Miedo y manipulación social

 

Un nuevo año atropella al galope y desnuda la dinámica de una crisis gestada desde hace décadas, que transpira por los poros de un mundo que colapsa sobre sí mismo y que grita a voz en cuello que ya nada le es ajeno y que nadie se salva de esta hecatombe. Las continuas mutaciones del SARS-CoV-2 han colocado a la humanidad ante el común denominador de una muerte que asoma a la vuelta de cualquier esquina. Borrando las paredes que aíslan y fragmentan a los ciudadanos del mundo, la peste ha colocado un rostro al miedo atávico y ha abierto un camino que conduce a la decodificación de la actual estructura de poder global.

Desde sus orígenes, la vida social ha estado impregnada por el miedo a la muerte y sus reverberaciones en el universo infinito de lo desconocido. De un modo más o menos explícito, con distintos códigos y distintas formas de legitimación, este miedo impulsó tanto la cooperación para sobrevivir en un medio hostil como la reproducción de relaciones asimétricas en torno a la producción, apropiación y distribución de afectos, símbolos, recursos naturales y bienes. Así, a lo largo del tiempo y de las distintas culturas, la utilización del miedo como mecanismo de disciplinamiento ha estado en el centro de la vida en sociedad y ha dejado huellas indelebles en la historia de la humanidad. En nuestros tiempos, sin embargo, un espeso manto de oscuridad naturaliza a este fenómeno y lo blinda de todo cuestionamiento. A pesar de ello, las turbulencias políticas y sociales de los últimos tiempos empiezan a destrozar las vestiduras que durante tanto tiempo han ocultado las formas en que nuestra realidad inmediata es condicionada por la manipulación social del miedo.

Desde mediados del siglo pasado, las distintas etapas y fases del capitalismo han dado lugar a un desarrollo tecnológico y a una integración de la economía mundial de un orden inédito. En paralelo, la concentración del poder económico y la consiguiente desigualdad y fragmentación social han multiplicado demandas que no pueden ser satisfechas a través del juego democrático de las instituciones. En este contexto, los medios de comunicación y las redes sociales fueron adquiriendo una importancia central en el disciplinamiento de las sociedades. A través de la manipulación abierta y subliminal de todo tipo de información, y utilizando técnicas cada vez mas sofisticadas, tanto los medios como las redes buscan implantar un relato impregnado por la amenaza del caos social. Un relato que siembra confusión y desamparo a la par que detona miedos atávicos y fanatiza a la población. El resultado es un bloqueo de la capacidad de reflexión y de crítica al statu quo. El primer objetivo de este relato es construir subliminalmente un enemigo fantasmagórico que, acosando desde las tinieblas del subconsciente, promueve la competencia despiadada de los unos contra los otros persiguiendo recursos, bienes, identidades, status y poder. Poco a poco, y de acuerdo al ritmo de los conflictos sociales, estos fantasmas adquieren carne y hueso y rompen las cáscaras de la intimidad para proyectarse a la escena pública amenazando de un modo abierto y explícito a la integridad y a la seguridad de colectivos y naciones.

Estas formas de disciplinamiento social están hoy a la orden del día, tanto en el centro como en la periferia del capitalismo global monopólico. Lejos de solucionar conflictos y producir estabilidad social, estas manipulaciones pulverizan la legitimidad de las instituciones democráticas, potencian la crisis política sembrando diversas variantes del totalitarismo y escalan a nivel geopolítico colocando al mundo al borde de una guerra de consecuencias impredecibles. Paradójicamente, la difusión global de estos métodos y la intensidad creciente de la conflictividad social arrojan luz sobre estos fenómenos y crean condiciones para la gestación de nuevas formas de organización social.

 

 

La construcción del enemigo interno y externo

Joe Biden ha cumplido un año de gobierno en un país cada vez más dominado por una creciente desigualdad económica y social que reproduce una espesa trama de influencias políticas y condiciona el funcionamiento de las instituciones democráticas: tres individuos concentran hoy más riqueza que los 160 millones de ciudadanos más pobres [1].

Biden llegó a la presidencia con 81 millones de votos emitidos en los condados que representan el 70% del producto bruto norteamericano. Donald Trump, en cambio, recibió 74 millones de votos provenientes, en su mayor parte, de las zonas rurales y centros urbanos más pobres del país, que en su conjunto representan el 30% del PBI. Estas circunstancias reiteran y amplifican las tendencias que en 2016 llevaron a Trump a la Presidencia. Como en ese entonces, la división geográfica y social coincide con una intensa polarización de la elite político-partidaria acentuada, como hemos visto en notas anteriores, por el carácter anti establishment de Trump. Ahora, desde el llano, este acusa al Partido Demócrata, a los medios de comunicación, a las corporaciones tecnológicas y a los organismos de inteligencia de haber intentado destituirlo y de haber fraguado los resultados electorales de 2020. Al mismo tiempo, se prepara para volver a la Presidencia en 2024. Un comité del Congreso en el que participan los líderes del establishment del Partido Demócrata y senadores republicanos neo-conservadores intenta impedir la candidatura de Trump impulsando una investigación del rol que el ex Presidente jugó en la supuesta “insurrección” que habría copado el Capitolio el 6 de enero de 2021 para impedir el recuento de votos que dio el triunfo electoral a Biden. Esta investigación del Congreso ha sido acusada de inconstitucional y de arrogarse poderes absolutos que superan a los de los organismos de inteligencia y violan la libertad civil y los derechos de los ciudadanos [2]. En paralelo, el Departamento de Justicia también busca bloquear la candidatura de Trump a través de la investigación de supuestos ilícitos cometidos por sus empresas durante su gestión de gobierno.

