Lamentos de millonarios

 

“¡La Argentina no aguanta ni un impuesto más!”, gritaron tanto los ruralistas que se subieron a un tractor para marchar hacia la Ciudad de Buenos Aires como Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA y el más estoico defensor de una baja a las contribuciones patronales para las grandes compañías. “¿Qué es una renta inesperada? Tenemos 165 impuestos, sumarle otro más no es nuestra política. Necesitamos bajar los impuestos laborales para crear trabajo en blanco”, arengó esta semana el también titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL).

Los representantes del poder económico suelen alimentar la zoncera de la altísima presión tributaria que los ahoga. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) les dio letra esta semana al publicar el “vademécum” de los impuestos en el país, donde compiló los 164 tributos mencionados por Funes de Rioja (el falso industrial sumó uno más), entre contribuciones, tasas, derechos aduaneros, impuestos al consumo, ganancias y bienes personales. Una ensalada rusa que, en vez de aportar claridad, confunde. Esta fue la conclusión a la que arribó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que analizó el informe firmado por Nadín Argañaraz, como se informa en la nota principal de esta edición.

“En el listado se realiza una operación muy común por parte de la mirada liberal argentina: incorporar los aportes que realizan las y los trabajadores al sistema de seguridad social, y también las contribuciones patronales como parte de la carga tributaria, cuando se trata de la financiación del Sistema de Seguridad Social”, sostuvo CEPA en su contrainforme.

¿Cuál es la presión tributaria que tanto le molesta al poder económico? Según datos de la OCDE, el peso de los impuestos en el país en relación a su producto bruto interno fue del 28,6% en 2021, frente al 33,8% del promedio de los países en vía de desarrollado. En Alemania, la presión tributaria alcanzó al 38,3%, seguida por Italia (42,9%) y Francia (45,4%).

 

 

Costo laboral

Los números difundidos por los organismos multilaterales desmienten al poder económico vernáculo, mal que le pese al lobista Funes de Rioja. Pero hay un dato más: las grandes compañías del país pagan cada vez menos contribuciones patronales, al mismo tiempo que acrecientan las ventas y ganancias netas, tal como lo revelan sus balances presentados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Tal es el caso de Arcor, Molinos Río de la Plata, Aluar, Newsan y Sociedad Comercial del Plata que pasaron de pagar un promedio del 18,9% entre cargas sociales y salarios en 2016 al 12,2% en 2021.

Según otro informe del CEPA, las devaluaciones de 2018 y 2019 redujeron el costo laboral medido en dólares de este conjunto de sociedades, al pasar de un promedio de 160,8 millones de dólares en 2016 a 30 millones en 2021, una reducción del 80%.

El costo laboral de Arcor, en relación a su facturación, se había ubicado en el 25,7% para 2016, mientras que el año pasado fue del 21,1%. Según el último balance presentado ante la CNV, la compañía de la familia Pagani incrementó su rentabilidad neta en un 1421%, al pasar de los 26 millones de pesos en 2020 a los 401 millones el año pasado.

En su último balance que comprende 9 meses de ejercicio, la compañía de la familia Pérez Companc (Molinos Río de la Plata) obtuvo una rentabilidad neta de 4.987 millones de pesos. En concepto de costo laboral, la sociedad pagó el 13,5% de su facturación contra el 19,9% de 2016.

También se destaca el caso de la monopólica Aluar, propiedad de Javier Madanes Quintanilla. Sus “costos laborales” pasaron del 7,43% en 2020 al 11,9% en 2021. Sin embargo, hubo una reducción en comparación con 2016, cuando se ubicó en el 13,1%. Según el resultado de los últimos seis meses de ejercicio, la fabricante de aluminio obtuvo una ganancia neta de 12.786 millones de pesos, es decir 300 veces más que la ganancia del mismo período de 2020 (42 millones).

Otras empresas a las que no les va nada mal son Cresud (Elsztain) que en el período fiscal de seis meses cerrado en diciembre anotó una ganancia neta de 38.030 millones de pesos, 4.000 millones más que en el mismo período de 2020. La empresa Sociedad Comercial del Plata, liderada por Ignacio Noel, dueño también de Morixe, registró una ganancia neta anual de 1039 millones de pesos, mientras que Ledesma, de la familia Blaquier, registró una rentabilidad de 2.054 millones en solo seis meses de ejercicio.

Estos guarismos dan cuenta que el Estado podría captar posibles rentas extraordinarias del actual período fiscal. A partir de los balances presentados en junio se verá el real impacto de la suba de los precios internacionales de algunas materias primas.

