Tiempo de descuento
A días de que caduque la actual conformación del Consejo de la Magistratura
El plenario más corto do mundo. El jueves se reunió el Consejo de la Magistratura y en menos de una hora se levantó la sesión. “Cuarto intermedio”, dijeron. ¿Hasta cuándo? Lunes 11 de abril. Ese día, sus 13 integrantes volverán a juntarse para tratar de aprobar ternas en 17 concursos y elevarlas al Poder Ejecutivo. Será el tercer intento, luego de dos fallidos. En el medio, el Senado tiene previsto sesionar el miércoles para tratar la reforma a la ley que regula el funcionamiento del Consejo, que ya tiene dictamen de comisión y prevé que el órgano que selecciona y sanciona a los magistrados se integre con 17 miembros, entre diputados, senadores, abogados, jueces y académicos. Si no hay cambios de último momento, los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación quedarán afuera.
Esta semana también hay otras fechas clave en el calendario de la Justicia, que tiene al 16 de abril marcado en rojo: según el fallo de la Corte Suprema de diciembre del año pasado, es el día que cae la actual integración del Consejo. El martes 5, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) elegirá a dos representantes de la abogacía para completar el estamento. Y el jueves 7, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional seleccionará a una jueza –se estableció que fuera una mujer- para completar el período 2018-2022. Las candidatas son Viviana Dobarro, jueza laboral y representante de la Lista Celeste –más afín al gobierno–; Agustina Díaz Cordero, jueza civil y postulante por la opositora Lista Bordó, y Jimena Monsalve, jueza de Ejecución Penal y de la lista Compromiso Judicial. El 18 de abril votan los académicos de las facultades de Derecho de todo el país. De esa elección también debe surgir una mujer.
En diciembre del año pasado y luego de 15 años de vigencia, la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley 26.080 sobre la conformación del Consejo de la Magistratura. El máximo tribunal y el Consejo se disputan la administración de los recursos del Poder Judicial desde que la Constitución se la atribuyó al Consejo, a partir de la reforma de 1994. El fallo de la Corte, impulsado por su presidente Horacio Rosatti y su vice Carlos Rosenkrantz, estableció que considerará nulos los actos que el Consejo dicte a partir del día 121 (el 16 de abril) si para entonces no ha vuelto a aumentar el número de consejeros de 13 a 20, al recobrar vigencia la ley 24.937.
El jueves pasado, cerca de las 11, los 13 consejeros se reunieron en plenario, que se realizó en formato mixto (presencial y virtual). Tomaron audiencias públicas en algunos concursos –un paso formal antes de la elevación de la terna al Ejecutivo–, homenajearon a los combatientes de la guerra de Malvinas –el consejero-diputado Pablo Tonelli estaba visiblemente emocionado–; el presidente Alberto Lugones comunicó la firma de convenios y la inauguración de un juzgado en Victoria, Entre Ríos, y cuando se disponían a tratar los concursos, el representante del Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, pidió un cuarto intermedio. No quedaba claro si se extendería por unos minutos o hasta cuándo, hasta que alguien preguntó. Y respondieron que era hasta el 11 de abril, es decir, un cuarto intermedio de 11 días. Nadie quiso asumir que se trataba de una nueva postergación.
¿Qué hay sobre la mesa? Entre los 17 concursos que requieren la aprobación de ternas se encuentran los destinados a cubrir las vacantes en los juzgados federales 6, 11 y 12 de Comodoro Py, que supieron tener como titulares a Rodolfo Canicoba Corral –quien renunció en julio de 2020–; Claudio Bonadío –fallecido–; y Sergio Torres, quien asumió como ministro de la Suprema Corte bonaerense. También para la estratégica Sala I de la Cámara Federal. Son los cargos que hoy ocupan, sin el concurso correspondiente, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Pero además de esos concursos, hay otros 15: el que busca juez o jueza para el juzgado federal de Clorinda, Formosa (aún no habilitado); para dos cargos en la Cámara Federal de Mendoza; para el juzgado federal de Puerto Iguazú, Misiones (aún no habilitado), para los juzgados en lo Civil y Comercial Federal 2 y 6 de la Capital Federal; para el juzgado federal 1 de Corrientes; para un cargo de juez/jueza en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero y para un cargo de juez/jueza de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa.
