La batalla por el cine argentino

 

Cuando el lunes por la tarde llegó a las puertas del INCAA en Lima al 319, a Andrea Testa, integrante del Colectivo de Cineastas, se le dibujó una sonrisa de alegría por la convocatoria. Recordó que había corrido demasiado tiempo desde la última movilización conjunta de sectores audiovisuales. Hubo también personas autoconvocadas y al rato tuvieron que cortar la calle, porque no entraban en el espacio dispuesto para el acto. En un micrófono rotativo se leyeron los comunicados que habían preparado para la ocasión, donde el pedido de renuncia a Luis Puenzo constituía la prioridad excluyente. Fue entonces que Andrea, junto a otros compañeros y compañeras, vieron cómo en un costado de la calle se empezó a formar un cordón enorme de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Nunca lo hubieran imaginado. Y temieron lo peor.

“Fue una cosa imponente, nos miramos sorprendidos, sin saber qué hacer. Lo primero que accionamos fue cortar el sonido y dar por finalizado el acto. Y apuntamos la caminata hacia el ENERC, la escuela de cine, con la idea de hacer unas clases públicas. Pero de pronto nos sentimos acorralados. En pocos minutos hubo empujones, gritos y el cordón que se nos venía encima. Tomé el micrófono y pedí calma. La policía avanzó, vimos cómo golpeaban con pateadas y enseguida vimos también a compañeros que caían al suelo. Se armó un tumulto cuando nos enteramos que estaban deteniendo a estudiantes. Nos agrupamos para que no se los llevasen y el cuerpo a cuerpo con la policía se volvió más violento”, rememora Andrea, días después de la represión de la Policía de Horacio Rodríguez Larreta a la movilización de trabajadores y estudiantes audiovisuales frente al INCAA.

Con los uniformados ocupados en la feroz arremetida, Andrea Testa quiso entrar al INCAA con otros compañeros que habían sido afectados por la represión. El desencanto fue mayor. Desde adentro les bajaron las persianas y cerraron la puerta con llave en su cara. Golpeó, desesperada, y el personal de seguridad del edificio hizo oídos sordos. Del otro lado, vio a trabajadores que permanecían cautivos sin poder salir hacia afuera. “Había una decisión desde arriba, fue parte de la violencia vivida. No nos entraba en la cabeza cómo se nos impedía el paso a un edificio que era nuestro, de los cineastas. Jamás había pasado algo así. Entonces llamamos al ministro (de Cultura) Tristán Bauer, ya estaba comenzando a oscurecer. Todo era un total desconcierto, compañeras golpeadas, pancartas y banderas por el piso. No entendíamos por qué nos estaban reprimiendo si el reclamo era pacífico. El punto más angustiante se dio después, cuando no tuvimos noticias de los detenidos”.

 

 

 

 

Apenas llegó el ministro Tristán Bauer las puertas del edificio se abrieron rápidamente. Andrea también forma parte del Consejo Asesor que integra el co-gobierno del INCAA, y en una de las salas armaron una reunión urgente con Bauer. Allí llegaron a un acuerdo para el reemplazo de la dirección, aunque poco después Luis Puenzo, director de La peste y La historia oficial que asumió su cargo en diciembre de 2019, expresó a través de los medios su decisión de no renunciar. Según la delegada general de la Junta Interna de ATE en el INCAA, Ingrid Urrutia, Bauer se comprometió a no realizar ajustes en el sector ni a poner en riesgo el Fondo de Fomento, que caduca a fin de este año. Ese era el telón de fondo del conflicto, en el cual Puenzo había decidido no oficiar como interlocutor.

La documentalista y productora Virna Molina, que también participó de la movilización, no deja de celebrar la medida, aunque se atreve a poner paños fríos. Si bien destaca que la salida de Puenzo era una deuda pendiente, no puede entender cómo el cine argentino, laureado en el mundo entero, sigue sin tener el respaldo suficiente del Estado. “Con nuestras propuestas estéticas se nos premia y reconoce en festivales del mundo, el público se interesa cada vez más. Fue una desilusión ver de qué forma Puenzo construyó un discurso de gestión muy contradictorio con su obra, ya que nunca le importó el diálogo con la comunidad cinematográfica. Nosotros como cineastas debemos hacer cine, es un desgaste si encima tenemos que dedicarnos a la política para reclamar lo que es justo”.

Lo que sobrevuela en el ambiente es que, de no haber existido el acto de movilización en las puertas del INCAA, tal vez Puenzo habría seguido en su función desoyendo los reclamos de numerosos espacios colectivos audiovisuales. A saber, entre otros: Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales (RAFMA), Movimiento Audiovisual Platense (MAP), Asociación de Directores y Productores de Cine Documental Independiente de Argentina (ADN), Documentalistas de Argentina (DOCA), Red Argentina de Documentalistas (RAD), Actrices Argentinas, Sociedad Argentina de Editores Audiovisuales (SAE) y Autores de Fotografía Cinematográfica Argentina (ADF). (En términos generales, la mayoría de los y las que acudieron a la protesta estaban vinculados al documentalismo y a las escuelas de cine.) Todos venían denunciando que desde que asumió Puenzo, hacía dos años y medio, el panorama había sido incierto y desalentador: ni siquiera, dicen, se había ejecutado el presupuesto. “Siempre se nos cerró las puertas y no hubo diálogo —enfatiza Andrea Testa—. Y mientras tanto se agrandaron las brechas que existen a nivel federal, no se erradicaron las violencias de género al interior de los espacios y se puso en riesgo la soberanía audiovisual”.

