De tan transparente no se veía
Procesamiento por ocultar que el agua estaba contaminada
Mucha gente tuvo necesidad de ir al baño en Berazategui en abril de 2016, más de lo normal y con fuertes retortijones; tanto, que motivaron un millar de consultas en los centros de salud. Gran cantidad de criaturas sufrieron diarrea y dos murieron en la misma época, lo que alarmó más a la población. Por entonces, la Municipalidad emitió un comunicado en el que admitía la contaminación del agua con la bacteria Shigella, pero negaba que fuese el motivo del deceso de los chicos. La situación motivó que la Intendencia, encabezada por Patricio Mussi, debiera convocar a un Comité de Crisis y suspender las clases por tres días para limpiar los tanques de las escuelas. En los días siguientes, el agua domiciliaria empezó a salir con gusto y olor a cloro.
El opositor Gustavo González aprovechó la primera sesión del Consejo Escolar para proponer soluciones. Delante de la prensa, aceptaron su iniciativa. Entonces, llevó al máximo responsable del área en el Conicet para instalar filtros de arena lenta en las escuelas del ex Parque Pereyra y de la zona de quintas, donde no llega el agua. El plan estaba desarrollado a bajísimo costo, pero el especialista fue destratado por los consejeros oficialistas (seis de ocho) que integraban el cuerpo colegiado.
Política y Poder Judicial
A partir de la difusión en la prensa local, dos dirigentes de la UCR iniciaron acciones. El abogado Daniel Martínez llevó varios casos a las cámaras de TN, ante las cuales los vecinos mostraban recipientes con marcas de sarro o muestras de agua turbia. El médico Jorge Naddaf hizo la denuncia en el Juzgado Federal. Ambos habían presidido el Comité de Distrito; Naddaf está otra vez al frente desde hace unos meses.
El único Juzgado Federal del departamento quilmeño es el de Luis Armella, quien recibió las evidencias, allanó la Intendencia y procesó a medio gabinete de Mussi: Carlos Balor, Oscar Deina, Ricardo Giuglio y Rolando Darío Iezzi como autores responsables del delito previsto en el artículo 201 del Código Penal. Les fijó embargos y dictó la falta de mérito para el funcionario Marcelo Sieczka y la ex secretaria de Salud, Mariel Mussi (hija). La apelación de sus abogados fue rechazada por la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que confirmó casi todos los procesamientos este 30 de noviembre.
El hecho trascendió recién en estos días, cuando lo compartió a la prensa la abogada quilmeña Mónica Frade, quien llevó varias causas por corrupción contra funcionarios del Conurbano y, por eso, hoy es diputada nacional (ARI-CC). Frade llevó a Elisa Carrió a las fiscalías locales a presentarse como amicus curiae, lo que fue aceptado.
De todo ello se valdría el municipio para argumentar un interés partidario.
En el nombre del padre
Patricio es hijo de Juan José Mussi, armador original del gabinete integrado por los otros encartados. Ambos duhaldistas presentaron lista en contra de CFK en la elección de 2005, hasta que el pragmatismo se impuso. En noviembre de 2010, a poco de la muerte de Néstor Kirchner, el padre jugó contra la aspiración presidencial de Daniel Scioli y postuló la reelección de CFK. En diciembre, papá pasó a ser secretario de Ambiente de la Nación y le dejó la Intendencia al primer concejal: Patricio. En el gabinete heredado, iban y venían dos hombres fundamentales: Carlos Balor y Oscar Deina.
Balor es el delegado todo terreno de Juan José Mussi en la función pública. Fue su secretario de Obras Públicas en la Municipalidad, varias veces encabezó las nóminas a concejales de modo testimonial y fue nombrado como secretario de Planificación en el área de Ambiente nacional.
En Berazategui, el bioquímico Deina fue interventor del Cementerio, responsable del área de Política y Servicio a la Comunidad y secretario de Política Ambiental. En la provincia de Buenos Aires, exhibió su desdén por lo público desde el Ministerio de Salud a cargo de Juan José Mussi: en 1998, vecinos de La Plata, Berisso y Ensenada sufrieron reacciones alérgicas y molestias en la garganta, porque “la atmósfera fue invadida por gases tóxicos de la refinería YPF”, estimó la Dirección de Control Ambiental bonaerense, pero para Deina, su titular, los gases no ponían en peligro la salud a pesar de su toxicidad.
