Basta de gatillo fácil

 

Como una cruel paradoja, quienes acudieron a la costa atlántica a un encuentro de víctimas de las violencias estatales fueron recibidos con la noticia del crimen de la Policía bonaerense contra un menor. Luciano Olivera tenía 16 años y no quiso detenerse ante un control policial por temor a que le quitaran la moto. Un uniformado bajó del patrullero, lo esperó de frente y le disparó al pecho. Fue el viernes 10, Día de los Derechos Humanos. Aquí puede verse el terrible momento en que la madre de Luciano llega a la escena del crimen.

 

 

En Miramar, los vecinos y allegados apedrearon la Comisaría y la Municipalidad. Esa noche, El Cohete comprobó que permanecían cuatro cordones de uniformados para cortar la avenida a ambos lados del bulevar frente a la dependencia policial, que quedó rodeada de escombros. Los comerciantes relataron que habían cerrado o bajado sus persianas en previsión de desmanes pero reconocieron lo infundado de la decisión, ya que el enojo se concentró en los edificios del poder local.

 

 

A sólo 15 kilómetros de allí, en el Complejo Hotelero de Chapadmalal, asistentes de quince provincias llegaban para dos encuentros simultáneos: el VII de Familiares de Víctimas de la Tortura y Otras Violencias Estatales, y el V de Sitios de Memoria.

De este modo, la Comisión Bonaerense por la Memoria (CPM) reunía al pasado con el presente a partir de un hilo conductor: la violencia ejercida por actores del Estado.

 

 

 

El 101° caso

Durante ese fin de semana no se conocía la existencia de una cámara que registró el momento en el que el policía Maximiliano González, de 25 años, disparó su arma reglamentaria a las tres de la madrugada del viernes en Miramar, en el cruce de la avenida 9 y la calle 34. Esta semana, la filmación estuvo a disposición de la fiscal Ana María Caro y fue difundida por el diario La Capital, de Mar del Plata. La fiscal no descarta agravar la conducta del policía por actuar con alevosía, aunque eso no aumenta la pena ya que la calificación inicial contempla la prisión perpetua.

 

 

La policía reprimió también el reclamo de justicia por el asesinato de Luciano. La fiscal Caro aplicó la resolución 1390 para apartar a la Bonaerense de la investigación y ordenó la aprehensión del oficial González. Interviene el Juzgado de Garantías 5 de Mar del Plata a cargo de Gabriel Bombini.

La Comisión por la Memoria se constituyó en Miramar, se puso en contacto con la familia y se presentó como particular damnificado institucional en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

El caso de Luciano no fue el único, si bien marcó el tono de las intervenciones de todo el fin de semana. Según la Comisión, durante 2021 lleva registrados un centenar de casos previos con uso letal de la fuerza, como ocurrió hace semanas con Lucas González en Ciudad de Buenos Aires.

En Chapadmalal se comentaba un caso más cercano, en la localidad costera de San Clemente, donde la Policía quiso hacer pasar como suicidio la muerte de Alejandro Nicolás Martínez, de 35 años, con marcas de borcegos en los brazos y costillas, que le perforaron un pulmón. Estaba bajo custodia en la Comisaría por un brote psicótico. Un análisis forense demostró que fue torturado y asfixiado, por lo que nueve policías están detenidos.

Todavía no había trascendido que el 21 de noviembre, Tomás Ramos, de 22 años, había sido baleado en los genitales (“el proyectil le cortó un pedazo de uretra”) por el policía Gustavo Pedrozo, quien argumentó que “se le escaparon” los tres tiros de la escopeta que dieron sobre el joven, que acababa de ser atropellado por un vehículo.

