Violencia y desorganización social

 

En nuestra nota anterior para El Cohete a la Luna comenzamos a explorar el papel que tiene la desorganización en la expansión de la violencia en algunos barrios de los grandes conglomerados urbanos. No es nuestra intención cargar las tintas sobre las organizaciones que, dicho sea de paso, continúan sobrecargadas de tareas. Se trata de pensar la desorganización al lado de los otros factores que hemos mencionado en otras notas, a saber: la pobreza y desigualdad social, el consumismo y la estigmatización social, el policiamiento, el encarcelamiento masivo y la acumulación de cohortes, las disputas por el prestigio entre grupos juveniles, etc. Soy de la idea que los problemas son complejos, es decir, conflictos multifactoriales, lo que nos lleva a tener que leer un problema al lado de otro problema, actuando por agregación y nunca por recorte.

A la hora de pensar las violencias en el territorio, un factor que no deberíamos perder de vista tiene que ver con la desorganización vinculada a la fragmentación social, la impotencia de los mecanismos de control social informal, pero también con la incapacidad de las organizaciones para canalizar y tramitar las situaciones problemáticas que, en ese contexto social, pueden espiralizarse.

En esta nota le vamos a pasar la palabra a algunos cientistas sociales que vienen explorando estas temáticas en el país. En las próximas notas completaremos esta reflexión coral con la opinión de los referentes de organizaciones sociales, legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público.

 

 

1.

Para empezar, digamos que la Argentina es un país que no se caracteriza por la desertificación institucional. Incluso los barrios más precarios cuentan con distintos puntos de apoyo colectivos. Las organizaciones son de muy distinto tipo y tienen distinta envergadura o desarrollo en el territorio. Están las organizaciones institucionales financiadas y planificadas por el Estado (centros de salud, escuelas, jardines, delegaciones municipales, delegaciones de los ministerios de desarrollo, etc.), las organizaciones comunitarias integradas y desarrolladas por vecinos (clubes, comedores, etc.), las organizaciones sociales (movimientos sociales, unidades básicas de partidos políticos, etc.) y las organizaciones religiosas (pastores evangelistas, curas católicos, testigos de Jehová, etc.). Pero por debajo de todas estas redes hay una trama comunitaria compuesta por redes de solidaridad familiar y vecinal que en muchos casos siguen las solidaridades que se tejieron en su país de origen, y acá se refuerzan para hacer frente a las dificultades sociales y culturales que implican ser inmigrante. Todas las redes se encuentran más o menos interconectadas, no son mundos paralelos. Los barrios no suelen estar compartimentados, y más allá de que haya áreas donde –por ejemplo– se asiente la comunidad boliviana o paraguaya, sus miembros pendulan entre las distintas organizaciones.

Hablamos de redes a su vez desfondadas y deshilachadas, sobre-demandadas todas ellas, que no tienen los recursos humanos, pero tampoco el capital social y económico suficiente para atajar la cantidad y diversidad de problemas complejos que suelen cargársele a su cuenta. Acaso esa limitación que tienen las organizaciones motoriza a los vecinos a moverse de una a otra, participando en algunos casos de varias a la vez.

Las organizaciones sociales y comunitarias no están para reemplazar al Estado, pero en muchos casos cumplen un papel relevante, vital, en la reproducción de la vida y la sociabilidad. Los vecinos saben que el Estado canaliza la ayuda social a través de las distintas organizaciones y que no siempre los recursos fluyen de la misma manera y por los mismos canales. Razón por la cual aprendieron, por experiencia propia, que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Conviene repartir a los integrantes de la familia entre distintas organizaciones, de esa manera tienen más chances de que obtener recursos y servicios. Pero un barrio no vive solo con fideos, y los fideos no resuelven los problemas de salud, y tampoco los consumos problemáticos, el hostigamiento policial ni la violencia interpersonal entre grupos de pares, los malentendidos entre los vecinos.

