La comida, el mercado y el Estado

 

Con lo del FMI ya concretado, y la pandemia en un segundo plano, comienza ahora un período de plena ocupación gubernamental en la resolución de problemas concretos. O al menos eso es lo que debería ocurrir.

Se pone en juego la inteligencia para utilizar muy eficazmente el Presupuesto para impulsar crecimiento, empleo, desarrollo. Se requerirá especialmente capacidad para priorizar acciones con alto impacto social. Y asumir que la toma de decisiones no puede prolongarse en términos de años, ni de meses. Es un tiempo para hacer, no para deliberar sin fecha, ni para trasladar decisiones clave a comisiones o mesas de negociación inconducentes.

El panorama local e internacional pone una presión adicional sobre la toma de decisiones públicas. En la rapidez y efectividad de lo que se haga, se pondrá a prueba la voluntad que tenga el frente gobernante de sobrevivir y de sobreponerse a desafíos reales de enorme magnitud.

 

 

La ética de la responsabilidad incluye que la gente coma

De pronto, un problema que arrastra el gobierno desde sus primeros momentos, como es el de no poder controlar la inflación, ha pasado de un segundo plano –opacado por las negociaciones con acreedores privados y luego el FMI— a un lugar muy destacado en las preocupaciones económicas y políticas.

La inflación no sólo no ha cedido, sino que está mostrando signos de aceleración. No se le puede echar la culpa a un salto sorpresivo en el valor del dólar, tampoco a desmedidos aumentos salariales, ni a tarifazos públicos, ni a mayores impuestos, ni a incrementos inesperados de la demanda.

No existe justificación objetiva para un nivel de inflación mensual que hoy está superando el 4% y que se ha mantenido firme y sostenido en plena pandemia. No ha habido ninguna tregua en el comportamiento remarcador hacia los consumidores en los últimos dos años. Siempre parece haber una buena excusa, pero lo cierto es que el saqueo a los bolsillos se mantiene inmutable. Es imposible ninguna mejora distributiva en este contexto, y no parece casual que el FMI se haya mostrado sumamente laxo en cuantos a las metas inflacionarias para los próximos años.

El misterio de los precios no es tal. Lo saben los contadores, los administradores de empresas y los economistas: hay costos, y hay márgenes de rentabilidad deseados que se cargan sobre los costos para definir el precio final.

Los neoliberales que adoctrinan desde los medios de comunicación proponen una solución increíblemente antisocial: bajar los impuestos que están incluidos en los costos. Es decir, respetar los márgenes delirantes que se han establecido en la Argentina, alineados con las ganancias en dólares que algunos sectores pretenden obtener, y sacrificar los ingresos del Estado para forzarlo a un ajuste extremo de sus gastos en personal, en ayuda social y en obra pública. El colmo de esta “solución” neoliberal, es que de esta forma tampoco estaría garantizado que bajen los precios, ya que su determinación seguiría librada a la arbitrariedad monopólica. Como ha ocurrido en otras oportunidades, la baja impositiva también fue a parar a las ganancias empresarias.

Aunque sea absurda e inconsistente económicamente, la propuesta liberal entraña una amenaza política que no debe ser minimizada: el problema que tenemos es que no hay ninguna voz pública significativa que se exprese claramente en contra de este desvarío. El Frente de Todos, y sus componentes, no hablan y no enfrentan un discurso extremista. No están defendiendo con convicción y firmeza el interés de las mayorías. Queda en el espacio social retumbando sólo la voz de una minoría social irresponsable que se presenta a sí misma como portadora de soluciones.

La niebla permanente que cubre el problema de los precios muestra la capacidad de los factores de poder para volver difusa una cuestión que no es un misterio.

En ese clima turbio, impreciso, incomprensible de por qué suben las cosas —todas las cosas, todo el tiempo—, debe computarse la inacción oficial contra el problema.

En su momento, desde el Estado, se requirió con carácter imperativo que las grandes firmas enviaran información clave para entender qué estaba pasando con sus costos y la eventual relación con los aumentos que generaban esas empresas. Supimos en esa circunstancia que unas cuantas de las firmas involucradas se oponían a tal requerimiento, y luego no se supo más del cumplimiento de esa disposición. ¿Se derogó el requerimiento de información? ¿O se dejó en el terreno del “cumplimiento voluntario”, como con la Ley de Góndolas? Si no hay nada escandaloso para mostrar, ¿por qué tanto ocultamiento?.