 

 

 

 

Algo que el sector reclama con fuerza desde la anterior gestión macrista es la redistribución de los ingresos y volver a pensar el cine como bien cultural y amparado genuinamente bajo fondos públicos: no sólo en la producción, sino en dotar de mejor presupuesto a las escuelas de cine, la biblioteca, los festivales y las áreas de investigación. “Hay películas que se están pudriendo, necesitamos una cinemateca. Veníamos del macrismo y Puenzo estiró el desfinanciamiento. Ahora se abre un camino profundo para respetar la diversidad y que saque el estado de emergencia en el que están nuestras industrias culturales”, apunta Testa.

Fin de una etapa en el INCAA tras el decreto de Alberto Fernández expulsando a Puenzo. Quien asumió de forma interina es Nicolás Battle, quien era el vicepresidente. Ahora bien, ¿cómo sigue el estado de movilización? De acuerdo a Pablo Rovito, productor audiovisual, la defensa de los fondos ocupa el primer plano: los colectivos audiovisuales buscarán extender, en este tiempo, el debate en el Congreso para que se estire la fecha de caducidad prevista para diciembre de este año. “Quien asuma al frente del INCAA debe saber que ese es el foco más urgente”, enfatiza Rovito, quien aclara que el Fondo de Fomento Cinematográfico se creó en 1957 y ha sido el sustento fundamental para la realización de miles de películas. Sin esos fondos, la actividad cinematográfica argentina no tiene garantías de financiamiento y todo queda a discreción del presupuesto general, sin nada estable ni fijo. “El nuevo funcionario tendrá que convocar en carácter de urgente al Consejo Asesor para que se cumpla efectivamente el co-gobierno de la institución y que no sea simple letra burocrática”, agrega Andrea Testa.

La caducidad había sido instaurada por un artículo en la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso en tiempos de Macri, en aquella jornada accidentada de fines de 2017, donde se establecía que los fondos vencerían en cinco años. Esa vez había estallado un fuerte conflicto en el INCAA, que derivó en las primeras asambleas para impulsar una Ley de Cine en la provincia de Buenos Aires, entre otras iniciativas que siguen hasta hoy. La base de los desacuerdos con la gestión de Puenzo, en efecto, se denunciaba como una continuidad con el legado macrista, donde el Estado no protegió al sector sino que aplicó la ley del mercado, asevera Adriana Sosa, representante gremial y documentalista.  “Y eso se manifestó, entre otros puntos, en la falta de un archivo para resguardar el patrimonio audiovisual, en reclamar más salas subsidiadas por el Estado y que se cumpla con la cuota de pantalla para el cine argentino, y un cupo femenino en la selección de proyectos en las líneas de fomento”, dice Sosa. El tema de la exhibición es central, porque de poco sirve producir películas para después no estrenarlas, o estrenarlas en poquísimas salas o circuitos poco frecuentados. Las leyes vigentes contemplan el tema, pero —como ocurre con tantas leyes— el problema es que no se las aplica. Tampoco hay que olvidar que el tema de la caducidad no depende del INCAA sino del Congreso, sobre el cual los sectores del cine deberían presionar para revertir el curso de colisión marcado por el macrismo.

Otro hecho que reclaman los colectivos audiovisuales es la revisión del actual rector de la ENERC, cuyo mandato ya venció y arrastra cuestionamientos internos en la institución. Detrás de la defensa del cine, menciona Juan Mascaró —presidente del DOCA y uno de los demorados por la Policía—, están el derecho a la educación, el derecho a la cultura y el derecho al trabajo. Entre los acuerdos que se establecieron en la reunión con Bauer, subraya otros puntos centrales: la mejora de situaciones internas entre los trabajadores, la reincorporación de la secretaría académica, el cambio de autoridades y la revisión de la causa que le armaron a un estudiante de la Universidad de La Plata, detenido por “resistencia a la autoridad”.

Para Gustavo Alonso, miembro de la Asociación ADN, la represión policial es difícil de explicar, pero analiza dos vertientes: por un lado, la política represiva de Rodríguez Larreta, que radicalizó su discurso punitivista ante las últimas protestas callejeras; y, por otro, el desenlace de la gestión de Puenzo. Uno de los oradores del acto, Juan Mascaró, fue detenido también. “Puenzo había asumido con todos los consensos, pero defraudó notablemente. Su falta de diálogo y su desconocimiento del Consejo Asesor, que funciona por ley, fueron inadmisibles”, dice Alonso, y agrega: “A eso se suma una crisis inflacionaria que dificulta la producción, por lo cual, sin apoyos firmes, el cine independiente va camino a morir. Y el otro aspecto son las plataformas audiovisuales, que hoy no tributan porque no tienen domicilio en Argentina, por lo que allí no puede existir recaudación. No sirve de nada exaltar las producciones que tienen éxito en las plataformas, que representan un porcentaje ínfimo del sector, y las cuales suelen ser tanques industriales que tienen ya un sostén publicitario y de distribución que nunca les va a dejar pérdidas”.

 

 

 

 

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