El odio desbocado

Atentados impunes en Bahía Blanca y un fiscal federal que invita a la desesperanza

Por Juan Manuel Mannarino
Destrozos tras la explosión en el local de La Cámpora, en pleno centro bahiense, en mayo de 2021. Foto Télam.

 

Ni sospechosos, ni detenidos, ni pruebas, ni hipótesis directrices. Podría denominarse “la causa del ni”. Así hablan de ella desde La Cámpora Bahía Blanca cuando se remontan a la madrugada del 25 de mayo de 2021 en la que, casi como si se tratara de una película de espionaje, un artefacto explosivo destruyó parte de su sede central y afectó edificios vecinos sin que se reportaran víctimas.

Pero no fue el único hecho de violencia. Bahía Blanca, cuna de la dictadura cívico-militar, estandarte de la Armada, se convirtió en tierra fértil para los atentados políticos. Los organismos de derechos humanos locales, en efecto, contabilizan cuatro ataques en los últimos siete meses. Además del perpetrado contra el local de La Cámpora, el 15 de noviembre hubo un atentado con una molotov en la casa de la referente mapuche Olga Curipán, hecho que diez días después se atribuyó el grupo nacionalista y ultracatólico autodenominado “Comando de Restauración Nacional Zona Sur Coronel Mohamend Alí Seineldín” a través de panfletos con amenazas de muerte que arrojaron en Casa Cultural “Ruka Kimun Mapuche”. El 30 de noviembre se repitió la amenaza a otro local del Frente de Todos, donde colocaron en un medidor de gas un objeto con luces que fue destruido por seguridad mediante un operativo de detonación. Y el 8 de enero fue incendiada la entrada de la casa del director de la Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña, y se arrojaron volantes intimidatorios, con amenazas y expresiones contra el pase sanitario.

 

 

“¿Pasaporte Sanitario? ¿Restricciones a la circulación? Quieren Muertos... Los van a tener”, dice el volante que cita nombres de personal de la salud y se pronuncia contra supuestas “acciones terroristas de los grupos mapuches”. Ese patrón ideológico, que se corresponde además con un hilo común en el uso de explosivos, volantes cargados de agresividad y el mismo “Comando” que firma al menos dos de ellos, es el que decidió al ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, a pronunciarse públicamente y pedir la premura de la investigación judicial, que estaba frenada hasta que el lunes 10, en dos allanamientos, se secuestraron volantes similares a los arrojados en los atentados.

“Se estaría desmontando una base de operaciones, de ultraderecha. La misma estaba asentada en un par de casas, y allí habrían ocurrido reuniones para pactar atentados contra enemigos políticos. No fue algo personal, sino un plan sistematizado”, dijo a este medio una alta fuente de la pesquisa.

El último ataque produjo el repudio del gobernador Axel Kicillof, quien escribió en Twitter: “Nuevamente un hecho lamentable sucede en Bahía Blanca; esperamos que la Justicia actúe con celeridad y esclarezca los hechos”. En paralelo con las presiones de Alak y Kicillof se creó en Bahía Blanca una brigada antiexplosivos, apoyada por delegaciones de la Policía Federal y de la Unidad de Investigaciones Antiterroristas. Hasta el momento, no han informado avances.

¿Puede la voluntad política lograr que un reducto tan hostil como el de los tribunales bahienses, de antecedentes tan estrechos aún en democracia con organizaciones fascistas como la versión local de la Triple A, pueda llegar a la verdad de lo que hay detrás de hechos tan amenazantes para la tolerancia civil? ¿Qué se esconde en los actos terroristas del “Comando de Restauración Nacional Mohamed Seineldín”, un grupo faccioso del que se desconoce su real existencia?

 

 

Lo cierto es que desde el atentado en la sede de La Cámpora la causa estaba estancada y a fin de año irrumpió una importante novedad: el gobierno nacional, ante la ausencia de avances en el expediente, ofreció un millón de pesos a través del Ministerio de Seguridad para quien brinde datos “que permitan determinar a los autores responsables y/o esclarecer los hechos acaecidos el día 25 de mayo de 2021 a partir de las 02:50 horas, cuando se produjo una explosión en el 'Ateneo Néstor Kirchner' –perteneciente a un partido político– ubicado en la intersección de las calles Berutti y Donado, de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, constatándose daños tanto en el inmueble como en las construcciones vecinas”. Pero ningún ciudadano acercó todavía información sustancial para la causa.

