Juicio de lesa, sin televisación
El TOF 2 no permite que se transmitan los testimonios de las víctimas
El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Comodoro Py no permite la televisación de los testimonios en el juicio por crímenes de lesa humanidad conocido como "RIM 6 de Mercedes/Imprenta PRT-ERP". Ese proceso de lesa, como otros, venía siendo transmitido por el medio comunitario La Retaguardia (LR), que difundió desde su canal de YouTube las audiencias de los viernes 3, 10 y 17 de diciembre último. En el primero de los casos, recibieron la autorización en la noche previa. Aun así, no lograron ser incluidos en la sala virtual, lo que les hubiera permitido elegir sus imágenes en lugar de emitir las que tomaba el tribunal.
Según explicó a El Cohete Fernando Tebele, parte del equipo de las transmisiones de juicios de LR, “estamos autorizados a transmitir la señal desde YouTube, pero para este tipo de transmisión no hacía falta que nos dieran permiso”. Luego de la feria judicial, el trámite recomenzó el viernes 4 de febrero, audiencia que también fue retransmitida.
El TOF 2 permitió difundir lo que dijeron los imputados y lo mismo hará en la etapa de los alegatos, pero no deja oír a las víctimas. Así es que pudo escucharse a uno de los acusados atacar a Bárbara García, a quien querelló por haberlo reconocido entre centenares de fotos en el juzgado de Daniel Rafecas, pero no la declaración de la mujer, que tuvo lugar el viernes. La decisión se basa en una acordada de la Corte Suprema de Justicia, de 2008, que presupone que un testigo puede adecuarse a lo que diga otro previo, lo que se conoce como “contaminación de testimonios”, por lo que sólo ordenó garantizar la transmisión de las audiencias iniciales (lectura de la elevación a juicio), alegatos y sentencia.
Preocupación de la prensa
A partir de la notificación, periodistas de diferentes medios expresaron su preocupación por la decisión del TOF 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de no permitir la televisación del juicio. Según un llamamiento colectivo, “el medio comunitario La Retaguardia viene sosteniendo coberturas televisivas de otros juicios sin objeciones por parte de diferentes tribunales. En este caso, se suma que las víctimas Bárbara y Camilo García, colegas que debían testificar por la desaparición de su madre, han expresado la reparación que implica que el testimonio que esperan hace 45 años pueda ser televisado”. Posteriormente, citaron el artículo 287 del Código Procesal Penal: “El debido proceso se ejerce cuando el principio de publicidad se convierte en un medio para defender los derechos del imputado y de la víctima, con el que es posible para un amplio público conocer las actuaciones y los operadores judiciales, y estos, al verse bajo el escrutinio social, tendrán que manejarse de acuerdo al más alto estándar de transparencia y seriedad para garantizar un debido proceso acusatorio”. Por eso, exigieron “que se garantizase la publicidad de este juicio tardío, para reparar también las demoras de la Justicia y para garantizar la libertad de expresión”.
No obstante, a pesar del pedido colectivo –y el de las víctimas– para que todo el proceso sea público, el tribunal ratificó el pasado jueves 10 que no permitiría la transmisión. Los periodistas podrán escribir lo que se diga, pero sin autorización a difundir imágenes.
Según Tebele, “esto convalida el pedido de las defensas. Es inexplicable que se puedan televisar los discursos de los imputados y no las voces de las víctimas del genocidio. Que desde un poder del Estado se haga esa distinción es preocupante. Por suerte, esta decisión viene siendo una excepción, ya que en otras jurisdicciones podemos transmitir los juicios enteros, que es lo que corresponde”.
El tribunal
En esta causa, el TOF 2 estuvo presidido por Javier Feliciano Ríos, acompañado por Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini, quien lo había presidido en otras oportunidades, con distintos integrantes.
En 2018, Gorini había integrado con otros jueces el TOF 2 que llevó el juicio por encubrimiento en el atentado a la AMIA, que tuvo entre los acusados al ex presidente Carlos Menem, lo que fue transmitido por el Centro de Información Judicial (CIJ).
Poco después, ya con Giménez Uriburu, además de Gorini, el TOF 2 recibió la certificación internacional ISO 9001:2015 por la implementación del Sistema de Gestión de Calidad para los procesos de la mesa de entradas a través de la unificación de procesos, fijación de puntos de control y estandarización de soluciones.
En 2019, el TOF 2 recibió de la Corte Suprema el expediente contra Cristina Fernández de Kirchner por presunto fraude en la obra pública. En ese marco, aceptaron que la ex mandataria “dio un motivo fundado para viajar” a Cuba, por lo que se le permitió visitar a su hija internada.
En agosto de 2021, integrado por Gorini, Uriburu y Enrique Signori, condenó al falso abogado Marcelo D’Alessio.
Los imputados
Los acusados habían sido tenientes o subtenientes del Regimiento de Infantería Mecanizada (RIM) 6: Rubén Osmar Andrade; Luis Alberto Brun; Gustavo Delfor González Sass, Horacio Linari, Emilio Pedro Morello y Martín Eduardo Sánchez Zinny.
Todos están acusados por crímenes de lesa humanidad a partir del operativo que se realizó contra la imprenta del periódico El Combatiente y Estrella Roja (PRT-ERP), que junto con otras acciones ocurridas entre mayo y julio de 1976 en el oeste del Gran Buenos Aires afectaron a 37 integrantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), de la Juventud Guevarista o del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), de los cuales 30 permanecen desaparecidos. Según el expediente 14216/2003/TO10 “Fernández Bustos y otros”, los militantes se conocían a través de la Escuela de Arte y la Escuela de Comercio 1 de Luján, así como de las tertulias literarias y políticas en la casa del escritor Dardo Dorronzoro, referente cultural de la ciudad, que permanece desaparecido.
