Doble comando

 

La letra chica del pre-acuerdo con el FMI, que reconstruyó El Cohete a la Luna, movió un avispero que parecía bastante quieto en su superficie pero que demandaba bullir. El texto que elaboró el ministro de Economía, Martín Guzmán, junto al negociador Sergio Chodos, fija un horizonte muy magro para el crecimiento del PBI en línea con las pretensiones del organismo de quedarse con la mayor cantidad de dólares que ingresen a las arcas públicas. Pero quizás lo más gravoso sea la carta blanca que el Poder Ejecutivo le deja al Fondo para una suerte de co-gobierno.

La institución que conduce Kristalina Georgieva no pide reformas estructurales, al menos por el momento. El objetivo, tal como lo fue en 2018, es condicionar al actual gobierno y al futuro. A partir de 2025 los vencimientos de deuda volverán a ser impagables. Por ende, habrá que sentarse a negociar otra vez. No es muy difícil visualizar que en cada instancia se perderá un punto más de soberanía en las decisiones de política económica.

Tal como había adelantado este medio, tanto Guzmán como Alberto Fernández confirmaron durante la semana que estará en estudio una modificación del sistema previsional en dos ejes específicos: los regímenes especiales y el aumento voluntario en la edad jubilatoria. El proyecto se elaborará en conjunto con el FMI y debería concluirse, según lo estipulado en el pre-acuerdo, para septiembre de 2022.

Lo que sucede con este ítem es bastante sintomático del secretismo que atravesó todo el proceso de negociación. La titular de la ANSES, Fernanda Raverta, no tenía ni idea que el texto acordado incluía un capítulo específico sobre el sistema previsional. “Son meros objetivos declarativos, no hay ninguna meta específica”, trataron de argumentar desde el Gobierno para bajarle el precio a dicho compromiso. “En nuestra gestión no habrá ningún aumento de la edad jubilatoria”, exclamó Raverta entre sus allegados.

A diferencia de lo que se había instalado públicamente, el Gobierno sí se comprometió con el Fondo a revisar algunas cuestiones del sistema previsional. Una vez difundido el contenido del pre-acuerdo, tanto Fernández como Guzmán anunciaron que los regímenes especiales que se modificarían serían los correspondientes a jueces y cuerpo diplomático. Pero eso ya se hizo en marzo de 2020, cuando el Senado convirtió en ley un nuevo régimen por 41 votos afirmativos del FdT contra 21 de Juntos por el Cambio y otros bloques.

Entre el régimen de los jueces y juezas y el cuerpo diplomático, el déficit para la ANSES representaba, por entonces, 11.000 millones de pesos.

 

 

El contexto ya cambió

“Las condiciones mundiales y regionales podrían empeorar, y eso complicaría las perspectivas para Argentina. Ante estas incertidumbres, estamos dispuestos, en consulta con el personal técnico del FMI, a recalibrar nuestras políticas para garantizar el cumplimiento de nuestros objetivos económicos y sociales en caso de que sea necesario”, escribió Guzmán en el texto fechado el 12 de febrero, cuya versión definitiva debería ingresar al Congreso luego del discurso de inauguración de las Sesiones Ordinarias.

El contexto global ya mutó. Con el avance de Rusia sobre Ucrania, se disparó el precio internacional de la energía. Quizás, el recalibre de objetivos tenga que suceder antes de tiempo.

Este complejo escenario internacional echa por tierra cualquier ecuación sobre posibles recortes a los subsidios a la energía incorporados en el pre-acuerdo con el FMI, calculados en el 0,6 por ciento del PBI. La tan mentada segmentación, que además de CABA y AMBA se extendería a otras 9 jurisdicciones, solo contribuirá con una quita del 0,08 por ciento del producto.

Las condiciones sociales de la Argentina hacen imposible que el recorte de las transferencias llegue exclusivamente por el lado de las tarifas, como reclama el Fondo. Es más, ante el contexto global, es esperable que los subsidios aumenten tal como habían vaticinado Darío Martínez y Federico Basualdo .

Durante la primera mitad de febrero, CAMMESA compró 25 buques de combustibles líquidos por un total de 800 millones de dólares. El valor del GNL pasó de los 7,5 dólares el millón de BTU a 30 dólares en enero. Ahora, con la intensificación bélica en Rusia, saltó a más de 40 dólares y el barril de crudo a los 100 dólares.

Para este año, IESA había presupuestado la importación de 60 cargamentos de GNL, con una estimación de 3.500 millones de dólares. El contexto global, incluso previo al conflicto bélico, ya había quebrado esa estimación. Según indicaron desde la empresa estatal, es probable que el Tesoro deba incrementar las transferencias para importación de gas en 2.000 millones de dólares, la mitad del supuesto financiamiento extra que enviaría el Fondo en su primer desembolso. Por ende, la meta de reunir 5.800 millones de dólares en reservas netas también va quedando lejos.

