Oportunidad económica y política

 

El cierre del acuerdo con el FMI constituye una instancia clave en dos sentidos fundamentales: permitirá asentar y profundizar el proceso de recuperación de la economía argentina, que ya se viene manifestando en 2021 con elocuentes indicadores, al tiempo que pone al conjunto de los actores políticos ante el desafío de demostrar una actitud prudente y responsable que privilegie el interés general de la ciudadanía por encima de las coyunturas políticas. De cara a la sociedad, necesitamos probar esta capacidad de consenso tanto como precisamos del programa de refinanciamiento.

La política de promover la profundización de la grieta ha fracasado como modo de construir un proyecto político que mejore las condiciones de vida de los argentinos. Hoy podemos decir que también fracasa como modo de construir poder político con la capacidad de sostenerse en el tiempo.

El gobierno que encabeza el Presidente Fernández se desenvolvió en un contexto inusualmente difícil. La pandemia se desató a menos de tres meses de iniciada la gestión. Para ese momento, la deuda con acreedores privados y con el FMI, el deterioro del aparato productivo, el cierre de miles de pymes, el desaliento a las inversiones y la caída de las exportaciones, constituían los más serios problemas heredados de la gestión del gobierno de Macri. Todo esto sumado volvió imposible concentrarse en los objetivos originales vinculados con el desarrollo sustentable de la Argentina. La propuesta de encender la economía en seria crisis desde hace años resultaba muy difícil.

La determinación del Presidente de priorizar el cuidado de la salud y de proteger al sector productivo en un momento crítico, con programas creativos para asistir a las empresas —planes que fueron modelo en el mundo—, permitió una recuperación económica que excede ampliamente un rebote de la caída de 2020, pero todo eso tuvo que ser realizado con grandes piedras en los zapatos que limitaron el ritmo de los pasos a dar.

Las estadísticas al cierre de 2021 revelaron un nivel de actividad industrial, incremento del empleo formal, recuperación de la construcción, aumento de las exportaciones, producción de vehículos y dinamización de las pymes que no se había logrado en muchos años. El acuerdo con el FMI y el conjunto de proyectos de ley presentados ante el Congreso para impulsar distintos sectores estratégicos de la economía nacional confieren una base sólida que permitirá multiplicar el alcance de este proceso virtuoso que ya está en marcha.

La negociación con el FMI fue intensa y extensa. Nos condujo a buen resultado: un programa que permitirá un reacomodamiento de la economía sin afectar el crecimiento y sin cobrarse “víctimas”, como otras propuestas de ese organismo que hemos conocido en la Argentina y se han verificado en otros países. En esta oportunidad es posible buscar los equilibrios macroeconómicos necesarios en un horizonte de tiempo y con metas que no afectarán el crecimiento. Es también un acuerdo laxo que otorga a la administración de la economía un alto nivel de flexibilidad.

El nudo que marcó la etapa final de las negociaciones —el incremento de tarifas de gas y electricidad— también fue superado con racionalidad y sentido de justicia. La segmentación virtuosa, que aumenta a los sectores con posibilidades de pagar,  pero mantiene el esquema de subsidios sobre los grupos más vulnerables, es una salida equitativa que abre las puertas a mayores inversiones y hace previsible al sector. Tenemos que trabajar sobre la eficiencia de este mecanismo para aplicarlo con la mayor precisión posible.

El reconocimiento de que la inflación es un fenómeno multicausal que debe resolverse con una perspectiva integral y la idea de una consolidación de metas fiscal progresiva, que busque el equilibrio sin inhibir el crecimiento, son otros logros del acuerdo que hay que poner en valor.

 

 

Legitimidad democrática para el problema de la deuda

La aprobación de lo negociado con el FMI se encuentra ahora en manos de nuestro Congreso Nacional, aprobado ya en la Cámara de Diputados, seguirá su tratamiento en el Senado de la Nación.

No pasó por el Congreso, sin embargo, la decisión de tomar dicha deuda, la mayor de la historia del FMI. Como señaló el Presidente en su Discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias el 1° de marzo pasado, los argentinos y argentinas supimos de esa decisión a través de un discurso transmitido en cadena nacional.

La magnitud de esa irresponsabilidad no ha sido lo suficientemente ponderada. Tenemos que explicarla más y mejor. El acuerdo fue por por una suma de 57.000 millones de dólares, lo que representaba el 1.277 por ciento de la cuota de la Argentina ante el FMI. De este monto, se desembolsaron 44.500 millones de dólares, con un programa insostenible de políticas, plazos y montos de repago.

Así fue como volvió a la Argentina la dependencia con el FMI, la cual creíamos superada desde que el Presidente Néstor Kirchner cerrara ese capítulo con una verdadera mirada estratégica sobre el futuro de nuestro país. Nuevamente, tal como en la última dictadura, en el gobierno de la Alianza y en el gobierno del PRO, el modelo de la especulación financiera, ajeno a las lógicas de la economía real y a las necesidades concretas del pueblo, provocó una crisis del sector externo.

Frente a las críticas a la negociación de Juntos por el Cambio, simplemente vale la pena recordarles que fueron ellos quienes

•  trajeron al FMI de nuevo a la Argentina,
• firmaron que iban a pagar 19.000 millones de dólares este año y 22.000 el año 2023,
• no pueden explicar dónde están los dólares de la deuda externa que generaron.

