Descalzos sobre esquirlas

 

La ciudad de Villa La Angostura, sur de Neuquén, aportó un caso a la estadística anual de femicidios de 2021 en todo el país. Ese caso fue el 100% para la tasa local, una tragedia social con nombres propios. El femicidio de Guadalupe Curual es el primero que la sociedad local identificó y repudió como tal, proceso que sacudió a algunos sectores para hacerlos más permeables a la crisis de fondo, así como a otros abroqueló aún más. La experiencia acumulada –dispar, sin sedimentar todavía– probablemente está moldeando el modo, la dirección y el contenido del reclamo de algunos de los sectores y organizaciones de base que se movilizan este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

La noche del 23 de febrero de 2021 fue el pico de la violencia, que el sistema judicial calificó como delito. Antes hubo procesos personales, familiares, comunitarios, institucionales, sociales e históricos que inscriben las biografías de Guadalupe y de Juan Bautista Quintriqueo, su victimario, quien supuestamente se suicidó días después, el 2 de marzo de ese año, cuando estaba bajo custodia policial internado en un hospital público. Los mismos procesos construyen la pequeña localidad cuyos sectores dominantes sostienen y reproducen un sistema que no tiene un lugar digno para jóvenes como ellos. Esas muertes reclaman reflexiones y acciones que honren la memoria de las vidas humanas perdidas y que, además, hagan que esta democracia repare mínimamente el daño sufrido y las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.

El último año mostró, según actorxs consultadxs: la anacronía de la legislación vigente sobre violencias y género en Neuquén; la falta de un plan institucional con políticas públicas ante la violencia de género; la escasa formación y seriedad de operadores del sistema institucional al momento de aplicar protocolos específicos; la judicialización como respuesta estatal dominante; la ausencia sistemática de intervención de salud y desarrollo social preventivos; la capacidad que tiene el aparato de Estado, conducido por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), de amortiguar las crisis sociales con gran potencial de crítica y transformación; el cruce recurrente de las violencias con las adicciones y la frivolidad de buena parte de la dirigencia política, que acepta la agenda del poder en la que no es prioridad el cuidado de la vida de las personas.

Al mismo tiempo, grupos de adolescentes y jóvenes metieron el debate dentro del sistema educativo del nivel medio, catalizando así una inquietud previa sobre salud sexual integral y revisión de los propios vínculos autoritarios. Organizaciones y espacios de mujeres afinaron el oído ante violencias estructurales en la pobreza. Un equipo de educadorxas de una cátedra libre aportó una capacitación en perspectiva de género a la policía local, cuyo resultado confirma la escasísima voluntad profesional y laboral por parte de un dispositivo clave al momento de frenar a tiempo una espiral de violencia.

Después del femicidio, la provincia creó la Comisaría de la Mujer de Villa La Angostura, que inauguró personalmente el gobernador Omar Gutiérrez. La Comisaría no difiere en nada de una unidad policial común, de acuerdo a la experiencia de vecinxs que debieron acudir al lugar. No toman denuncias fuera de determinado horario y confunden exposición con denuncias, precisó Laura Ontiveros, de Wakolda, espacio feminista del Colectivo del Barrio-Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional.

 

 

 

 

Por su parte, el Poder Judicial creó el Juzgado de Familia de la Circunscripción Sur, que empezó a funcionar en diciembre del año pasado, disolviendo el antiguo Juzgado Multifueros. Eliana Fortbetil todavía lo está organizando. Tiene un promedio de 30 expedientes a despacho por día, de los cuales el 50% están vinculados a hechos de violencia de género. De los casos nuevos, el 70% son por hechos de violencia, informó a la prensa. Asumió con un fuerte respaldo de base y grandes expectativas, importante para una profesional que accede por concurso sin ser del riñón del MPN.

 

 

 

En marzo, el Concejo Deliberante local declaró la emergencia por violencia de género, anuncio de coyuntura sin ninguna respuesta a las diferentes vertientes del conflicto. Algunos nombramientos en oficinas locales parecen más fachada que respuesta real por el perfil de ciertas designaciones y vacantes, de acuerdo a observaciones de fuentes que actúan en esos espacios.

El golpe inicial desató una inmediata protesta masiva y el estado asambleario del colectivo de mujeres y disidencias, cuyo crecimiento o estancamiento todavía no se expresa con claridad en la demanda ante distintos poderes del Estado: municipal, provincial y nacional. Hubo una primera línea de confrontación que tuvo nombre y apellido (fiscales, jueces) y con el supuesto suicidio de Quintriqueo quedó firme la consigna: “A Guadalupe la mató el Estado”. Esa explicación corre el riesgo de no avanzar en la identificación de todo un andamiaje institucional que sigue activo, que nombró más personal y cuya intervención en la prevención no necesariamente fue correcta, aunque no sea delito ni falta administrativa, de acuerdo a lo investigado hasta el momento. Al respecto, Carolina Mauri, fiscal de Neuquén que revisó las actuaciones judiciales en el caso de Guadalupe a requerimiento de Elizabeth Gómez Alcorta, titular del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, insistió que puede pueden haber responsabilidades penales, civil y funcionales por parte de funcionarios públicos. Por otra parte, el Estado no es un bloque homogéneo, advirtió una activista que consideró necesario buscar acuerdos genuinos.

