La ciencia hace Memoria

 

El acto reparatorio que encabezó el Presidente Alberto Fernández el jueves 24, en que el CONICET rindió homenaje a ocho de sus integrantes víctimas del Terrorismo de Estado, se nutrió de una investigación que permitió confirmar datos y restaurar o reponer legajos como los que fueron entregados a sus familiares.

Exactamente un año y un día antes, en vísperas del 24 de marzo de 2021, la presidenta del organismo científico, Ana Franchi, resolvió poner en marcha una Comisión de la Memoria de carácter permanente y con participación de miembros del CONICET que habían planteado la necesidad de realizar actos de desagravio y homenaje.

La creación respondió a lo indicado por el decreto 1199 que la entonces Presidenta Cristina Fernández firmó en 2012 para que la Administración Pública Nacional avanzase en el reconocimiento de casos de sus trabajadores y trabajadoras víctimas de la represión ilegal. Fue otro de los pasos para volcar en acciones el gesto que Néstor Kirchner tuvo en el primer 24 de marzo de su Presidencia, cuando pidió perdón en nombre del Estado por los años de silencio e inacción.

“Si hay algo que caracterizó a todas las dictaduras de la Argentina, es que a nada le temieron más que al pensamiento”, dijo el Presidente Fernández en el acto del CONICET, al subrayar la inclusión de víctimas del mundo científico entre los objetivos del plan criminal.

 

 

 

 

 

 

 

Un reencuentro con la historia

Desde la década del ‘80, en el ámbito del CONICET se habían registrado iniciativas particulares o institucionales para un reencuentro con la historia, enfocando en la persecución dictatorial sobre el mundo científico.

Coordinada por el investigador Santiago Garaño, la nueva Comisión –apoyada por el actual ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, y por su antecesor Roberto Salvarezza– se propuso avanzar en línea con objetivos específicos:

• profundizar en la investigación sobre los casos de víctimas de su comunidad “en un sentido amplio”, incluyendo no sólo a las personas asesinadas o desaparecidas sino también a sobrevivientes y a quienes sufrieron prisión política o fueron privados de la continuidad de sus carreras;
• dejar constancia en los legajos personales en los casos en que desapariciones u homicidios fueron los reales motivos por los que cesaron los desempeños laborales;
• impulsar actos reparatorios o de homenaje hacia quienes sufrieron tales delitos; y
• proponer medidas para garantizar el acceso a los repositorios de datos resultantes de la tarea.

 

 

 

El largo camino de búsqueda

Para el desarrollo de las investigaciones se formó un equipo que dividió sus líneas de trabajo y esfuerzos en dos grupos. Uno se encargó de revisar y analizar lo actuado en materia de reparación e indagación por el propio CONICET y sus delegaciones, otros espacios científicos y tecnológicos y las universidades nacionales distribuidas en el territorio nacional, con las que el organismo tiene estrecha vinculación por la pertenencia compartida de quienes ejercen la docencia académica y la investigación y la doble dependencia de sus institutos. El equipo de trabajo estuvo encabezado por Garaño, que ya había desarrollado una tarea similar en la petrolera YPF en 2015, poco después de la recuperación estatal de su mayoría accionaria.

La investigación tomó como base un listado de cinco víctimas, a las que se incluyó en actos de homenaje realizados entre 2006 y 2019. El paso siguiente fue arduo: el entrecruzamiento de datos entre diversas fuentes documentales. Demandó la consulta de registros del Archivo Nacional de la Memoria, la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, la Asociación de Trabajadores del Estado, el Parque de la Memoria, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que reúne los casos ya abordados en causas judiciales.

El relevamiento se encontró con dos obstáculos. Uno, en los archivos externos al CONICET, en los que el campo sobre lugar o condición de trabajo no siempre ha podido ser completado. Otro, en los anaqueles del propio organismo: por el carácter precario y temporal de su vinculación con el CONICET, los legajos correspondientes a becarias y becarios resultan más difíciles de hallar que los de su personal de apoyo técnico o de investigación.

Esas dificultades, sumadas a las propias de un accionar represivo clandestino, hacen que el resultado de la pesquisa permanezca siempre inacabado, abierto a nuevos hallazgos.

No obstante, el trabajo realizado permitió ampliar a ocho la lista de integrantes de la comunidad del CONICET que fueron víctimas de desapariciones u homicidios. Sus nombres encabezan los legajos recuperados o restaurados que fueron entregados a sus familiares el jueves 24, incluyendo en ellos la reparación de cesantías por inasistencias al lugar de trabajo aplicadas cuando ya habían sufrido la acción del dispositivo genocida.