 

 

 

Entre los más de 600 familiares presentes se discutió qué hacer respecto del crimen de Luciano. Había quienes querían cortar la ruta que tenían al lado; otros proponían marchar hasta la casa de la familia para abrazarlas en su dolor, aunque algunos comentaban por lo bajo que la madre era una de aquellas personas que posteaban su acuerdo con la doctrina Chocobar y que “todavía no cae” de lo que sucedió, según sus propias palabras, por lo que primó la idea de esperar que ella se acercase luego de hacer su proceso. En esos momentos, la familia había manifestado su desacuerdo con los disturbios y adelantaba que “no habrá marcha bajo ningún concepto. Como familia necesitamos procesar este dolor, despedir a Luciano y hacer nuestro duelo”.

Por fin, se buscó consenso para redactar un documento. “El asesinato de Luciano no es aislado. Como familiares víctimas sabemos que es una práctica cotidiana de las fuerzas de seguridad que desde hace décadas mata a las pibas y los pibes de nuestros barrios”, destaca.

En ese sentido se manifestó el secretario de la Comisión por la Memoria, Roberto Cipriano García: “Las matrices de las políticas neoliberales que persisten dentro del Estado generan estas violencias que siguen vigentes y se ven a simple vista en las políticas de seguridad y en la política criminal desde hace 20 años, alimentando el punitivismo o la mano dura, desplegándose en los territorios a través de las violencias y las prácticas de la tortura, con la cobertura corporativa de la institución para generar impunidad. Los gobiernos pueden y deben cambiar estas políticas”.

 

 

 

 

 

Organizarse contra la tortura

Una de las primeras voces en el Encuentro fue la de Gladys Sansone, mamá de Danilo, una de las víctimas de la masacre de Monte: “Estamos acá por todos los que no están, por los que sufren la tortura y por los que seguirán sufriendo la tortura y la muerte, porque hay un Estado que continúa perpetrando estas violencias”.

La Comisión promueve desde 2014 espacios para fortalecer la intervención de las organizaciones de familiares y víctimas de la violencia estatal. Esa tarea se potenció desde la designación como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura en 2017.

Por ley 26.827 se creó el Sistema nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y/o degradantes, promulgada en 2013, pero sólo siete provincias designaron un Mecanismo local. Al respecto, expertos extranjeros, comisionados del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y organizaciones participaron del debate.

El comisionado Gustavo Palmieri, del CNPT, resumió: “El problema no es la legislación, sino que los Mecanismos que se están formando reducen la participación de la sociedad civil a la mínima expresión, cuando son estos actores de la sociedad civil los que pueden juzgar los resultados y no las intenciones de estos mecanismos y los que van a permitir, al mismo tiempo, que se conforme el capital político para luchar contra el consenso punitivo”.

 

 

Pasado y presente

 

 

A la vez, en el Encuentro de Sitios de Memoria, la revisión crítica del pasado contribuye a organizar las luchas actuales. Allí participaron unos 200 referentes y personas que trabajan en 28 sitios y de 32 organizaciones.

“Tenemos una concepción de lo que debe hacer la Comisión: la defensa de los derechos humanos como demanda hacia el Estado no la concebimos si no es con las organizaciones y el activismo por la memoria y los derechos humanos. Sabemos que en democracia también se consolidan proyectos regresivos en materia de derechos humanos, esta es una pelea política e ideológica como sociedad y esas peleas las damos organizados”, explicó la directora general de la Comisión por la Memoria, Sandra Raggio.

En la decena de paneles sobre Memoria se organizaron los debates acerca de cómo se preservan no sólo los sitios sino los discursos que se estructuran para que lo pasado se vincule con el presente.

Esa vinculación se ramifica en muchas formas de violencia y se verifica en países de la región, como relataron visitantes de Uruguay y Chile, por uno de cuyos voceros todos se enteraron del suicidio de Patricio Pardo, uno de los muchos manifestantes a quien los carabineros le arrancaron un ojo durante la represión al estallido social de 2020.

Otro asistente, Wilder Tyler, desde Uruguay, destacó a partir de su experiencia en foros internacionales que no hay organizaciones que lleven la voz de las violencias actuales del mismo modo que sucede con las de décadas atrás.

