LA CARTA

 

En la madrugada del día viernes se aprobó el Proyecto de Ley que posibilitará la refinanciación de la deuda con el FMI, en los términos impuestos por ese organismo en la última etapa de las negociaciones. La última novedad fue la concesión a la oposición política que expresa al bloque del poder concentrado oligárquico y los fondos de la financiarización especulativa, de una redacción que sólo explicita su compromiso con la habilitación de la operación financiera pero deja difuso el apoyo a las políticas que se firmarán en el “entendimiento” con el Fondo. Esa supuesta autonomía entre ambos aspectos le es útil a Juntos por el Cambio para desembarazarse de su responsabilidad en los resultados de un programa cuyo pronóstico de cumplimiento es tan remoto que permite afirmar que su destino se asemeja a otros programas del pasado con el organismo.

El dramatismo de lo ocurrido tuvo como escenografía la falta de argumentos, incapacidad discursiva y desfachatez de los diputados de Juntos por el Cambio. Se hicieron los distraídos respecto a una deuda dañina cuya responsabilidad recae exclusivamente en sus espaldas. La estrategia de la post-verdad fue la columna vertebral de los pseudo-argumentos por ellos expuestos en el debate. Una intervención paradigmáticamente degradada por ese recurso fue la del diputado Waldo Wolff, quien hizo centro en decir que la deuda refinanciada fue sólo en un 12% contraída durante el gobierno de Macri, cuando el porcentaje real es del 100%. Generó un coro de intervenciones que tomaron la tergiversación como válida.

El único recurso que tienen es traducir la deuda en pesos a dólares y sumar su resultado, para adjudicarle un monto de endeudamiento en divisas de gran monta al gobierno de CFK, quien dejó una situación inversa a la post-verdad que repetían como instructivo escolar los diputados de Juntos por el Cambio. Mientras, reclamaban por la falta de medidas antipopulares al programa inseparable de la refinanciación que decían acompañar sin comprometerse con el contenido del primero. Ese programa tiene su origen en el proceso de endeudamiento-fuga del gobierno macrista. En una posición demagógica de baja estofa los “(anti)-libertarios” se oponían al acuerdo, con fundamentos respecto de la necesidad de un ajuste más severo, que el flamante cambiemita López Murphy también acompañó.

 

 

El acuerdo-imposición eterno

Pero al final, entre los votos de la mayoría del Frente de Todos y los de Juntos por el Cambio se dio media sanción al proyecto de ley que sanciona el “acuerdo” impuesto por el FMI. En numerosos de mis últimos artículos expresé la necesidad de renegociar las condiciones del “entendimiento” que se venía concluyendo. Pero se llegó al final del camino con un texto que, como bien califica el documento La vuelta del FMI a la Argentina, ¿cómo llegamos hasta aquí?,  firmado por la gran mayoría de los diputados del Frente de Todos que votaron en contra o se abstuvieron, “no es nuevo ni tampoco es un acuerdo… sus líneas directrices son las de siempre:

• Reducción del déficit por ajuste del gasto
• Tope al crecimiento y acumulación de reservas netas
• Tasa de interés positiva
• Devaluación controlada del dólar
• Política monetaria contractiva tendiente a la eliminación de la emisión monetaria”.

El mismo documento subraya lo que caracteriza correctamente como uno de los signos más elocuentes de la cesión de soberanía que implica la media sanción votada el viernes en la madrugada, cuando cita el texto de la ley que dice: “Consultaremos con el FMI sobre la adopción de estas medidas y en forma previa a cualquier revisión a las medidas contenidas en este Memorando, y evitaremos cualquier política que no sea consistente con los objetivos del Programa y nuestro compromisos en el contexto de este”. A su vez, los condicionamientos llegan a un punto grave cuando el FMI obliga al gobierno a comprometerse, como se hace en el texto aprobado por la mayoría de los diputados, a ajustar el gasto de capital si las reducciones de otros gastos no alcanzaran, y si ocurriera lo inverso proporcionando un excedente el gobierno se obliga a no gastarlo sino a reducir más el déficit respecto del nivel comprometido.

En el documento titulado Un análisis sobre el programa de facilidades extendidas acordado con el FMI  publicado por CIFRA-CTA, Pablo Manzanelli demuestra que “existen importantes restricciones de corto plazo para sostener la reactivación económica que el gobierno plantea no afectar. A los vencimientos totales en torno a 7.000-9.000 millones de dólares anuales del período 2022-2024 se le agregan las metas de acumulación de reservas por 15.000 millones de dólares en esos años. Para enfrentar esos compromisos, y en general los requerimientos de divisas de la economía argentina, y lograr las metas de crecimiento del PIB propuestos, se estima que las exportaciones deberían promediar los 91.000 millones de dólares al año en el período 2022-2024, lo que constituye una meta difícil de alcanzar”.

