Kelpers en el Delta

 

Hace ya muchos años se ha ido instalando en la opinión pública el discurso según el cual el turismo es la industria del futuro, una industria sin chimeneas, adecuada a la actual época de cambio climático.

El Delta del Paraná, a sólo 30 kilómetros de la Casa de Gobierno Nacional, es un área natural inmejorable para el turismo, que atrae público nacional y extranjero (ya que por ser el único delta en el mundo que desemboca en un estuario de agua dulce, presenta características especiales). Y se presta muy especialmente para un turismo intensivo en recursos humanos y culturales (existentes entre la población isleña) que no requiere de costosas inversiones fijas. Si se implementaran políticas públicas consistentes, rápidamente podría haber en el Delta un interesante flujo turístico todo el año, que al mismo tiempo aporte sinergia al turismo recreativo de educación ambiental, fundamental para hacer conocer el humedal en escuelas y colegios señalando su relevancia (para uso recreativo, por el contacto de las personas con la naturaleza, por ser regenerativo del aire y agua, para la biodiversidad, etc.) para los 15 millones de habitantes de la región metropolitana bonaerense.

Mientras tanto, la población isleña vive cotidianamente de drama en drama por el abandono del Estado. La especificidad del humedal para la vida isleña nunca fue comprendida por las autoridades públicas (tal vez el peor disparate haya sido el tendido de líneas eléctricas como si el delta fuese una extensión del continente) probablemente porque la escasa población (unas 20.000 almas) poco importa cuando hay elección de autoridades.

Es así que, después de la “plaga” que azotó al país entre 2015 y 2019, hacia finales de ese año la población isleña recibió a las nuevas autoridades con entusiasmo ya que imaginaba que ¡por fin! –frente a tantos problemas para la vida isleña– iba a empezar a ser escuchada. De hecho, sucedió de inmediato. Sin embargo, a los pocos meses la comunicación desde el sector público empezó a ralear, las promesas no se concretaron y el servicio eléctrico sigue siendo pésimo (cortes reiterados y prolongados) mientras la empresa Edenor responde con ineptitud y displicentemente a los cortes de energía por problemas con las líneas aéreas, continuamente castigadas por la caída de árboles.

Análogamente, cuando a comienzos de 2022 asumió con rango elevado el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, formuló declaraciones altisonantes acerca de cambios de fondo en el servicio de transporte fluvial de pasajeros. Sin embargo, cuatro meses después, la crisis del transporte se ha agudizado y los paros de lanchas son sorpresivos y por tiempo indefinido, por lo cual la población isleña está en el peor de los mundos dado que no hay transporte público alternativo.

Otro inmenso revés ha significado la pérdida de estado parlamentario de la Ley de Humedales. Luego de varios años de tratamiento por el Congreso de la Nación, a finales de 2021, cuando parecía que finalmente esa ley tan importante para el Delta iba a ser realidad, todo pasó a fojas cero, con el agravante de que la promesa de esa norma fue utilizada en la campaña electoral por el actual gobierno.

Es así que la desazón no sólo es creciente entre la población isleña sino que la vida cotidiana se le ha vuelto una pesadilla. Para tener una impresión de primera mano entrevistamos a Martín Nunziata, quien vive en el Delta hace 44 años, es miembro fundador de diversas organizaciones sociales isleñas y uno de los grandes luchadores por los derechos ciudadanos isleños.

“¿Qué hacer? Ahora, ante un paro indefinido de lanchas colectivas; poco antes fueron masivos cortes de energía, la educación (intentaron cerrar escuelas), la salud (hay una deuda estatal tremenda). Otras crisis ocurrieron por fenómenos críticos de contaminación (peces muertos, basura, cianobacterias) a las que se agrega el escollo creciente por la inexistencia de surtidores de combustible en islas y así sucesivamente a lo largo de los meses y años. Todo ello evidencia que estamos poco menos que desheredados de los Estados (Municipio, Provincia, Nación) y surge nuevamente la pregunta: ¿Qué hacer?”, reflexiona Nunziata.

“Tenemos que salirnos del mundo del WhatsApp, no nos queda otro remedio ya que del WhatsApp no van a surgir las soluciones a situaciones críticas”, se responde.

