La tropa del rey de la Puna

Cada dos horas, puntual, los penitenciarios interrumpían el sueño o lo que fuera que se pudiera intentar en una celda fría y mugrienta. “Nos teníamos que sacar toda la ropa para un supuesto control físico. Nos dejaban desnudas un rato para humillarnos y para que no pudiéramos descansar. Era una tortura”, dice Marisol Zúñiga, 27 años, militante del MTR Votamos Luchar, imputada de “lesiones leves y graves contra la policía, atentado y resistencia a la autoridad y entorpecimiento de transportes y servicios”, luego de ser detenida durante un reclamo social el jueves 3 de marzo en San Pedro, Jujuy. “Cuando me trasladaron en el móvil –sigue Marisol– me fueron pegando todo el camino; me tiraban del pelo, me insultaban. Después, en la comisaría, seguimos sufriendo maltratos; teníamos que dormir en el piso lleno de pis y de bosta, no nos daban ni un vaso de agua, siempre con insultos, provocaciones, golpes”.

El miércoles 9 de marzo, después de seis días detenida, primero en la comisaría 9 de San Pedro y luego en el penal del barrio Gorriti, el juez de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública, Rodolfo Fernández, resolvió la "inmediata libertad" de Marisol. También firmó el “cese de prisión” de su madre, Alcira Zúñiga; de su hermano Facundo Flores; de su padrastro, Daniel Flores; y de otros tres militantes: Cecilia Corregidor, Miguel Ángel Sánchez y Marcos Saravia. “Fue un triunfo de la lucha popular porque recibimos muestras de solidaridad de todos los trabajadores del país. La repercusión fue nacional. Lograr que los liberen fue un golpe al gobierno de Gerardo Morales que viola sistemáticamente los derechos humanos, y al mismo tiempo fue una señal para el resto de la clase obrera. Una muestra de su potencia”, reflexiona Sebastián Copello, maestro y dirigente del Polo Obrero. Como viene pasando en cada protesta social en la provincia, antes hubo que poner el cuerpo. “El Frente de Lucha Piquetero lanzó un plan para pedirle al gobernador Morales que asista a los comedores y merenderos que se sostienen a pulmón y que no reciben ni un grano de arroz. Convocamos a un piquetazo y enseguida vimos la decisión política de quebrarnos con represión. El día anterior a la movilización, Morales no dejó que los micros transportasen a los compañeros. Entonces nos movilizamos en cada lugar; en Perico, en San Pedro, en la Quiaca, lo que desató una represión feroz. No solo durante el choque con la policía, también hubo una cacería después en las calles”, enumera Copello. Antes de declararse incompetente, el juez de Control Daniel Ibáñez había ordenado la detención de los siete manifestantes. Luego de pasar la primera noche en comisarías, las mujeres y un menor de 21 años fueron trasladados al penal de Alto Comedero, mientras que los varones se alojaron en la cárcel de Gorriti. Los padecimientos que soportaron durante casi una semana no pueden describirse. Es necesario que se cuenten en primera persona.

Dice Daniel, 42 años: “En mi caso, desde que me detuvieron y me cargaron en la furgoneta me pegaron patadas en la espalda, en la cabeza; me sacaron las zapatillas y las tiraron. Después en el penal me siguieron pegando, empujando y no me dejaban ir al baño. Tenía que hacer mis necesidades en algo que me dieron y que parecía una pelela. La celda era una caja, entraba un poquito de luz por la única ventana. Solo uno de los guardias me daba ánimo, me decía que él sabía que no éramos delincuentes. No estábamos haciendo nada malo, solo pidiendo comida y trabajo genuino”.

Dice Facundo, 19 años. “En la camioneta me reventaron la cara a golpes, me decían que me tenía que quedar callado, que no mire a la cara a ninguno. Cuando llegamos a la comisaría me bajaron a patadas y trompadas y me torcieron el brazo. Me golpearon dos veces la cabeza contra la pared y me partieron el labio. En un momento me agarraron los testículos y me los apretaron. También me patearon en la pelvis”.

