió que corriera el micro que impedía el ingreso y salida de vehículos del depósito de la empresa.

—Usted va a generar un conflicto de intereses con los trabajadores —respondió el secretario general del Sindicato de Choferes y Camiones, seccional San Nicolás.

“Legalmente la protesta está en el marco de un conflicto laboral que viene desarrollándose desde el 8 de enero”, recordó el sindicalista. Fue el delegado Fernando Espíndola quien se encargó de mover –como lo había solicitado la fiscal– el micro que impedía el paso en la planta.

Cabaleyro le expresó a Viviani: “Usted es fiscal y debe hacer cumplir la ley, no intervenir en un conflicto laboral”. Y le reclamó a la titular de la Unidad Fiscal de Instrucción 7 de San Pedro por la presencia de baños químicos afuera de la empresa.

Pero la fiscal dejaba clara su postura de separar la denuncia del contexto. En una entrevista de septiembre de 2021, decía que para ella no era bueno mezclar la denuncia penal de los Rey con el conflicto laboral “porque si no es como que se mezclan las aguas y no se resuelve nada”. Una lectura judicial descontextualizada llevó a sus acciones sesgadas en la causa.

 

  

 

 

Una cuestión de encuadre

El conflicto es principalmente laboral y de ese modo lo entiende muy bien Ariel Rey, que así lo explicó para esta nota: “El problema inicia en 2011, cuando se pasa determinada cantidad de empleados al encuadre de Camioneros. El paso se hace con la complicidad del Ministerio, porque no tiene la potestad de hacer el cambio de encuadre”, señala, dejando en evidencia cuál ha sido su problema: que Camioneros haya intervenido en su empresa para afiliar a sus trabajadores.

“Uno de los motivos fundamentales es que la actividad principal de Distribuidora Rey es comercio y el encuadre 130/75 de Comercio tiene como categoría choferes. El pase que se hace –con la complicidad del Ministerio– ya en 2011 fue ilegal”, insiste Rey. “De ahí empieza la extorsión del sindicato, que viene a exigir un monto de dinero a cambio de paz social o poder trabajar”, indica. El dinero que le solicitaban y que califica de extorsión lo explica de otra manera luego: “Cuando llegan al punto de tener 10 empleados encuadrados en Camioneros, ellos, a través del delegado, con abuso del derecho, piden los aportes de esos diez empleados”. ¿Se trató de una extorsión o de cobrar la deuda que tenía la empresa por el nuevo encuadre con el sindicato? Llamar a ese reclamo dinerario extorsión o pedido de coima por parte de Camioneros para “trabajar en paz” fue parte del armado de la denuncia penal.

 

 

 

 

“Imagínese que es una cuestión indignante: todo los meses recolectar un monto de dinero para dárselo a este señor que está preso. Nosotros fuimos armando pruebas y mostrando videos, grabando llamadas directamente de los sindicalistas diciéndonos los montos que nos pedían para poder trabajar en paz”, expresa Rey. “Cuando me hicieron el primer bloqueo, realizo la denuncia penal por extorsión. Después siguieron cometiendo el delito de turbación. Llego a esa instancia con turbación evidente de la propiedad y con la evidencia de la extorsión, porque una de las pruebas era que si yo no pago, vuelven a traer el colectivo, y eso fue lo que hicieron. Dejé de pagar, confronté y me hicieron el bloqueo”, sostiene.

Para el empresario, “fue negociar con una pistola en la cabeza”. Asegura haber pactado “en complicidad con el Ministerio para poder pelear por mi fuente de trabajo y la de 28 empleados más. Decidimos convivir con el resto de los empleados”, dice. “Es ahí donde a través del delegado, que fue cuestionado, fue impugnada su designación, porque para tener un delegado hay que tener requisitos mínimos que están en la Ley 23.551, la ley sindical. No cumplieron con la antigüedad necesaria. No cumplieron con la cantidad mínima, porque no tenían 10 empleados en el sindicato de Camioneros, sino 9”, manifiesta.

Por eso la familia Rey tomó la determinación de sancionar y luego despedir al delegado y a otros cinco trabajadores que estaban enrolados en el sindicato de Choferes y Camiones. Ante el Tribunal de Trabajo 1, el delegado despedido manifestó: “La empleadora posee un accionar discriminatorio en contra mío y del resto de los trabajadores que reclamamos por el reconocimiento de nuestra dignidad laboral, buen trato, pago digno, justo y equitativo por la labor, y que luego nos agremiamos en el Sindicato de Choferes de Camiones, desde que reclamamos por el reconocimiento de nuestros derechos. Y nos agremiamos, porque sino ante cualquier reclamo te despiden”.

También afirmó que “todos los que trabajamos en Rey Distribución, al ingresar trabajamos durante muchos meses en negro. Luego, nos registraron en Comercio, a mí como empleado de depósito, a muchos de los otros chicos como maestranza, cuando esa actividad y categoría nunca la revestimos. Siempre fuimos o trabajadores de depósito/logística, o acompañantes o choferes, pero nunca jamás fuimos maestranza o simple empleado de depósito”. El delegado fue elegido en octubre de 2020.

