LA LEY CAAMAÑO

 

Cristina Caamaño acercó sus papeles a Casa Rosada en el mes de enero. Le habían pedido tres puntos importantes de gestión, hacia atrás y hacia adelante. Lo mismo, al resto de ministros. Caamaño presentó un eje sobre fondos reservados y otro sobre el rediseño de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con la formulación de un proyecto de ley. Alberto Fernández escogió el proyecto de ley. El viernes 25 de febrero tuvo en manos la última versión del discurso de apertura de sesiones ordinarias. Agregó cosillas de cosecha propia. En el capítulo de Justicia, retomó el decreto que declaró servicios públicos a telefonía celular, Internet y televisión por cable, reprochó su bloqueo a los jueces y a quienes estaban del otro lado de las pantallas les dijo que por eso habían aumentado las tarifas en enero. Retomó la reforma judicial, reprochó el bloqueo a Diputados y a los que estaban del otro lado les dijo que por eso no había jueces en Rosario, igual que el año pasado asoció la violencia de género con la deficitaria práctica judicial. Inmediatamente insertó la nueva Ley de Inteligencia. No en cualquier lado, sino como remate del capítulo destinado a la Justicia. Fue, además, una de las pocas leyes que escogió para anunciar en la apertura de sesiones ordinarias con intención de marcar las prioridades de la agenda política.

“Durante la administración anterior, existieron serias interferencias de los servicios de inteligencia en el funcionamiento de las instituciones de la república, afectando los derechos y garantías de los y las habitantes de nuestra nación. A la luz de lo que hoy sabemos –dijo explícitamente Fernández—, no habíamos llegado a tener real dimensión del enorme daño que esas intromisiones causaron”. Recordó su compromiso al asumir la presidencia de terminar con los sótanos de la democracia. Y, entonces, agregó: “Tengo la tranquilidad de haber cumplido con la palabra que empeñé”. En ese contexto, anunció el proyecto de ley y convocó al Congreso a acompañarlo. Alrededor del Presidente sostuvieron que allí incluyó un mensaje destinado al sector de la oposición que también fue víctima de las operaciones de inteligencia. Les pasó la pelota, consciente de las dificultades de construir consensos en el Congreso. “Es indispensable –sostuvo— que el Congreso acompañe este camino. Necesitamos contar con organismos de inteligencia que permitan producir información estratégica de calidad que contribuya a tomar decisiones y a proteger (no a espiar) al conjunto de la población frente a los riesgos y desafíos de un mundo cada vez más dinámico”.

 

 

 

 

Aún no se conoce el proyecto de ley elaborado por la gestión de Caamaño, aunque circuló un pequeño punteo. Está bajo llave porque requiere discusión y construcción de consenso entre tropa propia para no repetir las tensiones del primer borrador que trascendió el año pasado. En ese camino, Caamaño busca sentarse con Leopoldo Moreau, presidente de la Bicameral de Inteligencia y con el resto de los integrantes del Frente de Todos (FdT). “Alberto Fernández está de acuerdo con el proyecto de ley que le llevamos, y por eso lo presentó”, dice Cristina Caamaño a El Cohete a la Luna. “La última vez que me reuní con él, me dijo que era el momento de presentar el proyecto porque hablamos de la ley, el borrador y que a dos años de la intervención había que ajustar algunas cosas, entonces me dijo que lo haga y que la presentemos”.

 

 

 

 

 

 

¿Qué dice el proyecto?

El punteo del borrador muestra cambios fundamentales en tres ejes:

1. institucionalización y burocracia (fondos, inventario de bienes, personal, auditorías);
2. lineamientos estratégicos para dejar de mirar adentro del país, con inclusión de Cancillería en un Consejo Interministerial de Inteligencia y prohibición expresa de inteligencia en territorio nacional; y
3. la relación con la Justicia, que veda por primera vez en forma expresa la colaboración en investigación criminal.