El cruce de todas estas experiencias se dio desde un mismo panel en la carpa central. Allí, Silvia Fontana, del Colectivo del Pozo de Quilmes por Memoria, Verdad y Justicia, relató la historia de su hermana y los vínculos con Chicha Mariani, cuya sola mención fue coronada por aplausos. Luego, Laura Ginsberg, recién incorporada a la Comisión por la Memoria, compartió desde Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) una novedad acerca de la causa AMIA: hay kilómetros de cajas de archivos de inteligencia que podrían develar los secretos ocultados que dan pie a una nueva lucha para que se permita su estudio pero también en pos de que se hagan públicos, porque hasta ahora son secretos de Estado.

Al cierre de esa charla multitudinaria, Andrea Casamento, de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD) de Morón, dio cuenta de una construcción personal que se convirtió en social: una ama de casa que a partir de la violencia estatal sale a las calles y se une con personas que padecieron el mismo dolor para iniciar una larga marcha, como aprendieron de las Madres de Plaza de Mayo.

Aquella marca histórica, indeleble para todas las personas que luchan, se repite como faro iluminador del sendero que transitan quienes se ven afectadas por nuevas inequidades: la droga que enferma a los hijos; la consecuente caída de muchos en el delito; la detención policial con su carga de abuso y torturas, cuando no de crímenes; la pasividad de una sociedad que repite que “por algo será”; la deriva en enfermedades mentales; la falta de atención adecuada; el negocio de los privados en torno a la salud mental, que ha llegado a provocar el fallecimiento de pacientes que disimulan como muertes naturales o suicidios; la carencia de recursos destinados a pagar abogados; la excesiva burocracia para que el Poder Judicial oiga; las limitaciones de los defensores públicos; el aumento de la prisionización; las condenas que se exceden en el tiempo; los presos olvidados en sus celdas; el hacinamiento por el que cada vez hay más gente viviendo en menos espacio.

Y si alguien improvisa un lugar de vivienda en cualquier asentamiento, los desalojos son violentos. Se detallaron casos en que la Policía se equivoca de lugar pero desaloja de todos modos. Ni hablar de los desalojos en lugares despoblados, donde el principal blanco son los descendientes de pueblos originarios.

Aquellas discriminaciones en comarcas despobladas son la contracara de otras en cualquier centro urbano, como las de las chicas trans que también levantan luchas que no le son privativas sino que incluyen a todos sus entornos, como relató a El Cohete Yésica Cuello, de la Mesa por la Diversidad de Río IV, integrante de una delegación de la organización Colectivo de Trabajadoras Sexuales, del Colectivo Ni Una Menos y de la Casa de la Memoria y la Cultura.

De todas las luchas emana una consigna tan permanente como sencilla: justicia.

Pero el Poder Judicial no siempre honra su misión. Un testimonio lo ilustra: Yanina tiene a su esposo preso por un crimen que cometió el padre de él, quien se tiroteó con un violador al reprocharle el intento de abuso contra una nena de la familia. Por esa muerte con un disparo hay cuatro presos condenados a 40 años de prisión.

En la despedida de Chapadmalal, la Comisión por la Memoria puso a disposición de los deudos los archivos de Inteligencia sobre el primer caso de gatillo fácil de la democracia: los tres jóvenes de la masacre de Budge, en 1988, cuando recién asumía el gobernador Antonio Cafiero. En las más de tres décadas transcurridas, queda en evidencia que el problema no es de gobernantes ni de partidos sino de políticas institucionales.

Mientras, historias diversas aunque con puntos en común se repetían entre quienes iban y venían por el Complejo con remeras que portaban nombres y fotos de jóvenes que ya no están. Cada una de sus voluntades hizo causa común en la explanada para solidarizarse con la familia de Luciano; uno de los cientos de reclamos de justicia que funden su exigencia con la ofrenda de tiempo y esfuerzo en pos de una construcción social con más inclusión y, por lo tanto, más justa. En ese espíritu, el taller de video del VII Encuentro de Familiares filmó desde un dron el mensaje escrito en el suelo con los cuerpos de decenas de participantes: “Justicia por les pibes”.

 

 

 

 

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