Dice Alcira, 45 años. “Cuando vi que la policía estaba golpeando a mi hija, me metí y le dije a una oficial que dejara de golpearla, pero fue peor. Reaccionó mal y me metió una piña. Después me tiraron dentro de la camioneta. Marisol les dijo que yo estaba embarazada porque sabía que un test me había dado positivo y le respondieron que me iban a hacer abortar a las piñas”.

Fichados

Valeria Medina es la abogada que representa a los siete imputados. Si bien su prioridad es demostrar que no existen pruebas contra sus defendidos y, en consecuencia, evitar la elevación a juicio oral, ya empezó a trabajar en una denuncia “por los apremios ilegales y la violencia psicológica que sufrieron durante la detención”. “Todos siguen shockeados –dice Medina–. Me contaron cómo los hacían desnudarse, cómo los tenían despiertos, sin dejarlos descansar. A las mujeres les negaron hasta la asistencia más básica, no las dejaban ni siquiera higienizarse. Además, hubo irregularidades en la investigación. Por ejemplo, a mí no me dejaron ver la causa cuando lo pedí, pese a que una de las detenidas me había asignado como abogada 24 horas antes. Eso es una violación al derecho a defensa, un ataque más a los derechos humanos”.

Los atropellos de Morales no sorprenden a nadie. Basta un nombre para saber de lo que es capaz. “El caso de Milagro Sala, en donde hay una medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que sigue vigente porque Argentina no ha podido cumplir, evidencia un debilitamiento de la justicia provincial. Se trata de una violación permanente de la independencia judicial que se traduce en la persecución penal arbitraria contra una activista social”, explica uno de los emisarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que se reunió con las organizaciones y los familiares de los manifestantes imputados. “Estos últimos detenidos –continúa el vocero– son un ejemplo, pero hubo muchos otros; personas que son perseguidas por el solo hecho de manifestar su reclamo, algo que no se ve en otras provincias. A integrantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales se les abren causas contravencionales y penales o sufren una represión policial directa. También nos llegan denuncias de personas que se sienten vigiladas, que son seguidas por autos de civil, nos hablan de que están 'fichados'”.

Las multas de Morales

El pasado 31 de enero, el gobernador Morales multó a manifestantes y familiares que reclamaban justicia por el femicidio de Dafne Morena Soto, de apenas 18 años. Interrumpir el tráfico en las inmediaciones de la Casa de Gobierno cuesta hasta 35 días de trabajo comunitario, 15 días de arresto o el equivalente de hasta 200 unidades de multa, algo así como 600.000 pesos. La Multisectorial de Mujeres de Jujuy exigió la derogación del código contravencional “iniciado para atemorizar, silenciar y disolver la lucha de #NiUnaMenos”. También en Jujuy, las organizaciones sociales campesinas e indígenas nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) habían denunciado que Morales “lleva adelante, de manera sistemática, una política de criminalización de la protesta social en perjuicio de sectores de la economía popular y de trabajadores”, luego de que varios integrantes fueran notificados de que se les habían labrado actas acusándolos de haber violado “normas sanitarias y contravencionales” durante la jornada llamada "Por una Navidad Sin Hambre", realizada el 15 de diciembre último con el único fin de reclamar puestos de trabajo y tierra para vivir y producir.

Ya en 2016, Morales echó mano al código contravencional para detener a Sala. Al año siguiente, otros dirigentes sociales, gremiales y políticos fueron multados por una movilización (más de 150.000 pesos cada uno) lo que llevó a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la “arbitrariedad” de las contravenciones. Elena Chaves, de la organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), expuso que gracias al instrumento favorito de Morales “se puede sancionar cualquier manifestación en la calle, en una avenida o en una ruta” porque penaliza la ocupación del espacio público con el argumento de que obstaculiza la circulación vehicular. “Además de la represión y la criminalización de la protesta social en Jujuy –concluye la abogada Medina– el código contravencional le permite a Morales recaudar un montón de plata. La cantidad de gente multada con montos exorbitantes es enorme. Acá ya no se puede salir a la calle porque te ponen una multa”.