Esos cambios son resultado de la intervención. Lo que hace el proyecto, por sobre todas las cosas –según explican en la AFI–, es buscar el modo de institucionalizarlos. Pero también son producto de un proceso más largo en la historia de la democratización de los servicios de inteligencia de este país. Reconoce antecedentes en la ley 25.520 de 2001, que prohibió el espionaje político y terminó el proceso de desmilitarización de la ex SIDE, pendiente desde la transición democrática, y en la ley 27.126 de 2015, que determinó la publicidad de los fondos, marcó la ruta hacia la eliminación del secreto en la desarticulación del stiusismo y dejó una ventana abierta con el sistema de justicia por la que se colaron los elefantes de las operaciones de inteligencia. También revierte el decreto 656/16 de Mauricio Macri, que eliminó aquellos avances.

Aquí, algunos punteos:

• Sistema Nacional de Inteligencia: el proyecto vuelve a poner a la AFI como cabeza del Sistema Nacional de Inteligencia, pensado como unidad con otras dos patas: Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad e Inteligencia Estratégica Militar de Defensa. Y determina facultades y competencias de los tres organismos. Este es uno de los puntos vigentes desde hace años. El punteo no explica más, pero hoy es uno de los aspectos más discutidos por los expertos que integraron el Consejo de Asesores que convocó Caamaño durante su primer año de gestión. Ellos sostienen que esa coordinación por arriba genera por abajo una comunidad de inteligencia con roles mezclados.

 

• Mecanismos de Control: el borrador mantiene las facultades de la Bicameral de Inteligencia, pero amplía el contralor con auditorías periódicas de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y el control de acceso y clasificación de información de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Esto que parece meramente técnico es una revolución que inserta a la AFI como una estructura más en la administración del Estado. La SIGEN comenzó a auditar a la central de inteligencia con Caamaño. Ella lo plasmó vía resolución y ahora lo pasó al proyecto de ley, replicado para los tres componentes del sistema de inteligencia. El proyecto también prevé contralor de Presidencia y del juzgado de turno del fuero penal federal de Ciudad de Buenos Aires en caso de que la agencia realice medidas contra las garantías de un ciudadano (léase fotos, seguimientos).

 

• Rol de la Nueva AFI, o des-policialización: El borrador institucionaliza las reformas del Presidente y la dirección en términos estratégicos que le dio Caamaño. Según describieron desde uno de los ministerios, “se orienta la actividad de la AFI hacia materias ECONOMICAS, CIENTIFICAS, TECNOLOGICAS Y AMBIENTALES, para generar insumos para toma de decisiones respecto de amenazas que puedan afectar a la nación --principalmente terrorismo internacional-- y en relación al desarrollo integral del país. Se establecen prohibiciones para que la AFI no realice ACTIVIDADES REPRESIVAS, FUNCIONES POLICIALES o DE INVESTIGACION CRIMINAL, prohibiendo vínculos con el poder judicial en el marco de la sustanciación de causas.” Quienes elaboraron el proyecto sostienen que todo esto significa olvidarse de una agencia en modo Guerra de Fría con hipótesis de la seguridad nacional y del paradigma de las nuevas viejas amenazas de la caída de las Torres Gemelas para mirar desafíos, riesgos e impactos en un contexto global. El Consejo de Asesores presentó un proyecto de ley propio el año pasado con un primer párrafo en el que dejó reflejada las agendas que debería mirar cualquier rediseño de la Agencia, y aunque no se sabe si el proyecto las incluye, el punteo parece apuntar en esa dirección. El texto de los expertos menciona que esa agencia debe ser capaz de mirar los desafíos internacionales y riesgos en un contexto de volatilidad y pugnacidad global donde son puntos importantes: “discernir competencia creciente entre grandes potencias; fragilidad del sistema financiero, su impacto nacional y regional; el rebrote de carreras armamentistas y debilitamiento del régimen de no proliferación nuclear; los desafíos ligados a la ciber-seguridad; inestabilidad política en América Latina”, cambio climático y consecuencias para la economía, entre otros asuntos.

