La anomia de los otros

 

La caracterización de la anomia como un rasgo acentuado de la cultura de los argentinos ha sido abordada por diversos intelectuales en las últimas décadas. La palabra “anomia” fue introducida en el lenguaje de la sociología por el francés Émile Durkheim en referencia al incumplimiento generalizado de las normas que regulan el orden social. En su obra El suicidio (1897) considera que la inseguridad, la insatisfacción, el miedo y la angustia provocados por la destrucción del orden social, pueden ser un factor desencadenante del suicidio. Posteriormente el concepto de anomia, desvinculado de la problemática del suicidio, fue reconfigurado por la sociología norteamericana debido a los aportes de Robert Merton y se ha convertido en una expresión multiuso para conceptualizar cualquier forma de anarquía social. En la Argentina, el filósofo y jurista Carlos Santiago Nino incorporó la expresión en el ensayo Un país al margen de la ley (Ariel, 1992) para describir diversos comportamientos sociales que se habían naturalizado en nuestra cultura y que consideraba enormemente dañinos para el conjunto de la sociedad. Se refería básicamente “a la tendencia recurrente de la sociedad argentina, y en especial de los factores de poder –incluidos los sucesivos gobiernos– a la anomia en general y a la ilegalidad en particular, o sea a la inobservancia de normas jurídica, morales y sociales”. Consideraba que “esta tendencia a la anomia, o más específicamente a la ilegalidad, está involucrada en buena parte de los factores que se señalan como relevantes para explicar la involución del desarrollo argentino”. Por ese motivo, añadía que esa anomia era “boba” porque al final, terminaba perjudicando a quienes la practicaban.

Nino analizó en su ensayo diversas manifestaciones de esa tendencia hacia la ilegalidad que se daban en la Argentina. Consideraba que el comportamiento de quienes ejercen el poder tenía un efecto demostrativo importante sobre la conducta del resto de la sociedad. En el caso de la actividad económica, la anomia se manifestaba “a través de la existencia de formaciones monopólicas en diversos sectores de la actividad productiva o comercial” y citaba como ejemplo el caso de Papel Prensa. Añadía que la anomia económica también se revelaba en la economía llamada informal o “negra” y principalmente en la enorme evasión impositiva. Otra faceta de la anomia que abordaba en su ensayo era el fenómeno de la corrupción, pero lo trataba con objetividad, sin atribuirlo a un partido político en particular, como un rasgo cultural que estaba “masivamente generalizado en la sociedad argentina”. Observaba que “detrás de la corrupción suele haber una moral que da una gran prevalencia a la familia y la amistad sobre el interés público”. Nino también enumeraba otras formas más leves de anomia como el incumplimiento de las normas de tránsito o el descuido con los excrementos que dejaban los perros en las veredas. Como anécdota que invita a una reflexión, señalaba como única manifestación de la corrupción en la vida judicial de aquella época al incumplimiento de la norma del Código de Procedimientos en lo Criminal que exige la presencia del juez en las declaraciones indagatorias de los detenidos.

 

 

La anomia desbocada

El tema de la anomia acaba de ser retomado por Jaime Durán Barba en un artículo publicado en Perfil bajo el título “Anomia desbocada”. Es un texto un tanto burdo, lleno de lugares comunes, del principal consultor político que tuvo el ex Presidente Mauricio Macri. Pero vale la pena leerlo porque refleja de manera diáfana cuales son los prejuicios que anidan en el inconsciente de la derecha conservadora argentina. En palabras de Durán Barba, para comprender la realidad argentina es central recurrir al concepto de anomia que, según su interpretación, consiste en que “el movimiento político que lo ha hegemonizado durante décadas, no tiene apego a las normas de convivencia democrática, tampoco a la lógica (sic)”. Como manifestación de la anomia que impera en la Justicia, el consultor toma el hecho reciente de que “el Presidente constitucional de la Argentina concurrió a un tribunal penal para atestiguar a favor de su Vicepresidenta en funciones”. Podemos disculpar el error jurídico de ignorar que los testigos no declaran “a favor” o “en contra” de alguien, sino que se limitan a informar sobre hechos de los que han tenido conocimiento directo. Pero no deja de ser una ironía que luego de la catarata de información que ahora tenemos sobre la Gestapo creada por Macri para manipular causas judiciales, la única referencia de un intelectual preocupado por la anomia sea la declaración testimonial del Presidente Alberto Fernández. Lo que demuestra que para el pensamiento binario, la anomia es siempre un fenómeno de “los otros”. La psicología cognitiva ha estudiado esta peculiar característica de la naturaleza humana que nos hace proclives a ignorar aquello que nos provoca una disonancia cognitiva. Según Adam Grant –Piénsalo otra vez (Deusto)– cuando alguien o algo cuestiona nuestras creencias más básicas tendemos a cerrar la mente en lugar de abrirla. “La palabra técnica que se utiliza en psicología para describir este fenómeno es ego totalitario, y su trabajo es impedir la entrada de información que represente una amenaza. El ego totalitario interviene como si fuera el guardaespaldas de nuestra mente y protege la imagen que tenemos de nosotros mismos mientras nos alimenta con mentiras reconfortantes. El dictador interno también disfruta tomando el control cuando nuestras opiniones más arraigadas se ven amenazadas”.