 

 

Inflación importada

Desde el sector agropecuario concentrado se observa de reojo lo que sucede entre Rusia y Ucrania. Ambos países representan un 25 por ciento de las exportaciones mundiales de granos, mientras que la Argentina se ubica en el tercer lugar luego de Estados Unidos y Ucrania.

Las patronales agroexportadoras todavía no saben si relamerse por la disparada del precio internacional de la soja, que el primer día de los bombardeos se ubicó en los 618 dólares la tonelada en el Mercado de Chicago, o si especular ante una mayor devaluación y la posibilidad de que el Poder Judicial avale un amparo de la Sociedad Rural para declarar inconstitucional el cobro de las retenciones.

Para este período del año, los sojeros vendieron a la industria el 19 por ciento de la cosecha 2021-2022 cuando un año atrás habían colocado el 24 por ciento y en la cosecha del 2019-2020, el 28 por ciento. Es decir, están vendiendo menos soja, a pesar del salto que pegó en la cotización. ¿El motivo? Especular para aumentar sus márgenes de rentabilidad.

En el fallido Presupuesto 2022, el Gobierno ya preanunciaba que habría una reducción en los derechos de exportación, al pasar de representar el 2,17 por ciento del PBI al 1,9 por ciento. En octubre del año pasado, el FMI publicó su Reporte Global sobre comercio exterior recomendándole a la Argentina reducir aún más sus impuestos a las exportaciones. En el borrador del acuerdo quedó explicitado que el objetivo oficial será reducir más las retenciones. El Consejo Agroindustrial Argentino ya trabaja en un texto que modifica todo el esquema de los derechos de exportación.

Bajo este escenario, la Sociedad Rural se adelantó y solicitó un amparo ante la Justicia federal para frenar el cobro de las retenciones.

“Se promueve acción de amparo contra el Estado Nacional a fin de que se declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro de derechos de exportación a los productos agropecuarios a partir del 1 de enero del año 2022, así como de cualquier disposición reglamentaria en la cual se pretenda sustentar ese reclamo tributario, y se lo condene a cesar con su cobro, instruyendo en tal sentido a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que cese con su reclamo y percepción”, sostuvo la entidad en su presentación.

El reclamo apunta a que el Congreso vuelva a tratar un proyecto sobre alícuotas en los derechos de exportación. Juntos por el Cambio ya presentó su proyecto para reducirlas. Quizás sea una buena oportunidad para que se ingresen otras iniciativas que reinstalen un debate no saldado: retenciones móviles para una soja que ya cotiza por arriba de los 600 dólares. Sobre todo, con un escenario de inflación global.

 

 

Hasta el amigo del Presidente

Durante 2021, el Poder Ejecutivo logró reducir el déficit a tres puntos a partir de los ingresos extraordinarios del Aporte Solidario de las Grandes Fortunas e ingresos récord por derechos de exportación. Ninguno de los dos escenarios se repetiría este año. Por ende, se podría decir que el piso para llegar al 2,5 de déficit pactado con el FMI no son los tres puntos del año pasado sino casi 4 puntos. En esa línea, el sendero de ajuste fiscal comprometido con el fondo para llegar al equilibrio en 2025 implicaría una merma de recursos de 9.000 millones de dólares que no se volcarían a la economía real.

El propio documento redactado por Guzmán sostiene que si llegasen a ingresar más recursos al fisco de los previstos, existe un compromiso de sobrecumplir la meta de reducción del déficit.

“El acuerdo es una marcada de cancha al Gobierno. No le van a dejar pasar una, sobre todo por la mala experiencia de 2018. El Fondo se garantizará el derecho a interpretar la letra chica. Si esto termina siendo un ajuste o no, dependerá de cuánto puede crecer la Argentina. Salvo que se dé un escenario de crecimiento que supere lo acordado, el acuerdo terminará en un ajuste. A esta altura del proceso no quedan muchas opciones superadoras”, enfatizó Javier Timerman, en su rol de inversor de Wall Street.

¿Había margen para negociar otra letra chica? La pregunta tendría que haberse formulado, quizás, cuando había más espaldas en el Banco Central para sostener cualquier incertidumbre local e internacional.

“Esto un co-gobierno. Sabíamos que el acuerdo iría en estos términos. Por más que en algún momento hayan insistido con la idea de haberle torcido el brazo, el Fondo es el Fondo y juega su partido. Se podrá sostener que ahora no nos exigen una flexibilización laboral pero ya la tenemos de hecho. De todas maneras, descuento que se aprobará en el Congreso. Pero cuando empiece a correr el acuerdo, surgirán los problemas y el FMI tendrá la carta de dejarte a tiro de default de manera permanente”, concluyó Agustín D'Attellis, jefe de asesores de los equipos técnicos de Leandro Santoro, el diputado amigo del Presidente.

 

 

 

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