La desorganización social tiene otro costado, vinculado a la incapacidad o dificultades que tienen las organizaciones sociales para agregar todos los problemas que tienen los residentes en el barrio, sobre todo los intereses de los más jóvenes, en particular de aquellos jóvenes con otras trayectorias, que están en el barrio con otras lógicas.

Y que conste, además, que cuando decimos “organización” no estamos pensando solamente en las organizaciones de base de los movimientos sociales. También estamos pensando en las instituciones tradicionales del Estado. Por eso, la desorganización está vinculada también a la impotencia instituyente, a la incapacidad de las agencias del Estado para estar en los barrios y facilitar el acceso a los servicios que debería garantizar. Esa impotencia tiene muchas razones, que son de larga duración. Es el resultado del desmantelamiento del Estado social, la carencia de expertos y cuadros técnicos en la función pública, pero también de la incapacidad de muchos funcionarios para planificar políticas de largo aliento que trasciendan a cada gestión, de las mezquindades políticas, y finalmente, de la inercia institucional, los hábitos de los empleados que trabajan muchas veces a reglamento. Quiero decir, a los gestores del Estado no se le caen muchas ideas, sigue primando el cotillón, el bacheo electoral, desembarcan con enlatados y gazebos para luego levantar campamento y si te he visto no me acuerdo. Una institucionalidad reactiva, a veces muy poco predispuesta a trabajar y con muy poca vocación para vincularse con la trama social y comunitaria de los barrios, para apalancar al resto de las organizaciones sociales. Dicho esto, hay que reconocer que las excepciones no son pocas, y sabido es el esfuerzo y el tiempo que invierten muchos referentes y funcionarios. Pero pensamos que las violencias de las que estamos hablando exceden la voluntad de tal o cual persona, necesitan de capacidades que trasciendan las buenas y legítimas intenciones de la militancia en general, porque nos estamos midiendo con problemas de largo aliento, cada vez más densos. Los funcionarios pueden tener las mejores intenciones, pero suelen chocar con los tiempos de la burocracia; los directores de una escuela pueden ser muy creativos y estar comprometidos, pero encontrarán a veces en las condiciones de trabajo de los maestros y maestras, y otras veces en los hábitos ritualistas de todos ellos, otra gran limitación no solo para arrojar luz sobre estas conflictividades sino para abordarlas.

 

 

2.

Según Leandro Gamallo, investigador del Instituto Gino Germani de la UBA y autor de dos libros muy interesantes, Violencias colectivas: linchamientos en México y De la furia a la acción colectiva, las represalias violentas en Argentina, “mucha de la fragmentación y los conflictos en el territorio tienen que ver también con la incapacidad de la comunidad para evitar este tipo de situaciones, y poder cohesionar”. “Organizaciones sociales que reclaman permanentemente más seguridad, más policías, más presencia del Poder Judicial y no se dan cuenta que están reclamando más encarcelamiento”. En ese sentido, para Gamallo las organizaciones tienen una responsabilidad como dirigentes para poder encauzar de otra manera esas conflictividades: “No se trata de echarles la culpa a las organizaciones sociales. Sabemos que si ellas no estuvieran presentes las cosas estarían peor. Pero las organizaciones deberían pensar por qué están siendo asociadas o empujadas a estas lógicas punitivas”.