“En momentos en que se reivindica la soberanía de las Islas Malvinas –con lo que estamos totalmente de acuerdo–, en un territorio insular soberano como es el Delta, por el cual no hay que luchar con potencias extranjeras, la situación es tan crítica para los isleños que los grupos de WhatsApp específicos se ven todo el tiempo desbordados por el tema más urgente y ello pasa una y otra vez frente a la gravedad del problema y la desolación ante un Estado que no gestiona, no controla ni regula a los monopolios (Edenor, Interisleña). Ello a pesar de que diversas organizaciones isleñas se han trasladado a La Plata para realizar gestiones ante las distintas autoridades y en numerosas ocasiones hemos llevado propuestas elaboradas y concretas, algo poco común en la sociedad contemporánea. En este sentido, el CAPI (Consejo Asesor Permanente Isleño) y la Dirección de Plan de Manejo (N. de la R: ambas del Municipio de Tigre) no tienen la suficiente entidad para atender todo lo que está pasando”, advierte.

Nunziata plantea la necesidad de superar esta etapa de anomia del Estado y también de la propia población isleña, escasamente movilizada. Frente al discurso reiterado sobre la falta de recursos para enfrentar los problemas, destaca que “en el caso del Delta hay muchos tributos potenciales que podrían implementarse debido a los diversos recursos que del Delta se extraen, y sólo falta decisión política de ponerlos a disposición del territorio donde se generan: la tasa de embarque pagada por los pasajeros de lanchas colectivas que vienen al Delta a recrearse, el canon arenero por la extracción del lecho del río, guarderías con miles de lanchas que navegan por el Delta (erosionando las costas) y que deberían pagar una tasa que solventara la protección de esas costas así como la rotura de muelles y amarras. Las empresas de turismo deberían pagar una tasa por la actividad que aprovecha el paisaje y la naturaleza sin dejar un peso en el Delta; el agua que se extrae y luego se potabiliza (plantas de Aysa en Palermo y Escobar) para ser provista a la población del área metropolitana; el río Paraná usado como si fuera una hidrovía, por donde circulan buques que transportan millones de toneladas al año sin dejar un centavo a pesar de contaminar con hidrocarburos y erosionar las costas (ver Paren de secar al Río Paraná)”.

“La gesta de Malvinas y el reclamo por nuestra soberanía en esas islas es legítima y nos dignifica; en cambio, en las islas del Delta –donde no hay potencia extranjera acosando– la población está abandonada a su merced frente a condiciones monopólicas en los servicios básicos que atentan seriamente contra la vida isleña. Por ello –y ante la crónica falencia de la Dirección Provincial de Islas– se requiere la presencia personal del gobernador para que conozca directamente la realidad isleña y a la comunidad organizada con propuestas, y se comprometa inmediatamente a empezar a dar soluciones concretas”, reclama.

Las autoridades provinciales deberían prestar atención al Delta y a su población, ya que es la principal zona de esparcimiento y de regeneración ambiental en la región metropolitana bonaerense. Se trata además de una zona que, en la actual época de cambio climático, tenderá a valorizarse sólo si se mantiene como humedal, con su población isleña, para deleite de las 15 millones de habitantes de la región.

Mientras tanto, ante el agravamiento de las condiciones básicas de vida –difícilmente sostenibles para la población isleña– la conclusión frente a la desidia gubernamental (nacional, provincial y municipal) es que todo tiende a favorecer el despoblamiento de las islas (ver Agonía y resurrección del Delta) para que sean adquiridas a precio vil por los “desarrolladores inmobiliarios”, que procuran por todos los medios aprovechar tierras baratas para construir barrios cerrados o countries rodeados de naturaleza, vender luego los lotes y obtener fabulosas ganancias en detrimento del ambiente del humedal y del remanente de pobladores isleños, quienes sufren mayores y más frecuentes inundaciones debido a los alteos (polders) que hacen los especuladores para que esos terrenos queden por encima del nivel de las mareas altas.

El Delta cuenta con una población de personas inquietas capaces de aportar muy positivamente al desarrollo sostenible e inclusivo del humedal, de manera que prosiga brindando a la región metropolitana bonaerense servicios ecosistémicos fundamentales para la vida humana: provisión de agua y oxígeno, captura de carbono, amortiguación de inundaciones y esparcimiento en contacto con la naturaleza. Todo ello, en lugar de ser transformado en una extensión del continente por las presiones de la actividad especulativa inmobiliaria que lo quiere destinar exclusivamente a unos pocos.

 

 

 

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