En este contexto, los medios de comunicación y las redes sociales han profundizado la censura política que, como hemos visto en otras notas, marcó a la campaña electoral de 2020. Hoy esta censura alcanza no sólo a Trump, a congresistas republicanos y a miles de sus partidarios, sino también a la información y a opiniones que, contrariando el criterio de verdad de las redes y los medios, aluden a supuestos ilícitos cometidos por Biden y su familia, cuestionan el origen de la pandemia, la política de vacunación y otros temas considerados “conspirativos” y peligrosos para la seguridad nacional. Esta situación ha impulsado el descrédito de los medios de comunicación y de las redes sociales, expresado en las encuestas y en la caída vertiginosa del rating de los principales programas de noticias emitidos por los distintos canales televisivos y especialmente por los medios liberales/oficialistas. Entre estos últimos sobresale CNN Prime Time, cuyo rating ha sufrido una caída del 68% en el último año y hoy sólo llega a 0.87 millones de personas. Esta situación contrasta con el acelerado crecimiento del rating de programas dirigidos por periodistas independientes, emitidos online y autofinanciados, entre los que se destaca el de Joe Rogan, que con 11 millones de personas de audiencia discute todo tipo de temas –incluidas las cuestiones más controvertidas [3]– y todavía no ha sido censurado.

La censura ha echado leña al descontento social y al descreimiento del sistema democrático. Según encuestas recientes, sólo el 33% de los entrevistados aprueba la gestión Biden, el 64% cree que la democracia está en crisis, dos tercios de los republicanos creen que Biden llegó al gobierno gracias al fraude electoral y más de la mitad de los demócratas entrevistados cree que el 6 de enero de 2021 hubo un intento de insurrección promovida por los republicanos para tomar el Congreso y robar las elecciones [4].

 

 

La crisis de legitimidad institucional no se limita al sistema político. Con el prestigio fuertemente golpeado por la bochornosa retirada de Afganistán, las Fuerzas Armadas parecen ahora resquebrajarse a partir de la polarización política. Recientes declaraciones de altos mandos retirados han hecho pública la preocupación por la posibilidad de un golpe militar luego de las elecciones de 2024. Según estos jefes militares, un resultado conflictivo puede confundir a las autoridades militares y a soldados rasos provocando “una total ruptura de la cadena de mandos” de consecuencias imprevisibles [5].

Paralelamente con estos desarrollos, los “halcones” neo-conservadores de la era Bush, que dejaron un tendal de guerras localizadas y países inviables, ganan creciente influencia sobre la política exterior norteamericana y controlan puestos claves en el Departamento de Estado y en el Consejo de Seguridad Nacional. Desde allí pretenden imponer la hegemonía norteamericana amenazada, según ellos, por la alianza de China y Rusia y su control creciente sobre Eurasia y sus riquezas. Desde la caída de la Unión Soviética estos halcones han promovido el cerco a Rusia aumentando la influencia de la OTAN en la región, incorporando a la misma a las ex repúblicas soviéticas y colocando tropa y armamento sofisticado en la frontera de Rusia. Luego de los últimos incidentes en Ucrania, Rusia ha pasado a la acción y ahora demanda, entre otras cuestiones, un tratado escrito que garantice el cese de la expansión de la OTAN hacia sus fronteras y la no inclusión de Ucrania en esta organización. Los Estados Unidos rechazan estas demandas, acusan a Rusia de planear una “inminente invasión” a Ucrania, refuerzan la venta de armamento a este país y preparan sanciones económicas contra Rusia “de envergadura nunca vista”. Esta semana se han tomado medidas para que las empresas norteamericanas aseguren la provisión de gas natural a Europa, cuyo abastecimiento depende en un 30% del envío de gas ruso [6]. Esto último ha despertado una alarma creciente ante el impacto inmediato que podrían tener los acontecimientos militares en Europa sobre los precios de los combustibles, la logística internacional, los precios de los commodities y la inflación internacional.