Jerónimo Pinedo, sociólogo y secretario de extensión de la Facultad de Humanidades de la UNLP, tiene otra opinión. La expansión de la violencia hay que pensarla al lado del deterioro de la infraestructura social y las redes de cuidado comunitario, incluidos los agentes estatales con arraigo territorial. La violencia persistente tiene la capacidad de desestabilizar la vida comunitaria, de romper y fracturar lazos, y fortalecer la desigualdad y la segregación social. Hay que entender bien las líneas delgadas que vinculan la subsistencia con las economías populares e ilegales. Un deterioro que, además, la clase política dirigente no lee o lee mal: “Estos últimos quieren resolver la fractura social con una única herramienta, la distribución de subsidios, o sea dinero, y no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta de que es necesario reconstruir la infraestructura social, las instituciones territorializadas del Estado y su vínculo con las redes comunitarias básicas. Porque la trama no se resuelve solo apostando al recurso o a la ‘cultura del esfuerzo’; no hay donde anclar la cultura del trabajo ni los recursos si no hay una infraestructura social”. Para Pinedo se necesita una infraestructura social vigorosa, robusta, que no hay que asociarla sólo a la organización que puedan aportar los movimientos sociales y sus importantes y necesarias redes de activismo, sino también sobre todo a la trama comunitaria local: “Los movimientos son aparatos y plataformas de poder para el desarrollo de la militancia popular, con relaciones diferenciadas, que a veces están más concentradas en hacer pie en la sociedad política que en enraizar en la sociedad civil”. Cuando Pinedo habla de “infraestructura social” está pensando en la red que vincula el trabajo entre movimientos, organizaciones comunitarias y profesionales de la intervención social territorializada, donde el foco está en fortalecer la organización comunitaria anclada en lo micro-territorial. “Esas son las trincheras: hay que bancar y confiar en los criterios locales de las organizaciones comunitarias que cuidan. La “economía popular” tiene un papel en la formación de un tejido socioeconómico donde integrar trayectorias laborales precarias de los excluidos, pero las redes comunitarias están más acá, en los micro-cuidados diarios y cotidianos que vecinos, familias y organizaciones barriales despliegan cada día. El Estado tiene que robustecerlas con el aporte de cuadros profesionales, con políticas de largo aliento, es decir, tiene que rodear y soportarlas con inversión estatal intensiva, con dispositivos institucionales fuertes. “De lo contrario no tenés manera de amortiguar la violencia primero y después buscar formas de abordarla. Es un problema de todo el conjunto, de toda la trama, no se le puede pedir de modo aislado a los movimientos sociales o a las organizaciones comunitarias que afronten el problema solos”. “No se resuelve ni con libre albedrío ni con disciplinas fordistas. Se necesitan instituciones territorializadas fuertes, arraigadas y comunitarias, que puedan delinear nuevas opciones y senderos de vida para quienes están incluidos en estas situaciones de violencia. Y no me parece que las organizaciones sindicales o movimientistas tengan posibilidades por sí solas; son parte de la solución, pero no tienen todas las herramientas”. Y agrega: “El problema de la violencia en el territorio no se resuelve únicamente con políticas plebeyas, se resuelve reconstruyendo la trama comunitaria y también, hay que decirlo, en algunas ocasiones con cierto nivel de coerción estatal para enfrentar redes ilegales”. Pinedo tiene razón: a esta altura, determinadas formas de violencia vinculada a las organizaciones criminales, no van a desaparecer con el simple apalancamiento de las organizaciones comunitarias. No se les puede tirar a las organizaciones semejante disputa. Sería muy imprudente, las organizaciones comunitarias no pueden competir con las organizaciones narcos u otro tipo de organizaciones criminales. “Se va a necesitar de la fuerza del Estado”.

Para el sociólogo Javier Auyero, autor, entre otros, de La política de los pobres, Zona Gris, y coautor de La violencia en los márgenes y Entre narcos y policías, es un tema complicado, “porque si bien hay un vínculo entre desorganización y violencia interpersonal –sobre todo cuando se debilitan los mecanismos de control social informal en la familia y el barrio– no podríamos explicar por qué la violencia ha aumentado junto a niveles de organización barrial –en realidad, si los que estudian estas cosas están en lo correcto, hoy los barrios están más organizados que hace, digamos, dos décadas. Quizás la relación entre organización barrial (comedores, organizaciones piqueteras, punteros) no esté vinculada a esos mecanismos de control informal, o quizás la entrada del tráfico en las últimas dos décadas haya debilitado a estos últimos y no a los primeros”.

