EL OTRO LADO DE LA JUSTICIA

 

“La Justicia argentina trabajó mucho para juzgar los crímenes de la dictadura. La política judicial sobre los crímenes de lesa humanidad es política de Estado. No es patrimonio de un partido”, afirma Sebastián Casanello, titular del Juzgado Federal 7 de Capital Federal con asiento en Comodoro Py e impulsor de una visita de jueces y juezas al Museo Sitio de Memoria ESMA para dar un apoyo explícito a la postulación del espacio para convertirse en Patrimonio Mundial de la Unesco.

Casanello ya había visitado el centro clandestino de detención, tortura y exterminio ubicado en el barrio porteño de Núñez durante 2021, cuando subrogó el Juzgado 12, que instruye las causas vinculadas a los crímenes en la ESMA durante la dictadura. En el marco de la recorrida, Alejandra Naftal, directora ejecutiva del Museo, le comentó de la candidatura del espacio ante la Unesco. “Si algo tenemos para mostrar nosotros como jueces federales es el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Hay que dar visibilidad al rol que tuvo el Poder Judicial”, reflexionaron una serie de magistrados. Y quisieron recorrer el espacio en persona para que no quedaran dudas del apoyo a la candidatura. Un dato les llamó la atención: hasta ese momento la postulación había recibido avales de universidades nacionales, de sindicatos, de clubes y entidades deportivas pero no de los jueces.

La convocatoria partió de la Asociación de Jueces Federales (AJUFE) de la República Argentina, una entidad que surgió en 2017. Según Casanello fue abierta a quien quisiera estar. Participaron Ariel Lijo, titular del Juzgado Federal 4 y secretario general de la entidad; Santiago Inchausti, juez federal de Mar del Plata y vicepresidente; Ernesto Kreplak, juez federal de La Plata y quien instruye las causas del ex “Circuito Camps”; Nada Flores Vega, jueza del Tribunal Oral de San Martín; Sabrina Namer, jueza de Tribunal Oral en Capital; Cristina Pozzer Penzo, jueza de Goya, Corrientes; MarianoBorinsky, camarista de Casación Penal; Mariana Catalano, vicepresidenta de la Cámara Federal de Salta; Pablo Larriera, vicepresidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca y Roberto Lemos Arias, vice de la Cámara Federal de La Plata. “Hubo una amplia representatividad, fue una convocatoria plural y eso demuestra que la política judicial sobre los crímenes de lesa humanidad es una política de Estado, no es patrimonio de un partido”, consideró Casanello.

Para Ernesto Kreplak la postulación del Museo Sitio de Memoria ESMA a la Unesco “no sólo implica recordar el horror y trabajar para que no se repitan los crímenes sino ponderar el valor positivo del hecho de que la democracia, a través del Poder Judicial, haya generado juicio y castigo”. “El caso argentino es paradigmático en ese sentido”, sostuvo el juez federal de La Plata. Según Casanello, el proceso de juzgamiento de los crímenes de la última dictadura “lleva un desarrollo en el tiempo que no puede ser visto como una foto sino como una película”, del que marcó como primer hito el Juicio a las Juntas, en 1985. “Y es cierto que hubo frenos, pero yo no creo que se pueda hablar de retrocesos. Hoy estamos juzgando el lavado de activos de bienes saqueados a las víctimas. Y a la par los delitos sexuales, que se juzgan como delitos autónomos”, precisó.

En la línea de remarcar los avances, explicó que en cuando se hizo el juicio a los ex comandantes había una “interpretación restrictiva” del delito de tortura que ahora, más de 35 años después, tiene una interpretación tanto más amplia.  ¿Y la dificultad para juzgar y condenar a los cómplices civiles de la dictadura no es un retroceso?, preguntó El Cohete a la Luna. Casanello fue cauto. Dijo que en las décadas de 1980 y 1990 era impensado siquiera imaginar una condena para los responsables de las grandes empresas que fueron cómplices u organizaron ellos mismos secuestros y torturas. Recordó que él era secretario de una fiscalía que llevaba la causa Ford. Recién en diciembre de 2018 un Tribunal Oral de San Martín condenó a dos altos directivos de la automotriz de capitales estadounidenses: a Pedro Müller, ex gerente de manufactura, a 10 años de prisión y a Héctor Sibilla, ex jefe de seguridad, a 12 años. Otros directivos de Ford murieron impunes en el transcurso de los años.