Para Ariel Rey la tranquilidad llegó cuando “hice el despido con causa de estos seis vivos que obraban absolutamente como soldados del sindicato. Cuando hice el despido de esas seis personas y tomé seis personas más, nosotros comenzamos a trabajar de manera muy próspera, con mucha armonía y de manera excelente. Por supuesto, con todos los empleados dentro del gremio de Comercio, que es dónde deben estar”.

Su denuncia penal sirvió para que el Sindicato de Choferes y Camiones no tenga incidencia en su empresa. Es evidente que la empresa Rey es la que realizó un bloqueo, impidiendo que los trabajadores tengan la libertad de elegir a sus representantes gremiales.

 

 

 

Patas cortas

“Como yo jamás debí un peso, mi contador fue a atestiguar efectivamente que Rey Distribución jamás debía un peso, nunca hubo una diferencia salarial, nunca existió absolutamente nada. Esa plata que nos pidieron fue para que no traigan de vuelta el colectivo para bloquearnos”, asegura Ariel Rey. Pero como contamos en El Cohete, el propio contador reconoció lo que la empresa adeudaba. Rey alega que le dieron recibo y que el cheque lo cobraron ellos (los sindicalistas), como si esa fuera una corroboración de la extorsión, pero, en cambio, constituyó un acto de transparencia por parte de los actores sindicales. Primero las patas cortas en la voz de Ariel Rey, y luego la documentación: la declaración del contador que exhibimos en El Cohete a la Luna que demuele la falsedad del dueño de la empresa.

 

 

 

Rey dice que no hay diferencia entre el convenio laboral de empleado de Comercio con el de Camioneros. “Más allá de que yo pueda pelear como empresario un convenio que me convenga, más allá de que está dentro de mi derecho, no existe tal diferencia. Jamás hubo diferencia. Siempre cobraban lo mismo un Comercio (empleado) que un Camionero”. Los propios recibos de sueldo de su empresa lo desmienten. El recibo por un total de 38.887 pesos netos que percibía un trabajador enrolado como empleado de Comercio y el de 44.578 del mismo trabajador, pero cuando pasó al sindicato de Camioneros, son una muestra de que no cobran lo mismo. Una vez realizado el cambio de encuadre de ese trabajador, el sindicato estuvo durante meses solicitando a la empresa que se liquiden los haberes como marca el convenio. En ese recibo que aquí se exhibe, incluso faltan los adicionales de la categoría de frío, por lo que la diferencia puede ser aún mayor. A simple vista, se puede detectar que en el pase reciente el trabajador percibió unos diez mil pesos más estando en Camioneros.

 

 

 

 

Pero fue Florencia Arietto, según cuenta Ariel Rey, quien permitió que la fiscal impulse la causa como se pretendía. Arietto significó “un aire especial para la fiscal”, dice. Es el mismo aire que les brindó Mauricio Macri apoyando la acción del MEAB. La idea de que los sindicatos son una mafia sigue estando viva en el PRO y en ese grupo de choque, que busca aquello que Macri no pudo lograr cuando fue Presidente con la reforma laboral para terminar con los derechos de los trabajadores. Ahora se las ingenian aplicando el Código Penal y ese martillo se baja en la cabeza de los delegados del gremio de Moyano.

 

 

 

 

“Digamos que este tipo de conductas de representantes empresariales no son novedosas. Siempre pensaron, y obran en consecuencia, que la mejor política antisindical es el Código Penal”, expresa consultado por El Cohete a la Luna el abogado laboralista Héctor Recalde. “Recordemos que la huelga llegó a estar tipificada como un delito. Ahora el tipo penal es la extorsión. En definitiva, entiendo que no podrán impedir la lucha por los derechos. Nuestra ley habla de la huelga y demás medidas legítimas de acción sindical”.

Además, Recalde sostiene que “esto de turbar la posesión es un argumento falaz. Porque el derecho a la huelga proviene de la Constitución Nacional y está reglamentado por una ley. Y cuando habla de la huelga, la ley que reglamenta este derecho habla de más medidas legítimas de acción sindical. Entonces, hacer un bloqueo momentáneo en el acceso a una planta es una forma de defender el derecho de los trabajadores”. El especialista en derecho laboral explica que “siempre se utilizó poner por encima de cualquier otro derecho el derecho de propiedad, y la verdad creo que ya en este momento el derecho a la defensa del trabajo y del salario son derechos humanos que están por encima y en coalición con otros derechos”.

La Sala V del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires rechazó un habeas corpus presentado por el abogado de los sindicalistas de Camioneros detenidos, Mauricio Daniel Gugger. La prisión preventiva sigue siendo el correctivo y la mejor forma de acallar la voz gremial.

 

 

 

 

 

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