No fue la única vez que minimizó los padecimientos de los pobres: ante un problema similar en Dock Sud, Deina aseguraba que “no hay por qué temer” y definía el aire de la zona como “respirable” ante la periodista Alba Piotto, que lo describía como “penetrante. Sofoca. Parece gas”. También fue señalado por un subalterno en un tema más turbio: el paso de bolivianos explotados en talleres textiles era conocido por las autoridades, dijo Carlos Sapere, ex jefe de Control de Permanencia de la Dirección de Migraciones, cansado de que no lo dejaran investigar 129 talleres clandestinos. “Mi superior, Oscar Deina, decía que no hiciera nada. Me dieron orden de no controlar. Deina debía autorizar cada inspección; nunca me autorizó alguna”, afirmó.
Con esos antecedentes, Deina fue llevado por Juan José Mussi a la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación. Fue nombrado en junio de 2011 en la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACuMaR) como presidente ejecutivo. A Deina estaba dirigido un fallo de Armella que ordenó “profundizar el control sobre las industrias” y que lo emplazó a que de inmediato practicase “las medidas para la efectivización de la totalidad de las multas impuestas”. O sea, era el que debía cobrar [1].
Segundas partes no son buenas
A finales de aquel 2011, Patricio fue revalidado en las urnas. En agosto de 2012, el comandante de El Cohete reveló que el juez Armella facilitaba negocios para las empresas armadas con sus familiares, a quienes Mussi padre les encomendaba tareas de limpieza del Riachuelo emplazadas por el juez, quien quedó al borde del juicio político [2]. En 2013, Mussi encabezó la lista para diputados provinciales, salió de Ambiente en diciembre y asumió en la Legislatura en La Plata.
Su hijo Patricio fue reelecto intendente en 2015, a la vez que Cambiemos ganaba la Nación y la Provincia. Desde entonces, María Eugenia Vidal pasó a necesitar algún elemento de presión sobre los barones del Conurbano y sus legisladores para que no empantanaran sus proyectos de gobernadora.
En tiempos en que Cambiemos apelaba a la judicialización de la política, Armella vio cajoneado su pedido de juicio político. A partir de ese momento, pasó a allanar las Intendencias de Quilmes, Varela y otras peronistas. A la de Berazategui pudo desembarcar justo después de la denuncia por el brote de gastroenteritis de 2016.
Como tesis conspirativa, cierra por todos lados. Sin embargo, el tema de fondo resultará probado: el agua está contaminada.
¿Quién lo dice?
El Laboratorio Bromatológico-Bacteriológico del municipio informó, en reserva, que entre enero/abril de 2016 el resultado de 127 de 483 muestras era “contaminado” (26,29 %). Dos secretarías municipales hicieron lo propio y dictaminaron que las muestras tenían “contaminación bacteriológica” y eran “no apta para consumo”. Más de veinte de esos informes secretos de 2017 y 2018 tomaron estado público en enero de 2020 a través del Centro Informativo Berazategui, con sellos municipales y las firmas en tinta azul de los funcionarios.
Según la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA), en mayo/junio de 2016, los valores de nitrato o cloro libre son superiores a los que permite el Código Alimentario Argentino en 30 muestras de pozos o agua de red y en dos de ellos se “evidenció la presencia de coliformes termorresistentes (coliformes fecales)”. Su informe G76/16 expuso ciertas muestras con resultados de arsénico, nitrato, diloroeteno, tetracloroeteno, tetracloruro de carbono y/o de hierro, de cloro libre y fluoruros en valores que no cumplen con los requisitos del Código Alimentario: “el agua de 91 pozos, 1 cisterna y 17 muestras de agua de red no cumplen con los requisitos de potable (…) Se encontró contaminación química, física y/o biológica (…) de la totalidad de pozos censados y muestreados 86 tienen sistema de cloración y 46 no tienen sistema de cloración”. Había coliformes totales en 8 pozos y cloro libre detectable en 13 más. Según AySA, en 12 de 14 pozos, los parámetros “se encuentran fuera de los límites establecidos por ABSA (Aguas Bonaerenses S.A.)”.
El Ministerio de Salud de la Provincia se expidió: “De los pozos empleados para la provisión del servicio de agua potable a cargo del Municipio de Berazategui, se han hallado parámetros fuera de los límites admitidos”. El Poder Judicial de la Provincia, en base a muestras de septiembre de 2015 al mismo mes de 2016, dictaminó que el agua no era potable en esos lugares.
Lo que dice el fallo
Ahora, en un fallo de notable claridad en la que desestiman punto por punto las apelaciones de los funcionarios, los camaristas Carlos Alberto Vallefin y Roberto Agustín Lemos Arias destacan la variedad de fuentes oficiales probatorias: “Los elementos prueban con suficiencia que la Municipalidad de Berazategui conocía, antes de que se suscitara el brote sanitario de abril de 2016, que el agua que extraía y distribuía a la población del distrito tenía una calidad inferior a la que correspondía”.