 

 

Márgenes y tractorazo

“Yo no sé si esto va a terminar como la 125, pero se le está pareciendo muchísimo. Hay un gran enojo no sólo del productor rural, sino también del comerciante y el cuentapropista que vive indirectamente de lo que genera el campo”, lanzó el ex ministro de Agricultura de Cambiemos, Luis Miguel Etchevehere. Si el escenario se parece mucho al álgido período de las retenciones móviles de 2008, también podría hablarse de los tractorazos de la abundancia que llegaron a la Ciudad de Buenos Aires.

Ya existen algunos datos oficiales que dan cuenta del incremento de los márgenes de ganancia para el sector primario. El resultado neto para los productores trigueros con campo propio de la zona centro norte de Córdoba fue de 163 dólares por hectárea (marzo 2022), frente a los 43 dólares captados a diciembre de 2021. Es decir, en tres meses incrementaron sus ganancias en un 279%. Esto se desprende de un análisis sobre los márgenes agropecuarios (ingresos por hectárea descontado todos los costos de producción, incluido los insumos) elaborado por la subsecretaría de Agricultura.

Otro ejemplo podría ser un productor triguero de Entre Ríos, con campo propio, con un margen neto de 263 dólares por hectárea, mientras que en diciembre del año pasado había alcanzado los 91 dólares. Es decir, un incremento del 189%.

El informe oficial conforma una foto del sector, con promedios de rentabilidad que no se pueden universalizar a cada uno de los productores. La crema del negocio se la llevan los dueños de los campos, que viven de alquilar y se benefician de los precios internacionales. Sin embargo, estos datos sirven para contrarrestar el constante lamento de los dirigentes de la Mesa de Enlace que suelen machacar sobre situaciones de quebranto generalizadas que no son tales.

Al lamento de Etchevehere, ex titular de la Sociedad Rural, también se le sumó Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). “El ministro (Guzmán) pretende hacernos creer que solo subieron los precios de los commodities, como si todos los componentes de insumos se hubiesen quedado inmóviles, resulta penoso el comprobar que un ministro no puede estar tan alejado de la realidad productiva. La inflación en Argentina es un problema endémico, cuya causa principal es el constante déficit fiscal y la mirada sin perspectiva productiva, que se traduce en ahogar de impuestos a quien produce”, arguyeron los confederados.

El sector agropecuario primario aporta solamente el 11% del valor agregado al PBI, aunque se arroguen ser los salvadores de la patria. Donde sí pican en punta es en la profunda desigualdad al momento del reparto de la torta. El sector asalariado, es decir lxs peones rurales, participan solamente con el 17,1% del valor agregado bruto frente al 66,9% del capital privado, según los últimos datos del INDEC.

 

 

Política de ingresos

Un impuesto a las rentas extraordinarias se vuelve necesario en un contexto donde los ingresos para los sectores populares no alcanzan, al mismo tiempo que se multiplican las ganancias de los sectores concentrados. El Aporte Solidario, implementado en plena pandemia, rindió cerca del 0,6% del PBI y fue clave para financiar al sistema de salud y productivo (gasoducto de Vaca Muerta).

Sobre el cierre de 2021, el índice de Gini, que muestra los niveles de desigualdad, había arrojado cierta mejora. Pero es previsible que, ante la inercia inflacionaria de este primer cuatrimestre, la desigualdad vuelva a ser pronunciada durante el 2022. El reclamo insistente desde un sector del Frente de Todos para implementar una política de ingresos más agresiva tenía y tiene asidero.

El lanzamiento del bono para los sectores más postergados fue una respuesta política ante una situación acuciante para la mayoría de la población. Esta misma semana, el INDEC informó que una familia tipo (dos adultos y dos menores) necesitó ingresos por 89.000 pesos para no caer bajo la línea de la pobreza, cuando un salario medio del sector privado se ubica apenas por arriba de los 50.000 pesos. El nuevo bono para trabajadores informales, monotributistas, trabajadoras de casas particulares y jubiladxs demandará una inversión estatal de 200.000 millones de pesos.

La disputa hacia el interior del Frente de Todos siempre fue por la manera en que debe distribuirse la riqueza. La idea de “distribuir primero para crecer después” tenía una lógica que no pudo ser reemplazada por la teoría del derrame exportador. Como mínimo, deberían ser objetivos complementarios.

 

 

 

 

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