De la crítica a la defensa

 

El reciente anuncio sobre las características que tendría el próximo acuerdo entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional ha vuelto a disparar el debate sobre la deuda externa. La polémica rebalsó ampliamente la cuestión de las metas y condicionalidades exigidas por el FMI; en ciertos sectores se discute también la ilegitimidad de este pasivo y, sobre esta base, hay planteos diversos que van desde el no pago hasta la convocatoria a una consulta popular vinculante.

El lector debe entender que el FMI entregó en un breve lapso un monto de divisas de magnitud inédita al Banco Central con el único objetivo de que este las vendiera, a su vez, a los tenedores de títulos que no encontraban liquidez suficiente y a buen precio para revertir sus colocaciones financieras en pesos. El acuerdo que está por presentarse en el Congreso establece el pago de los intereses de esta deuda y exige que comience el repago de capital en pocos años. La política estatal para combatir la pobreza, fortalecer el sistema de salud, la educación y la vivienda seguirá sujeta y condicionada por el pago puntual de estos y otros vencimientos de deuda externa a acreedores privados, Club de París, etc.

Que los consultores y economistas profesionales vinculados al mundo corporativo manifiesten su desdén ante las posturas que rechazan el acuerdo con el FMI no puede sorprendernos. El punto de vista de este sector es muy claro: el Estado debe velar por el repago de una deuda de la que muchos de sus empleadores fueron beneficiarios directos o indirectos. Además, la ulterior normalización financiera revalorizará los activos y favorecerá el retorno de la liquidez y el normal funcionamiento de las transacciones cambiarias. Todas las cámaras, camarotas y camaritas de empresarios del país venían pidiendo al Ejecutivo que acelerase el entendimiento y muchos dirigentes de la denostada derecha manifestaron su voluntad de acompañar el pacto en el Congreso.

Pero el alineamiento de muchos (sino la mayoría) de los economistas “críticos” o heterodoxos con esta postura es un hecho notable que merece un análisis.

Es tan obvio el carácter ilegítimo de la deuda, su vinculación directa con intereses particulares poderosos, tan evidente la inconveniencia de dedicar a su pago recursos que deberían con toda urgencia emplearse en la reconstrucción social y económica, tan completa la ausencia de toda ventaja para el conjunto social, que el principal argumento que se levanta en favor del acuerdo se refiere a las consecuencias catastróficas que tendría no hacerlo.

Un default con el FMI, se afirma, nos acercaría a un escenario económico peor que el que se desprende del cumplimiento de las metas del acuerdo y del sometimiento por muchos años de la política estatal al escrutinio del FMI. Un economista heterodoxo anunció hace pocos días un “colapso económico” si el gobierno no firmaba el acuerdo y otro afirma en una nota reciente que la devaluación y las corridas cambiarias y bancarias serían, con seguridad, las consecuencias de corto plazo de un default con el FMI.

Pero la probabilidad de estos eventos no es una razón para reconocer la deuda ilegítima; sólo confirma que su rechazo debe concebirse como parte de un cambio más amplio no sólo de la política cambiaria y financiera sino del contenido social del Estado, en el marco de una generalización de los conflictos y protestas sociales ocasionados por el sobreendeudamiento, la desigualdad, los problemas de empleo, etc. en todo el mundo.

La reconversión de los economistas de “críticos” de la ortodoxia a defensores del pago del endeudamiento ilegítimo da la espalda a cuatro décadas de investigaciones, luchas y denuncias sobre el carácter ilegítimo y fraudulento del endeudamiento público y sobre sus impactos devastadores sobre el nivel de vida de los pueblos de América Latina.

Hemos aprendido que el gobierno dictatorial endeudó al Estado para lubricar la fuga de capitales y para salvar a las empresas y bancos privados que habían lucrado con las altísimas tasas de interés, la absorción de pymes en quiebra y contratos rocambolescos de obra pública. Que la socialización de este costo financiero provocó una catástrofe social y económica duradera en toda América Latina. Que incluso economistas tan poco izquierdistas como Díaz Alejandro consideraron aberrante esta política antipopular en beneficio de una minoría de grandes empresas locales y del sistema bancario de los Estados Unidos. Que los fraudes e ilícitos cometidos por grandes bancos y empresas en perjuicio del erario público fueron investigados y demostrados en sede judicial por Alejandro Olmos.

Debimos estudiar que la siguiente oleada de endeudamiento internacional en los ‘90 desembocó también en un colapso; cuando el ciclo financiero se revirtió las reservas de los bancos centrales se revelaron insuficientes para permitir la fluida y completa dolarización de los activos en moneda local. Y que los Estados salieron nuevamente al rescate con más deudas, devaluaciones y restricciones presupuestarias que volvieron a descargarse sobre asalariados y jubilados. Y que, en el proceso, los principales activos estatales fueron adquiridos por consorcios privados en los que no faltaban empresarios cuyas deudas habían sido estatizadas pocos años antes.

¿No estábamos casi todos de acuerdo en repudiar los seguros de cambio de González del Solar y Cavallo, las escandalosas privatizaciones, la estafa del Megacanje? ¿Cómo se puede estar a favor de añadir un nuevo ultraje a esta lista?

¿Es que, acaso, debemos preservar el status quo para no vernos privados del financiamiento aportado por el capital extranjero? El gráfico siguiente desmiente esta tesis.

 

 

En los últimos 40 años la entrada bruta de capitales del exterior a la Argentina ha ascendido a un promedio anual de 3,6% del PBI. En general, sin embargo, estas divisas emigran en su totalidad. Parte pasa a manos de capitales privados que las emplean para adquirir divisas u otros activos externos. Más aún, cuanto mayor es la entrada de capitales en un período mayor es, en general, la salida.

 

 

Otra fracción se gasta en pagos por las rentas (intereses, utilidades de filiales) que generan los propios flujos de capital. No sólo eso; como la entrada neta de capitales (entrada bruta menos salida) no es suficiente para cubrir la totalidad de los pagos por rentas a este último fin se destina, además, la totalidad del superávit comercial.

En resumen, en lo que concierne al balance de divisas, la integración de la Argentina al mercado mundial de capitales es un pésimo negocio. El flujo de rentas generado por los créditos e inversiones del exterior succiona los excedentes comerciales sin saciar jamás la sed permanente de nuevos capitales del exterior que, por su parte, son atraídos mediante rendimientos insostenibles que desembocan en colapsos financieros e incremento del endeudamiento y que van acompañados del más escrupuloso vaciamiento de toda autonomía estatal.

Son pocos y conocidos los beneficiarios de este circuito. No se entiende cuál sería, para la autodenominada heterodoxia, la ventaja para la mayoría de la sociedad de seguir aceptando las pretensiones de los acreedores.

 

* El autor integra el Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur.

 

 

 

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