Antes del cambio de gobierno provincial, el Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (OCABA) lo había advertido. En 2013, el resultado “arrojó valores que NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE en cuanto a hidrocarburos y betex, por lo cual se solicitó al intendente Patricio Mussi adoptar medidas correctivas”. El 11 de marzo y el 20 de agosto de 2015, OCABA informó al Municipio para que tomase “medidas correctivas ante la clasificación de ‘MALA’ desde el punto de vista bacteriológico y concentraciones de nitratos que no encuadran dentro de lo establecido” en el agua.
Los camaristas destacan que “estando probado que en la Municipalidad de Berazategui se conocía que el agua extraída a través de los pozos propios y suministrada a la población como potable en muchos casos no lo era y podía acarrear riesgos a la salud, ello conlleva que quienes resulten responsables disimularon su carácter potencialmente nocivo al distribuirla sin realizar ninguna aclaración, advertencia o recomendación a los consumidores previa a la declaración del brote de diarrea y gastroenterocolitis.
Carlos Balor alegó que, al momento de los hechos, se encontraba a cargo del área de Obras Públicas. No obstante –responden los jueces– antes de 2013 “tenía incumbencias respecto a las obras, conexiones y prestación de servicios, en especial el de provisión de agua potable”.
Pero el Tribunal agrega algo que considera más “contundente”: las expresiones de José Luis Zapata, quien en 2005 inició la empresa Declorquim S.A. y pasó a venderle cloro al municipio. En 2012, ya que Declorquim no cumplía con requisitos formales para proveer un nuevo servicio, “el municipio le solicitó que iniciase otra empresa”. Así fundó Aguas Sanitarias Del Sur S.A., dedicada a proveer dosificadores de cloro para diez pozos. “Las muestras tomadas en 2013 y 2014 las pedía Declorquim; el Municipio no le exigía cuentas de sus tareas diarias y sólo cuando había alguna anomalía de funcionamiento, lo acompañaba a los pozos algún personal no jerárquico”.
Los camaristas evaluaron que “en las fechas en que eso sucedió, Carlos Balor aún estaba dentro de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y más allá de si Zapata constituyó la empresa en función de lo que dice, no puede soslayarse el nivel de precariedad y negligencia que sus dichos trasuntan como característica de la gestión de extracción de agua”.
Al otro procesado, el subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable Oscar Deina, no lo responsabilizan por entender que su área realizaba controles en relación al agua, sino que lo imputaron por la falta de control de los residuos industriales vertidos por industrias de Berazategui. Además de impacto ambiental, esas empresas contaminaron el agua que el municipio extraía y distribuía como potable sabiendo que su calidad era deficitaria, dice el escrito. El fallo recuerda que “en 2011 se inició la causa FLP 7200541. Desde esa fecha, Deina debió conocer los riesgos y peligros potenciales del consumo de agua contaminada con ese tipo de residuos especiales, algunos de los que los estudios detectaron en las muestras tomadas (arsénico, nitrato, diloroeteno).
Arsénico
La presencia del veneno tiene antecedentes en otro distrito en un caso que llegó a la Corte Suprema de la Nación. En “Kersich, Juan Gabriel y otros c/ Aguas Bonaerenses S.A. y otros s/ amparo”, cuatro ministros del Poder Judicial se pronunciaron en diciembre de 2014 a favor del acceso al agua potable en una causa iniciada por vecinos de 9 de Julio afectados por arsénico en el agua.
La periodista especializada Silvana Boschi resume en su libro Los secretos de la Corte (Margen Izquierdo, 2017) que el caso requería el pronunciamiento de la Corte en dos cuestiones: la naturaleza colectiva del derecho al agua –más el tipo de proceso más eficiente para hacer efectivo ese derecho– y la protección que el Derecho nacional e internacional brindarían al caso.
La Corte destacó que el acceso al agua es previo a la realización de otros derechos humanos. Enumeró la arquitectura del Derecho internacional que vela por ello, desde la Convención de Derechos del Niño hasta la Cumbre del Milenio de la ONU (2000) y la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible (2002), por lo que concluyó que el proceso colectivo es el que mejor garantiza el cuidado de este derecho.
Tras las diarreas de 2016 y la posterior comprobación de la contaminación, el Poder Judicial mandó cerrar gran parte de los pozos. Desde entonces, la falta de provisión es un problema recurrente para la mitad del distrito, que pugna por arrancarle algo de líquido a los barrios cerrados que, en algunos casos, hicieron perforaciones privadas que contribuyeron a que el agua ya no sea potable.
Fallo de Camara - Patricio procesado
[1] Sobre notas de La Nación y Clarín, citadas en mi libro “… Y después la gente va y lo vota”, La Guillotina, Berazategui, 2013.
[2] Horacio Verbitsky, “Nieblas del Riachuelo”, Página/12, 26 de agosto de 2012.
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