SI LA HACEMOS, LA HACEMOS BIEN

 

Cuando terminaba la reunión del Banco Provincia, Marcelo Villegas les dijo a los empresarios que había estado treinta años en el sector privado y que no estaba donde estaba para perder más tiempo. “Yo estuve 30 años en el sector privado. No estoy acá para pasar más de lo mismo, no voy a ser candidato a nada. Si aprovechamos, lo hacemos bien, y después hay que seguir”, dijo. Y enumeró: “Bahía Blanca, los químicos”. Luego, todos se levantaron de las sillas.

 

La UOCRA Bahía Blanca no era sólo Bahía Blanca. Era cabeza de la CGT Regional y tenía jurisdicción sobre un vasto territorio de once localidades: Patagones, Villarino, Puán, Adolfo Alsina, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Pringles, Monte Hermoso, Punta Alta y Bahía Blanca. Ganaban internas desde 2005. Y enfrentaron al gobierno con las organizaciones en la calle. La Rosada tenía otros planes para el lugar: siete parques de molinos eólicos. Marcelo Mindlin ganó la primera licitación en octubre de 2016. Mauricio Macri la inauguró en mayo de 2018. Entre uno y otro momento, los 14 integrantes de la Comisión Directiva quedaron detenidos. La causa de Bahía Blanca no empezó con un anónimo, como el expediente de Juan Pablo Medina, pero tuvo actores muy parecidos con nado sincronizado. Una causa de oficio que se inició a partir de una declaración pública de la gobernadora María Eugenia Vidal, solicitadas y declaraciones de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara de la Construcción; tapas, columnas y artículos en el diario La Nueva, cuyo propietario Gustavo Elías es vicepresidente de la UIA. Todo en septiembre de 2017, cuando se detuvo en Buenos Aires al Pata Medina. El periplo incluyó, sin embargo, otro dato importante: en octubre viajó Marcelo Villegas y selló a viva voz y ante las cámaras de televisión un acuerdo parecido al que había hecho en secreto en el Banco. Juntó a las constructoras, municipio y al gremio intervenido. Se llamó Acuerdo de Convivencia. ¿Para qué servía? Abría una etapa de revisión de todos los convenios entre empresas y la vieja conducción de la UOCRA y recibía denuncias de los empresarios por lo que llamaban “aprietes” y “extorsión”. Luego, los empresarios declararon en la causa penal, como lo hicieron en La Plata después de presentar notas y cartas en un expediente administrativo del Ministerio de Trabajo. Mismo método, uno clandestino y oculto que meses más tarde se repetía a la luz del día. ¿Habrá sido así también en otros lugares?

 

La historia

El 20 de septiembre de 2017, la gobernadora María Eugenia Vidal viajó a Bahía Blanca en plena campaña para entregar títulos de vivienda. Ante los canales de noticias, dijo: “Hoy hay cuatro rutas, ejemplo ruta 51, ejemplo ruta 60, que están paralizadas, y tienen serias dificultades por decisión de un delegado de la UOCRA, (José) Burgos. No sólo pide una remuneración que no estaba en el convenio, sino que además quiere obligar a los contratistas a contratar determinados proveedores de comida, transporte, equipamiento, en un acto claramente corrupto, es una mafia que afecta el trabajo de la gente”. Y advirtió: “La Justicia va a tener que intervenir”. Un día después, la UIA de Bahía Blanca y la Cámara de la Construcción publicaron declaraciones y solicitadas en el diario La Nueva. La UIA publicó: “Negociar no es imponer” y dijo que había que “terminar con estas prácticas mafiosas que atentan contra la previsibilidad y la competitividad de las empresas”. Su titular agregó que los empresarios se quejaban de la UOCRA por los contratos. Inmediatamente, se sumó el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay. Y el 26 de septiembre de 2017, mismo día que detenían al Pata Medina, el fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández –subordinado del procurador bonaerense, Julio Conte Grand– abrió la causa de oficio y pidió aportes de empresarios: “Se viene hablando desde hace mucho tiempo de todo esto”, dijo y agregó: “Los privados hagan su parte y aporten pruebas para el desarrollo de la investigación”.

