Una modesta proposición

 

La República Argentina, en su tormentosa existencia, ha pasado por muchas crisis de deuda y fuga de capitales. En las últimas décadas se ha visto crecer la constitución de activos de argentinos en el exterior, al tiempo que el país se resiente por la falta de divisas.

La deuda externa condiciona políticas de gobierno y deviene en un auténtico cepo que bloquea el crecimiento. La deuda se vuelve impagable a medida que más se paga, como señaló Antonio Cafiero en el Congreso, en 1986, al compararla con La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada, la novela de García Márquez. Y no solamente tiene un efecto empobrecedor, sino que debilita las políticas soberanas de la Argentina, obligando a resignar bienestar popular en tiempo presente y destino nacional a futuro.

Como bien dijo Kirchner, cliente muerto no paga. Debemos mostrar al mundo que para honrar los compromisos debe haber primero recuperación nacional, con actividad económica y generación de riquezas; y mostrar a nuestro pueblo que puede haber presente y futuro, distribuyendo esa riqueza para reactivar el mercado interno. Esa confianza en el presente y en el futuro es lo que puede alimentar y sostener un espíritu nacional que brinde cohesión y estabilidad a nuestra sociedad, para afianzar nuestro destino.

Los recursos naturales son materias primas que deben servir a nuestro desarrollo, y no meros commodities exportables para satisfacer la necesidad del extranjero y la ambición de un puñado de socios locales en el negocio extractivo. La exportación de materias primas es fuente de divisas, pero no tiene sentido si no se inscribe en una estrategia de desarrollo nacional que beneficie a nuestro pueblo.

Mientras el país sufre la falta de dólares y apela al endeudamiento ruinoso hay algunos argentinos que acumulan muchas divisas, pero fuera del país. Y no se descarta que buena parte de la deuda externa esté en manos de esos mismos argentinos que sustraen su riqueza al proceso de desarrollo nacional.

Ante el enorme desafío de revertir la recesión y el empobrecimiento, recuperar el equilibrio fiscal y la actividad económica, se presenta la dificultad adicional de una deuda externa, contraída en sólo tres años y medio, equivalente a la de toda la dictadura del ‘76, cuya aplicación no se reflejó en inversiones, infraestructura, consumo, ni desarrollo social.

Esa deuda no puede ser –no puede volver a ser— un barril sin fondo que se lleve los recursos que debemos aplicar a resolver desafíos y afrontar objetivos nacionales, como fomentar la investigación y el desarrollo científico necesarios para tener grados crecientes de autonomía tecnológica, recuperar las capacidades militares exigidas para vigilar y controlar nuestros espacios soberanos, desplegar obras y servicios públicos que integren nuestro territorio, y sacar a un tercio de nuestros compatriotas de la pobreza en que viven.

La tarea de reconstruir el país y proyectar nuestra Nación al futuro no puede esperar a que se termine de pagar la deuda; los recursos fiscales producto de la recuperación económica deben apuntar a nuestro desarrollo, que debe ser liberado del peso de la deuda. Esa deuda, que pesa sobre el conjunto del pueblo argentino, está en manos de extranjeros y de nacionales que dolarizaron sus activos, y en enorme proporción lo escondieron en guaridas fiscales y cuentas offshore. Su interés objetivo termina siendo devaluar para ganar en poder de compra interno, en paralelo a la ruina de quienes, con su sacrificio, sostienen el sistema.

Propongo pensar, entonces, en constituir un Fondo Patriótico para la Honra de la Deuda Nacional, conformado por contribuciones sobre bienes inmovilizados, o sustraídos a la actividad económica nacional, o resultado de la capitalización del esfuerzo argentino en favor del privilegio.

Los compromisos de pago por la deuda externa, tanto a tenedores de bonos como a organismos internacionales, se afrontarían exclusivamente con los recursos de ese fondo, que serían calculados anualmente en función de los vencimientos de intereses y capital.