También se busca aprobar las ternas para cubrir los juzgados civiles 9, 25, 77 y 85 de la Capital Federal –con competencia exclusiva en asuntos de familia y capacidad de las personas–; para seis cargos de juez de cámara en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal números 2, 4, 5 y 6 (3 cargos) de la Capital Federal; un cargo de vocal en la Cámara Federal de Mar del Plata; un cargo de vocal en la Cámara Federal de Tucumán; ocho cargos de juez/jueza en los juzgados civiles 19, 22, 44, 62, 66, 69, 80 y 110; un cargo de juez/jueza de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, provincia de Río Negro; ocho cargos de juez/jueza para los juzgados del Trabajo 2, 7, 9, 11, 15, 52, 54 y 61 de la Capital Federal y dos cargos de juez/jueza de cámara en los Tribunales Orales en lo Penal Económico 1 y 2.
El oficialismo ya intentó aprobar parte de este paquete de ternas en el plenario del jueves 17 de marzo. No pudo: consiguió 7 de los 9 votos necesarios. Ese día, el consejero-juez Ricardo Recondo, histórico referente de la Lista Bordó, anticipó que iba a votar en contra en “todos los concursos”. “Pido postergación hasta la nueva conformación del Consejo porque no están los consensos necesarios”, sostuvo. Desde el oficialismo plantearon que era irresponsable “frenar el servicio de justicia”. El académico Diego Molea dijo que si bien el Consejo tiene que acatar el fallo de la Corte, no se iba a “someter” al órgano a una “parálisis”. En la misma línea se pronunciaron Alberto Lugones y Graciela Camaño, quien advirtió: “El Estado no se puede parar por un fallo judicial”.
Lugones, que es juez de San Martín, señaló que tanto en la Justicia federal de la Capital (los tribunales de Comodoro Py), como en San Martín y en los juzgados de familia hay alrededor de un 25% de los cargos vacantes. “Nosotros tenemos que aprobar las ternas, si después el Poder Ejecutivo no envía las ternas al Senado, es tema de ellos”, dijo. Aunque no dirigió sus palabras hacia nadie en particular, fue una respuesta a la oposición en el Consejo que argumenta que aunque el órgano apruebe las ternas, el trámite después se frena en el Ejecutivo.
En el plenario de hace dos semanas atrás, la mayoría (de 7, que no alcanzó para elevar las ternas) la conformaron Ustarroz, las diputadas Vanesa Siley y Graciela Camaño, los senadores María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde, el juez Lugones y Molea. La oposición juntó seis votos: los abogados Diego Marías y Carlos Matterson, el diputado Pablo Tonelli (PRO), la senadora Silvia Giacoppo (Cambiemos) y los jueces Juan Manuel Culotta y Ricardo Recondo.
Un consejero que votó con la mayoría –y pidió que no se revele su nombre– dijo a El Cohete a la Luna que el día anterior al plenario hubo una “orden expresa política que bajó la línea de que no podían votar ningún concurso”. “Hasta el día anterior se estaba negociando y la noche previa al plenario [el 16 de marzo] hubo una orden expresa conjunta de la cúpula de Juntos por el Cambio que ordenó [a los consejeros] no votar ningún concurso”. Esa cúpula, siempre según este consejero, tiene un nombre: Mauricio Macri.
“Lo que yo no entiendo –dijo el consejero, que conoce de cerca las internas del Poder Judicial– es cómo los jueces que dicen ser independientes, ambos dos, acataron esa orden sin ningún tipo de rebeldía”.
A 13 días del Día D, esta semana puede haber novedades: las que surjan de las elecciones de abogados y jueces (previstas para el martes y jueves) y la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura, que se debatirá el miércoles en el Senado. Con el apoyo del ex gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck estarían garantizados los 37 votos en la Cámara alta. Pero aún resta el tratamiento en Diputados.
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