Usos PRO de los nadies

 

En diciembre de 2018, la Cámara Nacional Electoral (CNE) le quitó la causa de los “aportantes truchos”, esa extraordinaria maquinaria de blanqueo millonario para financiar campañas políticas de la alianza Cambiemos, al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, y la derivó al conveniente juzgado electoral de Adolfo Ziulu con el único fin de interrumpir la investigación de delitos como asociación ilícita y lavado de dinero y centrarse en infracciones en la rendición de gastos que, en la mayoría de los casos, se castigan con multas. Esta semana, el juez Alejo Ramos Padilla, nombrado a principios del 2021 en el Juzgado Federal 1 de La Plata con competencia electoral en toda la provincia de Buenos Aires, cumplió con la tarea –comprobó que al menos 79 personas, mediante denuncias o declaraciones testimoniales, negaron haber realizado el aporte declarado por la agrupación– al aplicar las multas correspondientes, pero agregó un detalle que puede alterar la calma de los acostumbrados a ganar: dispuso investigar la posible comisión de un delito penal.

Atento a que la competencia penal “en ningún caso se ejercerá antes de culminar, mediante sentencia firme, el proceso de control patrimonial partidario”, Ramos Padilla se limitó a evaluar si Cambiemos había logrado acreditar, en forma transparente, el origen y destino de los fondos que financiaron la campaña electoral de 2017 en territorio bonaerense. Además de las denuncias públicas, que comenzaron a replicarse luego de la investigación del periodista Juan Amorín, el juez tomó en cuenta los informes realizados por el Cuerpo de Auditores Contables de la Cámara Nacional Electoral, que concluyó que “debían desaprobarse los informes finales aportados por la alianza Cambiemos en función de las numerosas irregularidades detectadas”.

Se cuestiona un listado de 209 personas que, pese a percibir algún plan o beneficio del ANSES, realizaron considerables donaciones de dinero. En detalle, hubo aportes de 20.000 pesos, unos 1.000 dólares de la época, de personas que percibían la Asignación Universal por Hijo (AUH) o el subsidio para la compra de garrafas. También llamó la atención la generosidad de unos 179 monotributistas que habían donado a la campaña más del 30% de su facturación mensual. Otra cuestión detectada por los auditores fue el alto número de aportantes que “ostentaban cargos jerárquicos en importantes empresas y que habían realizado aportes por exactamente el mismo monto” (el ejemplo más notorio es el de cuatro integrantes de Sinteplast S.A. con un aporte de 135.000 pesos cada uno). “Estos casos –concluyó aquel peritaje-- permiten inferir que se tratan de aportes indirectos efectuados por las empresas o entidades, prohibidas por la legislación vigente”.

 

 

No aclares que oscurece

La causa por los “aportantes truchos” se inició en septiembre de 2017, luego de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y a partir de la entrega del informe final de recursos y gastos de campaña por parte de Cambiemos. En su resolución, Ramos Padilla reconoce que el “expediente contaba con una complejidad mayor al existir una contienda con la competencia de la justicia criminal y correccional federal y al haber realizado la agrupación sucesivas rectificaciones de su informe final”.

En ese sentido, luego de que las denuncias adquirieran estatus público, el partido excluyó a casi 1.500 aportantes e incorporó más de 300 nuevos sin brindar ningún tipo de justificación. “La agrupación –argumenta el juez– podría haber presentado una explicación detallada de cuál fue la equivocación que derivó en la necesidad de reemplazar 1.454 por otros 322 distintos, quién lo cometió y en qué momento, cómo y cuándo se detectó el error, cuáles fueron las bases de datos involucradas en el error, por qué los nuevos aportantes no habían sido incluidos en el primer listado, etc. Sin embargo, nada de ello ocurrió”.

“Además –continúa–, debe existir una relación de proporcionalidad entre la magnitud del error y la claridad de la justificación. Sin embargo, la agrupación se limitó a argumentar ‘errores en la carga’ sin brindar ninguna otra precisión ni aportar documentación que permita acreditar sus dichos”.

En un contexto de masiva desmentida de supuestos aportantes a la campaña, solo 19 personas confirmaron haber puesto plata. El dato sería más auspicioso para los intereses de Cambiemos si no fuera porque solo una pudo presentar copia del recibo correspondiente.

 

 

Los nadies

“Al día de hoy sigo afiliada al PRO. No tengo nada que ver con ese espacio político, milito otra cosa. Lo que hicieron es perverso y sucio”, dice Noemí Viera, una de las primeras en presentarse ante la CNE para corroborar eso que había leído en una página web y que creía un chiste de mal gusto.

“Estaba mi nombre, figuraba como afiliada al partido, fue una sensación horrible, en ese momento no se hablaba de ‘aportantes truchos’. Me acuerdo que sentí mucho miedo porque lo había hecho gente que tenía poder, que en ese momento estaba en el gobierno. Nosotros éramos de barrios populares, titulares de planes sociales. Frente a ellos, nosotros somos los nadies”.

Noemí, de todas formas, se mostró valiente. Junto a otros vecinos de Villa Itatí, en Quilmes, golpearon puertas de oficinas y despachos para demostrar que ellos no eran seguidores del PRO y mucho menos sus financistas. “Una vez que presentamos la demanda, fuimos todos los días a La Plata a dar testimonios, a someternos a pruebas de caligrafía, dimos la cara por algo en lo que no teníamos nada que ver, pero a medida que iba pasando el tiempo nos dimos cuenta que a los poderosos les importa muy poco lo que tenemos para decir”.

La desaprobación de los informes finales de campaña y las multas –3.246.965,53 pesos al PRO y 990.599,65 pesos a la UCR y la Coalición Cívica-ARI, sus socios mayores en la alianza– aplicadas por Ramos Padilla son parte de ese “ruido” que se escucha cada tanto y que le devuelve la esperanza a Noemí. “Ya no digo que vayan presos, pero que al menos alguien se haga responsable de lo que pasó y asuman las consecuencias. En el fondo queremos confiar en que vamos a obtener una respuesta del Poder Judicial, pero es difícil. Como ya dije, somos los nadies”.

 

 

 

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