 

 

Las historias recuperadas

La tarea emprendida permitió confirmar y reconstruir los casos de tres integrantes del personal técnico o de apoyo del CONICET, dos trabajadores del Museo Argentino de Ciencias Naturales que depende del organismo y tres miembros de su comunidad de becarias y becarios:

• Alicia Cardoso había ingresado en enero de 1972 como personal de apoyo en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, al tiempo que estudiaba Geología en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Fue secuestrada junto a su marido, el geólogo Miguel Sánchez, el 25 de agosto de 1977. Ambos fueron asesinados el 6 de octubre siguiente en un enfrentamiento fraguado en José León Suárez. Pese a que su padre informó al CONICET de su secuestro, fue cesanteada el 2 de noviembre por “inasistencias injustificadas”. Alicia tenía 31 años.
• Las mismas causas se habían alegado, el 25 de marzo de ese año, para determinar la cesantía de Dante Guede, que se desempeñaba como técnico auxiliar en el Instituto Argentino de Radioastronomía. Allí había colaborado con la construcción de un radiotelescopio y firmado un documento de apoyo al “Cordobazo”, lo que le valió una suspensión. Más tarde, participó del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) y luego en el ERP 22 de Agosto. El 7 de octubre de 1976, a sus 45 años, fue secuestrado junto a su hijo Héctor, de 19. Ambos pasaron por la Comisaría 5 de Avellaneda, la División de Cuatrerismo de la Brigada Güemes y el centro clandestino conocido como “El Vesubio”. Sus restos fueron identificados por el EAAF en 2014, en una fosa común del cementerio de Avellaneda.

 

 

• Las circunstancias de la desaparición de Roberto López Avramo se desconocen, pero el hecho dejó una marca en los archivos del CONICET, donde cumplía funciones como técnico de investigación desde 1974. Entre mayo y septiembre de 1976 el organismo le envió comunicaciones que no respondió. En diciembre fue declarado cesante por faltas injustificadas. Tenía 38 años, militaba en el PRT-ERP y ya para julio de 1976 era buscado por patotas de la Armada y el Ejército que irrumpieron en casa de sus padres, quienes nunca pudieron recuperar elementos de su propiedad que habían quedado en poder del CONICET. Avramo continúa desaparecido.
• Los casos de Martín Toursarkissian y Manuel Saavedra revelan un hilo conductor. Ambos compartían lugar de trabajo, el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Toursarkissian, botánico y graduado en la UBA, era jefe de la División de Fanerogamia/Plantas Vasculares. El 5 de julio de 1977, a sus 53 años, fue secuestrado de su casa en Villa Luro. El hecho quedó asentado en los registros del Museo, que lo suspendió ese mismo año y lo dio de baja en marzo de 1984. Saavedra era bibliotecario, oficio que desempeñó en el Congreso, el Ministerio del Interior y la Biblioteca Nacional, hasta pasar “en comisión” al Museo. Militaba en la Unión Cívica Radical Intransigente y desde 1975 participaba en denuncias por violaciones a los derechos humanos. Fue secuestrado el 14 de julio de 1977, una semana después de Toursarkissian, cuya desaparición había denunciado ante los dirigentes radicales Ricardo Balbín y Oscar Alende. En enero de 1978 fue dado de baja de su cargo.
• Liliana Galletti era profesora de Historia y, desde agosto de 1974, becaria de investigación del CONICET en el campo de la Historia Económica y Social. Militó en el Movimiento de Izquierda Revolucionario Argentino, en el Grupo La Plata y el Partido Revolucionario de los Obreros Argentina (PROA), además de participar en la fundación de la Comisión Argentina de Derechos Humanos. Fue secuestrada el 12 de julio de 1977, a sus 31 años, en un operativo que incluyó secuestros y asesinatos de 17 militantes de PROA. Fue vista en el centro clandestino “Pozo de Banfield”. Permanece desaparecida.