Carlos Nino, en su ensayo, tuvo el cuidado de no descargar la responsabilidad de la anomia en una fuerza política determinada como ahora hace la derecha conservadora argentina. La consideraba un fenómeno transversal y estructural de la sociedad argentina, presente en todos los espacios políticos y sociales. Tampoco cayó en la deshonestidad de los intelectuales que hoy fingen ignorancia frente al más escandaloso episodio de anomia que ha tenido lugar en la Argentina desde la recuperación de la democracia. Las pruebas recogidas hasta el momento sobre la existencia de una estructura ilegal que operaba en los sótanos de la democracia durante el gobierno de Macri, cuyos hilos partían de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), son incontrastables. Esta actividad se desplegaba en dos planos. Por un lado, mediante operaciones de espionaje ilegal para obtener información que podía ser utilizada para extorsionar a amigos y enemigos o para surtir de pruebas falsas a algunos expedientes penales. Y por otro, gestionando la complicidad de algunos fiscales y jueces federales para armar causas judiciales que permitieran el encarcelamiento o el desprestigio de los adversarios políticos o de los empresarios que poseían medios de comunicación considerados hostiles. La existencia de algunas causas en las que se han investigado hechos objetivos de corrupción no es incompatible con el cuadro anterior. Justamente, la existencia de algunas investigaciones judiciales de esa naturaleza ha sido utilizada como cortina de humo para encubrir otros procesos basados en apreciaciones arbitrarias de jueces inescrupulosos como ahora lo evidencia la estrepitosa caída de las causas instruidas por el juez Claudio Bonadío.

Un periodista como Carlos Pagni –al que sería difícil asociar con el kirchnerismo– acertó al señalar que el problema que ahora tienen los dirigentes del PRO es que “deberán definir qué nivel de complicidad mantienen con los responsables de un descalabro institucional en cuyo centro está la vinculación mafiosa entre el Poder Judicial y los servicios de Inteligencia”.

Un diagnóstico que coincide con el informe de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismo de Inteligencia que describe el funcionamiento, entre 2015 y 2019, de un plan sistemático y paraestatal de espionaje político ilegal, a partir de la creación de “una estructura estatal paralela y clandestina: una verdadera organización mafiosa” en la que participaron sectores de la AFI, del ministerio de Seguridad, de la Justicia Federal y del Servicio Penitenciario con la cobertura de algunos medios de comunicación. El famoso video de la reunión de la “Gestapo antisindical” celebrada en el Banco Provincia entre autoridades de la AFI con el ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y algunos empresarios de la construcción de La Plata ofrece una imagen vívida, jamás lograda, de las cloacas estatales en pleno funcionamiento. Que luego algunos camaristas federales intenten reducir esta profusa labor de espionaje a la actuación individual y aislada de algunos agentes incontrolados de la AFI, no solo es una burla a la inteligencia de los ciudadanos sino, más bien, una verdadera operación criminal de encubrimiento.

 

 

La Logia de Boca

El daño causado a la democracia argentina por la acción inescrupulosa del ex Presidente Mauricio Macri y sus cómplices es inmenso. En forma similar a la famosa Logia P-2 de Italia, en la Argentina se organizó una logia con antiguos colaboradores de Macri en el club Boca Juniors asociada a otra organización similar referenciada en Daniel Angelici, otro hombre proveniente del fútbol. Pareciera más apropiado asociar estas estructuras a las de una logia política secreta que a las de una mafia, porque si bien existen similitudes, la palabra mafia es un concepto que viene atado a la explotación privada de negocios ilegales como la prostitución, el juego o las drogas. Aquí lo que existió fue una asociación ilícita secreta, de naturaleza política, que ocupó un sector de la estructura estatal para usarla en su propio beneficio. La existencia de ese vínculo político e ideológico es lo que permite entender la colaboración proporcionada por algunos fiscales y jueces federales que se prestaron a ejecutar maniobras diseñadas en los despachos de la AFI. Lo que también explica la invalorable colaboración de algunos medios y periodistas que actuaban como terminales de blanqueo de las informaciones obtenidas por los servicios de inteligencia.

Ninguna democracia puede funcionar correctamente si permanecen en la estructura judicial jueces corruptos que han cedido a las presiones o se han integrado en una logia facciosa. ¿Qué confianza se puede depositar en decisiones judiciales que provienen de jueces que visitaban asiduamente al Presidente en Olivos o se reunían en la Casa Rosada para recibir instrucciones? ¿Existe mayor degradación de la vida republicana que prestarse a armar causas penales con argumentos falaces para encarcelar a los enemigos políticos? La ceguera cognitiva provocada por la grieta que separa a los argentinos impide todavía que un importante sector de ciudadanos reconozca la magnitud del crimen político cometido por Macri y sus cómplices. Pero al igual que aconteció con la falta de reconocimiento de las políticas de desaparición de personas durante la dictadura militar, la verdad se irá abriendo paso lentamente y los negacionistas actuales se irán rindiendo paulatinamente ante lo categórico de las evidencias.

 

 

 

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