Mate lavado
Se acerca el juicio a responsables de la yerbatera Las Marías, por delitos de lesa humanidad
A principios de julio comenzará finalmente el Juicio a Las Marías, empresa yerbatera dueña de Taragüí, Unión, La Merced y La Mañanita, por delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores y sindicalistas durante el terrorismo de Estado. El juicio se desarrollará, a pedido de las víctimas, en la propia ciudad de Virasoro, al noreste de Corrientes, donde la empresa tiene sus establecimientos productivos.
No es la primera vez que los ex trabajadores de Las Marías se preparan para declarar. Como ocurre con todas las causas judiciales que investigan la violencia empresarial en dictadura, existen enormes dificultades para llegar a instancias de juicio oral y público. En este caso, aunque hubo elevaciones a juicio por distintos hechos —en 2010, 2012 y 2014—, nunca se llegó a la instancia de debate y las exigencias de justicia de las víctimas y familiares continuaron frustradas.
Ahora todo parece ir adelante. El Tribunal Oral Federal de Corrientes quedó integrado por Lucrecia Rojas de Badaró, Víctor Alonso y Fermín Ceroleni. Y las expectativas de comienzo son altas porque está pautado y comunicado oficialmente el cronograma de testimonios. A lo largo de tres días (2, 3 y 4 de julio), si no se producen retrasos, declararán más de quince ex trabajadores, víctimas y familiares. También lo harán cerca de una decena de ex oficiales militares, ex soldados y policías. Hay otras presencias que sin embargo no llegaron a juicio: ex trabajadores y representantes gremiales como Marcelo Acuña, Jacinto Bernal y Ramón Aguirre y el ex director de escuela y militante de derechos humanos, impulsor y testigo clave de estas causas, Miguel Ángel Argüello, fallecieron durante los años de demora y sus verdades no serán oídas en el juicio.
Las investigaciones por delitos de lesa humanidad cometidos contra los trabajadores de Las Marías se fueron acumulando en los últimos doce años en distintos juzgados y corrieron sinuosos infortunios. Obstáculos indecibles hicieron que ahora el juicio se haga con un sólo imputado, Héctor Torres Queirel y por una única víctima, Marcelo Peralta, ex trabajador rural de Las Marías, todavía desaparecido. Torres Queirel, de 77 años, es teniente primero retirado del Ejército, fue el interventor militar en Virasoro y, desde entonces y hasta la actualidad, dueño de la estancia María Aleida. Se lo acusa del secuestro de Peralta, ocurrido el 29 de junio de 1977. Peralta vivía con su esposa y su pequeña hija en una vivienda ubicada dentro de la propiedad del imputado.
Los crímenes cometidos contra el resto de los trabajadores no serán juzgados, de manera que los sobrevivientes no van a declarar en calidad de víctimas sino de testigos. Esto será así tanto por el fallecimiento en impunidad de algunos imputados como por decisiones de los operadores judiciales de no avanzar en la investigación de las responsabilidades, especialmente sobre los propietarios y el personal de jerarquía en la empresa. En ese camino quedó el viejo Adolfo Toco Navajas Artaza: jefe del clan empresario y funcionario de las últimas dos dictaduras, nunca indagado. Se llegó al absurdo que mas de una decena de jueces se excusaran hasta que Antonio Chalup ordenó su sobreseimiento en mayo de 2008 y puso fin, así, a la imputación que existía en contra del industrial yerbatero.
Yerba con polvo
El proceso de conflictividad en Las Marías explotó con una huelga en 1974, durante el segundo año del tercer gobierno peronista. Se frenó bruscamente con la llegada de la dictadura y el secuestro de más de una decena de trabajadores organizados en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y en la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE). En abril de 1976 fueron detenidos tres dirigentes, acusados por malversación de fondos sindicales. En agosto de ese año fueron llevados otros, a quienes se los intentó hacer declarar contra los primeros. Entre febrero y julio de 1977, otros ocho trabajadores fueron secuestrados, dos de los cuales permanecen desaparecidos. El informe sobre Responsabilidad empresarial narra cómo la empresa participó del proceso represivo al brindar información y recursos logísticos y materiales a las fuerzas e instigar las detenciones.