Estas metas ya difíciles de alcanzar de por sí, se agravan con el endeudamiento de privados con el exterior, cuya mención no existe en el texto del proyecto semi-sancionado. Esa mayor dificultad sólo podría ser eludida si los acreedores privados refinanciaran toda su deuda sin que se amorticen ni se paguen intereses por un largo período, cuestión que en la mayoría abrumadora de los casos debiera ser dispuesta por el gobierno. Se debe tener en cuenta que un sustantivo 40% son deudas intraempresas sostenidas por filiales con sus casas matrices. Además se agrega la remisión de utilidades de las empresas extranjeras, que debería ser suspendida.

La insostenibilidad de la reestructuración de la deuda está agravada porque a los vencimientos de la deuda pública externa reestructurada con los bonistas privados se suma a la del FMI, alcanzándose sumas que resultan inafrontables por el país a partir de 2026/7, lo que obligará a una nueva reestructuración con los esos acreedores. Pero además CIFRA-CTA  estima que la tasa seguirá calculándose con sobrecargos por el monto de la deuda, ya que el texto no hace referencia a su reducción, los vencimientos de interés de la actual refinanciación agregarían cerca de 500 millones de dólares anuales.

Las miradas “optimistas”, pero que también pueden leerse como ingenuas sobre este acuerdo, llevan a afirmar que el aplanamiento de la curva de amortizaciones, la recuperación del crédito de otros organismos internacionales y el arreglo con el FMI, van a provocar un descenso de la tasa de interés para la Argentina que permitirá el refinanciamiento voluntario de los vencimientos con los fondos privados y el acceso empresarial a los mercados de crédito internacionales. Sin embargo, la acumulación de vencimientos a partir del segundo quinquenio de la década podría significar la amenaza de que se imponga una nueva reestructuración de la deuda con acreedores privados, su ocurrencia sería también el resultado de esta reestructuración inconveniente con el FMI.

Manzanelli informa que el nivel excepcional del crédito del FMI no sólo lo es porque representa el 61% de las acreencias actuales del FMI, sino que su monto alcanza al 65% del total de desembolsos que el organismo entregó al país entre 1980 y 2017.

El logro de los recursos para atender el nivel de deuda asumida requerirá de un aumento de las exportaciones que excede una previsión razonable. De allí los constantes discursos y apreciaciones respecto al despliegue de políticas favorables a sectores donde Argentina tiene ventajas absolutas por sus recursos naturales, como la cadena agroindustrial o el despliegue de la minería. Un modelo productivo con esos ejes sería la reivindicación de la Argentina polarizada socialmente, segmentada territorialmente y reprimarizada, asimilable al paradigma de la década de los '80 del siglo XIX, festejada en el primer centenario y distinta de aquélla de los festejos populares y latinoamericanistas que colmaron las calles en el segundo centenario de la Revolución de Mayo.

El otro recurso de divisas para pagar la deuda provendría de la Inversión Extranjera Directa, más difícil en las condiciones del mundo actual y generador de conductas financieras que la convierten en un mecanismo con sangría de divisas en el largo plazo, tan pernicioso como el endeudamiento. La inversión extranjera sólo resulta conveniente con la intervención selectiva y direccionada por el Estado con destinos predeterminados de una política de desarrollo. Una política de desarrollo auténtica sólo es posible con una lógica que rompa con la dependencia y el neoliberalismo, imposible con el FMI co-gobernando adentro.

Desde el perfil fiscal, CIFRA-CTA califica las iniciativas del “entendimiento” como la implementación de un ajuste fiscal y monetario en el corto plazo. El recurso a un ordenamiento de la administración tributaria como la herramienta principal de una recaudación fiscal mayor es una repetida maniobra de las imposiciones fondomonetaristas que siempre se frustran, que en el proyecto actual sólo son completadas por un justo y necesario revalúo de inmuebles y un minúsculo retoque en el impuesto a los bienes personales. No hay reforma tributaria en el proyecto, es una ausencia que agrava la inexistencia de progresividad en el “acuerdo” con media sanción. Manzanelli, además, señala la insuficiencia de la reestructuración tarifaria para cumplir con el compromiso de consolidación fiscal que se asume.

Las revisiones trimestrales que se realizarán calzados con los desembolsos, colocarán al país en situaciones de amenazas de default en forma permanente, dada las insustentabilidades fiscal y externa del “entendimiento”.