Casanello dijo que los jueces y juezas que visitaron el Museo Sitio de Memoria ESMA quedaron “muy impactados” con los testimonios de los sobrevivientes que acompañan el recorrido en formato de audio y video. “Generó mucha conmoción ver en la ESMA los testimonios de los sobrevivientes que uno tomó desde su rol como judicial. Nuestro trabajo judicial se ve en el lugar de los hechos y eso es impactante”, indicó.

“Yo tuve esa causa”. “Yo recurrí esa condena”. En los pasillos del centro clandestino se escucharon esos comentarios de jueces y juezas. “Quisiera destacar que en la Argentina no hubo un tribunal especial para juzgar los crímenes de la dictadura. A los genocidas los juzgaron tribunales ordinarios y en el proceso de juzgamiento participaron decenas o un centenar de jueces y juezas, que condenaron y ratificaron [o rectificaron] sentencias. Se consiguieron consensos en torno a ese tema y eso da esperanza. Y eso que el Poder Judicial es aristocrático y alguien podría decir que conservador”, reflexionó.

La visita también abrió la puerta para que los jueces visiten los centros clandestinos de las jurisdicciones en las que trabajan. Un magistrado que prefirió mantener su nombre en reserva dijo que a partir del recorrido por la ESMA comenzó a ir en persona a otros centros clandestinos cuyas causas tiene a su cargo.

 

 

 

A la Unesco

A mediados de enero se despachó en valija diplomática a París el expediente final de nominación del Museo Sitio de Memoria ESMA al Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, un programa que tiene como propósito “identificar y preservar los bienes patrimoniales que tienen valor universal excepcional”.

El Museo Sitio de Memoria ESMA presenta la historia del ex centro clandestino que funcionó allí y que tuvo un rol central en la organización del terrorismo de Estado. Se calcula que por dicho espacio, controlado por la Armada, pasaron 5.000 detenidos-desaparecidos. Como exponente de todos los Sitios de Memoria de Argentina y del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), su candidatura busca contribuir a la visibilidad internacional del terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas y resaltar el valor del consenso social como medio para lograr Justicia.

Alrededor del mundo, otros lugares de memoria que ya fueron declarados por la Unesco como parte de ese programa. Entre ellos, la Isla de Gorée, en Senegal; el Muelle de Valongo en Brasil (emblema del trabajo esclavo), el campo nazi de concentración y extermino de Auschwitz-Birkenau, en Polonia, el puente viejo de Mostar, en Bosnia-Herzegovina y la prisión sudafricana de Robben Island, que representa el combate contra el apartheid. La Unesco pide “la comprobación de que el bien cultural propuesto no sólo es un testimonio relevante para el país o la región sino que tiene valor universal excepcional”.

 

 

Política de Estado

Fuentes que trabajan en la candidatura del Museo ante la Unesco confiaron a El Cohete a la Luna que la iniciativa para que el espacio sea patrimonio mundial partió de los organismos de derechos humanos. Las gestiones comenzaron en octubre de 2015 y a fines de 2019, con el cambio de gobierno, tomó velocidad el plan de trabajo que acaba de completar los requisitos técnicos, sociales, diplomáticos y políticos que solicita el organismo internacional.

A fin del año pasado los ministros de Cultura, Tristán Bauer; Educación, Jaime Perczyk; Justicia, Martín Soria; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; y la embajadora argentina ante la Unesco, Marcela Losardo, participaron junto a Naftal del acto de firma del expediente de nominación del Museo a la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, realizado en el propio espacio.

Ahora el expediente está en la sede de la Unesco, en París. La deliberación final para definir si será Patrimonio Mundial está pautada para mediados de 2023, durante la reunión del comité de Patrimonio Mundial. Desde el sitio de memoria se muestran confiados en el trabajo realizado.

El Cohete consultó a un vocero para saber si la Unesco interviene en los contenidos del museo.

–No, para nada. Lo que sí cambia es el organigrama de trabajo del espacio y se prevé que se hagan obras de preservación, dado que no se puede tocar porque está sometido a prueba judicial.

La misma fuente confirmó que las fotos de los detenidos-desaparecidos que están en el frente del edificio seguirán en ese mismo lugar.

 

 

 

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