“Ahí empieza todo”, dice Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas de la UOCRA local, que se encuentra detenido. “La causa se abre de oficio después, a pedido de la gobernadora, no a pedido de un particular. Hizo una conferencia de prensa y pidió que se nos investigue. Nos empezó a tratar de mafiosos y de corruptos. Dijo que estaban todas las obras paradas, pero era mentira: sólo había una obra parada, que pertenecía al presidente de la Cámara de la Construcción, Pablo Quantín. La obra estaba sobre la ruta 51 y estaba parada por salarios caídos, la única. Y Quantín después también se presenta en la causa. Pero no empezó de un día para otro. Hubo una escalada de denuncias periodísticas durante cuatro meses. Hablaban Santiago Nardelli, el intendente Gay y Villegas”.

 

 

 

 

 

Urgente con Gerardo Martínez

Entre los actores, jugó un rol muy importante la conducción de la UOCRA nacional. El secretario general del gremio de Bahía Blanca era Humberto Monteros. En esos días recibió un llamado de Rubén Pronoti, secretario adjunto de la conducción nacional y mano derecha de Gerardo Martínez. Pronoti le pidió viaje urgente a Buenos Aires. Monteros subió a un auto y viajó hasta el edificio de la calle Belgrano. Guillermo Molina iba en uno. “Empieza la causa un día y el viernes 29 somos citados a la central por el secretario de Organización”, dice. “Llegamos en un par de coches de la Comisión Directiva: éramos seis compañeros y llegamos tipo nueve de la noche al edificio de la calle Belgrano. Ahí estaba Marta Pujadas, apoderada legal del gremio a nivel nacional, y nos pide que demos un paso al costado, que renunciemos, a lo cual yo le digo: ‘¿Por qué nos quieren hacer renunciar?’ Ella me dijo que era para que la Justicia trabaje tranquila y que después, cuando todo esto se termine, volvíamos al gremio, que todo esto iba a durar unos días. Entonces se hizo el acta. Firmamos la renuncia voluntaria y después, nunca más”.

—Firmaron, ¿y se quedaron sin fueros?

—Nos quedamos sin trabajo, sin nada, y nos pagaron una suerte de indemnización.

—El interventor que asumió, ¿lo nombró el Ministerio de Trabajo?

—No. Lo nombró la central, Gerardo Martínez, para normalizar la seccional, una seccional que estaba recontra normalizada y que tenía todos los balances al día, todas las comisiones internas con mandato vigente.

Gerardo Martínez aparece varias veces en la historia de persecución al gremio. El periodista Hugo Alconada Mon publicó que la ofensiva se coordinó durante un viaje al Reino de Holanda de Mauricio Macri con Gerardo Martínez. Durante los meses siguientes, apareció públicamente y celebró la detención del Pata Medina en IDEA. Para entonces, ya era, y aún es, representante de la CGT en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El interventor que nombró en Bahía Blanca le pidió a un abogado que revise la causa de Monteros. El abogado revisó, volvió y le dijo que el caso debía ser presentado ante la OIT porque tenía todos los elementos de una persecución política. Gerardo Martínez no sólo no lo hizo. Durante dos años pidió la expulsión de los integrantes del gremio de Bahía Blanca en el Congreso anual de la organización, según explican alrededor del abogado. La presentación ante la OIT recién la hizo el último 6 de enero como consecuencia de la difusión de la reunión del Banco Provincia. La CGT lo acompañó, pero seguramente para Martínez fue un trago incómodo. Marcelo Villegas habla de la relación entre ellos en el final del video del Banco Provincia. Uno de los empresarios le sugirió que debía contactarlo. Villegas dijo que era un gran amigo: “Lo quiero, pero no los controla. Es más –agregó–, va a ponerse muy contento con todo esto”.

 

 

 

 

 