 

 

 

Fake news, default y disciplinamiento social

El escándalo desatado con la revelación de los videos de la “Gestapo sindical” y las explicaciones dadas por los funcionarios que participaron de ese “grupo de tareas”, incluida María Eugenia Vidal –por ese entonces gobernadora de la provincia de Buenos Aires–, dejan al desnudo al lawfare operando al día y a cara descubierta. La sustitución que Vidal y autoridades de Juntos por el Cambio hacen del delito que muestra el video por la acusación de una imaginaria “operación política” del gobierno y de la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para perjudicar a la oposición, muestra la impunidad con la que el macrismo hilvana un mundo al revés. Allí las mentiras abiertas reemplazan a los hechos, generando en la población confusión y miedo al caos social y a la impunidad de una mafia que opera abiertamente al interior de las instituciones políticas y judiciales. La inoperancia del gobierno ante esta situación y la certeza de que toda denuncia tendiente a revelar el lawfare caerá en la cloaca de Comodoro Py, protegida por una Corte Suprema que no disimula su desprecio por las leyes y el Estado de Derecho, genera en los ciudadanos desesperanza, apatía y miedo y contrasta con la promesa electoral de “limpiar las cloacas de la democracia”. Este desvalimiento de la población y del propio gobierno se potencia con las operaciones de los medios que, protegidos por una supuesta libertad de expresión, generan impunemente todo tipo de fake news. Esto debilita aún más a un gobierno que parece no tener recursos para sancionar actos que, más que transgresiones de la libertad de prensa, son delitos que atentan contra las instituciones de la República.

El objetivo de amedrentar impunemente a la población y cimentar la posibilidad del caos social también aflora en las advertencias de “expertos” y funcionarios de organismos financieros sobre las consecuencias nefastas que podría tener para el país un posible default de la deuda contraída por el macrismo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta deuda contraviene explícitamente los estatutos y regulaciones del FMI y de la Argentina: fue explícitamente contraída para asegurar la reelección de Mauricio Macri. Sin embargo, y como vimos oportunamente, su carácter insostenible condiciona a los gobiernos futuros por varias décadas y encierra al país en la trampa del endeudamiento ilimitado. Es, pues, un instrumento coercitivo que busca disciplinar a la sociedad, condenando a la mayoría de la población al terror de caer en el descarte social y en el hambre. Al imponer un ajuste brutal como condición del acuerdo, el FMI no sólo busca liberar los dólares de las exportaciones necesarios para el pago del servicio de la deuda, sino que condena al país al chaleco de fuerza de una recesión sin límites. Este es el medio elegido para “terminar con el populismo”.

 

 

 

Pareciera que el miedo al default ha empapado desde un inicio a la estrategia de negociación delineada por el gobierno, dejándolo en una situación de creciente debilidad. En lugar de negociar primero con el FMI, postergando los pagos de la deuda hasta concluir las negociaciones, eligió acordar primero con los acreedores privados y “hacer buena letra” con el FMI cancelando todos los pagos hasta que se le acabasen las reservas, algo que a más tardar ocurrirá en marzo. Asimismo, el gobierno también parece haber descartado que, tal como indica nuestra historia, el acuerdo con el FMI no elimina necesariamente la posibilidad de un default a corto plazo ni garantiza el acceso inmediato al financiamiento externo ni asegura la “tranquilidad de la macroeconomía” y el control de la inflación.

El canciller Santiago Cafiero viajó a Washington DC esta semana para pedir “una intervención política” del gobierno de Biden ante el Tesoro norteamericano y por esta vía “aflojar” las condiciones que impone el FMI [7]. Sin embargo, la experiencia indica que el Presidente norteamericano y los titulares de la Reserva Federal y del Tesoro actúan en tándem, especialmente en lo que hace a la política exterior de la primera potencia mundial. Más aún, y más allá de las declaraciones de buena voluntad, los halcones que ocupan posiciones claves en el Departamento de Estado y en el Consejo de Seguridad Nacional difícilmente actuarán para asegurar el bienestar del 40% de la población argentina que tiene hambre y está al borde del precipicio.

Este es el principal problema que el gobierno tiene por delante y debería abocarse inmediatamente a resolverlo movilizando a sus votantes y haciéndolos participar en las soluciones de los problemas que aquejan al país. Especialmente en el control de la inflación –el territorio primordial donde se decide el futuro de la Argentina–, el modo en que se enfrentarán a corto plazo los problemas derivados de un default y los intentos de la oposición de desencadenar el caos social.

 

 

[1] foreignaffairs.com, enero/febrero de 2021.

[2] Glenn Greenwald, substack.com, 20/1/2022; pogo.org, 5/10/2021.

[3] zerohedge.com 3, 4, 8/1/2022.

[4] npr.org, 3/1/2022.

[5] newsweek.com, 31/12/2021; washingtonpost.com, 17/12/2021.

[6] zerohedge.com, 20/1/2022.

[7] ambito.com, 19 y 20/1/2022.

 

 

 

 

 

 

 

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