 

 

 

Negociación que omitió el contexto

Lo que no se entendió en la negociación es que el carácter del FMI es el de un organismo auditor de los centros financieros internacionales, con su función de prestamista de última instancia desvirtuado, a lo que se agrega su rol de reestructurador de las economías. Hicieron un préstamo injustificable para promover la continuidad de un gobierno neoliberal, ahora exigieron una refinanciación con las condiciones para ejercer una dominación política que limite las facultades del gobierno del Frente de Todos, con el firme objetivo de perjudicarlo.

No era necesario llegar sin reservas al cierre de la negociación. No se puede llevar a cabo ninguna negociación con un organismo imperial que tenga un fin aceptable, sin una lógica confrontativa, movilizando a la opinión de la ciudadanía con la conciencia de que se está tratando con un ente hostil a la Nación. Habría que haber interrumpido los pagos previamente, aun bajo el recurso de mantenerlos en una reserva jurídicamente garantizada para el destino de oblar la deuda con el FMI, pero sin entregarlos hasta que la negociación cierre. El FMI no negoció de buena fe. Se le pagó todo con ingenuidad. La buena conducta no produjo buenos resultados.

En similar dirección afirma acertadamente el documento de los diputados del Frente de Todos que no acompañaron la aprobación del “entendimiento” en la Cámara que es necesario resaltar que “dadas las gravísimas irregularidades del inédito stand-by de 2018, el gobierno argentino debería haber optado por una negociación 'dura' que procure extender los plazos de devolución por encima de los reglamentos vigentes en el FMI, eliminar la sobretasa de interés y exponer ante los argentinos y argentinas y ante todos los foros internacionales posibles, no sólo aquellas gravísimas irregularidades del préstamo otorgado a Mauricio Macri, sino también el carácter y objetivo estrictamente político que tuvo dicho préstamo… Lejos de ello, el equipo negociador  del Gobierno desarrollo una estrategia de 'amabilidad', secretismo, hermetismo, confusión y desinformación en las negociaciones, sólo explicable bajo la difundida creencia de que estábamos ante un 'nuevo' Fondo Monetario Internacional que sería seducido por la pericia académica y los 'buenos modales' de los negociadores e interlocutores argentinos”.

El documento cita el pensamiento de Néstor Kirchner con relación al FMI y la deuda argentina en épocas de la convertibilidad “Esta deuda ha sido constante vehículo de intromisiones, porque está sujeta a revisiones periódicas y ha sido fuente de exigencias que resultan contradictorias entre sí y opuestas al objetivo del crecimiento sustentable. Además, desnaturalizado como está en sus fines, el Fondo Monetario Internacional ha actuado, respecto de nuestro país, como promotor de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino, de la mano de gobiernos que eran proclamados alumnos ejemplares del ajuste permanente”. Sigue Néstor Kirchner opinando de las políticas del Fondo­: “El resultado ha sido exclusión, pobreza, indigencia, la destrucción del aparato productivo. A la sombra de estos programas hemos visto concentración de ingresos en unos pocos, chocado contra la imposibilidad de combinar crecimiento macroeconómico con desarrollo y pleno empleo”. Con la cita es innecesario bucear en las razones por las cuales las gremiales del gran empresariado concentrado abogaron por la rápida aprobación del “acuerdo”. El documento recupera con acierto la visión que aunque la situación es diferente el Fondo es el mismo.

 

 

El valor de la política

La Carta de Máximo Kirchner fue absolutamente imprescindible para defender la posibilidad de la permanencia de un proyecto nacional, democrático y popular, hoy sostenido por la conceptualización que la minoría del Frente de Todos hizo sobre la cuestión del acuerdo. La aprobación disciplinada con la lógica de la unanimidad sin fisuras, que descansa en una visión posibilista de la política, descreída de la ruptura histórica como posibilidad, hubiera constituido el predominio de la formalidad sobre la potencia transformadora del acto militante. El texto de Máximo fue valiente y un llamado en un momento crucial, una toma de posición necesaria para revalorizar los vientos de cambio que trajo el kirchnerismo y ponerlos en juego para dar una discusión pública hacia dentro del Frente. Esos bríos serán necesarios para el debate en el Senado, como para la pelea popular para evitar que el FMI siga desplegando su intento de hacer retroceder al país a un nuevo turno neoliberal. La batalla será cotidiana contra el ajuste y la dependencia, organizando y movilizando. La intervención de Máximo Kirchner, muy cuestionada por distintos sectores en la actualidad, es un hecho trascendente de esta época argentina.

 

 

 

 

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