El debate que finalmente comienza surgió a partir de la ampliación de una causa. La causa se inició en 2006 con la denuncia de Jorge Catalino Pérez, quién pidió investigar la desaparición de su padre. Neris Pérez desapareció el 2 de junio de 1977, semanas antes que Peralta. La denuncia retomaba de alguna manera las declaraciones de víctimas y familiares, realizadas en las oficinas de derechos humanos del Estado desde la transición democrática. Ni los trabajadores de Las Marías ni sus familias prestaron declaración ante la CONADEP.
La investigación así iniciada llevó en 2006 la carátula de “Pérez Jorge Catalino s/ denuncia privación ilegítima de la libertad” y tenía como imputados a los militares Juan Carlos Sacco, Duilio Martínez y Llamil Reston. Reston, de mayor jerarquía, era el Comandante de Subzona 24, Jefe de la Brigada de Infantería III de Curuzú Cuatiá y luego fue ministro de Trabajo de la Nación. Martínez era teniente primero y se desempeñaba como oficial del Escuadrón de Exploración de la Caballería Blindada Nº 3 de Santo Tomé y Jefe de Inteligencia del Ejército en Comisiones, dependiente de Subzona 24. Sacco era capitán del Ejército y actuó desde el 23 de marzo de 1976 como interventor de la comisaría local, destinado desde la VII Brigada de Infantería de Corrientes, que actuaba como jefatura de la Subzona 23.
En uno de los primeros testimonios de instrucción, el policía retirado Ramón Alberto Giménez se autocalificó como “entregador” de la desaparición de Pérez y señaló a Adolfo Navajas Artaza como el instigador del secuestro. A partir de ese testimonio, el empresario fue requerido en calidad de imputado, aunque —como señalamos— la causa sobre su responsabilidad no avanzó. A partir de su sobreseimiento en 2008 había que buscar nuevos caminos para que ocurriera.
Fue en el marco de esta causa, por la proximidad de hechos y víctimas, que fueron incluidos en el mismo expediente los casos de secuestro de Marcelo Peralta y de Jacinto Bernal. Bernal fue el único sobreviviente de las tres víctimas de los operativos contra trabajadores ocurridos en esas semanas. Por el caso de Peralta, ingresó a la causa en calidad de imputado Torres Queirel, quien ahora será juzgado. Y también fue procesado el subteniente Ricardo Schweizer, perteneciente —como Duilio Martínez— al Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada de Santo Tomé que se desempeñaba como jefe de la Sección Contrasubversión.
En paralelo, se había iniciado otra investigación judicial por nuevas víctimas. Eran trabajadores de Las Marías a quienes el tribunal accedió a incorporar en una misma causa en 2010, cuando ya había tomado la decisión de elevarla parcialmente a juicio. La acumulación era una oportunidad para que los hechos adquirieran una coherencia histórica en relación a poder observar la trama represiva con una misma lupa.
Esa causa avanzó y retrocedió, siempre troceada. En marzo de 2011 se dictaron procesamientos para Martínez, Schweizer, Torres Queirel y Reston y se ordenó para este último la prisión preventiva. La causa fue elevada a juicio oral un año más tarde, en marzo de 2012. En el caso de Sacco, en 2010 el juez había ya determinado que no había suficientes pruebas para procesarlo por los hechos que tuvieron a Pérez, Peralta y Bernal como víctimas. Torres Queirel, por su parte, quedó imputado sólo en relación a Peralta. Como la elevación fue parcial, la investigación quedó abierta en instrucción sobre esos mismos imputados en relación a otros hechos. Pese a ello, todo volvió a frenarse porque en octubre de 2012 fallecieron Duilio Martínez y Schweizer.
Selección especial sin palo
La segunda investigación por las nuevas víctimas y los mismos imputados comenzó en 2010 a raíz de una presentación realizada por Marcelo Acuña, otro trabajador de Las Marías, ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La Secretaría remitió la presentación al juzgado de Corrientes y, luego del procesamiento, se posicionó como querellante.
La carátula en el juzgado de primera instancia decía: “Investigación delitos de lesa humanidad - Víctimas: Ramón Aguirre y otros”. Además de Aguirre, se investigaban los crímenes cometidos contra Acuña y contra otros ex trabajadores y representantes sindicales de FATRE y de STIA: Héctor Sena, Pablo Franco y Carlos Escobar. Estos trabajadores habían sido detenidos entre la fecha del golpe y julio de 1976 y procesados fraudulentamente, a raíz de una denuncia de la empresa. Por ese motivo estuvieron presos varios años.
