¿Dónde estás, CELAC?

 

Un mes después de que el Presidente Putin invadiera Ucrania mediante una “operación militar especial”, el impacto económico es creciente a nivel global. Aunque más de 140 de los 193 miembros de la ONU no han sancionado económicamente a Rusia, las sanciones impuestas por Estados Unidos y la OTAN, entre otros, ponen en peligro la recuperación tras la pandemia y tienen consecuencias sobre las cadenas de suministro y las operaciones financieras globales. El incremento de los precios de la energía, los alimentos y fertilizantes impulsa la inflación a niveles no vistos en décadas, lo que está dando lugar a aumentos de las tasas de interés que frenarán el crecimiento económico. Tanto el FMI como la ONU han reducido sus pronósticos de crecimiento en todas las regiones del mundo.

América Latina y el Caribe no son ajenos a este fenómeno, pero su dirigencia política carece de iniciativas proactivas conjuntas para enfrentar la ola que viene. La región ha perdido relevancia como actor político en el plano internacional. En años recientes ha permitido la injerencia del gobierno estadounidense para desactivar la UNASUR (2019) y reemplazarla por una entelequia denominada Foro para el Progreso e Integración de América del Sur (PROSUR). No impidió que el candidato nominado por el ex Presidente Trump, Mauricio Claver-Carone, su asesor de Seguridad Nacional para asuntos Latinoamericanos, se convirtiera en presidente del BID en 2020, rompiendo la tradición de que un latinoamericano ocupara el cargo. Tampoco respaldó la propuesta de India y Sudáfrica para liberar las patentes de las vacunas contra la Covid-19 en el marco de la OMC, como sí lo hizo la Unión Africana que agrupa a los 56 países de ese continente.

 

 

Posicionamiento de la región

Con relación a la guerra en Ucrania hay algunas coincidencias: todos la han condenado y ninguno ha votado en contra de las resoluciones de la OEA o de la Asamblea General de la ONU. Pero un número reducido se ha abstenido por considerar que en ellas no se evalúan los factores –progresiva expansión de la OTAN hacia las fronteras de la Federación de Rusia– que han conducido al uso de la fuerza, y que esta podría haberse evitado.

Tampoco han anunciado sanciones económicas a Rusia, salvo Iván Duque, quien ha dicho que “tendremos que sustituir algunas importaciones que puedan venir de Rusia y también encontrar nuevos mercados de algunas de las exportaciones nuestras a Rusia”. Colombia es el único país latinoamericano que es socio global de la OTAN. Durante el encuentro de Duque con Biden en la Casa Blanca, el pasado 10 de marzo, el estadounidense le dijo que designará a Colombia como un aliado estratégico extra-OTAN, lo que le daría al país un status de mayores privilegios económicos y de defensa. A menos de dos meses de ser desplazado, muy probablemente por el izquierdista Gustavo Petro, Biden le dijo que “la relación entre ambos países es esencial para la seguridad y la prosperidad regional (...) Colombia es el eje y la piedra angular para desarrollar la prosperidad en la región”.

 

 

En la OEA

El 25 de febrero, la Secretaría General de la OEA fue la primera en emitir una declaración para condenar la intervención militar de Rusia a Ucrania. En ella hizo un llamado inmediato al cese de las hostilidades al país “que irresponsablemente las ha iniciado” y subrayó que “la agresión rusa constituye un crimen contra la paz internacional”. El comunicado fue respaldado por 21 países, entre los que figuran México (impulsor de la desaparición de la OEA) y Juan Guaidó, el ilegal presidente de Venezuela, cuyo gobierno, presidido por Nicolás Maduro se retiró de ese organismo en 2019. La Argentina, Brasil, Bolivia y Nicaragua no respaldaron el comunicado, pero expresaron su firme rechazo al uso de la fuerza militar en la resolución del conflicto. El representante de Brasil, Otávio Brandelli, afirmó que su gobierno “está muy preocupado por la decisión de Rusia de enviar tropas sobre el terreno (…) pero que deben tomarse en consideración sus preocupaciones principalmente en lo que respecta al equilibrio de tropas y armas estratégicas en el contexto europeo”.

El 25 de marzo se aprobó una nueva resolución, titulada “La crisis en Ucrania”, esta vez con 28 votaron a favor –incluida la Argentina– ninguno en contra y cinco abstenciones: Brasil, Bolivia, El Salvador, a los que se sumaron Honduras y San Vicente y las Granadinas. En ella se pide que Rusia “retire inmediatamente todas sus fuerzas y equipos militares dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania y regrese a un camino de diálogo y diplomacia” y que se revise “el cumplimiento de los compromisos de la Federación Rusa ante la OEA como Observador Permanente”.

 

 

Asamblea General de las Naciones Unidas

El 2 de marzo fue convocada una sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se aprobó la resolución “Agresión contra Ucrania”, que condena la intervención militar rusa en ese país e insta a la inmediata resolución del conflicto “mediante el diálogo político, las negociaciones, la mediación y otros medios pacíficos”. Se entiende que el envío de armas y el desplazamiento de soldados a los países limítrofes con Rusia, como lo hace la OTAN, no son vías pacíficas.