 

Burbuja

Cuando Guadalupe cayó herida de muerte en una plaza pública, estalló la burbuja que protegía a la sociedad local del reconocimiento consciente de haber producido las condiciones para que un varón le quitara la vida a una mujer por su condición de tal. La proximidad del conflicto simplemente provoca que se naturalice como estadística o que el caso sea vivido como tragedia de alcance comunitario, por lo que sólo en esa dimensión es posible la reparación del daño. Esa parece ser la batalla de fondo en una localidad con una población estable de menos de veinte mil habitantes con una brecha social insalvable entre los propietarios de tercera o cuarta residencia VIP –mansiones en medio del bosque a la que acceden en helicópteros– y los barrios populares que habitaban Guadalupe y Juan Bautista con aguas servidas en las calles de tierra. Muchos transitan esa brecha: trabajan en las residencias VIP y viven en las calles de las aguas servidas con un costo de vida y una canasta básica inalcanzable.

Aun así, parece que hay quienes pretenden restaurar la burbuja. En una audiencia que tuvo lugar en las últimas semanas, el fiscal Adrián De Lillo consideró que el hecho de mayor gravedad en los últimos 30 años en Villa La Angostura fue el doble homicidio de dos hermanos cometido a principios de este año. El caso es incomparable en términos de movilización popular y cuestionamiento a las estructuras sociales y políticas. El funcionario judicial o no entendió la crisis que desató el femicidio de Guadalupe, o quiere olvidarla.

 

Diálogos (im)posibles

Con una pancarta, una manifestante reclamó saber dónde está el millón de pesos destinado a la emergencia de género. ¿Cómo es posible que esa pregunta de gestión tenga que ser escrita en una pancarta?, señaló una activista que participa del movimiento de mujeres local. ¿Quién es el destinatario de esa pregunta? ¿Quién la responde?

Un movimiento crece y se nutre en la confrontación, en el diálogo, en la construcción social y pública de las diferencias y roles. Cuando lxs actorxs estatales se refugian en el anonimato y en el deslinde de responsabilidades, ¿con quién se discute? ¿Con quién se confronta? ¿A quién se dirige la pregunta de la pancarta?

Ni el gobernador, ni el fiscal general, ni el presidente de la Legislatura, ni diputadxs ni senadorxs nacionales por Neuquén, ni el intendente ni lxs concejales locales, ni el director del hospital público convocaron a una reflexión colectiva local para analizar los caminos institucionales posibles después del desgarrador mensaje del femicidio en la plaza esa noche de verano. No alcanza con la interpelación de los grupos de mujeres (los espacios Wakolda y Vivas&Furiosas, las trabajadoras del Poder Judicial y de la salud, por indicar las más activas). Resta interrogarse quién es quién, qué papel juega y con quién se cuenta en todas y cada una de las instituciones públicas y privadas que intervienen ante un eventual caso de violencia de género. Así podría trazarse un mapa de alianzas posibles, acordar colaboraciones y plazos.

De allí la preocupación que desata la pancarta. ¿De quién esperar respuestas cuando no hay ni a quién plantear preguntas?

 

Patrón

En 2018, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia ubicó a Neuquén entre las jurisdicciones con tasas más elevadas de crímenes de género. En febrero de ese año, Carina y Valentina Apablaza fueron asesinadas en Las Ovejas por Lorenzo Muñoz, portero de escuela primaria, en el noroeste neuquino, junto a la cordillera. En enero de 2020, otro auxiliar de servicios, Oscar Retamal, le quitó la vida a su ex pareja Celeste Saavedra (29 años) en el paraje Aquihueco, a unos 15 kilómetros de Tricao Malal, localidad rural que apenas supera los mil habitantes estables. El femicida se quitó la vida después. El informe de la Oficina de Violencia (OV) había dicho que el riesgo era bajo, que era violencia psicológica típica de la separación de la pareja.

Los femicidas eran todos hombres de pueblo, conocidos. Parte de las respuestas comunitarias que se buscan en el sur pueden acercarse a la de esos espacios rurales del norte atravesados por la violencia a cuentagotas, el machismo y el patriarcado naturalizados. “Hay que pensar el femicidio de Guadalupe como un patrón, no como la excepcionalidad”, propone Mauri. En esa hipótesis, ¿cómo interpretan y aplican los agentes públicos los protocolos de intervención? En un caso, la OV entendió que no había riesgo y hubo femicidio. En Villa La Angostura, la OV dijo que el riesgo era alto, pero tampoco sirvió. ¿Sabe interpretarse correctamente un protocolo de intervención en cada caso?

 

 

 

Hubo un código rojo y nadie pidió siquiera la historia clínica, precisó una fuente para ilustrar la ausencia del área de salud en el conflicto. Demás está decir que si no se pidió la de Guadalupe, es lógico suponer que tampoco la de Juan Bautista. Por otra parte, al menos en un legajo judicial consta que desapareció la historia clínica de un paciente del hospital local.

Mauri aseguró en una entrevista que Quintriqueo consumía cocaína. Su entorno familiar también dio cuenta de adicción al alcohol y drogas. Hay fragmentación conceptual y operativa entre la ley 2.785 de Violencia Familiar y la ley 2.786 de Violencia contra las Mujeres y de ahí un abismo con los marcos de las adicciones como problema de salud pública.

 

Digna rabia

El 23 de febrero pasado, una importante movilización reclamó bajo la lluvia al cumplirse un año del femicidio. La autoconvocatoria busca ampliarse para este 8, a pesar del similar pronóstico climático. El detalle del recorrido institucional es muy desalentador, marcando algunos retrocesos severos, como es el caso del área de Desarrollo Social del municipio. El refugio de mujeres en situación de violencia, espacio muy defendido desde la base, en ocasiones es destinado para compensar la demanda de vivienda. La distorsión de la razón de ser de ese dispositivo es indicada como ejemplo del deterioro en las políticas públicas.

 

 

La experiencia directa, el testimonio en primera persona, todo ese fermento está alimentando una agenda local propia que todavía no ha expresado todo su potencial.

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí