TEMPORADA DE CAZA

 

Carlos Alfredo Ferrari es presidente de la delegación Bahía Blanca de APYME (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios). Según relata, en 2017 lo invitaron a una “reunión especial” con carácter de urgente en un salón de la municipalidad conducida por el cambiemita Héctor Gay. Había representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Cámara de la Construcción. El asunto a tratar era “el problema del sindicato de la UOCRA Bahía Blanca”.

Ferrari reconstruye en esta entrevista las escenas de un encuentro muy parecido al que tuvieron autoridades de las cámaras empresariales y profesionales de La Plata junto a funcionarios bonaerenses en la sede porteña del Banco Provincia en junio de 2017. No hubo espías ni cámaras a la vista. Pero les pidieron firmar un documento, y él se negó. Bahía Blanca era objetivo del gobierno. El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, dijo en aquel encuentro que después del “Pata” Medina irían por la conducción del gremio de aquella localidad. En octubre de 2017 se abrió la primera denuncia. Y en enero de 2018 fueron detenidos los 14 integrantes de la Comisión Directiva. Villegas encabezó personalmente un acuerdo de convivencia social con las cámaras empresariales, el gremio intervenido por Buenos Aires y el municipio, y garantizó apoyo para la presentación de denuncias penales y la caída de todos los convenios salariales, que en algunos casos superaban el 40% del promedio nacional. Todo ocurrió mientras el gobierno nacional de Mauricio Macri fracasó con el avance de la reforma laboral en el Congreso y emprendió una temporada de caza durante la cual también salieron a buscar a Pablo y a Hugo Moyano y detenían a Juan Pablo “Pata” Medina.

 

 

 

 

–¿Cómo fue ese encuentro?
–Nosotros nucleamos a empresarios pymes de capital nacional de todos los sectores: construcción, profesionales, cuentapropistas, industriales y comerciales. En el año 2017, creo que por el mes de octubre, la Unión Industrial y la Cámara de la Construcción de Bahía Blanca convocaron a una reunión de urgencia en la Municipalidad. Usaron la Mesa Multisectorial de la Producción y el Trabajo, que era un instrumento creado por una ordenanza del año 2000. La reunión se hizo en un salón de la Municipalidad. Hubo varias entidades, también representantes del Consejo Deliberante, Asociaciones de Cooperativas. Era una reunión especial por lo que denominaban “el problema del sindicato de la UOCRA Bahía Blanca”. Según ellos, algunos empresarios asociados habían sufrido situaciones de extorsión, aprietes, pedidos de colaboración. Y buscaban que esta Mesa Multisectorial firmase un documento que ya estaba preelaborado. Era una especie de condena social al sindicato, cuyo secretario era Humberto Monteros, fallecido en prisión. En ese contexto, se entabló una polémica. Yo personalmente manifesté que si había empresarios en esa situación, debían presentar una denuncia con las pruebas pertinentes. Porque era grave, pero dije que, en nuestro caso, con las empresas asociadas del sector de la construcción, a las que yo había consultado, no se había planteado ningún tipo de situación adversa. Para nada. Es más, les dije que nuestros asociados habían homologado salarios por encima de las paritarias nacionales.

–En algún momento, ¿el tema del salario formó parte del reclamo general?

–Efectivamente. La UOCRA tenía un salario muy bajo. Creo que había firmado por entonces 160 convenios homologados, algo que permitía la ley. Y uno de los problemas que mencionaban estos empresarios era el salario: decían que se les pedía ese incremento y que eso les quitaba rentabilidad, dado que los precios de cotización en las obras eran muy ajustados. Nosotros no queríamos firmar el documento en contra del sindicato. En absoluto podíamos firmar algo así, pero como para descomprimir la situación, manifestamos el compromiso de presentar una propuesta. Y lo hicimos. Presentamos una propuesta al día siguiente o dos días más tarde en la Municipalidad y en el Consejo Deliberante. Propusimos que con la obligación de contratar mano de obra local, el empresario obtuviera un porcentaje de 7 ó 10% de diferencia en las obras respecto de los oferentes extra-locales. Con esa diferencia, podría mejorar el salario del trabajador, siempre vía un convenio homologado en el Ministerio de Trabajo.

–¿Quiénes hablaban? ¿Y qué pasó finalmente con eso?

–Tomó la palabra el presidente de la UIA, también el presidente de la Cámara de la Construcción. Ellos argumentaban falta de rentabilidad, además del tema de que los obligaban a brindar servicio de catering, o combi para el traslado, cosas de las que nosotros no teníamos quejas de nuestros socios. Nuestra propuesta finalmente no se llevó adelante, y obviamente tampoco volvieron a convocarnos.

 

 

 

 

–¿Qué pasó con los convenios una vez que comenzó la causa?

–La UOCRA nacional intervino la UOCRA local. Y estos convenios no se renovaron. Hoy ya prácticamente no existen y se incrementó la inseguridad laboral: más accidentología, problemas de seguridad en el trabajo, obreros con caídas, accidentes y falta de control. Por eso digo que lo que esto provocó en los hechos, fue una precarización laboral.

–Es decir, la reforma que no se logró vía el Congreso, se logró con las detenciones. ¿Qué pasó con los salarios?

–Flexibilidad y precarización. Ya de por sí el trabajador de la UOCRA está precarizado. El sindicato era único: había mejorado la situación con esos convenios, mejores salarios, trabajo y equipos. También nosotros lo cumplíamos: combi o almuerzo, estaba todo, o lo proveía la empresa o el gremio.

–¿Ustedes lo sintieron como coerción o aprietes?

–No, en absoluto, para nada, porque había buena armonía y buen trabajo y trabajo para ambos. El trabajador estaba mejor y el empresario tenía rentabilidad y seguía trabajando. Nosotros ya participábamos con la UOCRA de un espacio que se llamaba Mesa del Trabajo y la Producción de las Pymes. ¿Y para qué era? Para ejercer la defensa de la producción local con compromiso de contratar mano de obra local y para que pudieran trabajar más las pymes locales por sobre empresas foráneas, y nos ajustábamos a todas estas normativas. Era un momento crítico en Bahía Blanca, más desde que había asumido el gobierno de (Mauricio) Macri. A los niveles altos de desocupación con la que terminó ese gobierno, hay que agregar los efectos en las pymes, porque aunque todo el mundo dejó de pagar el incentivo en el salario, no mejoró la situación para nada.

En el derrotero de estos casos suelen perderse de vista dos acontecimientos simultáneos. El fracaso de la reforma laboral con las calles combatiendo alrededor del Congreso. Y los negocios. En Bahía Blanca, el gobierno nacional había llamado a licitación para instalar siete plantas de molinos eólicos. La primera licitación se había hecho en 2016. La había ganado Marcelo Mindlin, estuvo en proceso en 2017 y se inauguró en mayo de 2018 con vuelo del Presidente y la Comisión Directiva de la UOCRA ya detenida.

 

 

 

 

 

Antes de la detención, la conducción local había celebrado un convenio con una de las constructoras extranjeras con salario superior a la media nacional, de cerca de 40%, según explica la antigua Comisión Directiva. Ferrari cree que los molinos estaban en el horizonte de la ofensiva contra el gremio. Pero señala que lo que estuvo más presente es el impulso de un modelo de negocios que requería una flexibilización a toda costa. “Esto tenía que ver con el modelo de país que pretendían, y no sólo para la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional. Se cerraron 25.000 pymes en el país, se destruyó la industria nacional, buscaban desregular todo, también la agremiación y el sindicato de los trabajadores. Bahía Blanca fue un reflejo de todo eso. En la mayoría de los casos, los convenios no se volvieron a renovar y fueron desapareciendo de a poco. Montaron, además, una escenografía terrible para detenerlos (a los dirigentes sindicales) y quedó una condena social en una sociedad con una visión del sindicalismo como apretador y del mercado como el que resuelve todo, cuando en realidad es el que ahoga, mata y asfixia”. Los integrantes de la Comisión Directiva de la UOCRA Bahía Blanca pidieron al juez Ernesto Kreplak que tome la causa como parte del caso que investiga sobre el “Pata” Medina. Kreplak priorizó el principio de territorialidad y envió el caso a la jurisdicción en la que los trabajadores aún no consiguen ni avances ni abogado para impulsar el pedido.

 

 

 

 

 

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