Ofensiva contra los asalariados

 

Es común invocar las reminiscencias entre la situación en la que se desenvolvió el gobierno de Raúl Alfonsín y la que caracteriza en la actualidad al país, particularmente porque en ambas pesa la renegociación de una voluminosa deuda externa heredada del gobierno anterior. Tanto aquella deuda contraída por la dictadura militar como la que fue tomada por el macrismo se utilizaron solamente para dañar la economía. En el primer caso para desindustrializarla y en el segundo para generar una carga financiera al pueblo argentino sin otro fundamento que algunas extrañas consideraciones sobre la macroeconomía. Lamentablemente, la experiencia de Alfonsín –que comenzó con expectativas en 1983– se degradó hasta finalizar atravesada por una hiperinflación en 1989, con muchos años de ajuste en el medio.

Con las memorias de Juan Carlos Torre, tituladas Diario de una Temporada en el Quinto Piso y publicadas en agosto del año pasado, se puede trazar un paralelo entre ambas etapas y extraer enseñanzas que suman para ir formando un criterio acerca de cuáles caminos son los adecuados y cuáles no para el interés de los argentinos. En 1983, luego de la victoria electoral de Alfonsín, Torre fue convocado por el ingeniero Adolfo Canitrot para formar parte del equipo de Juan Sourrouille, que se incorporaría al gobierno primero a cargo de la Secretaría de Planificación y luego del Ministerio de Economía. El despacho del ministro está en el quinto piso del Palacio de Hacienda. Las memorias registran el período en el que el autor formó parte de ese equipo como asesor político y escritor de discursos. El gran aliciente del testimonio es que de él se puede aprender cómo esta manera de ver las cosas dio lugar a las acciones que determinaron el triste desenlace de aquel gobierno. Torre, quien vive su octava década, es un sociólogo especialista en el movimiento sindical argentino, que se hizo conocido en el mundo académico como investigador en el Instituto Torcuato Di Tella. Sus trabajos solían criticar a la conducción peronista de los sindicatos y su antipatía por estos se hace presente bien temprano en sus memorias.

 

 

Economía de guerra contra los trabajadores

Al conocerse la unción de Alfonsín como Presidente, Torre consideró que se podía esperar una renovación de la vida política nacional a pesar de la poca diferenciación de los programas económicos entre los radicales y los peronistas y la escasa atención que recibieron en la campaña electoral. Entiende que el justicialismo hubiese sumido al país en un clima de contienda frente a un estilo de gobierno que prometía el respeto hacia sus opositores. A medida que progresa el relato de Torre, esta percepción de la realidad se modifica al ver la incapacidad del gobierno de limitar la tasa de inflación, que había alcanzado el 50% en el primer trimestre de 1984. Ante esta situación y a los recurrentes fracasos de Bernardo Grinspun para dirigir la política económica y alcanzar un acuerdo con el FMI, Torre cuenta que Alfonsín optó por nombrar ministro de economía a Sourrouille, quien asumió el 28 de febrero de 1985.

 

 

En el discurso de la jura, el nuevo ministro puso énfasis en la necesidad de un compromiso social para realizar los sacrificios que permitiesen sostener el programa antiinflacionario, anteriormente considerados inconcebibles. Para abril, Sourrouille obtuvo el permiso del Presidente para moderar los aumentos salariales y reducir el gasto público y el día 26 de ese mismo mes, en una movilización convocada a la Plaza de Mayo para asegurar el avance de los juicios a las Juntas Militares, Alfonsín pronunció el famoso discurso en el cual sostuvo que la situación argentina estaba en un estado que definió como de “economía de guerra”, que requería realizar un ordenamiento antes de poder dar respuestas a las demandas sociales.