En la votación, ningún país de la región se opuso, y cuatro se abstuvieron (Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua). Venezuela, cuyo Presidente había respaldado telefónicamente a su par ruso, no participó de la votación. Este apoyo no fue impedimento para que, tres días después, una delegación estadounidense de alto nivel fuera muy bien recibida en Caracas por el propio Maduro para tratar el tema del acceso al petróleo venezolano. La visita fue secundada por la liberación en Caracas de dos presos estadounidenses, uno de ellos acusado de terrorismo.

El 24 de marzo la Asamblea General volvió a convocar una sesión especial, en la cual se aprobó la resolución “Consecuencias humanitarias de la agresión de Rusia contra Ucrania”, que exige al primero el cese inmediato de hostilidades. El resultado de la votación fue similar a la anterior. El texto, alineado con Estados Unidos y Ucrania, fue patrocinado por Francia y México, que utilizó un lenguaje poco diplomático si lo que verdaderamente se busca es propiciar un cese de hostilidades. Sudáfrica tenía una propuesta similar en contenido a la impulsada por ambos países, pero más cuidadosa con las formas, pues no acusaba repetidamente a Rusia a lo largo del texto. Al presentar su proyecto al pleno de la Asamblea, la embajadora de Sudáfrica ante la ONU señaló que las divisiones políticas entre los Estados miembros evidencian que los intereses políticos se sobreponen a la respuesta humanitaria. Lamentablemente, la otra se impuso.

A pesar de haber votado a favor de la resolución franco-mexicana, varios países latinoamericanos la criticaron. El representante de Brasil señaló: “Hubiéramos preferido un texto elaborado plenamente humanitario con consultas amplias y no un documento presentado como hecho consumado que contiene claramente lenguaje divisivo”. Además añadió que las crisis humanitarias no deben politizarse.

Paralelamente a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en Bruselas tuvieron lugar tres eventos políticos de máxima importancia: la cumbre extraordinaria de la OTAN, la del Grupo de los Siete y el Consejo Europeo, al que fue invitado el Presidente Biden. En todos se condenó la intervención militar de Rusia y se la culpó del impacto económico mundial. En su declaración conjunta, la OTAN señaló que los aliados de esta organización continuarán brindando “más apoyo político y práctico”, así como asistencia en áreas como la ciberseguridad y la protección contra amenazas de naturaleza química, biológica, radiológica y nuclear. Además, instaron a China a “unirse al resto del mundo y condenar claramente la brutal guerra contra Ucrania, y no respaldar a Rusia, ni con apoyo económico ni con, por supuesto, apoyo militar”. A su vez, el Consejo Europeo resolvió intensificar su apoyo a Ucrania y a sus países vecinos.

 

 

¿Où es-tu, CELAC?

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) creada en 2010, que excluye a Estados Unidos y Canadá, no ha podido emitir un pronunciamiento conjunto con bases mínimas. Se limitó a acoger una propuesta de Perú para crear una Red de Asistencia Consultar Regional con el fin de coordinar la repatriación de ciudadanos latinoamericanos y caribeños desde Ucrania, puesto que no todos los países de la región cuentan con representaciones diplomáticas en ese país.

En este escenario, que afecta severamente la seguridad energética y alimentaria de la región, América Latina y el Caribe deberían tener un papel protagónico a favor de la paz. Por ejemplo, el 7 de marzo el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, dijo estar “dispuesto, si es necesario y junto a la comunidad internacional, a llevar a cabo la mediación necesaria cuando haga falta”. Días antes, el gobierno ucraniano solicitó la intermediación del gobierno chino, lo que fue apoyado por el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell: “No hay alternativa. No podemos ser nosotros los mediadores. Y no puede ser Estados Unidos. ¿Quién si no? Debe ser China”, señaló. Pero el gobierno estadounidense armó un operativo mediático para desacreditarla y la acusó, sin ninguna prueba, de haber acordado brindar ayuda militar a Rusia, tal como se señaló en El Cohete. La CELAC no se pronunció.

Tampoco lo hizo el martes, cuando representantes de Rusia y Ucrania se reunieron con la intermediación de Turquía, y lograron algunos avances. Rusia se comprometió a reducir drásticamente la actividad militar en dirección a Kiev y Chernígov, y no se opone a que Ucrania ingrese a la Unión Europea. Ucrania mantendrá la neutralidad y no acogerá en su territorio bases militares extranjeras, bajo garantías jurídicas internacionales.

La CELAC podría invitar al gobierno estadounidense a esclarecer las supuestas actividades en sus laboratorios biológicos en Ucrania, como señalan informes de Rusia, en el marco de la Convención de Armas Biológicas, un tema muy delicado que merece atención.

Detrás de la muerte y la devastación económica de esta guerra hay una pugna por el poder en la reconfiguración de un nuevo orden multipolar. El Presidente Biden ha reconocido que “estamos frente a un nuevo orden internacional y tenemos que dominarlo”. Hoy más que nunca hace falta una voz latinoamericana que, desde la equidistancia, promueva la paz en lugar de apoyar mecánicamente las resoluciones impulsadas por las grandes potencias, para nada ajenas a los intereses de su industria armamentista.

 

* Parte de este artículo fue publicado por la autora en “América Latina y el Caribe en la guerra en Ucrania” en el portal “Programa de las Américas”.

 

 

 

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