La investigación acumuló pruebas rápidamente. En diciembre de 2010, el fiscal federal Benito Pont y la querella conformada por la Secretaría, a cargo de Daniel Domínguez Henaín, consiguieron una elevación a juicio de forma parcial. Y quedaron procesados Reston, Sacco y Martínez. Torres Queirel no aparecía como imputado. Cuando ambas causas llegaron al tribunal oral, se acumularon por pedido de la fiscalía.
La causa por los crímenes contra Pérez, Bernal y Peralta arrastraba frustraciones con la suspensión del juicio que tenía fecha para 2012. Al acumularse con Acuña (y aunque debido al fallecimiento de Martínez, sólo quedaban procesados Reston y Sacco), se presentaba otra oportunidad: el juez de primera instancia de Paso de los Libres cerró la instrucción en 2013 y los jueces del tribunal, con ambas causas en sus manos, aceptaron el pedido de acumulación y pautaron la fecha de inicio de juicio oral y público para noviembre de 2014. Sin embargo, el debate también se suspendió. En este caso, porque los jueces consideraron que no estaban dadas las condiciones para los acusados, dada su situación de salud. Desde entonces se encuentra pendiente.
Con posterioridad, finalmente se declaró la insanía de Llamil Reston y la exclusión por deficiencias de salud de Juan Carlos Sacco, lo que dejó a la causa sin victimarios, de manera que las víctimas volvieron a ser víctimas.
Último mate
A raíz de la denuncia de Ramón Peralta (hermano de la víctima Marcelo Acuña), desde el juzgado se permitió que en dos oportunidades se allanara la empresa, en busca de legajos y otra documentación que sirviera de prueba para los hechos. La primera ocurrió en junio de 2013 y la segunda, en julio de 2015.
Se fueron acumulando evidencias desde entonces, pero debido a la "caída" de los imputados, hubo que esperar recién a 2017 para que la causa recobrara impulso. Lo que las víctimas sobrevivientes, familiares y defensores de derechos humanos debatían entonces era qué hacer frente a los apartamientos de Sacco y Reston por cuestiones de salud. En el caso de la primera causa, la exclusión de acusados provocó que cayeran las investigaciones de los delitos cometidos contra Bernal y Pérez. Sólo quedaba Torres Queirel como imputado, con el agravante de que a él sólo le podían probar la vinculación con el crimen de Peralta. La fiscalía apeló en la Cámara de Casación el apartamiento de Sacco, lo cual fue concedido, pero finalmente el tribunal volvió a apartarlo.
Entonces la acusación representada por el Ministerio Público Fiscal, con los fiscales federales Flavio Ferrini y Juan Martín García, y la querella, decidieron no interponer recursos y presentaron el pedido de elevación a juicio en mayo de 2017. Y así quedó conformado este amputado Juicio a Las María que tendrá lugar en julio.
La primera audiencia está pautada para el lunes 2 de julio a las 8.30. El primero que debería comparecer es el imputado, junto a su abogado Néstor Irazusta. El mismo día están citados para declarar en calidad de testigos Aníbal y Jorge Pérez y Ramona Sánchez (hijos y viuda de Neris Pérez), Genara Díaz (viuda de Peralta), Clara Mercedes Figueredo y Rodolfo Alfredo Fernández. El 3 de julio están citados otros ex trabajadores, familiares y víctimas: Carlos Escobar, Ramón Falcón, Juan Manuel Gómez, María Bernal (hija de Jacinto), Pablo de la Cruz Franco, Agustina Altamirano y Ramón Peralta.
El 4 de julio, último día del debate, están citados oficiales, soldados y personal policial: el sargento retirado Cosme Ramírez, el oficial principal de la policía Arcenio Raúl Berón, el comisario general retirado Julio Ángel Fernández, el comisario inspector retirado Juan Ramón Cerdán, Francisco Silva, el sargento retirado Dionicio Cáceres, Lorenzo Ramos Chilotegui, Alejandro Segundo Balleve y el comisario general retirado Walter Ramírez.
Entonces, aunque formalmente como testigos y no como víctimas, los ex trabajadores y familiares tendrán la oportunidad de hablar, decir su verdad y reconstruir los hechos represivos: será el momento de cambiar la yerba y señalar, en la propia ciudad de Virasoro, territorio envasado por la empresa Las Marías, que durante el terrorismo de Estado hubo mucho más que dos o tres oficiales y soldados reprimiendo a los trabajadores y al sindicato.
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