Los molinos

Guillermo Molina creció en La Plata y se mudó a Bahía Blanca con el Rodrigazo. Era taxista, había comprado el auto con la hipoteca de la casa: perdió todo. En Bahía habían nacido sus padres. En esa vuelta, se graduó en Trabajo Social, trabajó en educación, creó el SUTEBA local y entró en la construcción con la crisis de las cuasi monedas y el trueque. Estuvo en una cooperativa de trabajadores desocupados de la construcción, levantó vuelo, volvió a caer y sus compañeros lo buscaron cuando decidieron disputar la conducción del gremio local. Era 2005. Ganaron. En 2012 se transformó en el secretario de Finanzas. Militó en el Frente Grande y fue concejal suplente del Frente de Todos. Hoy cree que uno de los disparadores de las causas fueron los negocios de Macri. A fines de 2016, Nación proyectaba parques eólicos en Bahía Blanca. En octubre de ese año, el Programa RenovAr adjudicó la primera licitación de los siete que se hicieron a Pampa Energía, del amigo Marcelo Mindlin. Gay celebró con bombos: inversión de 140 millones de dólares y 300 puestos de trabajo. Las obras arrancaron en mayo de 2017. No parecía haber conflictos: el diario La Nueva decía que los puestos iban a ser ocupados por la UOCRA y el secretario de Prensa del gremio celebró el proyecto. Sin embargo, también había otra cosa: según Molina, el gremio había cerrado un convenio muy importante con quienes habían ganado la licitación por otro parque eólico en La Castellana.

“Nosotros teníamos incorporado al dedillo toda la legislación de la construcción y todo se hacía por libre albedrío”, dice Molina. “El aprendizaje y la experiencia de esa legislación es muy compleja: no cualquiera está preparado para sentarse con una empresa y discutir los términos de los convenios, tanto de seguridad e higiene como laboral, mucho menos ante empresas multinacionales, con Paolo Rocca, por ejemplo. No sé si te acordás, pero cuando Macri asumió declaró automáticamente la emergencia energética del país. En Bahía Blanca ya se habían hecho dos centrales termoeléctricas y tenía que hacerse una tercera que iba a dar trabajo a 1.800 personas durante dos años, pero el negocio al parecer era otro porque Macri se pone a proyectar los parques eólicos en el territorio de la seccional Bahía Blanca de la UOCRA. Y yo digo, ¿por qué era importante sacarnos del medio? Porque lo primero que hacíamos cuando había una obra era negociar con la empresa para generar un ingreso y mejorar la calidad laboral de los trabajadores. Lo hicimos con el primer parque y después nos detuvieron.

 

 

 

 

 

—¿Qué lograron con ese primer acuerdo?

—Logramos que los ingresos fueran del 45% sobre el valor de paritarias de todo el país porque te marcan el piso, pero no el techo. Logramos doble presentismo, viandas, transporte a la obra, seguridad e higiene. En realidad, lo que ellos querían era trabajar de otra manera, por eso viene el armado de la causa.

—¿Cómo fue el acuerdo con la empresa? ¿Dónde se hizo? ¿Cómo se homologó?

—Vos tenés que hacer un acuerdo con la empresa dueña de la obra que después subcontrata a otras. El acuerdo corre para todas las subcontratistas. No se resuelve en media hora. Lleva 15 ó 20 reuniones. Nos juntábamos y pasábamos a cuarto intermedio, se llegaba a un borrador. Las reuniones se hacían en el gremio, en el hotel de la gente que venía a Bahía Blanca o en la empresa.  Eran avances y una vez que se llega a un acuerdo se concurre al Ministerio de Trabajo y se le da lectura. Están las dos partes, se firma y se imprimen tres juegos y cada uno se llevaba uno. Eso, a partir de ahí pasa a ser ley. En la causa judicial, el fiscal dijo que eran prácticas extorsivas y que todos esos acuerdos habían sido hechos bajo amenaza y presión. Ahora, suponete que la empresa había sentido temor, yo digo: en el Ministerio está la empresa, hay gente del Ministerio y la policía. Si ellos no querían firmar podían quejarse, pero no lo hicieron.

—¿Qué paso con los convenios cuando ustedes quedaron presos?

–Cuando somos desplazados se presenta la figura de un interventor designado por Gerardo Martínez, primero uno que estuvo tres meses, Aldemar Rodríguez, que era secretario general de Trenque Lauquen y luego otro. Los trabajadores sufrieron destrato: en la construcción hay un principio que dice que las obras deben ser construidas por los trabajadores del lugar, pero él traía gente de otros lados. Tuvo que respetar el acuerdo con los españoles (de La Castellana), aunque fue quitando beneficios, como la figura del delegado de obra.

–¿Con los otros parques? ¿Qué acuerdos se terminaron haciendo?

–Por una cuestión legal, no pudieron obviar ese acuerdo aunque el fiscal haya dicho que era ilegal y extorsivo. Sé que se mantuvo un porcentaje del salario por encima de paritarias, no sé cuánto.