Lo cierto que a esta inercia remarcadora, a este acostumbramiento colectivo, a esta resignación al abuso y maltrato de los consumidores, se agregaron recientemente elementos que aceleraron el fenómeno inflacionario.

La guerra en Ucrania, con su secuela de saltos en los precios internacionales de cereales, combustibles y otras materias primas, ha potenciado algunas tendencias preexistentes en nuestro país y las ha colocado como cuestiones de primera prioridad: los precios han pasado de ser uno de tantos problemas que teníamos, a un asunto económico y social clave, constituyendo en no menor medida un problema de gobernabilidad política.

 

 

¿Cómo se miden los costos políticos?

No se ha inventado, ni se inventará, la balanza objetiva que sea capaz de pesar los costos políticos de las decisiones gubernamentales. Es un terreno complejo de informaciones, percepciones, declaraciones e interpretaciones en base a los criterios y los sesgos ideológicos que cada decisor tenga en su cabeza.

Hasta ahora la percepción de sectores del gobierno había sido que ciertas medidas no podían ni pensarse —como un aumento de las retenciones a productos cuyo precio internacional ha subido el ¡85%! (el trigo) desde enero—, por la previsible reacción ultra agresiva de sectores del campo.

El tema es que el fuego lento de la inflación en alimentos se ha transformado en un fuego medio en ascenso, que por efecto acumulativo, amenaza con socavar en muy corto plazo los ingresos de los sectores más vulnerados del país. Además de los vastos sectores medios bajos. Son el 60% de la población.

No hace falta ser un economista experto para entender que lxs consumidorxs argentinxs no pueden pagar los precios promedios internacionales actuales del trigo y sus derivados, cuando sus ingresos medidos en dólares son muchísimo más bajos que los ingresos medios internacionales. No puede ser que en las góndolas argentinas se encuentren precios de supermercados europeos.

Si la inflación en alimentos fue del 9% en la provincia de Buenos Aires en febrero, es evidente que adquirió una velocidad que muy rápidamente hunde la capacidad adquisitiva de quienes ya están en el borde de lo tolerable. Ni qué hablar de la acumulación semanal de aumentos en los rubros básicos, que no se puede sostener por mucho tiempo sin crear inquietud social masiva.

Para aquellos que en el gobierno, correctamente, evaluaban la peligrosidad de un enfrentamiento con sectores extremistas y radicalizados del “campo”, ahora aparece en el horizonte cercano (no en las elecciones del año que viene) el costo político de la no toma de decisiones protectivas de la mayoría.

A diferencia de los sectores poderosos, que están los 365 días del año haciendo lobby en los pasillos clave para la toma de decisiones, que se expresan constantemente en los medios de comunicación, y que pueden manipular mercados –dólar blue, acciones, precios— con visibilidad social, vastos sectores populares no tienen casi vínculos con el Estado, ni están organizados, ni tienen expresión política clara. Pero tienen que alimentarse todos los días y la penuria acentuada puede hacer que el malestar larvado durante largos períodos de precariedad se manifieste en forma volcánica en un momento de desamparo profundo.

Es claro que ya no alcanza sólo con tomar medidas. Es imprescindible que sean efectivas y oportunas.

 

 

El mercado bla bla bla

La economía de mercado, según el discurso de adoctrinamiento que utilizan los economistas neoliberales y los empresarios con circulación pública, es un mecanismo prodigioso que lleva a todas las sociedades hacia la prosperidad.

Cuando se sale del mundo de la ideología y de los mitos religiosos a la realidad de los mercados de barrio, autoservicios y supermercados, esa fantasía machacada infinitamente se desvanece. Aparece la dura realidad de precios crecientemente elevados, que van carcomiendo una parte creciente de los ingresos de los consumidores.

Es el mercado realmente existente, no el de cuentito de hadas para demandantes de ilusiones. En la dinámica real de la economía capitalista periférica contemporánea el mercado funciona mal, no beneficia a los consumidores ni a los usuarios, las empresas tienen ultra-rentabilidad, mientras que el mercado interno se atrofia al ritmo del vaciamiento de los bolsillos de los consumidores por parte del capital concentrado.