Según Juan Pablo Hudson, investigador de CONICET y editor de la revista Crisis, autor de Las partes vitales y Chicas en fuga, hay que poner las cosas en el tiempo. En los '90 la lucha pasa de la fábrica a las rutas y los barrios, fue un pasaje político histórico. El Estado en su fase neoliberal se retiraba de funciones sociales básicas, o devenía solamente represor. Ya no podía, y a veces no pretendía, organizar el mundo popular. Una crisis que se fue intensificando hasta hoy. En ese contexto se hacen fuertes las organizaciones sociales. Las periferias eran el medioambiente de esos grupos: “Son el fundamento de lazos sociales quebrados”, donde “el Estado pasó a ser una entidad más, no la principal, ni la más importante”. Pero con el paso de los años volvió a modificarse el orden de las cosas: “Las organizaciones padecen una situación en parte similar a la del Estado. Siguen siendo un actor relevante, pero pierden su exclusividad. Es decir, esa enorme capacidad de interpelación y organización de lo popular”. Acá, según Hudson, dos procesos parecen decisivos. Por un lado, “las periferias pasan a ser altamente apetecidas por el mercado inmobiliario, es decir, por el poder financiero. Eso deriva en disputas territoriales”. Por el otro, se van profundizando una serie de mutaciones de largo aliento (fragmentación, desproletarización, individualismo extremo, consumismo, precariedad generalizada, crueldad, desdibujamiento de la figura del semejante, digitalización de los vínculos, etc.) que terminan de consolidarse. “Aparecen –exagerando– sujetos nativos de esas mutaciones. Como en el caso de la escuela, las organizaciones se encuentran con sujetos radicalmente diferentes a los que habían forjado y quedan perplejas. Desde entonces, a pesar de un esfuerzo formidable, pueden trabajar con ciertas subjetividades, pero con otras –muchas– ya no, ni a palos. Esas nuevas subjetividades barriales no se sienten interpeladas por sus propuestas, o reducen el vínculo a la obtención de planes, o forman parte de otros actores nacidos de esa gran transformación: los negocios ilegales altamente violentos. Pero las bandas no generan lazos. El mercado tampoco. Y el Estado y las orgas hacen lo que pueden. De allí que vuelva a poner en primer plano el problema de la fragmentación extrema y los choques sangrientos”.

 

 

3.

En este país, entre la sociedad y el Estado, sobre todo cuando se trata de los barrios más humildes, suelen estar las organizaciones sociales. Organizaciones variopintas, más o menos formales, que funcionan no solo como un colchón donde los funcionarios pueden recostarse para que las cosas no exploten, sino como una espuma de polietileno expandido que, cuando se esparce, rellena y sella las fisuras, crea también un buen aislamiento térmico. Nos preguntamos si esta trama organizacional tiene la capacidad de amortiguar la conflictividad social. Para algunos la organización convierte al barrio en una comunidad, reponiendo formas de solidaridad en sociedades donde se han deteriorado los lazos sociales. Para otros, las cosas se complicaron en las últimas décadas: las organizaciones encuentran cada vez más dificultades para hacer frente la deriva consumista que contribuye no solo a reproducir las pequeñas desigualdades sino otros conflictos sociales. El consumo no solo endeuda a los vecinos, sino que los pone a comparar entre sí, alimentando envidias y disputas interpersonales. El endeudamiento vinculado a la lógica del consumo y las pequeñas marginalidades debilitan la trama social. Nos quedan todavía muchas dudas sobre las destrezas de las organizaciones, que vamos a seguir explorando en nuestras próximas notas con la palabra de referentes sociales.

 

 

 

* El autor es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Director del LESyC y la revista Cuestiones Criminales. Autor entre otros libros de Vecinocracia: olfato social y linchamientos, Yuta: el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil y Prudencialismo: el gobierno de la prevención.

** El dibujo es del artista platense Diego Fernández: IG diego_fernandezbarrey.

 

 

 

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