Así es como comenzó la debacle del gobierno de Alfonsín. La sociedad demandaba estabilizar el nivel de precios con una nivelación de los ingresos reales para poder asegurar el crecimiento económico y la tranquilidad social. El gobierno, en cambio, lanzó el Plan Austral en junio de 1985, que esencialmente consistió en congelar los precios y los ingresos. Para poder mantenerlos en los niveles pautados, se fijó el tipo de cambio luego de una devaluación, manteniendo una tasa de interés real muy alta. Como moneda de curso legal se reemplazó al peso con el austral. Asimismo, se puso en marcha el “desagio”, una medida para desindexar los contratos. Torre recuerda que dentro del equipo económico bautizaron esta conjunto de acciones como el freeze (congelar, en inglés). Invocando la gestación de condiciones para una presunta prosperidad futura, en lo inmediato dejaban a la población en el estado de pobreza y malestar, agravando el que padecía hasta entonces. Así y todo, la tasa de inflación de los años anteriores había sido tan pronunciada que al lograr reducirla el radicalismo ganó, a fines de 1985, las legislativas que con Grinspun parecían encaminadas a perderse.

Los ajustes del Plan Austral no tardaron en generar reacciones. Antes de su lanzamiento, el 24 de mayo la Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizó reclamando aumentos salariales. El 26 de noviembre varios dirigentes sindicales se entrevistaron con Sourrouille. En ese encuentro, relata Torre, el ministro descartó cualquier posibilidad de un aumento salarial en el futuro próximo para no comprometer la credibilidad del plan, la cual sostenía que era básica para atraer inversiones. No ocultó su irritación ante la insistencia de sus interlocutores por aumentos de salarios. Dicho pensamiento fue reiterado en un texto que Torre escribió para que Sourrouille exponga un balance a los seis meses de funcionamiento del plan, en el que reconoce la caída del PBI que se vislumbraba para 1985, pero considera que la evolución de la economía debía consolidarse. Allí también señala que la inversión no se reanimaría prontamente, especulando que el capital afluiría al país si observaba una economía que “funciona sobre bases creíbles”.

Sourrouille y quienes lo acompañaban generaban un rechazo creciente en las filas del radicalismo. Sus propuestas eran resistidas. En 1986 comenzó a aflorar la realidad y volvieron a otorgarse aumentos salariales por encima de las pretensiones del equipo económico. Según Torre, Alfonsín comenzó a mostrarse más cercano a los sindicalistas, incorporando al gobierno a Carlos Alderete como ministro de Trabajo. Para los integrantes del equipo económico significó una abdicación y fue fuente de conflictos internos. Saúl Ubaldini, entonces secretario general de la CGT, es recordado por encabezar 13 paros generales reclamando la reapertura de las paritarias, lo que finalmente sucedió en diciembre de 1987. Desde entonces, Sourrouille y su grupo no supieron qué hacer frente a la inflación que se reactivó. Esta situación se mantuvo hasta el abandono de su posición en marzo de 1989.

 

 

Antagonismo intransigente

El antagonismo intransigente hacia los trabajadores del equipo del Austral es posiblemente el dato más llamativo del relato de Torre y el más recurrente en el período en el que transcurre. La batalla era para no ceder con los aumentos salariales. Los sindicalistas eran vistos como un escollo para su objetivo liminar de detener la inflación. Los integrantes del equipo del Austral pensaban que si la inflación menguaba, en algún momento comenzaría a invertirse en la economía argentina.

El efecto del plan fue el de generar una recesión porque, en esencia, el congelamiento de precios e ingresos contraía el mercado interno e impedía que las inversiones en el país fuesen rentables. Sin embargo, eso hace a la reproducción de una economía con sus características estructurales dadas, sin alterarlas. La Argentina había atravesado un proceso de creación de industrias de base que permitió que se sostuviese un crecimiento pronunciado en las décadas del '60 y '70, las cuales fueron degradadas por la apertura comercial de la dictadura iniciada en 1976. Los integrantes del equipo económico no solamente eran críticos del sindicalismo que emergió como actor de relevancia en la política argentina, sino que lo fueron también de dicha industrialización, que caracterizaron como un mal uso de las fuerzas productivas argentinas orientado a sostener un proceso artificial destinado a la caducidad. Como alternativa, proponían la apertura comercial para garantizar el crecimiento de las empresas por medio de la expansión de sus exportaciones con financiamiento en el mercado de capitales local. Sobre el resto, que las fuerzas de mercado hagan su trabajo. Ideas propias de un liberalismo económico prosaico.