La medida, en rigor, no llegó imprevistamente. El fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, había presentado el pasado 17 de septiembre un oficio en el que solicitó a la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos que se ofreciera una recompensa. Lo hizo después de haber fracasado en otras medidas como habilitar un mail a la comunidad, al que nadie escribió para aportar datos. En una de sus últimas intervenciones pidió además la colaboración del FBI estadounidense para procesar las imágenes obtenidas esa noche a partir de cámaras de seguridad con el objetivo de identificar a los supuestos autores del hecho. Todavía no tuvo respuesta.

“La causa del atentado a la sede de La Cámpora permanece abierta, no está cerrada, y en estos momentos estamos tratando de encontrar alguna otra línea de investigación sobre la cual trabajar”, fue lo último que dijo el fiscal, hace apenas unos días, admitiendo su fracaso. Según lo que ha investigado El Cohete a la Luna, el expediente está compuesto por voluminosas fojas pero sin una sola prueba contundente que lleve a los autores del atentado político. Durante siete meses, el fiscal fue descartando medidas de prueba más que incorporando sólida evidencia. El estruendo provocado por la explosión de la bomba, colocada a las tres de la mañana en la ventana de la vieja casona donde funciona el Ateneo Néstor Kirchner, se escuchó a cincuenta cuadras a la redonda y sobresaltó a varios vecinos de su sueño. El impacto rompió los vidrios de las ventanas de los departamentos, incluso de los pisos más altos de los edificios cercanos al local, en el centro de la ciudad. Esa es una de las pocas certezas.

La otra –quizás la más aterradora– es que el dispositivo, considerado por la investigación como de “alta letalidad”, pudo haber detonado por un sistema a control remoto o por cronómetro. No se utilizó pólvora reglamentaria, pero sí hubo evidencia de circuitos electrónicos. Una pericia de la División Explosivos de la Policía bonaerense indica que la detonación se produjo a partir de la colocación de un artefacto casero “con el poder suficiente para producir lesiones y daños a terceros”.

Por la fecha –25 de mayo–, la hora y el lugar, la querella sostiene que se trató de un atentado minuciosamente premeditado. “Hubo planificación”, enfatiza Federico Susbielles, referente bahiense del Frente de Todos. Sin embargo, la fiscalía de Ulpiano Martínez no avanzó en esa línea.

“Desde que el fiscal tomó la causa no existió un solo dato o mínimo avance alentador sobre la investigación. Por la complejidad del artefacto es muy difícil que no se trate de algo organizado. No sabemos de dónde pudo venir, pero claramente está por fuera del sistema político o institucional. Estamos hablando de personas con un nivel de odio desmedido y extremo. Antes de eso sufrimos pintadas y cuestiones vandálicas o amenazantes. Pero bastante tiempo atrás. Nunca algo de este nivel de violencia”, agrega Gabriel Godoy, dirigente de La Cámpora en Bahía Blanca.

En la ciudad, de acuerdo a un informe de La Cámpora, hay al menos 38 cámaras de seguridad que no funcionan. Recién con la investigación en curso la intendencia a cargo del macrista Héctor Gay oficializó la cantidad de cámaras inhabilitadas.

 

 

Los dispositivos de seguridad en domicilios particulares y locales ubicados a metros del lugar del atentado registraron movimientos que, para la hora y en el estado de confinamiento reinante, resultaron extraños: dos personas corriendo hasta un automóvil y luego el coche circulando por la zona, a toda velocidad. Pero hasta el momento, en la causa judicial, no se pudo establecer su patente por falta del monitoreo visual.