El endiosamiento del mercado fue sabiamente refutado durante todo el siglo XX.

No sólo por el radical pensamiento marxista, enunciado por Lenin en relación a la dinámica expansiva que conducía al imperialismo, sino por hombres que creían en el capitalismo, como Keynes o Prebisch.

Keynes, dicho en términos muy sencillos, constató que una vez que el o los mercados salían de una situación de presunto “equilibrio”, no eran capaces de volver por sí mismos a esa situación ideal, y que era imprescindible la acción del Estado para rehabilitarlos hasta que retomaran su funcionamiento habitual. Sin Estado, no había equilibrio ni había mercado.

Prebisch, más allá de sus muy discutibles posicionamientos políticos en la Argentina de la década de 1950, trabajó sobre la hipótesis de que el desarrollo, en América Latina, no podía ser producto del funcionamiento “natural” del mercado, porque los mercados en nuestro continente tendían a reproducir la estructura económica del subdesarrollo, que era el lugar que nos asignaba la división internacional del trabajo.

Si se quería que ocurriera el desarrollo, el Estado tenía que ponerse al frente de ese proceso económico y social, orientando la economía hacia la industrialización y la generación de ciencia y tecnología local aplicada a la modernización del aparato productivo. El Estado tenía que impulsar la modernización agraria e industrial.

Muy lejos ya de aquellas construcciones teóricas y metas a alcanzar, hoy en la Argentina 2022 encontramos con que no existe la competencia y que lo que se llama mercado es una forma de exacción a las mayorías y a las pequeñas empresas, por parte de conglomerados que acumulan a costa de la desposesión de otros.

Concentración empresaria que ha logrado que el sistema legal no haga nada, ni siquiera aplicar las leyes existentes. Pero también que el sistema político mire para otro lado, y que los propios consumidores no atinen a organizarse para tomar medidas que terminen con el abuso.

En la misma línea de Keynes o de Prebisch se podría pensar nuestro problema actual: si el mercado tiene defectos que por sí solo no resuelve, es pertinente que sea el Estado el que provea las soluciones.

Si el mercado en la Argentina ha llevado al actual grado de concentración económica en el sector de la alimentación, le corresponde al Estado tomar todas las medidas necesarias para desmontar este hecho altamente perjudicial para el bienestar colectivo. Introducir competencia, introducir transparencia, introducir opciones para reducir el poder oligopólico debería ser una incumbencia estatal aceptada por la mayoría de la sociedad y por la teoría económica. No es radicalización, sino enmienda de las aberraciones que el mercado no resuelve, sino que provoca.

 

 

Debatir cómo gobernar bien

Una fuerza política popular no puede seguir eludiendo un debate fundamental que debe darse en toda la sociedad: el derecho público irrenunciable a tomar las medidas imprescindibles para garantizar el alimento a toda la población. Por la vía indirecta de la amenaza violenta, los sectores ideológicamente radicalizados de la actividad agropecuaria pretenden que eso no ocurra, que el acceso al alimento sea incierto.

Si los interlocutores empresarios que el gobierno está convocando al diálogo son capaces de comprender las circunstancias locales e internacionales, no debería haber problemas serios para llegar a ciertos acuerdos razonables, para los cuales hay márgenes disponibles.

Si en cambio se está en presencia de actores radicalizados, manipulados políticamente para bloquear toda salida para las necesidades populares y para el gobierno del FdT, no se podría seguir esperando acuerdos con actores que no se sienten parte de la comunidad nacional.

No parece haber un promedio aceptable entre medidas económicas razonables en defensa del bien común y el fanatismo de minorías radicalizadas en defensa de super ganancias producto de una conflagración internacional.

En su momento, para explicar la construcción política del Frente de Todos, se dijo que “con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se puede”.

Para 2023, si el Frente de Todos conserva aún ambiciones de triunfo, la fórmula anterior podría enunciarse de esta nueva forma, adaptada a los desafíos de gobernabilidad económica que enfrenta el gobierno de Alberto Fernández: “Con la heladera llena no alcanza, pero sin la heladera llena no se puede”. En un país productor de alimentos esa meta no debería parecer una utopía.

 

 

 

 

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