 

• Consejo Interministerial de Inteligencia: Es otro punto importante. Crea un Consejo con participación de titulares de la AFI, Seguridad, Defensa y Cancillería, quienes plantearán proyecciones de largo plazo y deben acordar ejes de la política de inteligencia a partir de los lineamientos del Poder Ejecutivo. El sistema contempla convocar a otros ministros, según necesidades.

 

• Secreto: El borrador prevé el regreso al principio de publicidad, es decir, que la información que no represente riesgo debe ser publicada; establece tres categorías de clasificación de documentos y una política activa de desclasificación con plazos máximos y publicación automática. Esto plantea un regreso al modelo de la ley 27.126/15, que eliminó el carácter reservado de los fondos y avanzó contra la lógica del secreto al comenzar a plantear una política de acceso a la información. En diciembre de 2015, Mauricio Macri firmó el primer decreto de necesidad y urgencia que devolvió el carácter reservado a los fondos y luego el decreto 656/16, que estableció qué actividades, personal, documentación y bases de datos eran información estrictamente reservada.

 

 

 

 

 

Las discusiones

Caamaño convocó en su primer año a un Consejo de Asesores para diseñar la Agencia con un proyecto de ley. Eran pesos pesados: Juan Gabriel Tokatlian, Rafael Bielsa, Alberto Binder, Beatriz Busaniche y Paula Litvachky, entre otros. La pandemia espació contactos, siguieron vía Zoom, pero finalmente los encuentros se interrumpieron. Hubo desacuerdos, para unos definitivos, para otros no tanto. El Consejo presentó un proyecto de ley propio en junio del año pasado que refleja puntos de esa tensión. Una discusión estructural que se desprende de la misión de la nueva AFI, es su lugar como cabeza del Sistema Nacional de Inteligencia, integrado actualmente tanto por la Inteligencia Criminal como por la Militar Estratégica. Ellos sostienen que eso debe romperse. Piensan un Señor o Señora 5 como un técnico, ubicado debajo de un referente político-técnico con contacto directo con el Presidente. También creen que cada una de las agencias de inteligencia pueden estar coordinadas institucionalmente, pero no como ahora: ese sistema alimenta una “comunidad de inteligencia” que “no ha servido para construir una articulación institucional, sino para romper barreras y crear relaciones informales en las que policías eran agentes de inteligencia y agentes de la AFI eran policías, en un intercambio sin control y sin finalidades claras”. Litvachky es directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y participó de ese proceso. Explica qué significa ese planteo y advierte algunas urgencias que debería contemplar una nueva ley.

–¿A qué se refieren cuando hablan de romper la comunidad de inteligencia?

–Para repensar la lógica del sistema de inteligencia hay que repensar la Agencia, pero también el sistema en su conjunto. Históricamente, la cuestión de inteligencia en la Argentina tuvo la inteligencia política como cuestión central —la ex SIDE tenía que tener funciones policiales, investigaciones propias, capacidades policiales—, pero además se la concebía como primus inter pares (primero entre iguales) en relación con los otros subsistemas de inteligencia y también con las policías con quienes hacían inteligencia a nivel federal y provincial. Todo aquel que tuviera algún tipo de participación en cuestiones de inteligencia era parte de una especie de comunidad. Eso estuvo muy claro durante la dictadura, aunque venía de antes, y siguió en democracia. Se lo vio en el sur o en las delegaciones provinciales donde había reuniones de todos los que tenían algún tipo de participación orgánica o incluso inorgánica en acciones de inteligencia de las que  salieron acciones ilegales. Entonces, la idea entre lo legal y lo ilegal, siempre difusa, con participación en esa especie de comunidad donde se debían intervenciones unos a otros, estuvo muy presente. Lo vimos en el caso de la base naval Almirante Zar, en el que la información mostró participación en el espionaje prohibido de policías provinciales o de agentes de la Marina. La ruptura de la comunidad de inteligencia tiene que ver con eso: que las funciones de coordinación sean sacadas a las funciones institucionales de cada subsistema, pero que por abajo los agentes no puedan estar interrelacionados.

–¿Eso implica romper el Sistema Nacional de Inteligencia?