Luis Alberto Brun, quien se presentó como licenciado en Administración de Empresas y magíster en Negocios y Finanzas, alegó que estaba de franco el día de la incursión militar y aportó un documento escrito de una autoridad militar que da cuenta del franco ese fin de semana. Recordó haber escrito dos libros en los cuales criticó la represión ilegal.
Para el cierre de su alocución, alegó: “Entre 2004 y 2008 fui contratado por León Arslanián como director de Planeamiento y Gestión en los programas de respuestas múltiples para jóvenes en conflicto con la ley penal (en el norte del GBA). No fui un burócrata que se quedó sentado en el Ministerio de Seguridad de la provincia (de Buenos Aires). Eso se hizo gracias a un convenio con Adriana Puiggrós. Mi legajo también pasó por la Secretaría de Derechos Humanos del doctor Remo Carlotto”.
Otros dos acusados tuvieron participación pública como carapintadas.
Martín Eduardo Sánchez Zinny se acuarteló durante la Semana Santa de 1987 en Campo de Mayo. Emilio Pedro Morello colaboró en armar el MoDiN, el partido político de Aldo Rico, por el que llegó a ser diputado nacional.
Todos están acusados de integrar el grupo de tareas que secuestró a Cristina Cournou y Nicolás Grandi –hermana y cuñado del cantautor Víctor Heredia– y a Rocío Martínez Borbolla, madre de los periodistas Camilo y Bárbara García.
A su captura se llegó por el testimonio de ex conscriptos que declararon que el 10 de julio de 1976 rodearon una casa del barrio de San Andrés, en San Martín, donde el ERP tenía su imprenta y una “cárcel del pueblo” en la que retenían al vicecomodoro Roberto Echegoyen –interventor de la UTN–, ejecutado por la guerrilla ante el inminente ingreso de los militares.
Defendido por experto
El único detenido en una cárcel común, Rubén Osmar Andrade, es defendido por Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores.
Salvadores fue condenado a perpetua –aunque eximido desde Casación– por participar de la Masacre de Capilla de Rosario, en Catamarca, cuando en agosto de 1974 el Ejército fusiló a 16 guerrilleros y ocultó los cadáveres. Su caso está en la Corte.
Hace una década, Salvadores se defendió a sí mismo, por derecho propio, algo inédito en los juicios de lesa. El año pasado, asistía de modo virtual a imputados en la causa por los Vuelos de la Muerte. En ese marco, participó de la visita ocular a Campo de Mayo, con traje, sombrero, anteojos oscuros y elegante bastón, luego de descender de un simbólico Ford Falcon.
Colegas y partes
Los hermanos García se dedicaron al periodismo. Bárbara tenía 9 años cuando sufrió en carne propia el operativo en el que secuestraron a su mamá. Cuatro décadas después, cuando en el juzgado de Rafecas le mostraron fotos de legajos militares, reconoció a Martín Eduardo Sánchez Zinny. El militar la querelló por falso testimonio, denuncia que ya fue rechazada en tres instancias.
Camilo tenía 4 años cuando perdió a su madre y también fue víctima de ese operativo. Hizo carrera como panelista o movilero de varios canales televisivos y actualmente conduce de lunes a viernes el programa Minutos Contados en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, AM 530. Camilo se disculpó ante El Cohete por no hacer declaraciones previas a dar su testimonio en sede judicial.
Otros juicios
Esta semana se reanudaron las audiencias del juicio que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en los ex centros clandestinos de detención (CCD) Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield e Infierno de Avellaneda. En la audiencia 54ª declaró Pedro Cerviño, quien compartió cautiverio con Nélida Azucena Sosa de Forti durante su paso por un CCD en Tucumán.
A propósito, desde el Colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia compartieron con El Cohete su profunda tristeza por el fallecimiento de Jorge Allega, sucedido en Italia el pasado 22 de enero, luego de estar enfermo y de contagiarse con Covid. Jorge, integrante del espacio, estuvo secuestrado en el Pozo de Quilmes en dos oportunidades y era hermano de Luis, otro sobreviviente.
Todos estos procesos de lesa humanidad han sido y son transmitidos sin problemas, como puede verse en esta agenda oficial.
En paralelo al juicio por el RIM 6, se desarrolla el de Vesubio III, a cargo del TOF 4.
El lunes 14 tendrá lugar el juicio Garachico ante el TOF 1 de La Plata; mientras que, en San Martín, el TOF 2 llevará el de los Vuelos de Campo de Mayo y el TOF 5 se ocupará del operativo en la quinta La Pastoril.
El martes 15, el TOF 1 de La Plata seguirá con el juicio Brigadas; el TOF 5 de CABA se abocará a la causa Chavanne; y el TOF de Santa Fe irá con la de González. El miércoles 16, seguirá la megacausa Campo de Mayo y, en Mendoza, el TOF 2 se ocupará de Ocampo y otras acumuladas. El jueves 17, la Megacausa Jujuy tendrá audiencia en el TOF de esa provincia.
El solitario caso del TOF 2 de Comodoro Py, en opinión de personas cercanas a organismos de derechos humanos, “huele a naftalina”.
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