Nosotros cancelamos la deuda con el FMI en 2006 y nunca pensamos en regresar.

Pero otro tema no menor para recordar es que  hasta el propio FMI realizó una evaluación crítica de este crédito excepcional en la que reconoció el fracaso de las políticas implementadas, admitiendo que no se logró alcanzar ninguno de los objetivos que se habían planteado, tanto en la esfera económica como en la dimensión social y financiera.

No hubo aprobación o siquiera consulta con el Poder Legislativo. Así, una decisión prácticamente unipersonal comprometió el futuro de los 44 millones de argentinos. Como ya sabemos, los fondos ingresaron y se fueron en un breve lapso. No quedó en nuestro país un entramado productivo más sólido, ni un Banco Central reasegurado, ni se realizaron obras de infraestructura. Quedó solo la deuda y el reclamo de los acreedores. Y quedaron los desafíos estructurales, que existen de hecho y que requieren ser resueltos con determinación y responsabilidad, sin especulaciones políticas.

La iniciativa del Presidente Fernández que condujo a la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública debe ser destacada y valorada. El instrumento establece que el endeudamiento en moneda extranjera requerirá autorización del Congreso de la Nación, así como los acuerdos futuros con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La Ley sienta las bases para que los procesos de endeudamiento se basen en la transparencia y cuenten con legitimidad democrática. Se evita así la reiteración de un episodio como el de mayo de 2018, cuando un Presidente en apuros políticos hipotecó el futuro nacional pensando exclusivamente en su reelección.

 

 

Pagar los compromisos sin resignar crecimiento e inclusión

El programa con el FMI, resultado de complejas negociaciones internacionales, apunta a cumplir los compromisos, pero a la vez mantiene a la Argentina en la senda del crecimiento sostenible con inclusión, evitando políticas de ajuste y reformas que afecten derechos.

El acuerdo prevé un programa de convergencia fiscal que no afecta la continuidad de la recuperación, con una expansión limitada del gasto real, y donde el Estado tendrá un rol clave, definiendo las prioridades centrales: la inclusión social, desarrollo de la ciencia y la tecnología y la inversión en infraestructura. Se mejora también la asignación de los recursos del Estado y se permite una expansión de la inversión pública necesaria para incrementar la capacidad productiva, generar empleo y apoyar la recuperación de las economías regionales.

Este acuerdo es parte inescindible del logrado en 2020, cuando la Argentina concluyó la reestructuración de la deuda con los acreedores privados, en lo que fue la segunda mayor reestructuración de deuda soberana a nivel global y la mayor de la historia argentina.

La forma en que esta deuda fue abordada por nuestro gobierno es una cabal muestra de un modelo de relacionamiento internacional pragmático y plural, asentado en el interés nacional. Del mismo modo en que la Argentina abrió conversaciones múltiples para obtener vacunas contra el Covid-19 de todos los orígenes, esta negociación con el FMI exigió esfuerzos de amplio espectro geopolítico.

A esta altura no debería haber mayor discusión sobre cuál es la fuerza política que tiene como objetivo el desendeudamiento de la Argentina. La toma de deuda de 2018, y la negociación exitosa en 2020 y 2022, ponen en negro sobre blanco una constante histórica.

 

 

 

Responsabilidad política en un mundo convulsionado

El Jefe de Gabinete, Juan Manzur, remarcó esta semana en el Congreso que el brutal y anacrónico uso de la fuerza armada en Ucrania por parte de Rusia ha trastocado la conducta de actores estatales y privados, ha perturbado las referencias de precios internacionales y está transformando el comercio y las finanzas globales. Y subrayó que, luego de la pandemia de Covid-19, comenzamos a transitar otra situación de incertidumbre.

En este contexto descripto, es más necesaria que nunca la mirada de dirigentes políticos sensatos, previsores, con objetivos de largo plazo basados en el bienestar de las argentinas y argentinos.

Todos los militantes políticos con algunos años de experiencia tenemos una interpretación sobre el rol del FMI en la política internacional, sus objetivos explícitos y tácitos, la influencia de las grandes potencias en el organismo, la condicionalidad estructural de sus programas, entre otras diversas lecturas.

En este momento histórico, sin embargo, el voto en el Congreso no implica un aval al FMI. El acuerdo no es a favor del Fondo sino a favor de la Argentina. Estamos decidiendo entre la cesación de pagos objetiva e inevitable o el programa que nos da todas las facilidades y ventajas ya mencionadas. El crédito no lo tomamos nosotros, simplemente nos estamos haciendo cargo del problema heredado mirando hacia delante.

Estamos en una coyuntura que convoca a actuar por fuera de los reflejos políticos circunstanciales y reflexionar sobre el futuro de la Argentina. Una vez cerrado este capítulo debemos profundizar la tarea conjunta de reconstrucción ya iniciada con los sectores productivos, los sindicatos y las provincias.

Es momento de grandes consensos, de diálogo, de moderar las diferencias, con miras al desarrollo sostenible de nuestra patria.

 

 

 

* El autor es Vicejefe de Gabinete de Ministros de la Nación

 

 

 

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