 

 

• Desde julio de 1974, el ingeniero Mario Galuppo era becario del CONICET para desarrollar investigaciones en “simulación híbrida de procesos”. Su lugar de trabajo era la Universidad Nacional de Rosario. Su compañera, la abogada María Graciela Saur, fue secuestrada el 21 de septiembre de 1976 en el centro de la ciudad de Santa Fe. Dos semanas después, Galuppo fue asesinado por una patota que irrumpió en la quinta donde se había refugiado.
• Federico Lüdden Lehmann era licenciado en Física, docente y becario del CONICET en la especialidad “rayos X”. Junto a colegas físicos y biofísicos, trabajaba en el estudio de tejidos cancerosos, militaba en el PRT-ERP y en la Asociación de Docentes e Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, entidad gremial en la que integró su primera comisión directiva. El 30 de noviembre de 1976, cuando tenía 33 años, fue secuestrado de su casa en City Bell. Un testigo reconoció entre los captores a un miembro de la autodenominada Concentración Nacional Universitaria (CNU) que había sido compañero de la víctima en sus estudios secundarios. Su madre reclamó ante el Poder Ejecutivo, el Judicial, la embajada alemana, la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas. Nunca tuvo sobre su hijo otra noticia que una resolución del CONICET que le negaba una beca, exactamente un mes después de su desaparición.

 

 

 

 

La ciencia como botín

La búsqueda para detectar casos de víctimas del Terrorismo de Estado entre la comunidad del CONICET continuará con la línea de trabajo de un segundo grupo, que sigue el camino inverso: se concentró en la documentación del propio organismo científico.

El objetivo es confeccionar una nómina del personal que resultó víctima de diversas formas de persecución entre 1976 y 1983, incluyendo cesantías, expulsiones, bajas, designaciones dejadas sin efecto, renuncias forzadas, autoexilio externo o interno y suspensión o cancelación de actividades.

Con coordinación a cargo de la investigadora Fabiana Bekerman, el grupo ya revisó más de 8.000 resoluciones del CONICET durante la dictadura, a las que en una siguiente etapa se sumarán las de los meses previos al golpe de Estado, cuando la represión de los grupos parapoliciales de ultraderecha ya se hacía sentir en aulas y laboratorios.

El primer relevamiento permitió detectar 2.260 casos sobre los que trabajar. De ese total, 429 corresponden a medidas de expulsión y 1.831 incluyen renuncias, licencias o traslados, contándose solo aquellos pedidos en que la falta de motivos explícitos hace suponer situaciones forzadas.

Se espera que la confrontación con los legajos de personal del CONICET conduzca a confirmar casos, ya sea de quienes sufrieron secuestros u homicidios, o bien los constitutivos del carácter de víctima “en sentido amplio” que se propuso considerar la política institucional de Memoria.

El entrecruzamiento de datos con el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado ya confirmó los casos de Guede, Cardoso y López y añadió el de Pablo Laguzzi Repetto, un bebé de cuatro meses asesinado por la Triple A en un atentado contra su padre, Raúl Laguzzi, docente e investigador de Bioquímica que en julio de 1976 fue cesanteado del CONICET por “inasistencias injustificadas”.

El informe de la Comisión de la Memoria destaca que las exoneraciones y renuncias tuvieron fuerte impacto en la planta del organismo en los primeros dos años de la dictadura, a tono con la intensidad represiva que se verificaba en otros estamentos de la sociedad.

Bekerman, cuya tesis doctoral se centró en la situación del organismo bajo el Terrorismo de Estado, apunta que la persecución sobre la comunidad del CONICET obedeció a un plan que se proponía modificar radicalmente las condiciones de producción científica en el país.

El organismo, señaló la investigadora a El Cohete a la Luna, “fue utilizado por la política científica de la dictadura como instrumento para desfinanciar y desarticular la actividad académica y política de las universidades nacionales”, mucho menos centralizadas y controlables y con mayor gimnasia de participación política y autonomía. “Uno de los hallazgos que encontré en mi trabajo de tesis fue que hubo una transferencia de recursos y lo que se quitó a las universidades se le dio al CONICET”, agregó.

De ese modo, el momento de mayor persecución contra su personal ofició como antesala a la recepción de mayor presupuesto, incluyendo un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para expandirse por el territorio nacional y abrirse a nuevas disciplinas. Como contracara, desde 1976 “se fue quitando a las universidades todo lo que podía significar desarrollo de investigación”, que se concentró en el CONICET, rompiendo el crecimiento conjunto que ambos sistemas habían seguido desde los años ‘50.

La placa recordatoria descubierta el jueves 24 ofrece un pedido institucional de perdón. Está diseñada de tal modo de dejar abierta la posibilidad de incorporar nuevos nombres, que puedan estar aguardando que el minucioso trabajo de investigación los rescate para ofrendarlos a la Memoria colectiva.

 

 

 

 

 

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