 

 

 

 

 

 

 

A la vista de todos

En la reunión del Banco Provincia de junio de 2015, Marcelo Villegas les pidió a los empresarios notas y cartas institucionales con quejas sobre la UOCRA seccional La Plata. Les dijo las palabras que tenían que poner. Luego recibió esas cartas y las presentó en el expediente del juzgado federal de Quilmes para dar “volumen” a la investigación del juez Luis Armella. En Bahía Blanca hubo una escena parecida. Nadie la escondió, pero sirvió de la misma manera. Villegas juntó a empresarios, al intendente y a la nueva dirección de la UOCRA y suscribió un Acuerdo de Convivencia que permitía revisar los convenios y hacer denuncias. Se firmó en octubre de 2017. Habló Villegas y su diccionario. Primero dijo: “Estamos desplazando a las mafias que se disfrazan de sindicalistas”. Y después de aclarar que no iban a bajar salarios y anunció la recepción de denuncias: “Estamos generando una instancia negocial a través de las cámaras con todas las empresas, con presencia del Estado municipal, provincial y nacional (…) para que puedan denunciar todos los acuerdos que fueron firmados en el ámbito de la jurisdicción de la UOCRA de Bahía Blanca con vicio de la voluntad, porque muchos fueron firmados bajo amenaza y/o presión. El objetivo es que puedan discutir nuevas condiciones de esos convenios”. Pasaron octubre, noviembre, diciembre. La conducción fue detenida el 11 de enero de 2018. En mayo de 2018, Macri viajó a Bahía Blanca para inaugurar el primer parque de molinos de viento. Al lado, estaba Mindlin, Guillermo Dietrich, Gay y un grupo de obreros con sus cascos. Monteros murió el año pasado, enfermo de Covid, con asma y HIV. Era tarde cuando lo llevaron al Hospital Penna.

 

 

 

 

Los espías

Monteros era objetivo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), por lo menos, desde abril de 2017. Para entonces, la base AMBA Bahía Blanca produjo un informe llamado Abril2017 con los nombres de los principales dirigentes: cada ficha tenía foto, organización, antecedentes de la persona y las articulaciones en la calle. Monteros tenía una ficha, también HIJOS, la Liga Argentina por los Derechos Humanos o SUTEBA. El juez Alejo Ramos Padilla procesó al responsable de la base en febrero de 2021. Dijo que esos papeles tenían como objetivo identificar opositores políticos. “Las características de este documento se condicen con un mapa político de la ciudad de Bahía Blanca —dijo el juez—. Las referencias a la afinidad ideológica de personas y organizaciones, su carácter de opositoras al gobierno, la reseña de las actividades políticas más relevantes y las imágenes no permiten otra interpretación.” El gremio había empezado a disputar la calle desde el comienzo del gobierno de Macri. Cuando Macri ganó, dice Molina, “nos pusimos a pensar estrategias porque, como buenos peronistas, sabíamos había ganado la oligarquía. Además, el gremio estaba al frente de la CGT Regional. Y en abril de 2016 fuimos los primeros que declaramos a María Eugenia Vidal persona no grata: ella vino de visita a Bahía Blanca para el aniversario. Preparamos la manifestación en la calle porque ya teníamos 2.000 desocupados, teníamos un costo importante, con pymes cerradas. Participamos con otras agrupaciones, SUTEBA y la CTA. No sé si recordarás ese día, pero el intendente Gay hizo vallar la plaza como hacían en el 1900 para que no entraran las vacas. El acto terminó con represión, gases lacrimógenos y la gobernadora prácticamente huyó de la ciudad”.

 

 

“¿Qué es lo que nos pasó?”, dice. “Nos pasó lo mismo que se viene saliendo publicado desde hace cinco semanas y llena las páginas de los diarios cuando tomaron la decisión de ir contra la UOCRA. Acá hubo muchos objetivos, empresarios, políticos. Y es la razón por la que nos sacan a toda la conducción: no a uno o a dos. De todos los allanamientos, el único que dio positivo fue Monte Hermoso (la casa de Monteros), sin embargo, nos detuvieron a los 14 y nos dictaron prisión preventiva a los 14 como si todos los allanamientos hubiesen dado positivo. El único hecho que registra la humanidad así, de sacar a la conducción completa de un gremio, es en Italia con la Cosa Nostra”, dice, y termina. A su lado, en la celda está José Burgos.

 

 

 

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