El fondo se integraría en:

• un 60 % con gravamen a los activos de argentinos en el exterior.

• un 10% de contribución especial de las empresas que fueron beneficiadas por el Estado Nacional cuando en 1983 se estatizó la deuda privada.

• un 10% de contribución especial de las empresas que fueron protegidas por el Estado Nacional a través de la Ley Ley 25.750 (Preservación de bienes y patrimonios culturales). (1)

• un 15% con un impuesto a la gran propiedad rural, sobre personas físicas y jurídicas que sean titulares dominiales de más de diez unidades económicas de las establecidas conforme a la Ley de Tierras Rurales (26.737, Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales), con alícuotas crecientes según superficie.

• un 5% con un impuesto a la gran propiedad urbana y suburbana, sobre personas físicas y jurídicas propietarias de bienes inmuebles equivalentes, en m2 construidos o tierra baldía, al establecido en el apartado anterior.

La deuda externa, además y naturalmente, tendría que ser revisada y eventualmente denunciada en lo que correspondiere.

Habría que contemplar cuidadosamente dejar fuera del gravamen de activos argentinos en el exterior a un piso de bienes de compatriotas residentes en el extranjero, vinculados a usos residenciales y comerciales, así como tener en cuenta, para empresas, un tratamiento adecuado para los bienes afectados a la operación industrial o comercial.

En el caso de la propiedad rural y urbana, el impacto será hacia la desconcentración y la actividad económica o habitacional, facilitando la disponibilidad de suelo urbanizable o productivo. El piso que proponemos no es nada bajo: más de 10.000 hectáreas en la pampa húmeda. Tengamos presente que muchos grandes latifundios fueron concesiones de favor, algunos adquiridos en maniobras sospechadas, y a veces de ilegalidad comprobada, prescripta o consentida.

Este fondo sería una contribución lógica de quienes se han beneficiado por las políticas de generación de deuda y fuga de divisas, así como por la compra de activos inmobiliarios en procesos de concentración económica, tras devaluaciones generadas justamente por la dinámica del endeudamiento, o que preservaron sus activos por una intervención estatal apuntada a su exclusivo beneficio.

Se podrá señalar, como dificultad, que hay muchos de esos activos de argentinos en el exterior que no están declarados. Con nuestra propuesta tendríamos que los acreedores, para cobrar más, más rápido y con mayores garantías, tendrían que ser solidarios con el Estado Nacional, y contribuir a que se descubra e identifique a esos tenedores, en vez de dedicarse a socavar el interés nacional, como ha sido práctica en los últimos tiempos, en que financiaban a quienes fomentaran la deuda o se comprometieran a pagar a los fondos buitre todo lo que pedían, y aún más de lo que pedían.

Recordemos que el blanqueo promovido por el actual gobierno tuvo un dejo de autoamnistía, por cuanto en enero de 2017 entraban en vigencia acuerdos de cooperación con gran número de países para identificación de activos.

Debemos apelar a la contribución de los acreedores y del sistema internacional para el pago. Esta idea va en esa dirección y podría ser una herramienta que haga convergente el interés de esos acreedores con nuestro interés fiscal.

Si para eludir el pago de este impuesto el capital fugado al exterior optara por el regreso, estaríamos ante un efecto positivo por cuanto reactivaría la economía nacional sin que fuera necesario el endeudamiento constante, y ameritaría concebir nuevas soluciones para afrontar los cumplimientos.

 

 

 

 

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1. Aquella ley se justificó “por la  profunda crisis económica y una pesificación asimétrica que les permitió a muchos acreedores externos apoderarse de la deuda privada de las empresas nacionales”, porque “los fondos buitre, de distintas maneras, pretenden apoderarse de propiedades argentinas", por lanecesidad de “velar por un patrimonio estratégico, como son los medios de comunicación". Benefició a las grandes empresas periodísticas, que más tarde hablaban a favor de los mismos fondos buitre.

Publicada en Perfil, el 14 de julio de 2019

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