El propio Ulpiano Martínez reconoció la fragilidad de la pericia: “Puntualmente queremos, con alta tecnología, ver si podemos mejorar las imágenes que hemos obtenido de esa noche, para que tengan una mayor definición. Todavía no hemos podido determinar los rostros de esas dos personas por la falta de nitidez. En ese sentido, la hora en que ocurrió dificulta mucho la posibilidad de obtener nuevas pistas. Hicimos cruzamiento de llamadas y cotejamos el uso de celulares a través de las antenas que hay en la zona. Pero la falta de funcionamiento de muchas cámaras de la zona y la ausencia de imágenes de calidad complican la posibilidad de obtener resultados positivos”.

El hecho recibió un paulatino repudio de todo el abanico político de Bahía Blanca. Para Ayelén Durán, senadora bonaerense por el Frente de Todos, el atentado significó un ataque a La Cámpora en particular y al Frente de Todos en general pero, sobre todo, lo consideró como una embestida al sistema político y a la democracia. “Se trata de un grupo minoritario ligado a prácticas violentas que repone viejas formas de intimidación”, dijo apenas ocurrió el hecho, por el que expresaron su preocupación altos dirigentes como Wado De Pedro y Cristina Fernández de Kirchner.

En la vereda del local de La Cámpora, simultáneamente a la explosión, la policía encontró panfletos intimidatorios hacia la dirigencia política, el sindicalismo e incluso el periodismo y miembros del Poder Judicial. “Políticos cínicos y corruptos, sindicalistas millonarios y ladrones, periodistas cómplices y militantes, jueces puestos a dedo y sin justicia. 70% de pobreza, 20% de desocupación, 60% de inflación. Nos tratan como ganado, nos quitan la dignidad. Jubilaciones de indigentes, matan niños con el aborto, hipersexualizan a nuestros hijos, subvierten los valores naturales, traicionan nuestra patria”, decía el mensaje. “Cuántas razones más para empezar 'la purga'. Ahora a cuidarse, traidores, sabemos dónde viven. Hartos de todos ustedes”, amenazaron.

En la mirada de los dirigentes de La Cámpora y el Frente de Todos, todo parece indicar que fue una acción más de las células dormidas antidemocráticas de Bahía Blanca, que en los últimos tiempos volvieron a dejar sus marcas en otros círculos sociales. “Los discursos violentos se promueven desde los enunciadores periodísticos antidemocráticos, y desde la política más refractaria a este sistema, plural y de consenso. Luego se diseminan por las redes sociales”, explica Susbielles.

Poco tiempo después del atentado al local político hubo pintadas a una escuela de la colectividad judía, con una esvástica y la consigna “los vamos a matar”. Hubo pintadas también contra el juicio por delitos de lesa humanidad de la Triple A en la zona, reivindicando el fuerte poder que aún tienen la Marina y el Ejército, ligado a los años oscuros de la última dictadura cívico militar.

Hace unos días la jueza federal Gabriela Marrón rechazó el pedido de la agrupación HIJOS Bahía Blanca de actuar como querellante en la causa por el atentado a La Cámpora. Los organismos de derechos humanos dicen no creer en la casualidad: años atrás denunciaron hasta el cansancio al actual fiscal y entonces juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez –que también fue impugnado por los familiares de Facundo Castro– por garantizar la impunidad de represores y partícipes civiles del terrorismo de Estado. Martínez fue el actor central de la operación para frustrar la investigación sobre la participación de Vicente Massot, ex dueño del diario La Nueva Provincia, en el terrorismo de Estado. El gobierno de Mauricio Macri, que supo tener en primera fila al sobrino Nicolás Massot, impulsó su designación como fiscal pese a la impugnación de todo el movimiento de derechos humanos.

 

 

Pese a que los organismos alertaron sobre su mal desempeño y hoy repudian su inacción en el atentado contra la Cámpora, Ulpiano Martínez se respalda en la corporación judicial bahiense, que lo sigue cobijando como uno de los suyos, y de los medios hegemónicos locales como La Nueva, que el año pasado llegó a suspender la tirada completa de una edición impresa para cuidar su imagen. Pero la presión política estalla en su despacho para dar respuesta, de una buena vez, a una matriz del horror que salió de la cueva y volvió a mostrar sus filos.

 

 

 

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