En este sentido, también sus iniciativas fueron regresivas, adoptando posiciones tendientes a ahondar la desindustrialización. Hablando por televisión el 6 de enero de 1986, Sourrouille sugirió que el Estado debía estimular la modernización de la estructura productiva privatizando sus empresas siderúrgicas y petroquímicas. A la cita no podía faltar la vocación de llevar adelante una apertura comercial para someter a la industria a la competencia extranjera y forzarla a volverse más eficiente, la cual intentó poner en práctica Canitrot en 1988. Lo primero no pasó de las intenciones, pero lo segundo tuvo como resultado una reforma arancelaria y una eliminación de prohibiciones a la importación. Su aliento a la inversión consistió, en cambio, en ceder los enormes subsidios al capital más concentrado (los famosos “capitanes de la industria”), asunto que Torre dejó de lado en sus memorias. Lo que no entendían es que la economía crece por las condiciones de la demanda, que fuerzan a las empresas a invertir. Los subsidios a la producción por sí mismos son completamente ineficaces. Cuando se los otorga para reemplazar a la demanda perdida, los fugan. Fue lo que sucedió, alentando la presión cambiaria que dio origen a la hiperinflación.

Debe destacar que Alfonsín, si bien inicialmente respaldó públicamente al equipo en reiteradas ocasiones, no dejó de exponer su preocupación por resolver los conflictos políticos que generó su accionar. Pero ante la falta de opciones los mantuvo y rechazó varias veces su renuncia. Tal era su carencia de alternativas, que en una conversación con José Luis Machinea en la que éste le puso reparos a la posibilidad de lanzar cualquier iniciativa por efecto de su desgaste político, Alfonsín le contestó: “¿Qué quieren, que lo nombre a (Adalbert) Krieger (Vasena), a (Roberto) Alemann? No. ¡Yo no tengo a nadie más que ustedes y tendré que resignarme a ello!”, de acuerdo a lo que recrea Torre. Lo que decía Alfonsín no carecía de realismo. La gestión económica de su gobierno estuvo impregnada por el mismo liberalismo económico de la dictadura que lo precedió y del gobierno de Carlos Menem que lo sucedió. Las diferencias solamente fueron de grado.

 

 

 

 

 

FMI

Sería erróneo atribuir aquel comportamiento político a los condicionamientos impuestos por la situación de la deuda externa y la negociación con el FMI. En una situación de crisis global, el FMI carecía de alternativas congruentes para proponerles a los países deudores, por lo que se dedicó a mantener la ficción de solicitar ajustes que no podía controlar. Los problemas de la deuda privada –en esa época propiedad de los grandes bancos globales– se solían resolver pagando los intereses, sin más pretensiones, pues los bancos no podían reconocer los riesgos de la deuda externa porque hubiese afectado sus balances. Por otra parte, nunca se alcanzó un acuerdo con el FMI y el equipo económico ni siquiera tenía una perspectiva sobre cómo debía ser, aun considerándolo una prioridad. Los intentos de continuar con el ajuste y los congelamientos continuaron, pese a que ya era evidente, por razones de tiempo, que no se alcanzaría ningún acuerdo que ese gobierno pudiese cumplir. Y esto sucedió mientras se pretendía abrir las importaciones, objetivo claramente contradictorio con el pago de la deuda externa. Esto no significa que la situación externa no entrañase una dificultad, pero es claro que no fue el factor determinante de la política llevada adelante, que por otra parte no hacía más que agravar el problema.

Lo que las memorias de Torre enseñan es que no se puede pretender sostener gobiernos democráticos exitosos en consolidar transformaciones sociales progresistas cuando el pensamiento de quienes ejecutan las políticas económicas contradice el interés general. Lo que quedó del plan Austral y sus sucesores fue un malestar social pronunciado en una economía cuyo PBI fluctuó en torno al estancamiento y acabó en una hiperinflación. Los sacrificios exigidos al pueblo argentino y la pérdida de riqueza que comportaron redundaron en un fracaso estrepitoso.

 

 

 

 

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