–No necesariamente. No es una ruptura, porque podés tener distintas agencias interrelacionadas y coordinadas y seguir pensando en términos de sistema. Eso lo que rompe es una lógica de funcionamiento por abajo. ¿Viste cuando alguien dice ‘te presento mi carnet’ y el carnet abre el acceso a la comunidad? Se vio en el caso D'Alessio o con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires,  que le pasa policías a la AFI que entran en funciones ahí y después vuelven y quedan siendo parte de esa lógica de inteligencia. Ahí hay una interrelación por abajo, por lo general bastante informal y para nosotros era importante romperla desde el punto de vista institucional, quitando muchas de esas interrelaciones y generando por arriba un nivel de coordinación muy específico a nivel político e institucional que aún hay que terminar de definir. Insisto: no es pérdida de la coordinación institucional, sino de las relaciones por abajo, en general informales o inorgánicas, atadas a prácticas de espionaje político o espionaje a organizaciones sociales que, además, no quedaban registradas en ningún lado. La lógica del WhatsApp también puede pensarse desde ahí. Para nosotros, esa lógica de primus inter pares generó este problema e invisibilizó cuestiones como la importancia de que la inteligencia criminal tiene que pensarse en el marco del sistema de seguridad.

–Ustedes plantean entonces coordinación por arriba, política e institucional. En otros lugares, las agencias están fragmentadas: unas se dedican a temas internos, otras a externos, otras a la defensa y otras a datos. ¿Están pensando en una fragmentación de ese tipo?

–Hay escuelas para todos lados. Para algunos, la fragmentación es un problema porque multiplica estructuras, pero nosotros pensamos cómo cambiar de cuajo el funcionamiento de un sistema que se mostró muy problemático. Después viene la puesta en marcha de esta nueva ingeniería institucional, que aún hay que pensar. El que mira desde la gestión tiene una perspectiva y el que mira desde afuera, claramente tiene otra.

–Un tema que trae el borrador Caamaño son los controles externos, la reversión del secreto y la desclasificación. ¿Cómo lo pensaron ustedes?

–Va a ser muy importante que el nuevo proyecto continúe en la línea en la que ya se venía trabajando en relación a limitar cada vez más el paradigma del secreto. El nuevo proyecto de ley tiene que profundizar en términos normativos esa discusión y al mismo tiempo es muy importante que se trabaje en los procesos de desclasificación, sobre todo de información histórica. La ley de 2015 comenzó a introducirlo, pero aún no hay una política de desclasificación activa de parte del Poder Ejecutivo. Nosotros proponíamos instalar dentro de la central de Inteligencia una instancia que trabaje sobre la política de clasificación y desclasificación porque es central para modificar el paradigma del secreto. Lo que tiene que cambiar es el proceso de clasificación y desclasificación, que no es una discusión sólo sobre la AFI, sino sobre el Estado. Tomamos este caso para ver cómo se discute esto en el ámbito de la central de Inteligencia, pero estaría muy bien que se discuta de manera más amplia.

 

 

 

Un favor a la democracia

Alberto Fernández escogió unas pocas leyes para su discurso de apertura. “Tenés que elegir”, le dijeron alrededor. “No podés presentar todas las que van a entrar al Congreso este año, sino las que marquen la agenda política”. Alberto escogió, entre otras, la nueva Ley de Inteligencia. Y en el balance de lo que pudo y no pudo el gobierno, la AFI entró en lo que pudo. “Para un Presidente que es abogado y una Vicepresidenta que también es abogada, no haber logrado las reformas en el campo de la Justicia es realmente una gran frustración”, dicen al lado del Presidente. La Agencia Federal de Inteligencia tuvo cambios. Y esos cambios que ahora se buscan plasmar en una ley que por lo menos garantice en el largo plazo eso que Cristina Caamaño hizo con prepotencia de trabajo, no es poco. Allí está el veto a la colaboración con la Justicia. Solo eso ya es uno de los favores más importantes que el Presidente deja a la democracia.

 

 

 

 

 

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